lunes, 9 de noviembre de 2009
Audio: Bitacora Mexicana 8 Noviembre 09
Tema: Movimientos armados en México
Invitado: Carlos Montemayor
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Audio Cortesia www.amlotv.com.mx
Fuente: Canal del Edo. de México
Difusión: AMLOTV
Audio: Carmen Aristegui 09 noviembre 09
(Audio sin comerciales)
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Audio Cortesia AMLOTV
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Soberania Popular
Fuente: MVS Noticias
Difusión AMLOTV
Nos tienen miedo porque no tenemos Miedo
8 de noviembre de 2009. En el Hemiciclo a Juárez, lugar de reunión desde hace más de tres años, de la Resistencia Creativa, estuvieron como invitados el Dr. Juan Carlos Ruiz Guadalajara, integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, la Periodista Ana Lilia Pérez, de la Revista Contralínea, un grupo de trabajadores del SME y por supuesto, Jesusa Rodríguez, a quien desde este espacio mandamos una afectuosa felicitación de parte del equipo de AMLO TV, con motivo de su cumpleaños.
El Dr. Ruiz Guadalajara, expuso con coraje como la minera canadiense San Xavier, ha desbastado el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, por unos cuantos gramos de oro, ya que para obtener medio gramo, se requiere destruir 1 tonelada de roca, además de contaminar los mantos acuíferos con substancias tóxicas. Denunció que no solo han tenido que soportar el ataque de la prensa y las autoridades mexicanas, sino que también en Canadá se ha difamado la oposición de los ambientalistas al daño causado por la compañía minera. Por si esto no fuera poco, el grado de perversión es tal, que incluso se rumora que toda esta destrucción es únicamente para especular con el precio del oro en los mercados bursátiles, ya que se generan falsas expectativas de extracción de oro, únicamente para alterar el precio del oro en el mercado a conveniencia de los empresarios mineros, sin duda algo parecido a lo que hizo el gobierno del Usurpador Calderón con la disque joyita petrolera de Chicontepec.
Por otra parte, la periodista Ana Lilia Pérez habló sobre el cierre de Luz y Fuerza del Centro y la ofensiva de la derecha contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, al cual los medios de comunicación de la oligarquía han acusado de tener privilegios a costa del erario, cuando lo cierto es que los funcionarios de Luz y Fuerza cuentan con un seguro médico privado con el Hospital Los Ángeles, uno de los más caros de México.
Siguiendo con el tema, un grupo de trabajadores del SME pidieron el uso de la palabra para agradecer el apoyo que nuestro movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y anunciar su beneplácito por la concesión de una suspensión definitiva del acto reclamado por el SME mediante un juicio de amparo, en el cual se reclamó el cierre de su fuente de trabajo, sin duda es una victoria importante para los trabajadores del SME, pero como dijo el Presidente Legítimo no hay que confiarse y debemos seguir en la lucha y atentos a los pasos que dé régimen oligárquico.
Asimismo, el Lic. Jaime López Vela, dirigente de la Agenda LGBT, anunció que se ha lanzado una campaña para presentar una iniciativa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se establezca el matrimonio entre personas del mismo sexo, además, de que el próximo jueves alrededor del medio dia, se presentará una denuncia por parte de la comunidad LGBT en la Comisión Nacional contra la Discriminación, sobre este mismo tema, ya que como es sabido la derecha se opone terminantemente al reconocimiento pleno de los derechos de la comunidad LGBT.
Finalmente, la coordinadora de la Resistencia Creativa, Jesusa Rodríguez, comentó que el SME todavía no ha dado las indicaciones sobre en que forma se va a sumar nuestro Movimiento al Paro Cívico Nacional del próximo 11 de noviembre, por lo que pidió a los activistas que estemos atentos a la información que se generará estos días, y que pasemos la voz a los compañeros sobre las acciones a tomar.
