martes, 28 de diciembre de 2010

Convoca AMLO a sus seguidores a organizarse rumbo a 2012

Rosalía Vergara

MÉXICO, D.F., 27 de diciembre (apro).- En vísperas de que comience 2011 Andrés Manuel López Obrador pidió a sus seguidores comenzar a organizarse para lograr la transformación de la vida pública del país.

En su último mensaje del año –ofreció 52 mensajes en la red social Youtube— el exjefe de Gobierno del Distrito Federal dijo que es necesario agrupar a muchos ciudadanos “concientes, libres” porque sólo “el pueblo organizado puede salvar a la nación”.

Autoproclamado “presidente legítimo”, López Obrador citó los problemas sociales de los que ha dado cuenta en sus mensajes, como la liquidación de Luz y Fuerza del Centro; la agresión contra los electricistas, los mineros, los pilotos y las sobrecargos de Mexicana de Aviación; de la impunidad; cómo fueron protegidos funcionarios públicos en el caso de la guardería ABC...

El tabasqueño reiteró el caso del funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que está siendo investigado en Estados Unidos por presunta corrupción por 5 millones de dólares, pero en México no fue castigado por las autoridades del gobierno de Felipe Calderón, sino que, por el contrario, sólo fue despedido para que huyera del país.

“Aquí hemos hablado del desempleo, del abandono de los jóvenes, de la falta de programas para reactivar la economía, el empleo, sacar del estancamiento económico. Hemos hablado del fortalecimiento de los valores morales, espirituales, culturales, de la necesidad de fortalecer la soberanía. Estamos dejando de ser un país soberano, independiente”, indicó.

Asimismo, destacó que se ha hablado de crear una nueva corriente de pensamiento y por esto su movimiento está actuando. “No sólo son palabras, son hechos”, insistió.

López Obrador comentó también que este año recorrió nuevamente el país para alentar a los ciudadanos, creándoles confianza para que no caigan en la desesperanza.

“Este año quedó claro cuál es el objetivo de nuestro movimiento. Quedó claro que es la transformación del país, no es nada más llegar al gobierno. Queremos una renovación tajante porque sólo así vamos a encontrar la salida como pueblo, como nación”, dijo.

López Obrador reiteró que dicha transformación será por la vía pacífica, mediante la organización de 15 mil comités territoriales; con la distribución de 5 millones de ejemplares del periódico Regeneración.

“Pensamos que esto dará fruto y sacar a nuestro pueblo adelante”, expresó.

En su mensaje de felicitación para que el 2011 “nos vaya mejor a todos”, el tabasqueño aclaró que no quiere construir una nueva patria encima de un país en ruinas.

Fuente: Proceso

Golpe del Vaticano contra la diócesis de San Cristóbal


Rodrigo Vera

La noticia no le gustó a la grey de la diócesis de San Cristóbal de las Casas: su obispo, Felipe Arizmendi, lleva adelante un proyecto para “desmantelarla”; casi la mitad de su territorio serviría para crear el obispado de Ocosingo. Analistas y sacerdotes coinciden en que se trata de otra embestida del Vaticano contra la línea pastoral que implantó aquí Samuel Ruiz, defensor de la causa indígena y pieza clave en los días posteriores al alzamiento zapatista de 1994, que en enero próximo cumple 17 años.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS, 27 de diciembre (Proceso).- El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, presentó un proyecto para dividir territorialmente su diócesis, considerada la única en México que aplica la opción preferencial por los pobres, surgida del Concilio Vaticano II.

El proyecto argumenta que esa diócesis tiene un territorio muy grande que “limita la cercanía del obispo, de los sacerdotes y religiosas a las comunidades”, por lo que es necesario dividirla para crear una nueva, cuya cabecera estaría en Ocosingo.

Pero algunos sacerdotes y grupos de laicos se oponen al proyecto de Arizmendi porque consideran que su intención es desmantelar aquella línea pastoral que implantó aquí el obispo Samuel Ruiz García.

Joel Padrón, párroco de San Andrés Larráinzar, comenta: “Esta diócesis es un aporte a la Iglesia universal porque aquí se llevan a la práctica las enseñanzas del Concilio Vaticano II de tener una comunión real con el pueblo. Me sorprende que ahora intenten quitarle parte de su territorio y partirla en dos. Esta medida desmembrará al movimiento que implantó don Samuel Ruiz. Con esa división se acabó la diócesis de San Cristóbal, ¡se acabó!”

Padrón –arrestado en 1994 por defender a los indígenas– sospecha que el plan no es de Arizmendi, como éste asegura: “No sé de dónde venga ni quién lo haya hecho. Lo cierto es que es un proyecto muy bien elaborado, con gráficas y cifras estadísticas. Pero se realizó sin sondear antes al pueblo. Hasta ahora se está realizado una consulta”.

El sacerdote Heriberto Cruz Vera, a cargo del santuario de Tila, dice: “El proyecto viene de arriba. No responde a una necesidad de las bases. No toma en cuenta la opinión del pueblo. Tengo la impresión de que detrás de él hay una intencionalidad política más que pastoral”.

–¿Viene del Vaticano?

–Nuestro obispo dice que no, que es una propuesta suya y de sus vicarios. Vamos a creerle. Pero esta división territorial de la diócesis es algo que ya está cocinado. La suerte ya está echada. Debilitará todo el proceso de nuestra Iglesia autóctona y liberadora. Será muy doloroso.

“No es consigna”

Arizmendi defiende su plan y asegura a Proceso: “No es ninguna consigna de Roma ni es ningún mandato de la Nunciatura Apostólica ni del episcopado mexicano. Ni siquiera es un proyecto, es apenas el esbozo de una idea, una posibilidad que elaboré junto con mi obispo auxiliar y mis vicarios”.

–¿Por razones estrictamente pastorales?

–Así es. Ahora la tendencia mundial en la Iglesia es atender mejor a través de diócesis más pequeñas. Para no ir tan lejos, aquí la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez está por dividirse, se le quitará territorio para crear una nueva en Villa Flores. ¿Por qué no empezar entonces a abordar el tema en San Cristóbal? El tiempo hará ver que no es tan mala idea, que se quiere hacer el bien. Amo a esta diócesis y doy mi vida por ella. Sería el primero en defenderla ante cualquier intento de perjudicarla.

–Su idea despierta suspicacias pues San Cristóbal ha sido una diócesis muy hostigada por su línea pastoral.

–Sí. Esas suspicacias son explicables por las razones históricas que ya sabemos. Pero yo procuro no ser un cacique, quiero escuchar y ver las necesidades para que todos tomemos las decisiones adecuadas. Un obispo no trabaja solo. Si la mayoría rechaza esa propuesta, pues no se realiza y punto.

–Hay temor de que una nueva diócesis siga una línea distinta a la que implantó Samuel Ruiz.

–El mismo temor existía cuando el obispo Raúl Vera llegó a la diócesis para sustituir a don Samuel. Y después cuando yo llegué como obispo también se decía que venía a arrasar con todo lo que oliera a don Samuel. Llevo diez años aquí y no ha sucedido tal cosa. No vengo a desmantelar su labor sino a potenciar todas las buenas inspiraciones que hay en la diócesis. Quiero quitar esos temores y angustias. No traigo consigna de Roma.

“Por otra parte ya don Samuel y don Raúl veían la posibilidad de quitarle territorio a la diócesis para crear una prelatura en la zona de Marqués de Comillas. Mi idea no es dividir sino multiplicar. Una nueva diócesis multiplicaría los servicios y atenciones.”

División territorial

En mayo pasado, en la última asamblea diocesana, Arizmendi dio a conocer el documento Propuesta de una nueva diócesis en Ocosingo. En él se aclara que “no se trata de discutir en esta asamblea la propuesta, sino sólo plantearla, explicarla y llevarla a las comunidades”, por lo que propone “iniciar una consulta” sobre la “conveniencia y la oportunidad de formar una nueva diócesis, con sede en Ocosingo, para dar un mejor servicio al pueblo de Dios”.

El documento señala:

“La tendencia actual en toda la Iglesia es que las diócesis sean más pequeñas para que el obispo las pueda atender mejor, visite con más frecuencia no sólo las cabeceras parroquiales sino también las pequeñas comunidades; no sólo vaya a las fiestas patronales y a celebrar confirmaciones, sino que participe en reuniones de catequistas, de servidores, de áreas de pastoral; es decir, que tenga tiempo para escuchar a las personas, de impartir personalmente algunas catequesis, de convivir más con el pueblo. Se quiere que el obispo no sea una figura lejana sino un pastor que está más cerca de su pueblo.”

