martes, 9 de agosto de 2011

Más de 800 Razones. (Avance-Preview)

A petición de López Obrador, Faustino Soto dialoga con opositores de Fonatur


HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 7 de agosto. El diputado local Faustino Soto Ramos se reunió esta tarde con los opositores a la empresa Fonatur SA de CV, la cual tiene una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y dijo que su visita fue por la petición pública que le hizo el líder Andrés Manuel López Obrador en su última actividad en el puerto.

Soto Ramos escuchó la problemática de los opositores a la empresa Fonatur, quienes manifestaron que la concesión los afecta porque abarca la zona del recinto portuario, aguas adyacentes, la laguna de Las Salinas y Barra de Potosí, en el municipio de Petatlán.

Los opositores mencionaron que en la audiencia pública del gobernador Ángel Aguirre Rivero esperaban una reunión con más tiempo para exponer su conflicto, lo cual no fue así, ya que sólo tuvieron tres minutos para exponer su problema.

El presidente de la cooperativa pesquera Atarrayeros, Helio Orbe Solís, explicó al congresista que dicha concesión afecta a más de 32 cooperativas pesquero ribereñas y de servicios turísticos como la pesca deportiva y recorridos, pero que el número total de afectados serán 9 mil 210 pobladores.

La presidenta de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz), Obdulia Balderas Sánchez, expresó que ya son tres ocasiones en que viajan al Distrito Federal para hablar con diputados federales y funcionarios de la SCT, como el titular de la Dirección General de Puertos de esa dependencia, Alejandro Hernández Cervantes, y que siempre les niegan que se realizará un muelle en la bahía de Zihuatanejo, pero en la concesión específica otra cosa.

Soto Ramos escuchó atentamente por más de dos horas a los opositores y se comprometió a que mañana lunes hablará con el encargado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Carlos Toledo Manzur, para que se haga una tarjeta informativa y el conflicto se canalice al secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionicio Pérez-Jácome Friscione, y pugnará porque en en Congreso local se realice un exhorto donde se pida la revocación de la concesión a la empresa Fonatur.

A pregunta expresa de por qué su visita con los opositores a Fonatur, Soto Ramos dijo que fue por la petición pública que hizo el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, quien el 24 de julio se pronunció en contra del proyecto de concesión a la empresa Fonatur Operadora Portuaria.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Exige AI al gobierno mexicano medidas contra la pobreza


CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 7 de agosto. La organización Amnistía Internacional (AI) exhortó al Estado mexicano a que de manera urgente tome medidas efectivas para combatir la pobreza, entre ellas, la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues a pesar la situación de marginación que viven miles de mexicano, las autoridades han postergado dicha firma.

El coordinador de Movilización e Impacto de AI, Daniel Zapico criticó que familias aún vivan en casas en las que no se tiene acceso a agua potable, saneamiento, luz u otros servicios básicos y en condiciones insalubres.

Dijo que en esas condiciones sobreviven millones de mexicanos, “es necesario que México adopte los mecanismos que existen a nivel internacional que permitirían a estas personas exigir su derecho a condiciones de vida dignas”.

Recalcó que el Estado mexicano debe sumarse al Protocolo para tener nuevos mecanismos que permitirán que la gente que vive en la marginación y pobreza pueda acceder a instancias internacionales para exigir estos derechos humanos.

Y es que desde hace dos años, varios países comenzaron a firmar dicho Protocolo, y México “aún no ha mostrado avances en este sentido”.

Con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales se establece un mecanismo internacional para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales y a quienes se les niegan recursos efectivos en el ámbito nacional para reclamar la protección de estos derechos, puedan reclamar justicia en el ámbito internacional.

Hasta el momento sólo han firmado ocho países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay.

AI considera que el que México se esté quedando atrás compromete seriamente la credibilidad de su discurso en cuanto a la erradicación de la pobreza.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Debilidad atávica o torcerle la mano a la ley


LEOPOLDO GAVITO NANSON - LUNES, AGOSTO 08, 2011

En diversas ocasiones ECP ha señalado que la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón pulveriza a las instituciones, debilita al Estado y, por su definición militarista, estrecha aún más los ya flacos espacios de soberanía. El Estado mexicano no tiene los recursos ni las calificaciones para sostener en el largo plazo una suerte de guerra de guerrillas con enemigos múltiples que lo igualan y frecuentemente rebasan en capacidad de fuego en el campo.