Como dato anecdótico y que sirve de aliciente a todos los que estamos en esta lucha, Jesusa señaló que en la República de Honduras, donde las fuerzas progresistas libran una lucha de resistencia civil contra el golpe de Estado de la derecha, han adoptado algunas de las canciones y consignas que nuestro Movimiento ha generado en estos tres años de lucha, tal es el caso de la canción Nos Tienen Miedo porque No Tenemos Miedo, incluso un dirigente de este movimiento que lamentablemente fue asesinado, orgullosamente dijo esas palabras antes de morir.
Paramilitares atacan nuevamente el municipio autónomo de San Juan Copala
Fuente: Difusión Cencos México D.F., 5 de noviembre de 2009
Difusión AMLO TV
• Atentaron contra la vida del Presidente Municipal, José Ramírez Flores.
• En la agresión murió el señor Héctor Antonio Ramírez Paz, integrante del municipio.
• El asesino fue detenido y confesó quienes planearon el crimen.
• Entre ellos se menciona los dirigentes de la UBISORT y políticos estatales.
• Las agresiones contra las autoridades autónomas y los líderes de los barrios han aumentado en los últimos años.
El municipio autónomo de San Juan Copala, integrado por comunidades y barrios de la región triqui baja, del estado de Oaxaca informa a todos ustedes:
1. El día primero de noviembre, como a las 2:30 de la tarde, el señor Valerio Celestino Pérez, agredió a balazos una reunión que se realizaba en el centro de San Juan Copala, en donde se encontraba el Presidente Municipal autónomo, Sr. José Ramírez Flores, privando de la vida al compañero Héctor Antonio Ramírez Paz.
2. Las personas que se encontraban en la reunión detuvieron al asesino y lo internaron en la cárcel del municipio. Cuando se le conducía a la cárcel a gritos, que todos los presentes escucharon, pidió a sus familiares que fueran con Rufino Juárez y Antonio García Cruz “El Pájaro”, dirigentes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) para que lo ayudaran.
3. Ante estos hechos se convocó a una reunión urgente del Cabildo autónomo, el Consejo de Ancianos y mayordomos, para discutir nuestra sobre la forma de proceder. Finalmente se decidió interrogarlo, levantar el acta de los hechos y entregarlo al Agente del Ministerio Público. Al interrogarlo, frente a un numeroso grupo de personas el asesino admitió lo que a gritos ya había hecho público: que Rufino Juárez Hernández y Antonio García Cruz “El Pájaro”, le pagaron para que asesinara a los miembros del cabildo autónomo y los principales líderes de los barrios que forman parte del municipio autónomo. También dijo que en la preparación de los crímenes participó el Diputado Local por el PRI José Mejía, a través de su hermano.
4. Ese mismo día por la noche se trasladó al detenido a la Agencia del Ministerio Público del estado ubicada en Huajuapan de León, donde se le entregó al Agente del Ministerio Público y se presentaron los testigos de los hechos. Queremos informar que durante estas diligencias el Agente del Ministerio Público insinuó que haberlo detenido y entregado podría configurar el delito de secuestro; también hacer público que al día siguiente se presentó personalmente el señor Rufino Juárez Hernández a exigir se dejara en libertad al detenido porque actuó en defensa propia. Esas acciones nos hacen sospechar de un posible acuerdo con las autoridades estatales para dejarlo en libertad, mas cuando el Subsecretario del Estado ha declarado que se trató de una riña de cantina.
5. Esta nueva agresión contra las autoridades del municipio autónomo se une a todas las que hemos sufrido desde que decidimos construir nuestro propio camino, alejados del control del gobierno y de los partidos políticos. El día 6 de abril del 2008 fueron asesinadas las compañeras Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras de nuestra radio “La voz que rompe el silencio”; el trece de junio del presente año, grupos paramilitares ligados a la UBISORT, atacaron por primera vez a las autoridades autónomas en el centro del municipio, asesinando a un niño y dejando herida a su hermana; todo esto mientras un contingente de habitantes del municipio autónomo acompañaba a los compañeros y familiares de preso de los Loxichas, exigiendo su libertad.
