martes, 7 de junio de 2011
Oficio de Papel
• Los miedos del PRI
• Expedientes secretos
• A prisión Jorge Hank
A unas semanas de que se elija gobernador en el estado de México y a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2012, el PRI nacional revela su temor de que algunos de sus miembros, principalmente exgobernadores, puedan enfrentar a la justicia por vínculos con bandas del narcotráfico, proteger al crimen organizado y lavar dinero producto del tráfico de drogas.
Su líder nacional, Humberto Moreira, calificó la semana pasada de “terrorismo político” las indagatorias de los órganos de procuración de justicia y los constantes señalamientos en la prensa, salidos supuestamente de oficinas del gobierno federal, de que hay expedientes abiertos en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de algunos exmandatarios estatales y políticos de menor rango.
Aunque de inmediato el vocero de la PGR respondió que hasta el momento no se ha citado a ningún exgobernador priista ni mandatario en funciones del mismo partido, lo cierto es que desde el año pasado se han integrado expedientes penales en contra de funcionarios y políticos priistas, así como también se han investigado sus movimientos financieros en instituciones bancarias, nacionales y extranjeras, en donde se ha encontrado sumas de depósitos y retiros que con mucho rebasan los ingresos comprobables por salarios devengados. Esto es en realidad lo que mantiene nerviosos a muchos priistas de primer nivel, pues saben que han utilizado dinero cuyo origen no pueden probar que sea lícito.
Sin duda el PRI sabe y conoce cómo se presiona a la oposición. Durante 70 años lo practicó en contra de políticos de derecha y de izquierda, ahora representados por PAN y PRD. Una de esas muchas formas de presión política es mediante la integración de expedientes penales bajo amenaza de enviar a prisión a los opositores. Ese riesgo de perder la libertad, como un bien tutelado en toda sociedad democrática, congela los ánimos de cualquier ciudadano y mucho más de aquellos con aspiraciones políticas.
En septiembre del año pasado, en esta columna señalamos que por lo menos tres gobernadores priistas que terminaban su mandato por esos días, eran sujetos a investigación en las oficinas de la PGR, por supuestos vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
Decíamos hace ocho meses que para integrar los respectivos expedientes judiciales, el Ministerio Público Federal contaba con el apoyo de una coalición político-judicial integrada por líderes nacionales del PAN, PRD, Convergencia y Grupo Día, los cuales buscaban ver en prisión a otros exmandatarios estatales priistas, después del encarcelamiento del exgobernador Mario Villanueva y del aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez.
De la lista de exgobernadores priistas vigilados desde el año pasado, destacan dos exmandatarios del norte, uno del centro y otro del sur, a quienes testigos protegidos señalan de estar relacionados con cárteles de la droga y participar en el blanqueo de dinero sucio.
La responsable de integrar esos expedientes fue precisamente la entonces subprocuradora de Investigaciones en contra la Delincuencia Organizada, Marisela Morales, actual procuradora General de la República, quien contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales le entregaron información de los movimientos financieros de políticos de todas las corrientes y colores, con especial énfasis en el PRI y PRD.
Calderón y el PAN al acecho
Con el poder que le da a cualquiera disponer de los órganos de inteligencia del Estado, desde Los Pinos se ordenó vigilar puntualmente a políticos de primer nivel: precandidatos presidenciales, gobernadores y exmandatarios, diputados y senadores, líderes sindicales, luchadores sociales, periodistas críticos y empresarios opositores al sistema.
Las áreas responsables de integrar expedientes políticos y financieros son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ambos órganos, en donde se concentra la documentación y los principales expedientes de políticos opositores, envían una copia a la residencia presidencial; otros son archivados y los menos son turnados a las procuradurías General de la República y Fiscal de la Federación, en donde se abren los procesos penales respectivos para darles curso en cuanto reciban la instrucción presidencial.
El trabajo del Cisen es ya conocido por la población y se sustenta en el espionaje a través de vías de comunicación, teléfono e Internet, así como la persecución y vigilancia directa sobre individuos previamente seleccionados. Algo verdaderamente burdo para una democracia. Además, los analistas de este órgano de seguridad nacional también revisan la información en publicaciones impresas y radio y televisión, de donde obtienen reportes que posteriormente el Cisen convierte en informes “confidenciales”.
Más sofisticado y sobre todo más profesional que el trabajo que realiza el Cisen, está la labor que desarrollan los técnicos de la UIF, este órgano de inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y único enlace del gobierno mexicano con organismos internacionales responsables de combatir el blanqueo de capitales, lo que lo convierte en un instrumento sumamente útil para recabar informes del dinero sucio que muchos mexicanos sacan del país y los ocultan en instituciones financieras de otros países.
A diferencia del trabajo sucio que hace el Cisen con sus escuchas telefónicas, los análisis de la UIF responden a movimientos financieros que políticos realizan en instituciones bancarias, casas de bolsa y de cambio, instituciones de seguros, transferencias internacionales, depósitos en efectivo y, en general, compra y venta de bienes y servicios.