Luego señala que la diócesis de San Cristóbal, con sus 36 mil 821 kilómetros cuadrados, es más extensa que las otras dos de Chiapas: Tapachula (con 12 mil 244 kilómetros cuadrados) y Tuxtla Gutiérrez (22 mil 629 kilómetros cuadrados).

El texto recalca: “Tener un territorio tan grande limita la cercanía del obispo, de los sacerdotes y religiosas a las comunidades. El pastor no conoce a sus ovejas”. De ahí que propone quitarle 18 mil 211 kilómetros cuadrados a la diócesis de San Cristóbal –casi la mitad– para dárselos a la de Ocosingo.

En cuanto a la infraestructura eclesiástica, la nueva diócesis se quedaría con 13 parroquias y una misión con tres sedes (Bachajón, Chilón y Santísima Trinidad), 32 sacerdotes, 64 religiosas, 6 religiosos, 260 diáconos permanentes, 12 seminaristas y muchos catequistas y servidores.

Aunque aclara: “Los sacerdotes diocesanos que actualmente desarrollan su ministerio en la posible diócesis de Ocosingo tienen libertad para permanecer allí mismo o solicitar su cambio a la diócesis madre de San Cristóbal, aunque su permanencia donde ahora están le daría a la nueva diócesis una mayor fortaleza y garantía de continuidad”.

El documento menciona que la nueva diócesis atendería a 558 mil 499 indígenas, principalmente tzeltales (274 mil 973) y choles (154 mil 790) ya que “el resto son minorías tzotziles, tojolabales, zoques y lacandonas”.

Y señala que si en la consulta se aprueba la nueva diócesis se presentará la solicitud a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Si el voto de esta instancia también es favorable se enviará la propuesta al Vaticano, a la Congregación para los Obispos, la cual hará sus propias consultas. Finalmente, será el Papa quien dé “la última palabra”.

Detalla después el mecanismo para elegir al obispo de la nueva diócesis, que puede ser “indígena o mestizo”; se hará una consulta de la que saldrá “una terna de candidatos” que se presentará igualmente al pontífice y éste –alumbrado por “la luz del Espíritu” – decidirá quién queda.

Además de la de Arizmendi, el documento tiene las firmas del obispo auxiliar, Enrique Díaz Díaz, y de seis de sus vicarios: Pablo Iribarren, Javier Reyes, Pedro Arriaga, Rodolfo A. Román, Joel Vega y José Avilés.

Ellos aseguran en su documento que la diócesis de Ocosingo “nacería con la fuerza del proceso pastoral de San Cristóbal”. Se regiría bajo el mismo sínodo y sería igualmente “una Iglesia autóctona, liberadora, evangelizadora” y con las “mismas opciones diocesanas” que implantó don Samuel.

Al respecto, Arizmendi dice a este semanario: “Nuestra pastoral indígena, que es tan importante, cobrará mayor fuerza con las dos diócesis. De manera que no se trata de dividirnos sino de unirnos más. Y la opción por los pobres no cambiará pues no es una moda ni una conveniencia temporal, sino una exigencia evangélica esencial”.

“Consulta de consolación”

Heriberto Cruz es escéptico: “Es un sueño muy bonito eso de que las dos diócesis llevarán el mismo caminar, si ya de por sí Roma le ha puesto muchas objeciones a San Cristóbal, por lo que la ha golpeado muchísimo. No creo que apruebe otra diócesis semejante. Además, el obispo que llegue a Ocosingo, sea quien sea, impondrá sus propios lineamientos. Siempre sucede así.

“Al dividirla, a nuestra diócesis se le quitará fuerza en todos los sentidos. Cuando don Samuel y don Raúl proponían crear una prelatura en Marqués de Comillas lo hacían con otro espíritu y otra mística. En cambio, el proyecto actual es pragmático, parte de una visión muy jurídica que no proviene de una necesidad de las bases.”

–Pero ahora se les va a consultar.

–Esa consulta es de consolación. El proyecto se presentó porque la división ya va en camino y, repito, la suerte ya está echada. Don Felipe tiene 70 años de edad, el derecho canónico lo obliga a presentar su renuncia a los 75 años. Le quedan cinco al frente de la diócesis. Supongo que la división deberá darse en ese lapso. Con ella se acabará toda una línea pastoral. Sería muy triste que don Felipe terminara su periodo con esa división. Ojalá tenga la audacia y la astucia evangélica para impedirla.

–¿Cómo dar mejor atención pastoral sin dividir la diócesis?

–Hay varias maneras de solucionar el problema. Una de ellas es nombrar más vicarios o más obispos auxiliares, que es la propuesta que hace el equipo chol con el que trabajo. ¡Caray! San Cristóbal merece ser incluso arzobispado por toda su importancia histórica y la labor de fray Bartolomé de las Casas. Pero en lugar de eso se le quiere debilitar. La mayoría de la gente se opone a esa división.

Señala Heriberto Cruz que en el tiempo que lleva como obispo de San Cristóbal, Arizmendi ha dado cabida a sacerdotes del llamado Movimiento Carismático, que antes no trabajaban en la diócesis por ser contrarios a la línea de la opción por los pobres.

“Los carismáticos tienen una espiritualidad muy del cielo, de muchos gozos en el espíritu. No ven al pobre y al pueblo que sufre. Promueven una evasión de la realidad. Ahora don Felipe los ha fortalecido.”

Del mismo parecer, Joel Padrón afirma: “La diócesis de San Cristóbal no es una estadística, un listado de personas o un territorio para dividir. ¡No! Es sobre todo un movimiento de fe. Ese movimiento es similar al cauce de un río; si lo divides, el río pierde necesariamente su fuerza. Más bien debemos pensar en unificar ese cauce para darle más potencia”.

Padrón abunda en el símil ejemplificando con los catequistas y los indígenas: “No se les puede decir a los alrededor de 8 mil catequistas: ‘4 mil de ustedes se quedan aquí y los otros 4 mil se van para otro lado’. No puede hacerse tal cosa con un movimiento de fe que fluye bajo un mismo cauce.

“Tampoco se puede dividir a las distintas etnias. ¿Van a partir al pueblo zoque? ¿Van a partir al pueblo chol? ¡No es posible! ¡no se puede! La diócesis de San Cristóbal pudo integrar a esas distintas culturas bajo una misma opción. Al dividirlas se desmembraría la diócesis.”

–¿Y si la diócesis de Ocosingo asume la misma línea?

–Eso no se puede. Nadie puede garantizar que la nueva diócesis será una calca de la de San Cristóbal. Imaginemos que el obispo de Ocosingo sea el obispo ideal, irreprochable. Pues ni aún así las cosas serán igual, porque cada obispo tiene su propio carisma. Ocosingo será otra diócesis… y San Cristóbal también.

–Pero es común que las diócesis se dividan territorialmente…

–Es cierto. Muchas diócesis se dividen y no hay grandes repercusiones. Hoy se nos pone el caso de Tuxtla. Pero San Cristóbal es muy diferente, ya que lleva un proceso eclesial muy específico inspirado en el Concilio Vaticano II. Es una diócesis conciliar. Por sus características no se puede dividir. Aquí no caben esos argumentos.

–¿No hay ninguna otra diócesis en México con esas características?

–No la hay. No hay ninguna otra.

Jorge Santiago, analista de los procesos de la diócesis y quien participa en los movimientos de laicos, señala que el proyecto de Arizmendi ya desestabiliza a la diócesis.

“Por lo pronto, el proyecto está generando una gran desestabilización. Los sacerdotes, diáconos y catequistas están viendo en cuál de las dos diócesis quedarán. Vislumbran un futuro incierto. Mientras que los indígenas y campesinos intuyen que hay algo que los va a afectar. No saben exactamente qué es. Sólo presienten que se viene un golpe contra ellos.”

–¿Ha percibido más rechazo o más aprobación al proyecto?

–Simplemente no hay aprobación entre los fieles. Es como si de pronto te dijeran que nacerá un hermanito que no esperabas. Los movimientos de laicos están en contra. Perciben algo extraño, una mano negra que está moviendo las piezas.

La herencia de Samuel

Santiago asegura que el obispo intenta tranquilizar los ánimos dando una “visión utópica” de la nueva diócesis y señalando que será el pueblo quien decida.

Agrega: “La Iglesia es finalmente una estructura de poder donde siempre hay intereses en juego. La diócesis de San Cristóbal es una pieza de esa compleja estructura. Pero una pieza que ha sido muy golpeada por Roma, que actualmente le tiene prohibida la ordenación de diáconos y bloquea su libertad”.