6. Desde entonces las agresiones no han cesado. En los últimos días del pasado mes de septiembre en una emboscada se intentó asesinar al dirigente del barrio de Yoxoyuxi y a las autoridades autónomas, acción que fracasó porque durante sus recorridos, la policía comunitaria descubrió los planes. Eso no los detuvo y el 23 de octubre volvieron a atacar con armas de fuego el centro de San Juan Copala, hiriendo a los jóvenes Gregorio Chávez y Alejandro de Jesús Ramírez. Ahora se vuelve a agredirnos, justo cuando nos encontramos preparando la visita de los compañeros de San Salvador Atenco, a quienes recibiremos solidariamente a finales de este mes, en el contexto de las jornadas por la libertad de sus presos políticos.
Al denunciar estos hechos exigimos:
• De las autoridades judiciales que juzguen al asesino Celestino Pérez por la muerte del compañero Héctor Antonio Ramírez Paz. De la misma manera que se detenga y someta a proceso a las personas señaladas por él mismo como autores intelectuales del crimen.
• De los políticos estatales que dejen de inmiscuirse en los asuntos internos del pueblo triquis y específicamente del municipio autónomo de San Juan Copala.
• De las organizaciones sociales su comprensión para que analicen que la violencia en la región no es producto de las rencillas entre triquis sino del control que el gobierno busca ejercer sobre nosotros. Pedimos su solidaridad pronunciándose públicamente sobre los hechos.
Atentamente
Municipio Autónomo de San Juan Copala, 5 de noviembre del 2009
Sr. José Ramírez Flores
Presidente
Migración tóxica
Caso de jornaleros agrícolas de Guerrero ante la CIDH hoy
México D.F., 5 de noviembre de 2009 (Cencos).- En las montañas del estado de Guerrero, la gente recuerda cómo la tierra fue una vez laminado de espesor, con árboles y el maíz creció grande y alto, junto con el calabacín y la fruta. Pero eso fue antes de que la tala para leña disminuyera la lluvia y el río comenzara a secarse durante la temporada seca. Fue también antes de que el uso de fertilizantes dejara el terreno en gran medida estéril. Lo que antes era una forma de subsistencia de los campesinos indígenas de la región, ahora ni siquiera lo es. Ganar dinero para comprar los elementos básicos -- maíz, chile, sal, jabón -- significa dejar las montañas.
Así que cada año miles de personas de esta –una de las regiones más pobre de México, según la Secretaría de Desarrollo Social—viajan a otros estados a trabajar la tierra que produce tomates, pimientos y pepinos. Con muchos de sus hijos recogiendo junto a ellos, recogen estos cultivos seis o siete días a la semana, durante cuatro a seis meses, ganando un salario entre $ 65 y $ 140 pesos al día. Un día de salario depende de cuánto se extrae de la tierra. El trabajo de flexión y el desplume de hasta 12 horas al día tiene lugar en los campos empapados en los plaguicidas. En los primeros días de la fumigación, las filas de las frutas y verduras son más tóxicos. La única protección de las familias, es la ropa que llevan.
Gran parte de lo que los jornaleros cosechan se envía para su venta en los supermercados en los Estados Unidos (EU) y Canadá. Al final de la temporada de recolección regresan a las montañas del sur, con la esperanza de tener ahorrado lo suficiente para vivir durante el resto del año, hasta que es tiempo de volver a salir. Se repite el ciclo de explotación afuera, y las condiciones de pobreza en casa.