El sábado pasado, el periódico estadunidense The New York Times daba a conocer que Estados Unidos aumentan el rol que juegan en la sangrienta guerra mexicana contra las organizaciones de narcotráfico. Se ha enviado al país nuevo personal operativo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y militares en retiro además de considerar la opción de promover a contratistas de seguridad privada con la esperanza de revertir en torno a un esfuerzo de miles de millones de dólares que hasta ahora ha dado pocos resultados.

Resulta que en semanas recientes un pequeño grupo de operativos de la CIA y empleados civiles militares llegaron a instalarse en una base militar mexicana. En ella, oficiales y funcionarios de ambos países trabajan, según el NYT, lado a lado en recabar información de los cárteles de las drogas y en ayudar a la planificación de operaciones. Además, buscan la colocación de equipos contratistas estadunidenses en las unidades especiales de la policía antinarcóticos.

El NYT reporta que funcionarios de ambos lados de la frontera dicen estas nuevas formas se han ideado para burlar las leyes mexicanas que prohíben a militares y policías extranjeros operen en territorio mexicano, y para evitar que la avanzada tecnología estadunidense de vigilancia caiga bajo en manos las agencias de seguridad mexicanas, toda vez que no son confiables.

La versión mexicana del discretísimo –casi secreto– hecho es mucho más amable. El embajador Arturo Sarukhán sólo dice que ha “habido un cambio radical en los últimos años en la eficacia de México y en el intercambio de inteligencia de EE.UU”. Para el representante del gobierno de Calderón en Washington tal “cambio” se basa en el entendimiento de que la delincuencia trasnacional organizada sólo puede ser enfrentada si se trabaja de la mano toda vez que éxito o fracaso será compartido.

Toda proporción guardada, el asunto recuerda aquellas etapas tempranas de la norteamericanización de la guerra de Vietnam, cuando Kennedy continuó con la política iniciada por Eisenhower e instrumentó programas y asesorías militares para el inestable gobierno sur vietnamita. La debilidad, corrupción e ineficacia del gobierno sur vietnamita llevó a que Estados Unidos escalara su presencia en el sureste asiático.

Estos últimos avances en el desdibujamiento de las ya escasas capacidades del gobierno mexicano se dan luego de tres años de que Estados Unidos empezara a aumentar la asistencia de seguridad a México con la controvertida Iniciativa Mérida cuyo techo subió a mil 400 millones de dólares. Pero también se dan cuando ambas administraciones están a un año de distancia de sus respectivas elecciones.

El escandaloso por sangriento fracaso de la administración de Felipe Calderón es una gruesa espina en las aspiraciones de reelección del presidente Obama. La creciente violencia de los estados fronterizos con Estados Unidos es fuente muy seria de intranquilidad y el actuar del gobierno calderonista desde luego no ayuda. La derrota panista en 2012 es casi segura, pero lo que suceda en un año en la descomposición de México puede ser determinante en el tipo de factura y reclamos que la oposición intentará facturar a Obama.

Puede darse por descontado que habrá muchos más operativos, muchos más arrestos y muchos más traficantes expuestos con el helicóptero de la Policía Federal a las espaldas y frente a las cámaras de televisión. Nada de eso será suficiente para atemperar las críticas en Estados Unidos que cuestionan por el eje la entrega de dinero a México de la Iniciativa Mérida y demandan rendición de cuentas.

Es natural, en cuatro años las empresas criminales mexicanas acapararon el mercado norteamericano y al parecer también la distribución en territorio estadunidense; 80 por ciento de las drogas que entran a Estados Unidos provienen de organizaciones mexicanas.

El hecho es que el ladino gobierno federal busca el modo, como lo hace en lo económico, para dar la vuelta a las limitaciones que le imponen las leyes mexicanas. Hasta ahora Estados Unidos ha entrenado a unos 4 mil 500 policías federales y ha asistido en escuchas telefónicas, administrando informantes y en el interrogatorio de sospechosos. Parece que sin resultados dignos que cacarear, excepto el mayor debilitamiento de las capacidades soberanas. De todo eso, así como del dinero gastado en la guerra, nos enteramos por la prensa norteamericana o por lo que funcionarios mexicanos dicen en auditorios estadunidenses. Nunca por lo que el gobierno mexicano cumpla con informar.

