domingo, 13 de junio de 2010

CONAGUA hará obras que beneficiaran a grupo wal mart.



JAVIER PUGA MARTÍNEZ


La Comisión Nacional del Agua (Conagua) está obligada a responder por qué está disponiendo de los presupuestos federal y estatal de Puebla para beneficiar con una obra hidráulica a la empresa Wal Mart, la cual pretende instalarse en la unidad habitacional La Margarita, según informó la diputada federal Laura Itzel Castillo, quien este domingo estuvo en la ciudad de Puebla para dar a conocer el oficio por medio del cual ella y un grupo de legisladores del PRI, el PAN y el PRD exigen al director general, José Luis Luege Tamargo, un informe sobre esa obra.

A mediados de mayo, el director en Puebla de la Conagua, Manuel Beristáin Gómez, anunció que existía una inversión ya autorizada de 18 millones de pesos para realizar una obra sobre el río Alseseca, entre el puente de la avenida de Las Torres y una represa de la colonia Tres Cruces, al suroriente de la capital poblana.

La construcción “corregiría los problemas” que causa ese cuerpo de agua durante la temporada de lluvias, y de paso permitirá la instalación de una nueva tienda de ese consorcio en un predio ubicado a unos metros del río, y en caso de que Wal Mart decida no invertir 50 por ciento del costo total de la obra, éste sería cubierto por los gobiernos estatal y municipal poblano.

Sin embargo, la obra puede ser detenida si la Conagua no justifica los recursos públicos en esa obra, o bien se demuestra que está beneficiando a una compañía que se caracteriza por no pagar impuestos y por maltrato laboral, consideró.

En ese sentido, Luege Tamargo deberá responder a los parlamentarios a cuánto asciende el presupuesto público de la Conagua para el estado, y en particular para la ciudad de Puebla, así como cuál es la clave o número de registro que tiene el proyecto hidráulico en La Margarita dentro del presupuesto aprobado para la dependencia en 2010.

Se le pidió al funcionario federal un informe detallado del beneficio o costo de llevar el servicio de agua potable hasta el lugar donde se piensa construir la nueva tienda Wal Mart –actualmente el predio en donde se ubicaría la tienda carece de servicios públicos–, así como de la red de drenaje y alcantarillado para el desalojo de aguas residuales del centro comercial, incluidos los costos de estas otras obras.

También se pidió información sobre los permisos que ha solicitado la empresa ante la dependencia federal, los estudios de impacto ambiental y ecológico, los trámites ante la Secretaría del Medio Ambiente estatal, y requirió una copia de estos documentos.

“En caso de haberlo será necesario que se turne a esta soberanía para su análisis, junto con las manifestaciones de impacto ambiental, las evaluaciones de la Semarnat y de toda la información y documentación oficial relativa con la que el organismo a su cargo cuente”, se le pidió a Luege en un oficio fechado el pasado 2 de junio.

Ante la presencia de un vaso regulador, ubicado 500 metros aguas abajo de donde se pretende instalar dicha tienda, en la colonia Tres Cruces, la diputada federal preguntó a la Conagua cómo se piensa desviar la corriente o la manera en que se captará el agua; o bien, el lugar al que se llevará la corriente y cuáles son los efectos que tendrá esta desviación.

También exigió saber si la obra del río Alseseca se encuentra dentro del Programa Nacional Hídrico y cuál es el presupuesto que le fue asignado.

“¿Quién determinó la construcción de la obra hídrica en la unida habitacional La Margarita y quién será el responsable de ejecutar el proyecto?”, es la última pregunta que plantean los legisladores federales al director nacional de la Conagua.

Encuesta ciudadana

Itzel Castillo consideró que a la par de lo que hagan los diputados federales para detener este nuevo privilegio del que podría gozar Wal Mart, los habitantes de La Margarita podrían recurrir a realizar una nueva consulta ciudadana en donde se expresará la oposición a este centro comercial, pero a diferencia de la que se realizó en esa unidad habitacional el año pasado, esta vez podría contar con el apoyo de alguna organización, como el Instituto Federal Electoral, para que diera validez y certeza del resultado y éste no se minimizara por los políticos locales y empresarios que están a favor del proyecto.