Hoy en Washington, DC, EU, las condiciones laborales y de vida de la mano de obra de trabajadores intermigrantes de México serán presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., organización civil defensora de derechos humanos que trabaja con jornaleros migrantes de Guerrero, espera que su audiencia con la CIDH se traducirá en mayores garantías, protección y la aplicación sistemática de los derechos de los jornaleros agrícolas de la zona de la montaña de Guerrero, y una mejor manera de vida para los 3.1 millones de jornaleros agrícolas en México que viajan desde sus regiones de origen para ir a trabajar en otra parte del país.
“Hay una ausencia muy visible por parte del Estado”, dice Isabel Margarita Nemecio, coordinadora del Área de Migrantes para Tlachinollan, quien presentará el panorama hoy junto con dos colegas de Tlachinollan y la Fundación para el Debido Proceso Legal. Las leyes que protegen estos derechos existen, dice Nemecio, pero: “Es cuestión más bien de aplicarlas. Hay que buscar como rearticularlas.”
La historia
La difícil situación de los jornaleros intramigrantes comienza con los motivos que los obligan a abandonar su región de origen, en donde les hacen falta tanto ganarse la vida como acceso a servicios básicos de salud y educación, coinciden Nemecio y la directora de cine estadounidense Alexandra Halkin. Tlachinollan estima que hasta 20 mil jornaleros salen de la región cada año, y hasta 50 mil salen a nivel estatal. En 2006, Tlachinollan publicó un diagnóstico de este ciclo migratorio titulado Migrar o morir. Luego Halkin empezó a grabar un documental compañero con el mismo título.
La película fue coproducida por Tlachinollan y Halkin, quien en 1998 fundó Promedios de Comunicación Comunitaria, una organización no lucrativa que ofrece cámaras, equipo y capacitación de cine a los grupos indígenas y campesinos en el sureste de México. En los últimos años ella también ha estado produciendo videos sobre cuestiones de derechos humanos en Guerrero, una región que, dice, a menudo es invisible – a menos que la gente se acuerde que Acapulco se encuentra en la costa. Halkin quería contar esta historia "de una manera que la gente de los EU pudiera entender y envolver su cabeza alrededor de ella.”
“La mayoría de las personas en los Estados Unidos no tienen ni idea sobre las condiciones laborales y las prácticas de trabajo agrícola en su país, por no hablar de México”, dice Halkin.
El arco de la película narra el viaje de la población de alta marginación de jornaleros, desde su pueblo natal a los campos de agroindustría en el estado de Sinaloa, un viaje en autobús que dura de 35 a 45 horas. Debido a que la mayoría son analfabetas, entrarán en acuerdos verbales con poco respaldo con los empleadores. Muchas escuelas no están dispuestas a aceptar los niños que vienen por solo una parte del año escolar, con lo que se niega el derecho establecido en el artículo 3 de la Constitucion Politica de los estados unidos Mexicanos: Todo individuo tiene derecho a recibir educación. Al mismo tiempo, dice Halkin, las familias necesitan el dinero que ganan sus hijos con la recolección, mientras nadie del estado está vigilando si los campos cumplen o no con las leyes de trabajo infantil.
“Ellos están expuestos a niveles muy altos de plaguicidas tóxicos sin protección alguna,” dice Halkin.
Mientras que el video se ha exhibido en más de 50 universidades, centros comunitarios, y festivales de cine en los EU y Canadá -- los principales destinos para los productos mostrados en la película – también se exhibe gratis a través de la página de Internet de Alimentos Justos a través de las Fronteras (Fair Food Across Borders,www.fairfoodab.org), una campaña orientada al consumidor que contextualiza la situación de los jornaleros, describe la legislación laboral mexicana, e insta a los consumidores a exigir una mayor transparencia acerca de dónde vienen sus alimentos.
El público que lo ve, dice Halkin, “está particularmente afectado por la cantidad de niños en el campo y el uso de plaguicidas sin ningún tipo de protección para las y los trabajadores.”