Con esa información recabada en bancos e intermediarios financieros, así como en la CNBV, esa Unidad de Inteligencia elabora expedientes con las cuentas de ingresos y egresos de los políticos, en donde confirma el uso de dinero que no proviene de salarios y que puede corresponder a fondos irregulares provenientes de la comisión de diversos delitos, tales como narcotráfico, tráfico de personas, prostitución, fraudes, tráfico de armas y robos.
Obviamente, con un gobierno federal panista, la lista de expedientes corresponde principalmente a políticos de oposición: PRI, PRD, PT, Convergencia y Panal, y cuando se integra alguno de un político panista con claras evidencias de vínculos con bandas del narcotráfico, de inmediato la Presidencia de la República extiende un manto protector. Como prueba de ello, hemos presentado en este espacio las evidencias de la acusación en contra del panista Patricio Patrón Laviada y su familia, la cual fue investigada por la UIF y descubrió dinero procedente de cárteles de la droga, y a pesar de ello la PGR ocultó la denuncia penal elaboarad por la Secretaría de Hacienda.
Es así como la UIF ha sido la encargada de integrar las acusaciones en contra de políticos priistas y perredistas. Los expedientes en poder de la UIF suman miles y sólo unos cuantos han sido turnados al Ministerio Público Federal para su indagatoria y posterior integración de una averiguación previa.
Hasta ahora lo que sabemos, es que el blanco principal de la persecución financiera son los equipos de los precandidatos presidenciables de Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrad, todos con posibilidades de alcanzar la Presidencia de la República. En la lista le siguen exgobernadores priistas y perredistas, líderes de fracciones en cámaras de Diputados y Senadores, congresos estatales, dirigentes de partidos políticos, empresarios, líderes sociales y dirigentes gremiales, dueños de medios de comunicación, periodistas y jefes de prensa.
Por eso tienen razón Moreira y otros priistas en estar preocupados y temerosos, pues saben muy bien que el gobierno tiene en su poder información que compromete a muchos políticos de su partido y eso, precisamente, es lo que buscan frenar arguyendo “terrorismo político”.
¿Terrorismo político?
Apenas este fin de semana el gobierno de Felipe Calderón dio una muestra de lo que está dispuesto a hacer para frenar al PRI y a su precandidato Peña Nieto en sus aspiraciones a Los Pinos.
Un polémico miembro del Grupo Atlacomulco, Jorge Hank Rhon, e hijo de una leyenda de la política priista, el profesor Carlos Hank, fue detenido por militares por el delito de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin duda que eso es un delito grave, pero ante el clima de violencia que vive el país y con una familia tan numerosa y con tanto dinero acumulado al amparo del poder político, quien dudaría en tener un armamento para protegerse en momentos de tanta violencia.
Ese es el problema del gobierno federal, probar que tiene algo más que esa burda acumulación de armas que todos sabían que existía y que seguramente la mayoría de los políticos las tienen en sus ranchos o en sus casas donde viven con sus familias. Los mexicanos necesitamos algo más sobre este hombre que ha sido acusado de todo, incluido el homicidio, como cada semana lo recuerda el semanario político Zeta de Tijuana, el cual acusa a Jorge Hank de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Héctor “El Gato” Félix y de quien por cierto está preso uno de sus escoltas como responsable material del crimen.
También se le ha vinculado con el tráfico de drogas, fraudes, lavado de dinero, abuso de poder, tráfico de influencias y de especies de animales, y protección al crimen organizado. Por eso el gobierno federal panista tiene que darnos algo más para echar por tierra el argumento del líder del PRI nacional de que se trata de “terrorismo político” con miras a los procesos electorales.
Aunque el hijo del profesor Hank es una figura pública y polémica, no tiene el peso de un verdadero político priista como lo sería algún exgobernador. Sabemos de buena fuente que por eso Hacienda y la PGR están por revivir los expedientes de dos exmandatarios estatales del Estado de México, pues por ahora el objetivo panista es frenar “a como dé lugar” a los priistas en sus aspiraciones a mantener la gobernatura mexiquense y después en la presidencial.
De hacerlo, el gobierno de Calderón sabe que el impacto golpearía en la estructura mexiquense y disminuiría puntos al candidato Eruviel Ávila. El antecedente más reciente que se tiene de estas maniobras políticas panistas, es haber eliminado a un aspirante a la candidatura presidencial en cuanto le sacaron sus cuentas y deudas con el fisco. Esto lo saben muy bien en el Estado de México, fue en su momento un duro golpe a la credibilidad y a la imagen del PRI, aunque ahora los políticos de este partido parece que se sienten seguros de que sus aspirantes que encabezan las encuestas no tienen dudas en el manejo de dinero público.
Pero la fiesta del PAN apenas empieza y seguramente esta semana habrá nuevas acusaciones y señalamientos en contra de otros políticos priistas. Es solo cuestión de manejar bien los tiempos y darle al PRI algo de lo que siempre ha hecho.