Fuente: La Jornada de Veracruz

La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas critica acción “sospechosa” de Manlio Fabio Belrones


México, DF (Newsmexico.com.mx).- El 3 de agosto de 2011, durante la Sesión Permanente de la Cámara de Diputados el Senador Manlio Fabio Beltrones, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentó, a nombre de 82 Legisladores, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, sin embargo y en contradicción con el texto de la iniciativa, NO la turno para su trabajo en Conferencia entre las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia tanto del Senado de la República, como de la Cámara de Diputados.

La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe se manifiesta extrañada de esta situación y porque al turnarla a la Cámara de Diputados, la está condenando al olvido, hasta que lleguen las nuevas legislaturas de ambas cámaras después de las elecciones del 2012.

La voluntad de caminar para prevenir y sancionar la “Esclavitud del Siglo XXI” se demuestra andando, y lo ocurrido hoy durante la sesión de la Comisión Permanente demuestra la falta de voluntad política de hacer una ley eficiente y eficaz en el combate a este flagelo durante la presente legislatura.

La “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, reglamentaria del Artículo 73 Constitucional” es muy importante porque tiene una perspectiva ciudadana y humana con respecto a la asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas de este delito.

La Comisión Permanente cuenta con 48 horas para corregir el turno y demostrarnos a la ciudadanía que realmente están interesados en contar con un instrumento jurídico que permita colocar a nuestro país en la vanguardia de la lucha contra la trata de personas.

Por lo anterior, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C. (CATWLAC), exige al Congreso de la Unión, y más específicamente a la Comisión Permanente que proceda a modificar el turno y se trabaje en Conferencia en las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia, para contar con la Ley aprobada por ambas Cámaras, antes del cierre del próximo período ordinario de sesiones.

Ignorar esta petición sería demostrar el poco compromiso político que se tiene para dotar a nuestro país de un instrumento que permita unificar los tipos penales en todo el país, distribuir las competencias entre los tres órdenes de gobierno, dándole herramientas a los operadores de justicia para perseguir y sancionar la trata de personas, brindar una adecuada asistencia y protección a las víctimas y prevenir este delito. Sería una clara muestra de la poca sensibilidad y el poco tacto hacia las víctimas de este indignante delito.

Exigimos una política de Estado que trascienda sexenios, partidos, colores, y ponga en el centro de su quehacer a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, centrada en la restitución inmediata de los derechos de las víctimas y posibles víctimas, sin dilaciones, sin titubeos, sin encubrimientos, sin complicidades, que cuente con una perspectiva género sensitiva, de derechos humanos y transgeneracional y que atienda las modalidades y formas que se han registrado y documentado y que el crimen organizado nacional y trasnacional utiliza para cometer este delito. No hacerlo así sería un grave retroceso para lograr erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y niños, acrecentar los niveles de impunidad y complicidad que este delito ha generado en nuestro país.

Responsable de la Publicación: Oficial de Medios, CATWLAC. medios@catwlac.org.

En México no hay estrategias contra la pobreza, sólo programas paliativos, señala investigador


ANÍBAL VIVAR GALVÁN

“No existe en el país una política de combate a la pobreza, existen programas, que es diferente. Hay quien opina que la suma de programas genera una política, pero no es cierto. Una política es un conjunto de estrategias bien diseñadas que tienen un objetivo, y para ello se implementan ciertos programas”, aseguró el investigador y académico del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Enrique Cueva Rodríguez, quien agregó que en el Plan Nacional de Desarrollo no se muestra algún objetivo central en el que estén basados los programas de combate a la pobreza.

En el caso de Jalisco el panorama luce igual, prueba de esto es el incremento del población en situación pobreza que creció del 36.9 al 37.9 por ciento, según la información dada a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Cueva Rodríguez afirmó que esto es otra muestra de la poca efectividad de estas acciones, lo cual no puede atribuirse al incremento de la población.

“Cuando hay efectividad de las acciones de combate a la pobreza aunque aumente el número de población, se reduce el número de pobres, porque está haciendo efecto dicha política”, dijo y agregó que éstas deben contemplar el crecimiento poblacional que se tenga en determinado periodo para preveer que se tendrá un aumento constate de personas con más necesidades.