Además, manifestó que se debe involucrar al Congreso local en este tema, ya que los diputados también tienen facultades para detenerlo.

De acuerdo con lo que expresado por Beristáin Gómez, en el río Alseseca se cubrirá medio kilómetro del cauce del río con una inversión de 18.3 millones de pesos que se aplicarán este mismo año, y el origen total de ese dinero es federal e independiente de lo que se hará en lo zona de La Margarita; el proceso de licitación está por comenzar.

La intervención sobre el cuerpo de agua no sólo será en La Margarita, pues también está proyectado un revestimiento del Alseseca a la altura de la colonia Nacional, que se ubica al oriente del municipio, entre el Seminario Palafoxiano y la avenida Cadete Vicente Suárez.

Fuente: La Jornada de Oriente

Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

Los fantasmas de Wal Mart



Atizapán de Zaragoza, Estado de México a 11 de junio de 2010.

En el municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, el C. Presidente municipal Fernando Margáin Berlanga y la secretaria del Ayuntamiento Emilia Ortiz Caballero acordaron con el cabildo, el 23 de octubre de 2008 que el terreno ubicado en la Av. Gómez Morín esquina con privada María de los Ángeles Cruz, tendría un uso de suelo para “servicios” aclarando que no se permitiría la construcción de centros comerciales ni tiendas departamentales.
Este acuerdo se publicó en el Periódico Oficial número 163, página 139, entrando en vigor el 8 de diciembre de 2008. Posteriormente el C. Presidente renunció por motivo que sería candidato del Partido de Acción Nacional a gobernador del estado; nombrándose en su lugar a Rebeca Clouthier.
Aprovechando este cambio la secretaria del Ayuntamiento ahora fantasma ubicada, con el nombre de Emilia Ortiz Caballero; ilegalmente solicitó el 19 de enero de 2009 tramitar un cambio en el acuerdo anterior aduciendo un error de sintaxis y Fe de Erratas, modificando dolosamente el uso de suelo, ante Eugenia Nazar de Alva responsable del Periódico Oficial; sustentándolo en un documento con una firma ilegible.
Como consecuencia de lo anterior Wal Mart está construyendo en este momento una tienda más de su monopolio. Al fantasma se le debe aplicar la ley por diversos delitos y exhibirla públicamente a nivel nacional, con la finalidad de erradicar futuros fantasmas.
A la sociedad civil de nuestro país le toca aplicar el derecho de respeto a la ley, absteniéndonos de efectuar compras en Wal Mart pudiendo recurrir a empresas nacionalistas como Soriana, Comercial Mexicana, tiendas ISSSTE, tiendas UNAM, mercados públicos y tianguis.
México como país subdesarrollado; es por la ausencia de un estado de derecho, la ley se aplica a los pobres, a la clase media; nunca a Wal Mart que la cubre la impunidad.
La sociedad organizada solicita los cambios necesarios para que se aplique la ley a todos, sin diferencia alguna.
El 15 de julio es un día sin Wal Mart, Bodegas Aurrerá Express, Suburbia, Superama, Vip’s, Portón, Sam`s Club, La Finca, Ragazzi, cero compras. Boicot total.


Frente Nacional contra Wal Mart. Dr. Enrique Bonilla Rodríguez. fundador y coordinador. frentenacionalac@yahoo.com

Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

FIDEL HERRERA BELTRAN Y CARLOS SALINAS DE GORTARI SON UN PELIGRO PARA VERACRUZ EN EL 2010 Y PARA MEXICO EN EL 2012, LA POLILLA JAROCHA 12 JUNIO DEL 2010


LA POLILLA JAROCHA 12 DE JUNIO  DEL 2010

EL CAMBIO ESTA EN TI Y EN MI.... EL SENDERO DE VERACRUZ, ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO. http://elsenderodeveracruz.blogspot.com/

Militarización policiaca, con más agravios que beneficios para el país


La militarización de las policías, al menos en sus altos mandos, aumenta los abusos contra la población, no reduce los delitos y sólo tiene un impacto positivo en el control institucional, aseguró el investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV), Alfredo Zavaleta Betancourt, durante la mesa Seguridad y justicia, del Coloquio Veracruz 2010.