Santiago recuerda los frustrados intentos en los noventa de expulsar de la diócesis a Samuel Ruiz debido a su defensa de los pueblos indígenas; los enfrentamientos de la diócesis con el Ejército y los gobiernos federales y estatales a raíz del alzamiento zapatista y el disgusto de la jerarquía eclesiástica con el obispo por su apoyo al subcomandante insurgente Marcos y por sus gestiones para que el levantamiento de 1994 se solucionara pacíficamente (las conversaciones de paz tuvieron lugar en la catedral de San Cristóbal).

Menciona además a todos los sacerdotes y catequistas que fueron encarcelados, acusados de apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la matanza de Acteal, el nombramiento de Raúl Vera como sucesor de Samuel Ruiz, nombramiento del que Roma dio marcha atrás muy pronto para sustituirlo por Felipe Arizmendi.

–¿Qué papel juega aquí Arizmendi? –se le pregunta a Jorge Santiago.

–Hasta el momento ha respetado los lineamientos del sínodo realizado por Samuel Ruiz al final de su periodo como obispo. Pero también es parte de la estructura vaticana. No puede afirmarse tajantemente que sea el operador convencido para desmantelar la diócesis. ¿Don Felipe padece también esa estrategia vaticana? ¿Se le ordenó aplicarla pero no quiere? Quizá sufra ese gran dilema. Claro, él no puede externar nada públicamente.

–¿Y cuál es su opinión personal sobre el proyecto de división?

–Es un duro golpe para la diócesis. No consolida en nada sus procesos pastorales. Más bien los pone en riesgo.

Fuente: Proceso

Amenazan con tomar 30 alcaldías en Oaxaca


Pedro Matías

OAXACA, Oax., 27 de diciembre (apro).- Militantes del Partido Unidad Popular e integrantes de la organización Comuna de Oaxaca amagaron con tomar las presidencias municipales de unos 30 ayuntamientos el próximo 1 de enero para impedir que el PRI “imponga autoridades” avaladas por el Instituto Estatal Electoral (IEE).

El dirigente del Partido Unidad Popular (PUP), Uriel Díaz Caballero, afirmó que “tal parece que es una estrategia del PRI provocar violencia a este gobierno (de Gabino Cué Monteagudo), pero nosotros no vamos a permitir que se nos imponga una persona que no sea electo por nuestros compañeros”.

Por su parte, el diputado del PT, Flavio Sosa Villavicencio, acusó al presidente del IEE, José Luis Echeverría Morales, de “convertir al estado en un campo minado” en vísperas del relevo de los poderes municipales.

Dijo que como parte de “una maniobra del IEE”, en las próximas horas sacará un paquete de municipios que validará para que no haya impugnaciones.

Por ello, señaló, esta noche se instalará una mesa de diálogo con el gobierno del estado para analizar los casos en los que podría haber conflictos, principalmente en los relacionados con el sistema tradicional indígena de usos y costumbres.

Señaló que, entre éstos, sobresalen Santos Reyes Nopala, San Gabriel Mixtepec, Santa María Colotepec, Temaxcaltepec, Candelaria Loxicha, San Pablo Coatlán, San José Lachiguirí, San Sebastián Rio Hondo, San Miguel Amatlán, Santa Cruz Acatepec, Eloxochitán de Flores Magón, Calihualá, San Miguel Tenango, Santa María Chimalapas, San Miguel Tilquiapan, San Pedro Teutila, Santiago Astata, San Juan los Cués, Santiago Texcalcingo, Santiago Yaveo y Monjas Miahuatlán.

Por su parte, Díaz Caballero acusó al presidente del IEE de asumir una “actitud desestabilizadora al no calificar asambleas comunitarias, mientras que en otras les da el triunfo al PRI, por lo que lo responsabilizamos de cualquier hecho de violencia”.

Los municipios donde tiene presencia el PUP y podría haber confrontación son: Mesones Hidalgo, Constancia del Rosario, Concepción Papalo, San Andres Teotilalpan, Santa María Papalo, San Esteban Atatlahuaca, San Martín Itunyoso, San Martín Toxpalan, Coicoyán de las Flores, San Sebastián Tecomaxtlahuaca y Juxtlahuaca.

Fuente: Proceso

Boletín No. 33 Democracia Sindical

boletín 33

Fuente: petroleros36.blogspot.com

Oficio de Papel



*Privatizan créditos a contratistas de PEMEX y CFE
*Hijo de Francisco Gil Díaz, al frente de la operación
*Navix, el nuevo prestamista del sector energético.

Los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) son el principal objetivo de muchos grupos de poder dentro y fuera del país porque concentran la mayor parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para obra pública.

En México, el Grupo Carso de Carlos Slim, a través de la constructora IDEAL, así como el grupo ICA han buscado mantener su lugar y participación en el mercado de los contratistas del sector de la energía aunque la competencia de multinacionales ha sido constante y depredadora para muchas compañías mexicanas.

Han desaparecido, de hecho, empresas como Bufete Industrial. Los contratos de PEMEX y CFE también han sido motivo de ambición y luchas internas de grupos ligados con influyentes políticos.

Se trata de un gran tesoro con un flujo constante y seguro que se administra de manera independiente a lo que suceda con la economía del país. PEMEX, por ejemplo, planea invertir un promedio anual de 369,000 millones de pesos durante los próximos nueve años y será entre 2012 y 2014 cuando se registren los niveles más altos de ese flujo de recursos.

Además, los contratistas de PEMEX aún esperan las inversiones por 8,000 millones de dólares para la refinería que se localizaría en Tula, Hidalgo. No sólo eso, las modificaciones a la legislación de la industria petrolera permitirán que PEMEX aplicara esquemas más flexibles y eficientes para la contratación de servicios a través de licitaciones públicas. Así, se esperan millonarios contratos para Chicontepec y las aguas profundas del Golfo de México. Sin embargo, la corrupción y la falta de transparencia han caracterizado, en muchos casos, el ejercicio de estos recursos y esa situación promete no cambiar.

Hasta ahora, sin embargo, no se había formalizado la participación privada en el financiamiento del mercado de contratistas del sector petrolero. Ese es otro gran negocio que hace a muchos frotarse las manos.

La banca comercial, al menos los seis principales bancos del sistema, habían concentrado la mayor parte de los créditos que necesitan los contratistas de PEMEX y CFE para cumplir los compromisos con estas paraestatales.

En medio de este escenario, surge la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), Navix, que siendo un intermediario no regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), participa en el mercado del financiamiento de contratistas de PEMEX con más de 60 millones de pesos y que hace unos días obtuvo de las AFORES, de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, al menos 4,000 millones de pesos.

El nombre de Navix y de los fondos internacionales que la acompañan en la operación que se cerró a través de la Bolsa Mexicana de Valores pasaría prácticamente desapercibido si entre sus directivos y fundadores no figurara el nombre Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el funcionario que, desde la SHCP, impulsó, casualmente, la aprobación de la figura de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) – que después se convirtieron en SOFOMES – con el objetivo de impulsar los créditos para el sector productivo ante las restricciones que aún enfrentaba la banca múltiple en sus políticas de financiamiento. Las SOFOMES han surgido como hongos bajo la lluvia y las señales de alerta comienzan a encenderse ante problemas de cartera vencida. En Navix, además, participa como socio minoritario Citigroup, que controla Banamex y que, en teoría, debería otorgar créditos al sector petrolero de forma directa.

Pero volviendo al caso de las SOFOMES, el propio ex gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, ha encendido la alarma sobre la presencia de actividades vinculadas con el lavado de dinero que utilizan estos intermediarios no regulados.
La cartera vencida de estas entidades también preocupa a las autoridades porque han encontrado en los créditos con descuento a nómina de gobiernos municipales y estatales un negocio seguro pero con escasos controles de riesgo. Allí está el caso de los problemas que enfrentaron varias SOFOMEX que otorgaron créditos al gobierno del Distrito Federal y que, ante los retrasos en las participaciones federales, enfrentaron problemas para cobrar los préstamos otorgados.

Fideicomiso, el sello de Gil

Por eso llama la atención que Gonzalo Gil White, socio de Navix y quien en su currículo destaca su experiencia en Goldman Sachs así como en Equity Group Investments, la compañía de inversión del financiero Sam Zell, haya decidido participar en el mercado de créditos para el sector petrolero a través de una SOFOM.

Él mismo reconoció ante la prensa que esta figura permite una mayor flexibilidad frente a las políticas tradicionales de la banca. Pero, además del sello de Gil Díaz en la figura que escogió la intermediaria y fondo de su hijo para participar en el sector petrolero destaca otra coincidencia: la creación de un fideicomiso como el elemento central de la operación, se trata del Fondo Inversión en el Sector Energético (FISE), en el cual, para otorgar créditos a los contratistas de PEMEX y CFE, deben depositar derechos de tesorería que garanticen el cobro y el seguimiento de las inversiones. El equipo de Gil White tendrá derechos de tesorería para vigilar que se cumpla el contrato comprometido y que se apliquen de forma efectiva los préstamos otorgados.