Este modo erróneo de manejar la política contra la pobreza tiene como consecuencia que no haya una buena planeación de la distribución de los recursos, lo que se agrava más por la corrupción, pues muchos de los fondos a repartir se entregan en comunidades en donde se pueden obtener votos de forma inmediata y no en las que más lo necesitan, afirmó.

Todo lo anterior hace que muchos de los programas que tienen por objetivo mitigar la marginación y la pobreza sean poco efectivos, además de que hacen que el costo sea mucho mayor sobre el beneficio que se busca.

“En general los programas que hemos evaluado resultan más costosos que el beneficio que pueden tener porque éste es de muy corto plazo, y en cambio el costo que implicó poner en marcha el programa, su costo administrativo y operativo, pero sobre todo el costo de evaluación, son demasiado altos”, dijo, y agregó que la autoridad responsable del manejo de estos programas difícilmente reconocerán lo anterior, debido a que esto significaría dar por hecho que dichos esquemas de ayuda no son nada benéficos.

Cueva agregó que, en su experiencia al frente de oficinas gubernamentales, las evaluaciones de este tipo de programas de beneficio social para la población en situación de pobreza resultaban difíciles pues no se lograba el objetivo o la meta que se había fijado. Ante esto, las autoridades que ponen en marcha estos programas buscan optimizar los puntos en donde se aplicarán, por lo que se acude a comunidades en donde será más tangible cualquier apoyo.

Otro aspecto en contra de este tipo de ayuda es que suele ser insuficiente, en cuanto a sus montos, para la población que la recibe, por lo que se hace menos palpable alguna mejora que se pueda lograr.

“Las personas que reciben el beneficio de Oportunidades para alimentación, muchas de las veces lo que sucede es que sí lo consumen, pero no sólo en comida, sino que lo distribuyen en un conjunto de necesidades de salud, de educación, de transporte, de manutención del jefe del hogar que es el que tiene que ir a trabajar a centros más urbanos, entonces no hay una efectividad del programa porque el beneficio se diluye y se reparte en un conjunto de necesidades que tiene el hogar, lo que hace que baje la efectividad de esta política”, dijo y señaló que además de esto el hecho de que los beneficiados no estén de forma permanente o de largo plazo en el programa, causa un mayor impacto cuando el beneficio se termina de manera abrupta.

Cueva recordó que el origen del incremento de la pobreza se debe al modelo económico que maneja el gobierno federal desde hace varios años, pues se ha dejado de lado el favorecer al mercado interno, dando más beneficios a los esquemas extranjeros, lo cual ha generado “mucha distorsión en el país”.

Fuente: La Jornada de Jalisco

"ESTÁ MUY DIFÍCIL ENCONTRAR TRABAJO AHORITA, A PESAR DE LOS ESTUDIOS"

Su beca de Oportunidades fue insuficiente; Alejandra espera conseguir trabajo... algún día


ANÍBAL VIVAR GALVÁN

La media beca que el programa Oportunidades le daba a Alejandra Aldaz no fue suficiente para que ella continuara sus estudios en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio (Cebetis) en el que cursaba el tercer semestre del Secretariado en Computación. La búsqueda de un ingreso económico la motivó a buscar un trabajo cuando tenía 17 años de edad, pues en su casa “hacía falta el dinero y yo quería comprarme mis cosas en aquel tiempo, aparte de que mi papá no estaba con nosotros”.

El mayor apoyo económico durante ese tiempo fue de parte de su abuela materna, quien además de ayudarlos los alojó en su casa de la colonia Lomas del Paraíso. El recurso de Oportunidades sólo le alcanzaba para la compra de sus útiles y sus uniformes.

Luego de un tiempo de vivir solamente con su pequeña hija de tres años, Alejandra, de 22 años, regresó a vivir con sus padres en la colonia La Coronilla, Zapopan. Ahora reconoce que quiere volver a estudiar, aunque no tiene definido qué, debido a que “está muy difícil encontrar trabajo ahorita” a pesar de los estudios que se tengan.