“Si bien es cierto que Veracruz no tiene los problemas que tienen otras entidades (ocupa el lugar 12 a nivel nacional en cuanto a índices delictivos), lo que es cierto es que tres de cada 10 personas han sido víctimas de un delito y seis de cada 10 desconfían de la policía –según una encuesta del Inegi– y ha bajado el número de homicidios, pero han aumentado los robos, lesiones y violaciones, de acuerdo con números de la propia Secretaría de Seguridad Pública estatal”, dijo.

Zavaleta Betancourt indicó que en el estado y el país ha aumentado el número de policías pero ha disminuido la eficiencia en la persecución de los delitos. En la actualidad Veracruz tiene entre 15 mil y 17 mil efectivos de la Policía Preventiva.

Para Arturo Alvarado, investigador de El Colegio de México, es la desigualdad y no la pobreza lo que está ligado al aumento de la violencia y sostuvo que la tasa de violencia creciente (a partir de 1995) es una tendencia macroestructural que es muy difícil de maneja y de revertir. “La Secretaría de Seguridad Pública federal pasó de tener tres mil efectivos a tener actualmente 35 mil, y sin embargo no hay resultados en la prevención del crimen común ni del crimen organizado. En cinco años, de gastar 52 pesos por habitante en seguridad, hemos pasado a gastar 500 pesos por habitante”.

El investigador aseguró que la disolución de las policías municipales y la creación de la Policía Nacional es una medida dramática que puede no ser la solución a los problemas de seguridad del país. “Los gobernadores aprobaron inmediatamente la medida porque les dará el poder absoluto sobre todos los elementos policiacos de sus estados al estar concentrados bajo su mando único, sin la intromisión de gobiernos municipales, que muchas veces pertenecen a otros partidos políticos”, afirmó.

Por su parte, Jesús López, de El Colegio de Veracruz, sostuvo que el sistema de intimidación del Estado durante el Porfiriato y la dominación priísta se dedicó más a funciones políticas que a labores de combate a la delincuencia.

Dijo que una estrategia para el combate a la delincuencia común y la organizada pasa por el combate a la corrupción institucional y que se regrese a la idea del policía como servidor público.

Fuente: La Jornada de Veracruz
Difusión: Soberanía Popular

Electricistas refrendan su compromiso de mantener en pie su lucha sindicalista

Sábado, 12 de Junio de 2010 00:00
Escrito por Dulce Maya

CUERNAVACA. Mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que un tribunal de circuito negó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) un amparo promovido en contra de la negativa del gobierno federal de hacer la toma de nota a Martín Esparza como líder del gremio, en Morelos los electricistas aprovecharon la euforia mundialista para reiterar que siguen firmes en su lucha.

Mediante la distribución de volantes –en la Plaza de Armas de Cuernavaca, donde el gobierno municipal instaló megapantallas para ver el arranque del Mundial de Fútbol África 2010- simpatizantes de la División Cuernavaca del SME y los integrantes del subcomité de la división advirtieron: “no daremos un paso atrás, somos aún concientes de que en la última instancia corre riesgo nuestra vida misma”. “Es más grande nuestro coraje, nuestra integridad como esmeistas y el compromiso que tenemos como mexicanos en la defensa del patrimonio nacional, en la defensa de la legalidad y del Estado de derecho, que estamos empeñados a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa de los derechos de todos los que habitamos este territorio”, señala el panfleto.

En ese sentido, en el volante, responsabilizan a los distintos órdenes de gobierno de cualquier acción violenta “en contra de los que conformamos el subcomité de la División Cuernavaca, de los compañeros que siguen la resistencia y de sus familias. Exigimos un ya basta a la persecución política”, señalan.

Ahí mismo, los integrantes del SME hicieron un llamado a la conciencia ciudadana, “a los sentimientos más genuinos en la unidad entre los ciudadanos, a los vejados de este mal gobierno para que, unidos, organizados e informados, luchemos por nuestros derechos, hoy somos los electricistas del SME, después quién sigue, en la rapacidad de este gobierno nadie estamos a salvo”, sentencia el texto.