La estructura de un fideicomiso permite a Navix adquirir derechos sobre los recursos obtenidos vía el mercado de valores pero también diseñar reglas convenientes para no enfrentar mayores responsabilidades en caso de incumplimiento de los contratistas. Una de las advertencias que se hace a los inversionistas – los trabajadores cuyas SIEFORES decidieron invertir en Navix – es que, en caso de problemas o retrasos en los contratos con PEMEX o CFE, no se pagarán intereses moratorios.

El llamado FISE, en sus documentos públicos enviados a los inversionistas del mercado de valores, asegura que busca optimizar la relación riesgo-rendimiento en inversiones con proyectos en el sector energético. El esquema que Navix ha diseñado permite – de acuerdo con la promesa hecha a los inversionistas – hacer más eficiente el impacto fiscal, brindar transparencia respecto de la utilización de recursos y reducir las pérdidas potenciales mediante la captura de la utilidad esperada del proyecto.

No sólo eso, durante el periodo de revolvencia, FISE advierte que, una vez que cuente con un portafolio de créditos cedidos por los contratistas lo bastante robusto, con financiamientos cuya amortización se encuentre entre 9 y 60 meses, podrá bursatilizar la totalidad o parte del portafolio de créditos cedidos con el objeto de buscar incrementar los rendimientos del vehículo. Navix promete en el largo plazo – más de 20 años – un rendimiento mínimo de 16 por ciento mientras otros fondos de inversión prometen al menos 25 por ciento con un riesgo mucho menor.

Además, hasta ahora este tipo de operaciones estructuradas – incluyendo procesos de bursatilización – no son muy comunes en el mercado mexicano y vigilar el riesgo, para velar por los recursos de los trabajadores depositados en sus pensiones, podría representar una operación altamente riesgosa.

En la aventura de Gonzalo Gil White, lo acompañan Carlos E. Williamson, director ejecutivo de Originación de Navix, quien trabajó en Videovisa, Coronado, Televicentro así como José Antonio Cañedo, quien fue director de Banco de Inversión de Nafin.

Navix presume también su red de clientes y contactos desarrollados por su equipo durante los últimos ocho años, lo que le permitirá generar un flujo constante de prospectos y transacciones. Adicionalmente, dice, ha implementado un sistema de identificación dentro del cual se encuentra la construcción de una base de datos de compañías que participan activamente en licitaciones de PEMEX y CFE. Su objetivo son contratos por al menos 6,000 millones de pesos.

¿De dónde viene Navix?

La historia que públicamente da a conocer Navix se remonta a septiembre de 2007 con la alianza entre Axis Capital Management (AXIS), Eton Park Capital Management y Stara Investments. AXIS es una firma de inversión privada fundada en 1990 especializada en inversiones de capital de riesgos y en el diseño y ejecución de estrategias financieras de alta complejidad con más de 10,000 millones de dólares en operaciones completadas.

En 2002, AXIS identificó que a pesar de la estabilización de la economía mexicana y la creciente penetración del sistema financiero, existía una importante brecha entre la oferta y la demanda por financiamiento en México, particularmente para las empresas pequeñas y medianas, donde la mayor parte del financiamiento provenía de fuentes no bancarias, principalmente proveedores.

Por ello, AXIS decidió involucrarse de manera más activa, en calidad de agente, en el diseño de financiamientos estructurados que eran fondeados de manera independiente a través de la red de relaciones con diversos fondos e instituciones, principalmente internacionales, que el equipo de AXIS fue construyendo a lo largo de los años.

Fue en 2005, dice Navix en el prospecto de colocación, en respuesta la creciente demanda, principalmente de compañías en la industria petrolera que requerían de mayor agilidad en la ejecución de financiamientos, que AXIS constituyó una serie de vehículos especializados con recursos de inversionistas privados, nacionales y extranjeros que le permitieron canalizar recursos a esta industria de manera sistemática, conforme a los cuales no sólo era responsable de la originación y estructuración de los financiamientos sino también de la administración y monitoreo de los mismos.

AXIS obtuvo compromisos de fondeo por aproximadamente 475 millones de dólares que se han utilizado para financiar más de 570 millones de dólares en proyectos dentro de la industria petrolera logrando además que ninguno de ellos, a la fecha, ha presentado quebranto.

En 2007 AXIS decidió canalizar todas sus operaciones de financiamiento estructurado a través de una compañía independiente que tuviera una base sólida de capitalización creando así a Navix que se asoció con Eton Park Capital Managemente, que administra inversiones por 14,000 millones de dólares.

Después se incorporó Stara Investments, un fondo basado en Winsconsin con 17 años de experiencia y 10,000 millones de dólares en activos bajo manejo.

A mediados de 2008 y a pesar de la crisis por la que atravesaban la mayor parte de las instituciones financieras en el mundo, Navix logró firmar un programa de cofinanciamiento con Citigroup por 250 millones de dólares, el cual continúa operando exitosamente. A raíz de esta operación Citigroup decidió adquirir una participación minoritaria y pasiva en el capital de Navix. Al 15 de octubre de 2010, Navix ha participado en más de 45 proyectos en el sector energético los cuales tienen en promedio un valor de 62 millones de pesos. Las oficinas de Navix están ubicadas en Poza Rica, Veracruz, Villahermosa, Tabasco, Monterrey, Guadalajara, Puebla. Sin embargo, más allá del discurso corporativo, al interior de PEMEX observan con interés la amistad de Francisco Gil Díaz con el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel.

Oficiodepapel@yahoo.com.mx

Desplazan IP y Pemex a campesinos de Chicontepec para proyecto ATG

Las empresas Halliburton y CICSA (propiedad de Carlos Slim) junto con Petróleos Mexicanos (Pemex) han desplazado la mano de obra veracruzana en los trabajos de exploración y perforación de pozos del proyecto Aceites Terciarios del Golfo (ATG), también llamado Paleocanal de Chicontepec, denunció el diputado Moisés Hernández Barrales.

Reprochó que estas empresas han traído personal de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala para realizar algunas labores de faena o de otro tipo, que bien podrían realizar los campesinos e indígenas de la región de Chicontepec.

Aunado a esto, dijo que ha habido retraso en el pago de indemnizaciones a las afectaciones que provocan en los trabajos de perforación de pozos, pues lo mismo se han destrozado caminos y arroyado cultivos de maíz o fracturado algunas viviendas.

“Comenzamos a notar que primero Pemex y las otras empresas causaban muchos destrozos y se negaban a reconocerlos y sobre todo pagarlos, pero cuando la gente de la zona les cerró los caminos, entonces ya indemnizaron a los campesinos”, expresó.

El legislador mencionó que la principal preocupación en este momento es que se brinden las condiciones de seguridad, tanto físicas como ambientales para la región, pues reconoció que existe todavía el temor entre la población de algunas comunidades por los trabajos que se realizan.

Hasta el momento, indicó, no se tienen reportados incidentes mayores en la realización del proyecto ATG, incluso no han detectado alguna afectación ambiental grave, razón por la cual exigió las garantías a Pemex de que no ocurrirá alguna tragedia humana o contra el entorno ecológico.

Moisés Hernández Barrales exigió que, tanto la paraestatal como las empresas contratadas, realmente cumplan con su compromiso de llevar progreso y desarrollo a las comunidades indígenas de Chicontepec y de toda la zona norte, pues de lo contrario la gente de esa zona podría no permitir más que se continúen con los trabajos.

Por ello comentó que se cumplan con acuerdos, como dar empleo a la zona de la región, reparar los caminos y puentes, así como apoyar a las escuelas.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Critica Partido del Trabajo medidas de la CFE contra morosos en el servicio de luz

Lunes, 27 de Diciembre de 2010 00:00
Escrito por Dulce Maya

CUERNAVACA. Al compartir una “cena solidaria” con los casi 200 miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que continúan en pie de lucha; la dirigencia del Partido del Trabajo (PT) rechazó la política impuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de suspender el servicio básico para muchas familias que atraviesan por una difícil situación económica.

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dirigente del PT, en compañía del coordinador Estatal de este instituto político, Celso Montiel, criticó el anuncio por parte de la paraestatal de cortar el suministro de luz a “morosos” de Cuernavaca y Huitzilac.

No se trata de que la población no pague luz, se trata de que la “compañía de clase mundial” pueda tener la sensibilidad social para detectar a las familias que verdaderamente están atrasadas por motivos económicos que no forzosamente son “morosos” y que necesitan facilidades para cubrir sus adeudos.