En la actualidad, sus ingresos económicos son del pequeño puesto de dulces y frituras que tiene afuera de su hogar. Ella además ayuda con la preparación de los alimentos para que sus cuatro hermanos y sus padres –que se dedican a la albañilería y a la limpieza de casas– coman al llegar de la escuela o el trabajo.

“El gasto más complicado que he tenido con mi hija es ahora que va a entrar al kínder. Apenas me voy a ir a informar cuánto es lo que cobran por aquí, la verdad no lo sé, pero a lo que he escuchado cobran como 450 pesos la inscripción, aparte los uniformes y lo que piden de útiles. La verdad no sé cómo le voy a hacer con eso”, dijo, y agregó que aun cuando cuenta con la ayuda económica del padre de su hija ha llevado solicitud de trabajo a dos lugares para contar con más recursos, sin que hasta el momento le hayan informado si será contratada.

“Forzosamente me voy a tener que poner a trabajar para sacar los gastos del kínder de la niña”, aseveró.

Fuente: La Jornada de Jalisco

PASEAR POR EL CENTRO: UN LUJO; VIAJAR A LA PLAYA: LO MISMO QUE SACARSE LA LOTERÍA

El piso firme, el techo, el agua, el gas, quimeras cuando lo que se gana sólo alcanza para comer


GEORGINA GARCÍA SOLÍS

No cambió en nada. La realidad es la misma o peor. No hay diferencia en la casa de la familia Lomas Pérez desde que tiene piso firme. La pobreza impera en esa construcción improvisada de una habitación con una cocina y un baño, en la que viven seis personas: doña Patricia Camarena, su esposo Salvador Pérez y sus cuatro hijos, Eduardo Salvador, Oscar Ricardo, Yaneth y Esmeralda.

Mil pesos semanales es el ingreso superior que se puede alcanzar en una semana con el esfuerzo de tres de los integrantes de esta familia. Con este dinero se compra la comida de todos, se pagan los pasajes de don Salvador y su hijo Eduardo de 23 años para que puedan ir a trabajar, y el servicio de luz, pero nada más.

Son 666 pesos al mes por cada uno de los habitantes de este hogar que se levantó con mucho trabajo en la colonia La Coronilla, de Zapopan. Ahí donde la calle principal es la única pavimentada para cuando pase algún gobernante y presuma que se hacen acciones para abatir el rezago, donde pocas casas tienen drenaje y agua potable y la luz es un servicio que algunos tienen colgados con un diablito.

Con estos ingresos no alcanza para antojos, ni para un paseo en el centro de la ciudad y menos para salir de vacaciones o ir al cine, “lujos” inaccesibles para esta familia y el 43 por ciento de la población de Jalisco, que según la última medición de pobreza de Coneval, vive con menos de dos mil 114 pesos al mes.

En la casa de doña Patricia más que el piso firme que le puso el gobierno, se presume que con mucho esfuerzo se compró un cilindro de gas y una estufa y que desde hace siete meses ya no se cocina con carbón y madera.

Eso sí, desde el año pasado son de los pocos privilegiados de esta colonia que tienen agua potable y drenaje, pero a un costo de 10 mil pesos, según el primer recibo que apenas llegó después de meses de tener el servicio y que no podrán pagar.

Doña Patricia ha tramitado el apoyo de Oportunidades, pero casi hay que tener la misma suerte que se necesita para ganarse la lotería. Desde febrero de 2010 está a la espera de aparecer entre los beneficiados.

La situación económica es insostenible y el apoyo no llega

Ella gana 400 pesos a la semana cuidando a dos niños; su esposo que es pintor a veces tiene trabajo y a veces no, su hijo Eduardo, de 23 años se va con él para ayudarle en los trabajos que consiga en busca de otros pesitos y el otro, Óscar, de 21, acaba de regresar de Puerto Vallarta porque se quedó sin jale.

La niña Yaneth, de 15 años, acaba de salir de la secundaria sin posibilidades de seguir sus estudios y Esmeralda, de 11, será la única que el próximo ciclo esté en la escuela; cursará sexto año de primaría.

Ese apoyo de mil dos pesos bimestrales podría mitigar sus carencias, pero la fe tampoco les alcanza para esperarlo.

“Nos ha ido peor porque no ha habido trabajo, no hay trabajo de plano, y sí nos las hemos visto duras”, lamenta doña Patricia.