Fuente: La Jornada de Morelos
Difusión: soberanía popular

Inversión en monocultivos viola derechos humanos y agrava el cambio climático

La publicación “Azúcar Roja, Desiertos Verdes. Informe Latinoamericano sobre monocultivos y violaciones al derecho a la alimentación y vivienda adecuadas, el agua, la tierra y el territorio”, coordinada por FIAN (FoodFirst Information & Action Network), HIC-AL (Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina) y Solidaridad Suecia-América Latina (SAL), será presentada el martes 15 de junio de 10.00 a 15.30 horas en el Salón Digna Ochoa 3, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Avenida Universidad 1449, colonia Florida, Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón.

El documento, compuesto por artículos de 26 autores y casos de 11 países latinoamericanos, muestra que el modelo agroindustrial basado en los monocultivos tiene graves impactos en los derechos humanos. Los monocultivos además generan destrucción de la biodiversidad y el ecosistema, deforestación y aumento de gases de efecto invernadero, agravando el cambio climático.

La publicación fue posible gracias a las contribuciones de una amplia gama de movimientos sociales, ONG, académicos y periodistas que ofrecen sus reflexiones desde su particular perspectiva, experiencia y área de conocimiento. Entre los autores y autoras podemos mencionar a la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a una Vivienda Adecuada, Sra. Raquel Rolnik; a Inge Armbrecht de la Universidad del Valle de Colombia, quien participó en el proceso de Evaluación Internacional de Ciencia y Tecnología en Agricultura para el Desarrollo -Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD)-; a Miguel Altieri de la Universidad de California en Berkeley y finalmente a Christian Courtis, experto en derechos económicos, sociales y culturales que elaboró la presentación del Informe.

En el lanzamiento contaremos con la presencia de algunos de los/las autores del Informe como Gerardo Cerdas de la coordinación del Grito de los Excluidos/as Continental con sede en Costa Rica; Natalia Landivar, coordinadora de FIAN Ecuador; Soledad Castro del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera (FRENASAPP) de Costa Rica; Paulo Aranda, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MOCASE) de Argentina; Juan Pablo Soler, de Otros Mundos de Colombia; Gustavo Castro, de Otros Mundos A.C. de México; Mateo Cortes Alto, productor de palma africana del Municipio de Mapastepec de Chiapas. Además, nos acompañarán como comentaristas Carlos de la Torre, de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y Aleira Lara, de Greenpeace México.



Antecedentes:

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los monocultivos son la práctica agrícola de cultivar un único tipo de planta en toda una finca o área determinada. El sistema agrícola convencional/productivista, también conocido como modelo agrícola industrial, se caracteriza por preferir los monocultivos y la producción a gran escala, utilizar prácticas de producción intensivas recurriendo fuertemente al uso de capital, tecnología e insumos petroquímicos externos, y orientarse al mercado nacional y cada vez más al global, gracias a la liberalización del comercio agrícola y las políticas de seguridad alimentaria basadas en el comercio internacional.

El tema de los monocultivos actualmente suscita posiciones encontradas entre las empresas agroindustriales, los productores locales y organismos de derechos humanos, debido a que los monocultivos tienen diversos impactos negativos en el ejercicio y vigencia de los derechos humanos, colectivos e individuales, de poblaciones originarias y rurales, como: el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a la vivienda adecuada, los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y comunidades étnicas y el derecho al agua.

En los últimos años, la producción de agrocombustibles (etanol y otros combustibles que se originan procesando el maíz, la caña de azúcar, la palma de aceite, la soya y otros alimentos) se ha convertido en un sector estratégico de inversión para muchos países. Grandes consumidores de energía como Estados Unidos y la Unión Europea están impulsando fuertemente la producción de agrocombustibles para disminuir su dependencia de combustibles fósiles externos, argumentando que constituyen energías “limpias” que reducen las emisiones de gas y la contaminación a nivel mundial.

En América Latina, el avance de los monocultivos para fines agronindustriales y generación de combustibles se ha extendido como parte de las políticas de desarrollo de agencias multinacionales y de los gobiernos nacionales. Actualmente los monocultivos se extienden desde México hasta Argentina.