Lo cierto es que desde que se hizo cargo la CFE del abastecimiento del fluido eléctrico en lugar del SME, han acumulado un sinnúmero de quejas por cobros indebidos además del incremento que sufrieron de la noche a la mañana muchos usuarios del mismo.

La también diputada local recordó a la población de todo el estado de Morelos que en las oficinas del PT en el Congreso del estado y en las casas del pueblo que funcionan en diferentes municipios, se continúa asesorando a quienes consideran que están siendo defraudados con cobros exagerados por parte de la CFE.

Asimismo invita a la población a no dejarse sorprender por el cobro del cambio de medidores electromecánicos por digitales que está realizando la propia CFE.

Fuente: La Jornada de Morelos

Sedena, PF y PGR, con el mayor número de quejas en Michoacán, según la CNDH

REDACCIÓN

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ratificó el fracaso de la estrategia emprendida por el gobierno federal en contra de la delincuencia. Si bien el organismo sitúa a nuestro estado como la entidad más insegura por el número de quejas interpuestas en contra de la Sedena, de la PF y de la PGR, principalmente, el reporte advierte del comportamiento que los elementos castrenses han de seguir para cumplir con la tarea encargada por la federación, sin importar que se violenten los derechos humanos, afirmó Antonio Soto Sánchez.

El trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desacredita los presumibles resultados que la federación anuncia una y otra vez en su lucha contra la delincuencia; en la práctica –sostuvo el ex senador–, ningún gobierno debe permitir que sus instituciones de seguridad violenten los derechos humanos de sus habitantes.

Criticó el discurso de “efectividad” que el gobierno federal ha sostenido desde hace cuatro años, porque en la realidad son precisamente las fuerzas armadas las que concentran el mayor número de quejas de la ciudadanía.

El estudio denominado Alerta de violación a los derechos humanos 2010 que realiza la CNDH –enfatizó Soto Sánchez– no debe utilizarse para tergiversar la realidad en Michoacán, estado en el que se han interpuesto 265 quejas entre enero y octubre del presente año.

Los recursos interpuestos en todos los casos y bajo el amparo de cumplir con la encomienda de la federación, explicó, son principalmente por faltar a la legalidad, cateos o visitas domiciliarias sin los permisos correspondientes, trato cruel o inhumano y detención arbitraria, así como por omitir fundamentar el acto de autoridad.

“Basta de querer engañar a los mexicanos y michoacanos con operativos y despliegues de ‘seguridad’ que lejos están de cumplir a cabalidad con este objetivo”, manifestó Antonio Soto, y subrayó que el reporte de la CNDH evidencia que la lucha calderonista ha sido un rotundo fracaso desde que inició.

Fuente: La Jornada de Morelos

2010: Los saldos negativos en los derechos humanos en Morelos.

Lunes, 27 de Diciembre de 2010 00:00
Escrito por Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Al terminar 2010 en Morelos y en el mundo nos encontramos viviendo una crisis humanitaria marcada por graves violaciones a estos derechos consagrados: guerras, genocidios, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, hambre de miles de millones de personas, desempleo y pobreza creciente, degradación acelerada del medio ambiente, cambio climático por el tipo de producción capitalista, crisis económica, mutilación de libertades democráticas, violación sistemática de los derechos de las mujeres, de niñas y niños, de pueblos indígenas.

En el estado de Morelos las autoridades aseguran pleno respeto a estos derechos mencionando la firma de pactos y convenios a nivel internacional y ponen como ejemplo la existencia de comisiones de derechos humanos, que, sin embargo, tienen altos presupuestos y su grado de actuación es sumamente ineficaz, poco serio, falta de transparencia, subordinados a los poderosos intereses económicos y políticos que les impide su autonomía.

La realidad que estamos viviendo en Morelos en materia de derechos humanos es cruda: la inseguridad, las ejecuciones extrajudiciales que ya han superado los 300, la criminalización de los movimientos sociales, la criminalización de las y los jóvenes, la agresión a los derechos de las mujeres, de los derechos de las y los niños.

La nula voluntad del Estado para reconocer que los derechos humanos de todas y de todos pasa por el reconocer al otro y a la otra como persona con todo lo que esto implica, el saber que tiene derechos inalienables que por el simple hecho ser humano se los tiene que reconocer, respetar y garantizar.

Con el discurso de que existe la generación de los “ninis” (término discriminatorio utilizado oficialmente), se criminaliza a todas y todos los jóvenes, se les detiene ilegalmente, se les acusa de pertenecer al crimen organizado, se les enjuicia y se les condena a permanecer en prisión, baste recordar el caso del menor detenido a mediados de año en Amacuzac, en un operativo militar, este joven de 15 años fue torturado y sujeto a proceso, acusado de pertenecer a una célula de un cártel de la droga.

Las denuncias de jóvenes que son detenidos por policías, robados y muchas veces encarcelados, no son nuevas, en el último mes tenemos cuando menos documentados dos casos de abusos policiacos contra jóvenes y muchos otros en los últimos meses.

La autoridad, ahora tiene un nuevo argumento para perseguir a los jóvenes, la presunción de inocencia no existe, todos los jóvenes deben ser perseguidos por la “presunción de pertenencia” al crimen organizado, la apariencia no importa, lo mismo detienen a jóvenes con tatuajes en brazos y cuello que a estudiantes de secundaria.

El caso del niño detenido al que ahora se le conoce como el “niño sicario”, nos habla de la ausencia de valores pero por parte de las autoridades, quienes lejos de buscar protegerlo y garantizarle sus derechos humanos de niño, lo señalan y piden todo el peso de la ley para este niño; olvidándose de la obligación que tienen de hacer lo necesario y suficiente para garantizarle, no solo a este niño, sino a todos los demás niños y niñas, las condiciones para desarrollarse y vivir dignamente, para ser niño, para ser feliz, porque lejos de asumir responsabilidades acusan a las madres y padres de no inculcarles valores, de no estar al pendiente de sus hijos.

La responsabilidad del estado va más allá, son las madres y padres los únicos culpables, o lo es también la sociedad que no reconoce participación en la descomposición que actualmente atraviesa.

Si las y los jóvenes son los culpables de la realidad que vivimos en Morelos, también habría que hacer un llamado de atención al estado que no ha sido capaz de garantizar y proteger los derechos humanos de estas y estos, ¿dónde queda el derecho humano a la educación, a la cultura, al trabajo, a la vivienda?

En Morelos 2010 termina con saldo negativo para los derechos de la juventud. El asesinato de una joven mujer de 15 años en Cuautla es la culminación de un clima de violencia, criminalización, hostigamiento, estigmatización, falta de oportunidades y de políticas públicas en beneficio de las y los menores de edad.

En ese sentido, habrá que resaltar que estamos viendo una guerra del Estado mexicano contra el crimen organizado, que en caso de que sean legítimas las formas en las que se afronta esta guerra, están marcando a la infancia, y es que más de mil 100 niños y niñas han sido asesinados, en el país, desde que inició el combate al crimen organizado.

Feminicidio: Este año de 2010 es el más elevado en asesinatos cometidos en contra de mujeres en los últimos 10 años y se ha extendido a casi todos los municipios del estado.

cidhmorelos@gmail.com

Derechos humanos en un Estado brutalista

Hace 10 días que Marisela Escobedo fue asesinada a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua. Pocos días antes de ser victimada había dicho a las cámaras de televisión que no se movería de su plantón de protesta frente al palacio de gobierno; que si quien la amenazaba iba a atentar contra ella tendría que ser frente a la sede del gobierno de Chihuahua “para que les dé vergüenza”. En efecto, la ultimaron justo ahí, donde ella dijo. El gobierno de ese estado ofreció entonces una recompensa de 700 mil pesos para “incentivar la colaboración de la sociedad en la investigación que realizan de manera coordinada corporaciones de los tres niveles de gobierno y el Ejército mexicano”. Desde luego, no ha pasado nada.

Cuatro días después del infame homicidio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el acto, como en muchos otros casos en los que ha hecho lo mismo. México se ha convertido en un país que por sí solo mantiene ocupada tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Apenas en agosto la Comisión había condenado la brutalidad escandalosa del asesinato de 72 migrantes centroamericanos a manos de bandas del crimen organizado en tierras tamaulipecas. Ese mismo mes la Corte Interamericana sentenció al Estado mexicano por el trato dado a dos campesinos que defendían sus tierras y bosques de la tala de compañías extranjeras alentadas y protegidas por policías, soldados y políticos mexicanos.