Si bien la edad legal para trabajar en México es de 14, aproximadamente el 20 por ciento de la fuerza de trabajo en los campos agrícolas es menor de esa edad. La película deja en claro que los padres necesitan que sus hijos e hijas trabajen porque necesitan el ingreso.
Uno de los ejemplos que Tlachinollan utilizará en su audiencia hoy es el caso de David Salgado Aranda, un niño de ocho años de edad que se falleció en un campamento en 2007, cuando tropezó con un cuerda y cayó en el camino de un tractor. Según un resumen del caso que se publica en el sitio web de Tlachinollan, el acta de defunción de David menciona que su muerte ocurrió en la “ ‘Vía Pública,’ es decir, que la muerte de David habría ocurrido fuera del campo y el traumatismo habría sido ocasionado por un golpe o una caída, lo que deslinda de cualquier responsabilidad a la empresa agrícola.”
Aunque la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, junto con siete senadores, firmaron un punto de acuerdo en marzo de 2007 exhortando más atención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y al gobierno de Sinaloa, Nemecio dice que el caso sigue sin resolverse.
“[La empresa] no ha entregado prácticamente una indemnización a la familia”, dice Nemecio, “el caso sigue abierto.”
Mientras tanto, dice: “Las condiciones siguen siendo lo mismo.”
Además del caso de David, Tlachinollan ha documentado seis casos de otros niños que murieron en los campos agrícolas.
Conseguir la historia, para impulsar los cambios
Esta es la primera vez que un caso sobre la migración interna de México ha sido presentado ante la CIDH. “Es muy emblemático poder haber posicionado el tema”, dice Nemecio.
A diferencia de cuando los jornaleros migran a los EU, el hecho de que esta población se mantiene dentro de las fronteras de México hace que el Estado sea capaz de vigilar de sus condiciones laborales y de vida, dice Nemecio. Sin embargo, “la reacción del Estado ... es muy limitada; hay muchas omisiones.”
Nemecio afirma que los órganos del gobierno correspondientes a esta problemática son: la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, y la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas.
Tlachinollan está presionando para la “vigilancia, la regulación contínua ... todo un mecanismo integrado”, que brindará las condiciones de trabajo y vida en el cumplimiento de la ley federal y los estándares internacionales de derechos humanos.
En el otro lado de la frontera, Halkin ve los documentales, como Migrar o morir como instrumentos de apoyo que educan a los consumidores y efectuan el cambio a través de la demanda de los consumidores. Algunas de las medidas recomendadas en el sitio web de Alimentos Justos a través de las Fronteras, incluyen una carta por escrito a la asociación de la agroindustria en Sinaloa, y una demanda de más transparencia en los “supermercados” en los EU. Los supermercados están obligados a revelar de cual país se han importado los alimentos, pero no tienen que especificar de qué estado o de cual agroindustria.
“Es importante crear una circunscripción en torno a este video,” dice Halkin. “Ha sido muy útil ... para realmente llegar a un entendimiento de México que no está disponible en los medios de comunicación en absoluto.”
Las audiencias de la CIDH se pueden ver en línea en: http://www.oas.org/en/media_center/webcast.asp
Para obtener información sobre la distribución del documental Migrar o morir: Jornaleros agrícolas en los campos tóxicos de Sinaloa, por favor, póngase en contacto con: info@fairfoodab.org ocmp@chiapasmediaproject.org
Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social
Difusión: AMLO TV
Acuerda el Sindicato de Telefonistas falta colectiva el día 11 en apoyo al SME
Se suspenderán los servicios de cobranza, atenció al público y operadoras
Fuente: La Jornada de Michoacán
Difusión: AMLO TV
F. MARTÍNEZ, L. POY, M. NORANDI Y E. OLIVARES
México, DF, 7 de noviembre.- En apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), los telefonistas realizarán el próximo miércoles 11 una “falta colectiva” de 24 horas, con lo que serán suspendidos los servicios de cobranza, atención al público y operadoras.