Los efectos negativos del avance de las empresas agroindustriales y sus monocultivos en América Latina son múltiples. Entre ellos podemos resaltar los desalojos forzosos que provocan violaciones al derecho a una vivienda adecuada y a otros derechos humanos como la alimentación, el agua, la tierra y el territorio, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad de la persona, la seguridad del hogar, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes y la libertad de circulación, entre otros. Las expectativas de lucro generadas por el negocio agroexportador, y más recientemente por el auge de los agrocombustibles, así como el alza en el precio de los alimentos han desatado una fuerte demanda de tierra y agua para expandir los monocultivos. En varios países se ha denunciado que esta expansión ha provocado un gran número de conflictos con las comunidades originarias, que se han visto acosadas y forzadas por diferentes métodos a abandonar sus tierras, según se evidencia en varios de los casos incluidos en el Informe. Los desalojos forzosos de personas y comunidades enteras, realizados en muchos casos de forma violenta por la fuerza pública o por grupos paramilitares, son uno de los métodos más comunes.

Otro de los problemas más graves ligados a la expansión de los monocultivos es la pérdida del acceso a tierras y territorios por parte de la población local. Esta pérdida es causada por acción u omisión del Estado. Varios de los casos analizados en el Informe muestran cómo pequeños campesinos propietarios o con derechos de posesión legalmente reconocidos son presionados a vender sus tierras, sea por medio de ofertas aparentemente lucrativas de compra o por diversas formas de coacción, como las amenazas y el hostigamiento personal. En varias ocasiones, además, los campesinos originarios quedan rodeados por amplias extensiones de monocultivos y expuestos a la fumigación indiscriminada con productos químicos altamente nocivos para la salud.

Un tercer ejemplo es la pérdida de la autonomía y la soberanía alimentaria. En numerosos artículos se indica que antes de la expansión de los monocultivos la población vivía de la siembra de productos tradicionales pero con la transformación de sus campos y la consecuente pérdida del acceso a alimentos los/as campesinos/as se han empobrecido. Además, cuando las fumigaciones de las plantaciones coinciden con la etapa de floración de las legumbres, éstas son afectadas severamente por los herbicidas.

El caso mexicano incluido en el Informe analiza el impuso de la palma africana que se dio a partir de finales de los años 40 y pone especial énfasis en la situación que se vive en Chiapas. En el texto se da cuenta de cómo los recursos presupuestales asignados al sector agropecuario son mayoritariamente destinados al fomento de los monocultivos y a la agricultura de exportación, mientras que el apoyo a los cultivos alimenticios y a la agricultura familiar campesina/indígena recibe magras porciones de los recursos públicos. Teniendo en cuenta los índices de pobreza rural e indígena, y la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar la realización progresiva de los derechos sociales de los grupos más desfavorecidos, el Estados incumple las obligaciones asumidas con su ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1981 al hacer una asignación discriminatoria de recursos públicos a favor de inversionistas y en detrimento de los sectores más pobres de la población.

Confiamos en que esta publicación resulte de interés pata usted y el medio de comunicación en el cual colabora, por lo que esperamos pueda asistir y difundir la información que considere relevante para su audiencia.

Nuestros invitados, que en su mayoría llegarán al DF el día 13 de junio y se quedarán toda la semana, estarán a su disposición para responder a eventuales entrevistas o solicitudes que considere pertinentes

Contacto:
Noé Pineda Arredondo, HIC-AL, e-mail comunicacion@yahoo.es
Maria Silvia Emanuelli, HIC-AL, e-mail hic-al@hic-al.org

Fuente: Soberanía Popular

Comunicado del Municipio de Sta. Catarina Tayata, Oaxaca

A.comunicado Santa Catarina Tayata[1]

Difusión: Soberanía Popular

Verifica juez irregularidades en acusación contra líder de OFPM


Se interpodrá un amparo en los casos de los otros indígenas que se les abrió expediente: Rosales

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 11 junio. Al igual que en el caso del indígena me’phaa, Raúl Hernández Abundio, el juez mixto de Primera Instancia, con sede en Ayutla, constató varias irregularidades en los cargos que se le imputan al dirigente de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Álvaro Ramírez Concepción. Se demostró que por la distancia no era posible identificar a los inculpados.

