J. CARRASCO Y F. CASTELLANOS
El gobierno de Felipe Calderón ignoró el anuncio de que el 15 de septiembre pasarían "muchas cosas" y habría "un desastre" en Michoacán. Un oficio firmado por el jefe regional de la AFI en esa entidad sostiene que el gobierno federal supo del atentado por lo menos desde el día 12 de ese mes. Ahora no sólo está claro que ninguna fuerza federal se movilizó para evitar el ataque con granadas perpetrado "la noche del Grito" en Morelia, sino que la causa seguida contra los tres acusados del caso está plagada de irregularidades. Familiares y abogados de los detenidos insisten en que ellos fueron torturados para que se declararan culpables...
El gobierno de Felipe Calderón fue advertido con tres días de anticipación de que el 15 de septiembre iba a ocurrir "un desastre" en Michoacán.
La información fue conocida por la Agencia Federal de Investigación (AFI), pero ninguna fuerza federal se movilizó para evitar el ataque con granadas que dejó ocho muertos y 106 heridos la "noche del Grito" en el centro de Morelia.
Un oficio firmado por el jefe regional de la AFI en Michoacán, el segundo subcomandante Arnulfo Ortiz Guzmán, indica que el gobierno federal supo del atentado por lo menos desde el 12 de septiembre.
De acuerdo con el oficio AFI/11646/08, la anticipación fue hecha mediante una llamada telefónica a la oficina que tiene en Michoacán la Dirección General de Despliegue Regional Policial de la AFI.
Esa llamada -transcrita textualmente del documento oficial- anunció: "El lunes 15 de septiembre estén atentos porque va a hacer (sic) un desastre el día del Grito, mantengan la seguridad bien ya que van a pasar muchas cosas, tómenlo como quieran, ya se les avisó, están advertidos".
El oficio está dirigido al agente encargado de la subsede de la AFI en Lázaro Cárdenas, Ezequiel Vázquez Pérez, a quien el jefe de la corporación en el estado le pidió tomar precauciones para proteger al personal y las instalaciones de la subdelegación. Tres semanas antes del atentado en Morelia, había sido atacada, también con granadas, la Subprocuraduría de Justicia del Estado en Lázaro Cárdenas.
"Se le instruye para que se tomen las prevenciones necesarias precautorias para que dentro de sus facultades y atribuciones extremen todas las medidas de seguridad para salvaguardar la integridad y seguridad del personal a su cargo, así como las oficinas de la Agencia Federal de Investigación", dice el documento.
El jefe de la AFI en Michoacán pidió también "apoyar de forma inmediata al agente del Ministerio Público de la Federación de esa subsede en las diligencias que se pudieran suscitar por dicha denuncia, debiendo mantener coordinación con las diferentes corporaciones policiacas de esa entidad e informar de forma inmediata de cualquier acontecimiento relevante al suscrito".
Aunque administrativamente la AFI depende del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, su operación corresponde al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Pocas horas después del atentado, el procurador de la entidad, Miguel García Hurtado, dijo en entrevista con este semanario que, en efecto, al gobierno estatal se le habían anunciado ataques en el puerto de Lázaro Cárdenas; en Huetamo, región de Tierra Caliente, y en la presidencia municipal de Tancítaro, de la meseta purépecha. Además, que el día 16 de septiembre se esperaba una acción contra el Ejército durante el desfile militar (Proceso 1664).
El gobierno de Calderón en ningún momento ha reconocido que contaba con información sobre el atentado la noche del Grito ni en torno de las amenazas contra fuerzas federales, en particular el Ejército.
En cambio, la PGR sí hizo caso a la llamada anónima con la que un grupo desconocido entregó a los supuestos autores del atentado: Juan Carlos Castro Galeana, Alfredo Rosas Elicea y Julio César Mondragón Mendoza, recluidos desde el 4 de noviembre pasado en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco.
Días después del ataque -ocurrido mientras el gobernador Leonel Godoy tañía las campanas en la plaza Melchor Ocampo en conmemoración del Día de la Independencia-, la organización conocida como La Familia aseguró que haría su propia investigación para dar con los responsables, pero de antemano atribuyó la agresión a Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, que busca el control de la plaza.
El anónimo al que la PGR dio total crédito indicó que los detenidos se encontraban en una casa del poblado de Antúnez, en Apatzingán, a donde supuestamente acudieron el 25 de septiembre los agentes de la AFI José Martín Zarza Escamilla, Armando Javier Rojo Aguilar e Ignacio Moreno Aguilar.
Vecinos del inmueble, consultados por Proceso, niegan haber visto algún despliegue de la AFI en el lugar, a pesar de que el operativo para detener a los acusados habría ocurrido después de las 16:00 horas, según declaraciones ministeriales de los agentes.
Aunque la PGR sostuvo que Antúnez se ubica en la sierra, el ejido está localizado en un valle. Reportes policiales en Michoacán afirman que los presuntos responsables en realidad estuvieron detenidos en el rancho El Pedregal -propiedad de una persona a la que apodan El Becerro-, del poblado Úspero, perteneciente al municipio de Parácuaro, en la zona de Tierra Caliente.
En febrero de este año, el coronel del Ejército Fortino Castillo León murió durante un enfrentamiento con una célula de La Familia en Úspero. En la acción también falleció Daniel Narez, alias Chakal, a quien la propia PGR identificó en su momento como jefe de una célula operativa de esa organización.