El gremio aclaró que la movilización en favor de los electricistas no representará la suspensión del servicio telefónico. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) recibió en su asamblea al líder del SME, Martín Esparza, y refrendó su decisión de sumarse al “paro cívico nacional” del 11 de noviembre.
“Los telefonistas tenemos que ver el conflicto del SME como algo que va más allá de la simple solidaridad para un sindicato en apuros. Se trata de defender al sindicalismo, al derecho de los trabajadores a organizarse de manera autónoma”, concluyó la asamblea de este gremio, encabezado por Francisco Hernández Juárez, también diputado federal del PRD.
Esparza acudió como invitado en la sede de los telefonistas, a quienes explicó los antecedentes del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, lapso en el que el gobierno –dijo– aprovechó una confrontación interna para intervenir directamente en la vida sindical, con el apoyo de “caballitos de Troya”.
Dijo que “el fondo de este conflicto es la privatización de la industria eléctrica y usar la zona centro para amarrar el negocio de la fibra óptica”. Agradeció el apoyo brindado por los telefonistas para concientizar a los trabajadores “porque ahora somos nosotros los agredidos pero mañana serán otros”.
En la asamblea se informó que la lucha que encabezan los electricistas se llevará a todo el país a través de la estructura de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Se anunció que el STRM hará sus propias gestiones porque su empresa, Teléfonos de México, también busca participar en el triple play: difusión de voz y datos a través de la fibra óptica.
Quienes también anunciaron que se sumarán al paro del 11 de noviembre convocado por el SME son los maestros democráticos del Distrito Federal, estado de México, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Los profesores anunciaron acciones como el cierre de escuelas, carreteras y vialidades, así como la “liberación” de casetas de peaje, marchas y mítines ante diversas dependencias públicas.
Integrantes de la Dirección Política Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señalaron que hoy convocarán a una reunión nacional para definir los detalles del plan de acción y “sumarnos con todo al paro cívico convocado por los electricistas”.
José González Figueroa, líder histórico de la CNTE, señaló que el acuerdo del magisterio democrático en el país es “sumarnos a todas las iniciativas propuestas por el SME, entre ellas convocar a mítines informativos en las distintas regiones del territorio nacional, así como convocar a padres de familia a que asistan a los actos de protesta”.
Será este lunes cuando el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (fundador de la UNT) acuerde cómo solidarizarse con el SME. En tanto que el movimiento estudiantil de esa casa de estudios definirá la siguiente semana la ruta de apoyo a los electricistas.
Entre lunes y martes en diversos planteles de la UNAM los estudiantes realizarán asambleas en las que se decidirá si los universitarios se suman o no al paro cívico nacional del 11 de noviembre.
Ayer en la tarde, colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a la Otra Campaña realizaron una primera reunión de coordinación en apoyo al SME. Acordaron acompañar las acciones y movilizaciones convocadas por los electricistas y frenar los embates del gobierno contra los movimientos sociales.
Consideraron que para solucionar este conflicto tendrán más peso las movilizaciones sociales que las vías legales y expresaron su desconfianza respecto a los resultados que puedan derivarse de la suspensión definitiva concedida el viernes al SME por la juez federal Guillermina Coutiño.
Jorge Salinas, del colectivo de Telefonistas Zapastistas, señaló que los trabajadores mexicanos deben ser capaces de derogar el decreto de extinción de LFC como se logró derribar el proyecto de aeropuerto en Atenco, de lo contrario, detrás irán otros sindicatos, como el de telefonistas.
José Briones, del colectivo Votán Zapata, indicó que es importante la lucha jurídica, pero ésta no pude avanzar si no va acompañada de las movilizaciones sociales.
Heriberto Salas, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra reprochó la “labor de los medios electrónicos en contra de los trabajadores” a quienes culpan del mal manejo de LFC, cuando el verdadero responsable de la administración de esa compañía era el Estado.