El abogado defensor del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, confió en que este sábado el juez determine dar la libertad al dirigente. En tanto, adelantó interpondrán un amparo contra los otros indígenas.

En entrevista, Rosales Sierra comentó que la tarde del jueves y la mañana del viernes, Ramírez Concepción rindió su declaración, y se declaró inocente de las acusaciones que se le imputan.

Destacó que Ramírez Concepción manifestó que la noche en que ocurrió el asesinato de Andrés Feliciano Modesta, él había acudido a Ayutla a hacer algunos trámites, de eso, dijo, dos testigos también lo destacaron, por lo que fue una de las pruebas de cargo que se desvaneció.

De igual forma, dijo que se demostró que el lugar donde ocurrieron los hechos no coincidía con el que describió Policarpio Patriarca, quien es el que señala de homicidio a Ramírez Concepción. “Se acudió al lugar donde Patriarca dice que fue el homicidio y no coincide con el lugar donde encontraron el cadáver y los casquillos percutidos, debido a que de una distancia a otra hay como unos 400 o 600 metros de diferencia”.

Por ello, indicó que fue otra de las pruebas acusatorias que también se desvanecieron, “porque se determinó que a esa distancia, con poca visibilidad por los árboles y a la hora de los hechos que fue en la madrugada, Policarpio Patriarca no pudo tener la certeza de que eran los integrantes de la organización quienes les dispararon”.

Asimismo, Rosales destacó que en el interrogatorio que se le hizo a Policarpio Patriarca, confesó no conocer a Ramírez Concepción. “Entonces por todas estas inconsistencias, que son favorables para Álvaro, confiamos en que el juez dictará auto de libertad para el dirigente”.

Por otra parte, Rosales Sierra comentó que para los otros tres integrantes de la organización a quienes se les abrió expediente, va a tramitar un amparo.

Finalmente, el abogado de Tlachinollan pidió al juez apegarse a derecho al dictar la sentencia y declare libertad incondicional a Ramírez Concepción.

De lo contrario, comentó que se demostrará la persecución que hay por parte del estado contra los defensores de los derechos humanos en la región de la Costa Chica.

Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular

Habitantes de las márgenes del río Santiago realizan taller sobre el derecho a la salud


JUAN CARLOS G. PARTIDA

Este sábado será clausurado en El Salto el taller “La salud, un derecho humano”, promovido por diferentes organismos ambientalistas de esa demarcación en conjunto con la Universidad de Guadalajara. De forma preliminar se anticipa que habrá un nuevo y fuerte llamado de atención a las autoridades municipales y estatales, ante las evidencias de afectación a la salud pública de los pobladores que conviven junto al canal del Ahogado o al río Santiago.

El taller fue organizado para insistir en el cumplimiento de la macrorecomendación sobre el “Caso Río Santiago” que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objetivo de dar a conocer todas las investigaciones que se han hecho en relación a la salud ambiental en la zona de El Salto y Juanacatlán, para insistir con el secretario de Salud Jalisco, Alfonso Petersen, que sí hay enfermos a causa de la contaminación.

En el evento se han presentado ponencias referentes a la estudios científicos ambientales, con temas como la problemática de la cuenca Alto Santiago-Ahogado, resúmenes de la problemática de salud en El Salto y Juanacatlán, la mutación en virus y bacterias en sintomatología en los padecimientos de los habitantes de la zona y situación de los problemas oncológicos en El Salto y Juanacatlán.

Además se expondrán estudios e investigaciones relacionadas al panorama de vectores ante epidemias en la cuenca del Alto Santiago, lirio y metano en su afectación a la salud en El Salto y Juanacatlán y estudio de afectación en niños por el acido sulfhídrico también en ambos municipios.

La última parte del taller se dedicó a investigaciones de salud pública, con ponencias sobre morbimortalidad 2010 en la población de Juanacatlán, la sala situacional de Salud en Juanacatlán, situación jurídica actual y perspectivas del caso río Santiago, y por último perspectivas del río Santiago en relación a los derechos humanos.