En el último año, además de los múltiples señalamientos, el Estado mexicano ha recibido cinco condenas de la Corte por violaciones severas a los derechos humanos y ha emitido recomendaciones muy concretas para ser instauradas por el gobierno. Una en especial: eliminar la jurisdicción militar en delitos contra los derechos humanos.

A todas, el gobierno de Felipe Calderón hace oídos sordos o matiza. La iniciativa de reformas al fuero militar enviadas a la Cámara de Diputados por el Presidente es prueba evidente del escaso compromiso con sus dichos y casi nula coincidencia entre lo que se dice y la realidad. Es por esa razón que, como concluye Margarita Guillaumin en su artículo en esta edición, los que sobrevivimos a Marisela no debemos descansar hasta logar tener, todos, una vida libre de violencia. Está visto que eso depende más de la civilidad y la ciudadanía que del dudoso compromiso del gobierno nacional.

Fuente: La Jornada de Veracruz

En su memoria. Una vida libre de violencia

Marisela Escobedo, su hija Rubí Marisol y con ellas todas las víctimas de feminicidios en nuestro país deben descansar en paz. Nosotros no, tenemos que hacer eco de su voz, tenemos que levantar sus pancartas y banderas, porque nuestras flamantes normas para lograr que las mujeres mexicanas vivan sus vidas libres de violencia y discriminación no detienen las balas homicidas. No abren las puertas tras las que se parapetan y ocultan las autoridades cuya obligación es procurar y administrar justicia. No funcionan para lograr la atención de quienes ejercen el poder.

No podemos descansar porque la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Belém do Pará), instrumentos de derecho signados por el Estado mexicano y por ello mismo disposiciones de cumplimiento obligado en todo el territorio nacional tampoco detienen ni desvían el curso de las balas homicidas, ni el de la violencia creciente; no hay escudo protector capaz de impedir que nos alcance o que alcance a otras mujeres queridas hijas, hermanas, amigas, compañeras; el odio, el abuso de poder, la absurda barbarie que subyace en todo acto de abuso, violencia, discriminación u homicidio que –en un instante– pone fin a una vida y nos hunde en el dolor, la impotencia; la rabia incontenible que quisiera convertirse en una avalancha o justiciero huracán que arrancara de cuajo todo, todo lo malo que carcome el tejido social, la convivencia armónica y pacífica la vida en comunidad; la vida en un estado social y de derecho.

Marisela Escobedo ya no está plantada frente al Palacio de Gobierno, no llora más, no reclama, no levanta la voz para exigir justicia para su hija Rubí Marisol –otra víctima de la violencia irracional que termina prematuramente con la vida de las mujeres– ya no encara a los jueces, procuradores, agentes del Ministerio Público y gobernantes que por acción u omisión hicieron posible que el homicida confeso de Rubí Marisol (su ex pareja y padre de su hija) fuera puesto en libertad por el voto unánime de tres jueces que alegaron no tener elementos para castigar al responsable del homicidio. Este individuo está libre, prófugo de la justicia pero libre; tiene no una, sino muchas oportunidades, dado los índices de impunidad que se padece en nuestro país de seguir muy orondo, con su vida. Los tres jueces de pacotilla que liberaron al homicida fueron cesados de sus cargos pero mal que bien siguen con sus vidas y seguramente tendrán otras oportunidades de trabajo, sería deseable que nunca más en el servicio público y en la rama judicial e incluso, si esto no fuera mucho pedir; podrían hasta de arrepentirse por todo el daño y dolor que provocó su incapacidad para administrar y actuar con apego al derecho y a los más altos objetivos de la justicia. Rubí Marisol y su madre Maricela ya no tienen esa posibilidad. Ambas han muerto y a Maricela la asesinaron, yo no puedo dejar de pensar que alguien mandó a ejecutar; porque constituía una presencia molesta, muy molesta.

Ahora que Marisela ya no está para presentar enérgica su reclamo de justicia, ahora que ya no pide audiencia ni toca a las puertas del Palacio de Gobierno del Estado, ni a las del Palacio Nacional; ahora sí Marisela obtiene respuestas del sector oficial. El gobierno Chihuahua a través su Fiscalía ofreció una recompensa de 500 mil pesos a quien aporte datos sobre el paradero del autor intelectual del homicidio de Marisela, que según la propia fiscalía, es Sergio Rafael Barraza Bocanegra, el mismo individuo que privó de la vida a Rubí Marisol, yo no lo creo así. También para quien brinde informes para ubicar al presunto y desconocido autor material del homicidio de Marisela se ofrece una recompensa de 200 mil pesos. Ahora sí Marisela, ya no hay necesidad de que tú y las organizaciones de mujeres que te brindaron apoyo y soporte realicen directamente y de motu proprio las pesquisas para ubicar a Barraza Bocanegra, las procuradurías de justicia competentes ya lo están haciendo, solicitaron incluso la colaboración de los servicios de inteligencia de otros países; pero qué necesidad había de todo esto me pregunto cuando hubiera bastado con no dejarlo ir, con no generar condiciones para que su crimen quedara impune.

El registro de la imagen de Marisela Escobedo corriendo hacia el Palacio de Gobierno en el momento de ser baleada muestra con crudeza el estado de indefensión ciudadana y el de cancelación de los derechos que se están padeciendo en nuestro país y en esta entidad en particular, tierra sin ley ausencia total de autoridades competentes y de elementos de seguridad publica ¿Estado fallido?..., antes de apresurar una respuesta es preciso tener en cuenta que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó con datos oficiales, mil 728 homicidios dolosos contra mujeres en 18 entidades del país, durante los 18 meses transcurridos de enero de 2009 a junio de 2010.

Lo dicho, Marisela y Rubí Marisol deben descansar en paz nosotros no, no podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Todas y todos tenemos derecho a vivir libres de violencia y exigimos que se tomen las medias y se generen las condiciones objetivas y subjetivas indispensables, por parte de nuestros gobiernos para vivir sin violencia, para gozar de seguridad pública, para vivir en armonía, en paz y en suma para vivir en un estado de derecho y justicia.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Se confabulan autoridades para destruir nacimientos de agua

Habitantes de las comunidades de Las Lomas, Tuzamapan, La Bella y Alborada denunciaron que el ex director de Patrimonio del Estado, Antonio Flores Vargas; el ex secretario de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Alonso Domínguez Ferráez, y el aún alcalde de Coatepec, Sergio Ramírez Cabañas, se confabularon para permitir la destrucción de un cerro para explotar arena, y de paso enterrar unos nacimientos de agua que abastecen del vital líquido a más de 5 mil personas.

Explicaron que dichas autoridades concedieron los permisos necesarios a unos particulares para permitirles la explotación de un banco de arena, que se encuentra a 100 metros de un nacimiento de agua, el cual se ha ido tapando y ha dejado sin el vital líquido a miles de personas.

Rafael Torres Santamaría, presidente del Consejo de Vigilancia del ejido Las Lomas, detalló que hace un par de meses unas personas les pidieron permiso para hacer un camino, pues les habían dicho que sólo iban a construir un par de casas, por donde se encontraba el nacimiento de agua.

Sin embargo, después se dieron cuenta de que se trataba de la explotación de un banco de arena, ante lo cual exigieron los permisos, que ya estaban firmados por las autoridades estatales salientes y las todavía municipales.

Esta situación ya ha comenzado a provocar afectaciones, pues el nivel del nacimiento de agua ha ido bajando debido a las descargas de arena y escombro que recibe, lo que ha dejado en algunos días sin la dotación del vital líquido a los habitantes de Tuzamapan, Alborada, La Bella y Las Lomas.

Ante este hecho, solicitaron el respaldo del Congreso del Estado para dar marcha atrás a los permisos que se otorgaron, tanto por la pasada administración estatal como por la comuna municipal actual.

De igual modo, dijo que si en verdad existe el interés de cuidar el medio ambiente por parte de la presente administración estatal, entonces se haga algo para impedir lo que calificó como ecocidio, pues afecta de manera directa a miles de personas de Coatepec.

Detalló que el nacimiento de agua se encuentra en la comunidad de La Orduña, y desde ahí es donde entuban el agua para llevarla a otras comunidades.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Un poco de justicia social

Lunes, 27 de Diciembre de 2010 00:00
Escrito por La Jornada Morelos

Abogados y algunas asociaciones civiles anuncian que en enero pedirán información de cuáles fueron los funcionarios de alto nivel, diputados, magistrados y alcaldes que cobraron aguinaldo para presentar una denuncia en su contra a fin de que sean sancionados ya que supuestamente la Constitución no señala ese derecho para los servidores públicos.

Cabe recordar que en primera instancia, además de los especialistas en derecho, diversos sectores abordaron la conveniencia de que los servidores públicos y representantes populares dejaran de cobrar esa prestación por considerar que es un derecho señalado en la Ley Federal del Trabajo pero como una prestación exclusiva para los trabajadores.