“La mayor parte de los cuatro mil pesos se va en comida; voy al tianguis y si te llevas los mil (de la semana) se acaban, pero tienes que apartar para los camiones, ahorita hay que comprar útiles, uniformes, zapatos, todas esas cosas (…) no (…) nos van ajustar los cuatro mil ni pa comer. Ahorita nada más mi marido y mi hijo están agarrando ocho camiones al día (48 pesos al día)”, agrega.

Sus dos hijos mayores estudiaron hasta la secundaria y todo parece indicar que sus hijas tendrán el mismo destino.

Doña Patricia ahorra para que Yaneth, quien acaba de salir de la secundaria, se ponga a vender dulces afuera de su casa y de esta forma puedan tener un ingreso extra.

“Yo lo que espero es que se metan a trabajar todos, los cuatro (hijos), entonces para ponernos en friega a tapar ahí (señala los techos de la cocina y baño que son de lamina), hacer un cuartito porque no cabemos aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos vender? Para todo se necesita dinero, por eso necesitamos que trabajen todos, para poder tener un guardadito y comprar algo”, dice la señora.

En esa misma colonia la señora María Guadalupe Ortega es una de las pocas “afortunadas” que puede presumir que tuvo el apoyo deOportunidades. Recibió hace dos años 960 pesos bimestrales que paliaron sus necesidades, pero no la sacaron de la pobreza.

A decir de María Guadalupe, fue peor que ganar un salario mísero a cambio de una explotación laboral.

“A nosotros nos ponían a trabajar en las escuelas, y era trabajo muy pesado, porque a nosotros nos tocó mover piedras, cosa que no era trabajo para nosotros. Nos decían que por tener el apoyo de Oportunidades teníamos que ir a pintar las escuelas, a barrer, todo eso y dice mi esposo: ‘bueno, es una ayuda, sí sirve, pero no lo suficiente’.

“A nosotros nos tocó irnos a trabajar a otras escuelas, ni siquiera la de nosotros o al Centro de Salud nos tocó ir a lavar vidrio o barrer, todo eso, a juntar la basura en la calle. Eran 960 pesos bimestrales y nos ponían a trabajar dos o tres veces al mes”, relata.

Salió del padrón de beneficiados y su familia de siete miembros está en la misma situación.

Su hija la mayor, Juana Alicia, de 17 años, desde que salió de la secundaria ya no estudió y está desempleada. La que le sigue, Laura, de 15 años, estudia la secundaria abierta y la emplean como costurera en una pequeña fábrica de camisas cuando hay trabajo y gana a destajo.

Las otras: Alejandra, de 13 años y Paola de 11, cursan la secundaria y la primaria respectivamente, a costa de mucho esfuerzo de sus padres. La menor, Natalia, de tres años, espera correr con mejor suerte.

Su esposo, José Pablo Cervantes, es repartidor de bloques de construcción y lleva a casa 100, 110 o hasta 120 pesos diarios para cubrir todas las necesidades de siete personas.

“Lo que él me da yo trato de gastarlo para mis hijas, comprarles lo necesario para la comida y dice mi esposo ‘no alcanzaste a comprar –por ejemplo– los útiles’. Voy a comprar una parte de papel para forrarlo y ya me dijo ‘¿Compraste papel?’ No, porque no alcancé, ‘bueno en la semana veo a ver si te puedo dar para que compres’.

“Yo trato de cubrir lo necesario en comida, calzado, si veo que a la niña le hacen falta zapatos le compro a la niña y me espero a comprar lo demás, es pesado, no puedo hacer todo al mismo tiempo”, señala María Guadalupe.

Lo que más lamenta doña María es que sus cinco hijas no pueden salir a pasear al centro de la ciudad –que queda a 30 minutos de su casa– por falta de dinero para los camiones. Ni siquiera ir a visitar a su abuela en Huentitán El Alto porque el traslado de toda la familia a este lugar representa un gasto de 80 pesos de ida y 80 pesos de regreso. Menos ir al cine o ir por primera vez de vacaciones a la playa.

“Son 160 pesos (para ir a Huentitán El Alto) y dice mi esposo ‘con eso comemos el lunes, el martes, no podemos movernos e ir ahorita”.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Boletín de Democracy Now! en Español

8/8/2011

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