En ese marco, el presidente municipal de El Salto, Gerardo González Díaz, informó hace un par de meses la posibilidad que se construyera un nuevo centro de salud en el municipio, aunque hasta el momento aún no reciben respuesta positiva de parte de la Secretaría de Salud Jalisco para ubicar la clínica La Huizachera o en Santa Rosa, ambas colonias con altos índices de marginación.

La clausura del foro está programa a las 10.00 horas en la escuela preparatoria de El Salto.

Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular

El grupo inmobiliario GIG logra reactivar 23 licencias de construcción en El Salto


Los permisos se otorgaron a la empresa cambiando el uso de suelo de industrial a habitacional

JUAN CARLOS G. PARTIDA

Consorcio Inmobiliario G.I.G., la constructora que promueve el fraccionamiento Campobello, que se ubica en una zona industrial de alto riesgo en El Salto, es una de las más activas en Jalisco, particularmente con desarrollos en las zonas periféricas de los municipios de la zona metropolitana, en especial Tonalá, Tlajomulco y Zapopan, además de El Salto. Y fue la primera empresa en reactivar las 23 licencias de construcción que se les otorgó en El Salto desde finales de 2006, en los últimos días de la administración de la alcaldesa panista, Beatriz Moreno, que habían permanecido en moratoria hasta la llegada a principios de año a la presidencia municipal del priísta Gerardo González Díaz.

El grupo inmobiliario es de capital aparentemente jalisciense y tiene sus oficinas en Guadalajara desde 1978. Desde entonces, señalan, han construido y urbanizado más de 40 mil viviendas en los estados de Aguascalientes, Baja California Norte, Colima, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

El pasado miércoles (La Jornada Jalisco, 10 de junio), el alcalde de El Salto, Gerardo González Díaz, reconoció que su administración permitió la reactivación de la licencia de construcción para Campobello, fraccionamiento ubicado en la delegación de San José del Castillo, en un amplio predio donde aparentemente se edificarán 3 mil 500 viviendas en medio de varias industrias peligrosas como Urrea y Emerson, y cercana a la planta de Pemex que fue reubicada en ese corredor industrial tras las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara. En entrevista, dijo desconocer si existía “riesgo mayor a la población”.

La oferta en Campobello es de tres tipos diferentes de vivienda. Los precios varían de 293 mil a 382 mil pesos y en el caso más económico se trata de casas de apenas 41 metros cuadrados de construcción y en el más amplio de 51 metros cuadrados construidos. Las casas van de 1 a tres recámaras.

De acuerdo a los promotores del desarrollo, en estos momentos se encuentran en la primera de cuatro etapas para urbanizar todo el predio, lo que representa apenas una quinta parte más o menos de la superficie total.

“Somos una empresa especializada en la conceptualización, planeación, diseño y comercialización de proyectos inmobiliarios de alta calidad. Dentro de nuestro grupo tenemos los desarrollos con mayor plusvalía de la Zona Metropolitana de Guadalajara, los cuales son Puerta de Hierro y Valle Real”, dice su publicidad.

En estos momentos ofertan vivienda en ocho desarrollos: Casa Fuerte, Hacienda Real, Real del Valle, Real del Sol, Monteverde, Valle de las Flores, Santa Cruz y La Rioja, todos en la zona metropolitana de Guadalajara.

Moratoria terminada

Los 23 permisos otorgados hace cuatro años por la panista Beatriz Moreno permanecieron sin ser autorizados para ejecutarse por la pasada administración a cargo del también priísta Joel González Díaz, actual diputado federal por ese distrito y hermano del presidente municipal en curso, Gerardo.

La inconformidad manifiesta de la Asociación de Industriales de El Salto, debido a que la gran mayoría de esos permisos fueron otorgados en zonas donde se cambió el uso del suelo de industrial a habitacional, fue un primer factor que impidió que comenzara la construcción inmobiliaria que hoy está en marcha. Los industriales trataron en 2007, sin lograrlo, de revertir los permisos, aunque sí pudieron impedir que iniciara la colonización habitacional. Hasta ahora.

En 2008 y 2009, dos temas fueron los que también contribuyeron en mucho a que no avanzar la construcción de viviendas en zonas que desde hace años fueron adquiridas por empresa ante el vocacionamiento que se dio a la tierra al construir el parque industrial de El Salto.