Es más, en el Congreso local los diputados acordaron no cobrar aguinaldo y se pensó que otros servidores públicos podrían seguir ese ejemplo, lo que obviamente no sucedió.

El tema es controversial porque efectivamente para tener derecho a esa prestación legalmente debe existir una relación obrero-patronal.

Sin embargo hay que considerar que muchos de los que hacen efectiva la prestación no tienen responsabilidad alguna, pues es decisión de sus superiores y para ello cuentan con la anuncia del Congreso en el momento de aprobar el presupuesto respectivo.

Hay quienes opinan que el aguinaldo debe suspenderse para los empleados de confianza, aunque en este caso se afectaría a cientos de miles de empleados en el gobierno estatal, municipios y hasta muchas empresas en donde los trabajadores tienen esa categoría.

Otros, por su parte, insisten en que lo reprobable no es que todos cobren aguinaldo, sino la desproporción que hay entre los funcionarios de alto nivel que reciben hasta más de 350 mil pesos, mientras que un trabajador de salario mínimo apenas recibe 750 pesos.

Lo ideal, opinan, es que todos los trabajadores tuvieran un ingreso equivalente a 10 salarios mínimos y con ello recibirían unos nueve mil pesos de aguinaldo, seguramente en esa situación las protestas y condenas por lo que reciben los funcionarios serían menores.

En este fin de 2010 y ya muy próximo inicio del 2011, más que pedir que quienes ganan mucho dejen de hacerlo, lo importante es exigir que quienes ganan muy poco reciban lo justo.

De esa manera los ingresos de los pudientes no serían tan marcadamente superiores a los de un trabajador cualquiera, disminuiría seguramente la delincuencia y decenas de miles dejarían de ir a los Estados Unidos en busca de las oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen.

Sin embargo, después de conocer que los salarios mínimos aumentarán para el año próximo un 4.1 por ciento, cada vez se antoja más lejana la posibilidad de que en México y Morelos por fin haya algo de justicia social.

Y si por el contrario los ingresos de servidores públicos y delincuentes van a la alza, lo único que aumentará –con seguridad- será el malestar de las mayorías.

Fuente: La Jornada de Morelos

Posible sanción a funcionarios que decidieron cobrar aguinaldo

Lunes, 27 de Diciembre de 2010 00:00
Escrito por Elizabeth Cuevas Villalobos

CUERNAVACA. El presidente del grupo Educa e integrantes del Colegio de Abogados, Juan Juárez Rivas, anunciaron la promoción de denuncias penales contra magistrados, presidentes municipales y diputados que al final del año se pagaron jugosos aguinaldos, esto luego de las acciones de protesta realizadas hace algunos días.

Luego de que en días pasados abogados de diferentes organizaciones se opusieron al pago de aguinaldos porque representaba una ofensa para la ciudadanía, ayer el jurista Juan Juárez afirmó que habrá acciones legales contra quienes hayan cobrado este beneficio que no está reconocido en la Constitución.

“Vamos a esperar los primeros días del mes de enero para pedir a cada una de las dependencias para que nos digan cuánto cobraron de aguinaldo y sostenemos que si cobraron aguinaldo los vamos a denunciar penalmente porque no es posible que quieren imparten justicia no quieran obedecer la ley”.

Y es que el abogado lamentó que a pesar de las acciones implementadas durante el mes de noviembre y parte de diciembre los funcionarios del estado hicieron caso omiso y cobraron onerosos aguinaldos que afectan las finanzas del estado.

Al hablar sobre el Tribunal Superior de Justicia, el abogado afirmó que el titular de dicha institución, Miguel Ángel Falcón Vega, se escondió para no atender la exigencia de los litigantes.

Juan Juárez estableció que durante los primeros días del 2011 presentará las denuncias penales contra quienes hayan cobrado el aguinaldo, esto debido a que la Constitución no reconoce dicho pago para los funcionarios.

Las querellas incluirán a los diputados que hayan cobrado el aguinaldo, a pesar de que afirmaron no lo harían por “sensibilidad social”.

Sobre todo, agregó el abogado, porque los diputados no etiquetaron los recursos que se ahorrarían con este concepto.

Fuente: La Jornada de Morelos

Solicita el Cecop a diputados una reunión antes de iniciar consulta


Zeferino Torreblanca no es el indicado en hablar de hacer cumplir la ley, sostiene Chávez Galindo

FRANCISCA MEZA CARRANZA

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) llamaron a los integrantes de la recién creada comisión de investigación y seguimiento a la problemática surgida en torno al proyecto hidroeléctrico del Congreso local, a reunirse con ellos en Cacahuatepec una vez que comiencen las consultas que se han anunciado, porque argumentan que son ellos y no la población en general quienes tienen que decidir por sus tierras.

Ayer, durante la asamblea ordinaria, los opositores tomaron como uno de los puntos principales el proceso electoral a la gubernatura y las acciones que emprenderán el día de la elección, el 30 de enero, y sostuvieron que no se permitirá el acceso de los candidatos a las comunidades; no obstante, aún se analiza si se aprobará la instalación de las casillas en las comunidades.

Jacinto Solís Vázquez, de La Concepción, aseveró en su participación que las tierras no son de la opinión pública y el hecho de convocar a una consulta para tomar una decisión es apostarle a una confrontación.

Rodolfo Chávez Galindo dijo que en las cuestiones que los diputados harán en su consulta deberían poner un apartado en el que pregunten a las personas si votarán para que los comuneros sean despojados de sus tierras o sobre cuántas muertes habrá en la zona debido a la inconformidad de algunos habitantes.

Durante su participación sostuvo que si los tres candidatos a la gubernatura quieren La Parota no pasarán a los pueblos pues no tienen nada que hacer ahí.

Criticó que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo haya respondido con aplicar la ley contra los opositores cuando dijeron que no permitirían la instalación de las casillas y consideró que no es el indicado para hacerlo, sino los órganos electorales.

Asimismo, dijo que el gobernador y el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, serán los responsables de lo que ocurra “así como lo son de los cuatro muertos que ya ha habido” y criticó que se han dedicado a promover violencia y despojo.

Salomón Hernández Encarnación, de El Cantón, fue uno de los comuneros que propuso que no se permitiera la instalación de las casillas y no se deje entrar a nadie al lugar: “Vamos a votar para que nos vengan a matar o nos dejen sin casa sufriendo... nos vamos a chingar no queda de otra”.

Durante su participación, Marco Antonio Suástegui Muñoz propuso que se permitiera la instalación de las casillas el día de la elección, pero que el llamado entre las comunidades será a no votar.

Puso como ejemplo lo que ha ocurrido desde hace años en Garrapatas, donde los habitantes no votan; en lugar de sufragar dijo que la mejor manera de expresar su rechazo al proyecto, sería redactar un documento que meterían en la urna del cual su contenido sabrán sólo ellos.

También criticó que Torreblanca Galindo haya respondido ante la amenaza de no permitir la instalación de urnas con aplicar la ley por lo que cuestionó el por qué no la aplica contra Rubén Figueroa por el caso Aguas Blancas, o en la matanza de El Charco e incluso en el caso del asesinato del extinto diputado local Armando Chavarría Barrera.

A manera de advertencia expuso: “ni se le ocurra a Zeferino mancharse las manos de sangre al pretender callar la voz de alguno de los opositores... no estamos solos, nos verán solos pero tenemos el apoyo de muchos organismos internacionales... si se comete otro asesinato más el pueblo no se lo va a perdonar”.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Desatienden autoridades sentencias de la Corte Interamericana contra el Estado


Orizaba, Ver.- En los últimos 12 meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido cinco sentencias condenatorias contra la aplicación de la justicia por parte del Estado mexicano, “sin embargo las autoridades han implementado muy pocas de las obligaciones establecidas en las sentencias anteriores. Las autoridades están obligadas, asimismo, a investigar las alegaciones de tortura y otros abusos, a hacer justicia y a reparar el daño ocasionado a las víctimas”, según refiere un documento emitido por Arturo Ávila Salazar, titular de Comunicación y Proyectos Tecnológicos de Amnistía Internacional México, enviado a La Jornada Veracruz.

El informe relata una serie de casos en los que presuntamente el gobierno mexicano ha incumplido recomendaciones y sentencias emitidas por este organismo. En el primero de éstos, “la Corte Interamericana de Derechos Humanos volvió a exigir a que las autoridades mexicanas eliminen la jurisdicción militar para casos de violaciones a los derechos humanos”. Como ejemplo se refiere la petición al pronunciar su sentencia en el caso de los ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, “quienes fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes por miembros del Ejército en 1999”.