Oficializan ante el MP denuncia sobre triple asesinato en Puerto las Ollas
Pretenden obligar a que los pobladores dejen el lugar; es corredor de narcos
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: AMLO TV
Los cuerpos estaban “deshechos por los balazos”
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Durante la misión de observación que hicieron organizaciones sociales a la comunidad Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, los habitantes levantaron diversas denuncias ante el Ministerio Público (MP) y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) por el homicidio de los tres jóvenes, a quienes, según sus familiares, les destrozaron los cuerpos “a punta de balazos” y los remataron con el tiro de gracia.
De acuerdo con el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, los habitantes denunciaron a 11 sospechosos de participar en el triple homicidio, y consideró que el móvil fue obligar a los habitantes a dejar la comunidad, ya que es punto estratégico para el comercio de drogas.
Entrevistado luego de subir a Puerto las Ollas, donde últimamente se ha visto presencia militar y el sábado pasado un grupo de paramilitares –que a decir de los habitantes, son gente del cacique ganadero y ex alcalde del PRI Rogaciano Alba Álvarez– acribilló a tres jóvenes, Monroy Hernández destacó que los pobladores rindieron sus declaraciones ante el MP y sus testimoniales ante la Coddehum y las organizaciones.
Informaron que el sábado pasado, mientras los militares merodeaban en Puerto las Ollas, los jóvenes Bertín y Alejandro García Cortés y Rogelio García Valdovinos, de 17, 16 y 15 años, se dirigían a la comunidad de San Isidro a comprar abono, pero en el crucero conocido como La Calavera y La Ciudad fueron emboscados.
Detalló que de acuerdo con los habitantes, los presuntos sospechosos del triple asesinato son Aurelio y Ramón Valencia García, así como Leobardo, Ezequiel, Ismael y Rafael Peñafiel Valencia, quienes se encuentran en Vallecitos de Zaragoza; Antioquo, Freddy e Israel Cortés Valencia, además de Simón Rodríguez Valencia, ubicados en Petatlán.
“Lo que sabemos es que estas personas participaron en la incursión militar del 9 de junio, ellos llegaron con los militares, señalaron las casas donde estaban las personas que supuestamente buscaban en ese momento y después de ahí se trasladaron en aquella ocasión a San Isidro, y se sabe que ahí ya se quedaron con los militares y por esa razón se entiende que hay algún vínculo con Rogaciano Alba y por eso se señala que de manera indirecta hay una participación”, detalló Monroy Hernández.
Detalló que los jóvenes iban en sus cuatrimotos cuando fueron observados por los pistoleros que los emboscaron, “nos dicen los familiares que los balean, haciendo muchos disparos, y todavía les dan el tiro de gracia; los cuerpos estaban deshechos por tanto balazo que les dieron”.
Por eso están solicitando que se haga la exhumación de los cuerpos, para que se practique la autopsia, se fortalezca la denuncia y haya constancia del triple asesinato.
Todas las declaraciones quedaron integradas bajo el número de averiguación AZUE/SC/745/2009. Monroy espera que el MP emita cuanto antes las órdenes de aprehensión contra los responsables del triple homicidio y la Coddehum emita las recomendaciones correspondientes.
El coordinador del Tadeco describió que existe un ambiente muy tenso y de temor entre los pobladores de Puerto las Ollas y Las Palancas, así como en Vallecitos de Zaragoza, por la constante presencia de paramilitares con el objetivo de intimidarlos para que abandonen sus comunidades.
La misión salió el jueves por la noche, en ella participaron agentes del MP, la Coddehum, el Tadeco y la Red Internacional de Manglar, quienes iban resguardadas por elementos de la policía estatal preventiva y policías ministeriales, a fin de garantizar seguridad a la caravana.
Monroy Hernández destacó que después del triple asesinato los habitantes se reunieron para organizar la vigilancia en sus comunidades y evitar que maten a otros pobladores.
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