El primero de ellos fue la muerte a principios de 2008 del niño Miguel Ángel López Rocha, quien vivía junto a su familia en la colonia La Azucena –cercana a Campobello-. El pequeño de ocho años, cayó al río Santiago y dos semanas después murió tras una larga agonía, con el diagnóstico de intoxicación por arsénico.

A este escándalo aún impune se sumaron las inundaciones producto del temporal y de la construcción de viviendas en El Castillo y La Azucena en zonas bajas y adyacentes al canal de El Ahogado, el cual transporta las aguas residuales del sur de la zona metropolitana de Guadalajara.

Ahora, el propio alcalde señala que la reactivación está en marcha, aunque niega que se otorguen permisos en zonas de riesgo, pese a la cercanía de Campobello con las fábricas y a su ubicación en una zona mucho más alta que El Castillo, lo que hace temer a pobladores de este asentamiento que durante la época de lluvias este nuevo asentamiento contribuya a las inundaciones que por fortuna no se dieron el año pasado.

Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular

Venezuela obtuvo fallo a su favor en demanda de ExxonMobil ante Ciadi


El Gobierno venezolano obtuvo un fallo a su favor en el Centro Internacional de Arreglo de Inversiones (Ciadi), que de manera unánime desestimó los argumentos de la demanda de la trasnacional ExxonMobil contra el país latinoamericano, informó este viernes el ministerio de Energía.

El ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, explicó que el Ciadi resolvió por unanimidad determinar que el artículo 22 de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones no contiene tiene argumento alguno para un Arbitraje Internacional contra la República, como lo sostenía la ExxonMobil en la demanda.

"La actuación legal de ExxonMobil y de otras demandas contra la República se ha basado en el argumento de que el artículo 22 de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones representaba una aceptación del Estado venezolano de que las diferencias entre las partes se resolvieran en el Ciadi", argumentos que fueron rechazados en el citado tribunal de arbitraje del Banco Mundial.

"Como consecuencia de este fallo, otros juicios contra Venezuela como los adelantados por ConocoPhillips, Brandes y OPIC se quedan sin un sustento importante de su argumentación", señaló Ramírez.

Según el Ciadi, en su foro sólo puede discutirse lo relativo a las empresas filiales de ExxonMobil, constituidas con el único fin de quedar bajo el régimen del "Tratado de Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Venezuela y El Reino de los Países Bajos".

La estadounidense ExxonMobil se registró como empresa holandesa en febrero de 2006, lo cual es una actuación fraudulenta para ampararse por la ley antes mencionada.

"Esto es muy importante porque la acción económica de las transnacionales se basa en el cálculo que ellos hacen de una supuesta afectación desde 2004", comentó Ramírez.

En este sentido, el fallo resolvió por unanimidad conocer disputas entre Exxon Mobil y Venezuela únicamente a partir de 2006, lo que acarrea que "los montos demandados se reducen drásticamente", destacó.

Mobil (adquirida después por Exxon) y Petróleos de Venezuela, (Pdvsa) acordaron en 1997 una asociación estratégica para operar un área de la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela, la mayor reserva mundial de crudo.

Posteriormente, el Gobierno del presidente, Hugo Chávez, como parte de su política de rescatar y defender la soberanía y los recursos naturales del país, decidió nacionalizar el sector a través de la creación de empresas mixtas en las que la refundada Pdvsa tiene siempre al menos el 60 por ciento de las acciones, hecho que Exxon no aceptó, por lo que acudió a la justicia en busca de asegurarse una indemnización.

A diferencia de Exxon, la estadounidense Chevron - Texaco, la británica British Petroleum (BP), la francesa Total, la italiana ENI, la noruega Statoil y la china CNPC, aceptaron la formación de empresas mixtas con Pdvsa.

En el 2008, también ExxonMobil perdió su disputa contra Venezuela, cuando un tribunal de Londres revirtió la demanda en la que la trasnacional exigía la congelación de bienes por 12 mil millones de dólares de Pdvsa.

Fuente: TeleSur
Difusión: Soberanía Popular