Esta sentencia “es la quinta condenatoria contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana en los últimos 12 meses. Sin embargo, las autoridades han implementado muy pocas de las obligaciones establecidas en las sentencias anteriores.

El texto prosigue: “cuatro de las cinco sentencias se refieren a violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. En las cuatro sentencias la Corte reitera la obligación del Estado mexicano de eliminar la jurisdicción militar para este tipo de delitos”.

Según lo expresado por la Corte, la propuesta de reforma presentada recientemente por el presidente Calderón no cumple con esta obligación y por lo tanto recae en el Congreso la responsabilidad de revisar esta propuesta y convertirla en ley.

Amnistía Internacional espera que las autoridades cumplan de manera expedita con todas las obligaciones contenidas en esta sentencia y en las sentencias anteriores. En el caso de los campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, se explican los antecedentes de los hechos: “el 2 de mayo de 1999 soldados del Ejército mexicano detuvieron a los campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, estado de Guerrero. Ambos campesinos eran activistas que denunciaban la tala de árboles y defendían los bosques de la región”.

Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel permanecieron bajo custodia militar durante dos días antes de ser presentados ante un juez local. Posteriormente fueron condenados por portación de armas prohibidas y cultivo de amapola y marihuana.

Sus sentencias fueron conmutadas por prisión domiciliaria debido a razones de salud. Amnistía Internacional adoptó a ambos ecologistas como presos de conciencia en 2000.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Reprueban gestión de Marín en derechos humanos

Miguel Hernández

La Red de Defensa de los Derechos Humanos reprobó el sexenio de Mario Marín Torres porque no generó las condiciones para creer en las instituciones en materia de justicia e incluso se convirtieron en “tapaderas”, situación que tiene descontento a las organizaciones y sociedad.

Israel Sampedro Morales, integrante de la organización, expuso que en este gobierno hubo casos connotados que resaltan por la no aplicación de la justicia como son los de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, el defensor de Derechos Humanos, Martín Barrios y el asesinato de Fermín Mariano Matías.

Y es que en este último caso, señaló que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marcia Maritza Bullen Navarro, sólo atendió el asunto cuando recibió cartas del extranjero para indagar pese a que la Red de Defensa estuvo exigiendo la intervención del organismo poblano.

Ante ello, consideró que la comisión en lugar de hacer cumplir su papel sea convertido en la propia tapadera del gobierno estatal.

No obstante, dijo que las organizaciones luchadoras de garantías individuales han ganado terreno al grado de ser un contrapeso a las autoridades que tampoco generaron avances en la aplicación de justicia y en lugar de ello enjuician a personas con ciertas pruebas falsas.

“Se logró en cierta forma que organizaciones tuvieran peso moral, pero necesitamos ganar más terreno, pues de lejos de legitimizar el trabajo de las autoridades tenemos que buscar que se ofrezca un marco de verdadera procuración de justicia”, apuntó.

Señaló que en México se ha hecho creer que vivimos en un país donde no pasa nada, al poner como ejemplo que la lucha del gobierno federal contra el crimen organizado únicamente ha dejado como resultado 30 mil muertos, de los cuales son 2 mil jóvenes y mil 500 niños, la desaparición de 300 personas.

Es más Sampedro Morales señaló que en el plano laboral también no existe una procuración de los derechos laborales, pues basta ver las cifras de 800 mil desempleados en Puebla.

Asimismo, dijo que piden al nuevo gobierno que cumplan con garantizar los derechos humanos, apegarse al marco de la Constitución Mexicana y que la desaparición o ejecuciones no sean los mecanismos para garantizarse el Estado de Derecho.

Fuente: REDDH

Recuerda Cencos a Raúl Hernández como el caso emblemático de 2010

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 26 diciembre. El encarcelamiento injusto por más de dos años de Raúl Hernández Abundio, integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIMI), fue recordado por organizaciones sociales como uno de los casos más emblemáticos de 2010, así como los diversos actos de persecución que vivieron activistas defensores de derechos humanos en Guerrero y en todo el país.

Mediante un comunicado, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) destacó que en los temas de derechos humanos, los defensores y defensoras son un factor indispensable para la construcción de una sociedad democrática y destacó que actualmente México “atraviesa por un contexto de degradación del respeto a los derechos humanos”.

Abunda que la desigualdad social y económica, la violencia, la falta de una cultura democrática y la impunidad, explican la necesidad de ejercer este derecho; sin embargo, lamentó, los defensores no cuentan con un reconocimiento público y son blancos de agresiones tanto de funcionarios públicos como de particulares para quienes esta labor representa una amenaza.

De igual forma, recordaron que en 2009, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) resaltó en el informe Defender los Derechos Humanos: entre el compromiso y el riesgo, la situación de vulnerabilidad que viven las y los defensores, quienes se enfrentaron a amenazas, persecuciones, intimidaciones e incluso hasta asesinatos y encarcelamientos injustos, pasando por campañas de desprestigio y una constante impunidad generada desde el Estado al no resolver los casos.

Entre esos casos, indica Cencos, fue el de Raúl Hernández, quien fue encarcelado por un supuesto homicidio contra un informante del Ejército, sin embargo salió en libertad luego de dos años y cuatro meses por no haber pruebas en su contra.

Dicho caso, recuerda Cencos, fue emblemático, a tal grado que Amnistía Internacional (AI) declaró preso de conciencia.

De igual forma, narraron que a raíz de que la OPIM denunció abusos militares y por las autoridades locales en Ayutla de los Libres, iniciaron las amenazas y persecuciones contra los activistas.

Entre las intimidaciones estuvo el encarcelamiento de Raúl Hernández; la ejecución extrajudicial de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce; además de amenazas contra el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

“La persecución de activistas y organizaciones en Ayutla de los Libres no ha cesado desde 2008, el último incidente de agresión fue la reciente amenaza el pasado 28 de noviembre contra la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel su esposo. Cuauhtémoc Ramírez por luchar por la desmilitarización de la región y dan seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Migrantes, héroes que no son tomados en cuenta, critican


CORRESPONSALÍA

Taxco, 26 de diciembre. El presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM), Víctor Uribe Landa, criticó que los migrantes sean héroes anónimos, debido a que les ha faltado la oportunidad en nuestro país y tienen que ir en busca del anhelo de un sustento para sus familias que sirve en Guerrero para mejorar las condiciones, aun cuando no se los agradezcan. Lamentó que los radicados en el extranjero no se les tome en cuenta como debería ser, aun cuando vienen a participar de algún modo en el desarrollo de sus comunidades. Se quejó de que sea gente que por alguna circunstancia le ha faltado en Guerrero la oportunidad de salir adelante.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Boletín de Democracy Now! en Español


27/12/2010

Los Titulares de Hoy

Baje el audio

(disponible alrededor de las 17:00 ET)

  • Tormenta invernal extrema azota la costa este estadounidense
  • Mueren 45 personas en atentado con bombas en el emplazamiento del PMA en Pakistán
  • Aumentan un 20% las bajas civiles afganas
  • Investigadores: la participación de empresas socava la investigación de la catástrofe petrolera del Golfo de México
  • Informe: todos los sistemas de defensa de la plataforma fallaron durante la explosión
  • Cables: Presidente panameño solicitó a la DEA que lo ayudara a espiar a sus opositores
  • Assange, fundador de WikiLeaks, escribirá su autobiografía
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El Resto de la Hora de Democracy Now!

El show debe continuar: Con una gigantesca tormenta de nieve que barre la costa este, el equipo de Democracy Now! cuenta sus experiencias

Una poderosa tormenta de nieve ha cubierto con más de 30 cm de nieve zonas de toda la costa este, desde las dos Carolinas hasta Maine. En la ciudad de Nueva York, medio metro de nieve cubría las calles y hubo nieve acumulada por ventisca de más de 1 metro de altura. Más...

Mientras miles de personas huyen de Costa de Marfil, el ex asesor de Clinton Lanny Davis trabaja como lobista para el presidente del país, que se niega a entregar el poder

Se ha convocado a una huelga general en Costa de Marfil para presionar al presidente Laurent Gbagbo a que entregue el poder. Gbagbo se ha negado a abandonar el cargo tras las polémicas elecciones presidenciales de mes pasado. Más...

Del Pentágono al sector privado: un análisis del Boston Globe revela que gran cantidad de generales retirados entran en la industria de defensa

Una nueva investigación del Boston Globe ha puesto de manifiesto que los generales a punto de retirarse abandonan en masa el ejército para asumir lucrativos cargos en la industria de defensa, preocupándose muy poco por cualquier tipo de conflicto de intereses. Más...