Proceso (1670) también supo en Apatzingán que los detenidos fueron entregados en el aeropuerto de esa ciudad, a donde llegaron en una camioneta tipo Suburban, con los vidrios polarizados. Esposados y vendados de los ojos, los tres presuntos responsables fueron subidos al avión caza 229, matrícula XB-BIC, para trasladarlos a la Ciudad de México.
Inconsistencias e irregularidadesA pesar de las inconsistencias de la información proporcionada por la PGR, de las irregularidades procesales -entre ellas denuncias de confesiones bajo tortura- y de los impedimentos del Ministerio Público federal para acreditar la defensa de los acusados, el juez sexto de Distrito, con sede en Puente Grande, Arturo Fonseca Mendoza, ordenó su traslado a ese penal.
Durante una semana habían permanecido en el Centro Nacional de Arraigo, en la Ciudad de México, en donde fueron ingresados el 27 de septiembre, tres días después de la llamada anónima sobre su localización.
El traslado ocurrió luego de que el juez Fonseca concedió las órdenes de aprehensión solicitadas por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), dentro de la causa 254/2008-V que se sigue en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
La PGR asegura que son parte del cártel del Golfo y les finca los cargos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer terrorismo, homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones calificadas.
También los acusa de posesión de material de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea (granadas). Según la PGR, hay otros tres responsables que están prófugos, pero no ha precisado cuál habría sido su participación.
En sus declaraciones ministeriales, los tres inculpados expresaron que entre el 18 y el 21 de septiembre fueron "levantados" por comandos armados y torturados para que confesaran ser miembros del cártel del Golfo y culpables de los ataques terroristas.
El abogado defensor de los acusados, Mario Patricio Solano Campos, sostiene en entrevista que Medina Mora carece de pruebas para demostrar los cargos.
"La consignación se hizo con confesiones arrancadas bajo tortura, con los dichos de dos testigos protegidos, la llamada anónima con la que fueron entregados y declaraciones de agentes de la AFI que sólo repiten lo que dice esa llamada", manifiesta.
Pese a la falta de pruebas y las evidencias de tortura, el juez Guerra Aguilar resolvió obsequiar a la PGR las órdenes de aprehensión. El abogado defensor recuerda que el tormento físico y sicológico sufrido por los detenidos ya fue certificado por los peritajes médicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El presidente del organismo, José Luis Soberanes, anunció hace dos semanas que dará a conocer una recomendación a la PGR por violaciones procesales contra los detenidos, incluidas las confesiones arrancadas bajo tortura.
Igualmente grave, prosigue el abogado, es el hecho de que el defensor de oficio asignado por la PGR permitió que los acusados hicieran su declaración ministerial con los ojos vendados. "Sólo les quitaron la venda cuando iban a firmar", acusa.
Solano Campos plantea que la defensa de sus clientes también ha sido obstaculizada por el juez Guerra Aguilar. Explica: "Inicialmente, se había negado a aceptar las probanzas ofrecidas para la defensa de los inculpados, pero terminó por aceptarlas luego de que interpusiera un recurso de apelación contra su negativa".
Entre esas pruebas se encuentra la ampliación de declaraciones de ocho testigos de los hechos que identifican a personas distintas a los acusados, así como testimoniales de familiares, amigos y vecinos que estaban con los acusados en Lázaro Cárdenas durante los atentados en Morelia.
Como parte de las pruebas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá entregar los videos de las casetas de pago que comprendan los tramos carreteros de Morelia, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, entre el 18 y el 26 de septiembre de 2008, período en el que al parecer los acusados fueron trasladados por los captores que los obligaron a inculparse.
Otra prueba que terminó por aceptar el juez fue la declaración testimonial del responsable del C-4 de Morelia, quien deberá informar respecto a las investigaciones que hizo sobre los ataques e incluir los videos tomados en los dos lugares donde fueron lanzadas las granadas. De acuerdo con Solano Campos, esa prueba se desahogará entre enero y febrero próximos.
Para esas fechas también deberán ampliar sus declaraciones los dos testigos protegidos y los tres agentes de la AFI que supuestamente recogieron a los detenidos en la sierra de Antúnez, donde los encontraron atados y vendados.
Ambas declaraciones debieron ocurrir el 3 y 4 de diciembre, pero los testigos protegidos -identificados como "Gabriel" y "Karen"- adujeron que tenían temor de trasladarse a Puente Grande, mientras que los agentes de la AFI señalaron que también se encontraban en riesgo si viajaban a Jalisco. El desahogo de esas pruebas está previsto para el próximo mes en el Distrito Federal.
En sus primeras declaraciones, los testigos protegidos acusan a dos de los detenidos -Juan Carlos Castro Galeana y Julio César Mondragón Mendoza- de pertenecer al cártel del Golfo.
Incluso, aseguran que en 2002 Castro Galeana transportaba en un tráiler mariguana del cártel, y que en otra ocasión logró escapar de un retén en Tamaulipas. La familia rechaza esa imputación porque, refiere, Juan Carlos estaba en aquella época como trabajador migrante en Chicago.
Ante las acusaciones de que obtuvo las declaraciones ministeriales de los acusados cuando éstos aún estaban vendados, la PGR negó haberlos coaccionado. "Sus declaraciones fueron totalmente tomadas en presencia del defensor público federal... y en todo momento recibieron atención legal, médica y de seguridad", expresó al informar sobre la remisión de los detenidos a Puente Grande.
Los familiares de los acusados tienen el respaldo del Centro Pro de Derechos Humanos, que pide a la CNDH publicar cuanto antes el resultado de sus investigaciones