Fuente: Contralínea
Proponen a Tita Radilla para encabezar la comisión de la verdad
FRANCISCA MEZA CARRANZA
El dirigente del Movimiento Social de Izquierda (MSI), Ranferi Hernández Acevedo, llamó al gobernador Ángel Aguirre Rivero a la creación de la Comisión de la Verdad y propuso a la vicepresidenta de la Asociación de Familiares Desaparecidos en México (Afadem), Tita Radilla, para dirigirla; asimismo, no descartó que la Comisión tendría que investigar a Aguirre Rivero por ser gobernador interino cuando ocurrió la matanza de El Charco el 7 de junio de 1998. Ranferi Hernández, quien fue exiliado a Francia durante interinato del actual gobernador, dijo que es necesaria la creación para que se investiguen los casos pendientes de la guerra sucia, las masacres los asesinatos y las desapariciones que ha habido en Guerrero. ”Para que de esa manera, quien piense en lo sucesivo hacerlo por lo menos lo piense, porque hasta que no se castigue se va seguir con el mismo patrón que ha subsistido hasta ahora: el de la impunidad”, dijo. Aseveró que se tiene que investigar al ex gobernador Rubén Figueroa por el caso Aguas Blancas pues aunque diga que un grupo insurgente lo exoneró y que los responsables de esta masacre fueron personas provenientes del gobierno del México “Nosotros sostenemos que él era gobernador de Guerrero”.
Fuente: La Jornada de Guerrero
La Comunitaria, una alternativa
HÉCTOR BRISEÑO
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) expresaron que una alternativa para contener y disminuir la creciente violencia que azota al país la representan los sistemas de seguridad basados en la autogestión de los pueblos.
La CRAC fue fundada en diciembre de 1995 por habitantes de poblados originarios enclavados en municipios de las regiones Montaña y Costa Chica de Guerrero, ante la necesidad apremiante de contener los delitos comunes en los sitios más apartados de la entidad.
Actualmente la CRAC se compone de 700 elementos, en su mayoría de origen mixteco, tlapaneco y mestizo, así como tres casas de justicia.
Pablo Guzmán Hernández, uno de los 10 coordinadores regionales de la CRAC, expresó que una opción de que la sociedad viva en armonía es la organización de las comunidades, barrios y colonias.
Explicó que en los últimos 15 años han disminuido hasta 90 por ciento los homicidios, violaciones, abigeato y otros delitos en la región donde opera la CRAC.
“Pueden formarse estructuras, normas y reglamentos propios de los pueblos que permitan nombrar su propia seguridad en coordinación con el Estado, para que los propios habitantes sean los garantes de las comunidades”, manifestó.
Guzmán Hernández enfatizó que “no podríamos decir que la Policía Comunitaria es un ejemplo, porque tenemos errores, pero sí es una alternativa que ha estado funcionando”.
No obstante, advirtió que la situación que atraviesa la CRAC es “compleja”, pues el número de poblaciones que se han integrado al sistema de seguridad comunitaria ha crecido, por lo que se requiere mayor atención de las autoridades, en lo que se refiere a orientación, capacitación y dotación de equipo.
Señaló que integrantes de la CRAC temen campañas de propaganda y desestabilización en su contra, pues su proyecto no es bien visto por los poderes fácticos y los intereses que representan.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Felipe Calderón: un gobierno a la baja
RAÚL MORÓN OROZCO
Esta percepción popular hoy encuentra un sustento científico y metodológico con los recientes resultados presentados por una de las más prestigiadas firmas encuestadoras del país, que han sido muy influyentes en los estudios electorales y en la evaluación del desempeño gubernamental.
Es el caso de la empresa Mitofsky, que en días pasados realizó la consulta ciudadana de los 18 trimestres de la evaluación gubernamental de Felipe Calderón, donde reafirmó que en el mes de mayo la percepción de la inseguridad fue la principal preocupación ciudadana, al haber contestado en forma espontánea tres de cada 10 ciudadanos que ese es el principal problema del país, percepción que representó un incremento de ocho puntos porcentuales por arriba de los mostrados en mayo de 2010.
Otro de los resultados de Mitofsky que resulta muy interesante resaltar, es el que indica que el rumbo que le ha dado el gobierno de Calderón al país, obtuvo su peor resultado, ya que el 62 por ciento de la población dice que vamos por un rumbo “equivocado” y sólo 30 por ciento que vamos por el rumbo “correcto”.
Esta percepción de la evaluación gubernamental ha sido más notable entre los habitantes del Norte del país, sobre todo en los estados de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Durango, cuyas opiniones han ocasionado la baja en los niveles de aprobación presidencial, al haber caído 17 puntos desde la evaluación realizada en agosto de 2010; hoy es la zona donde peor se le califica después del centro del país.
No es difícil comprender que los resultados anteriores, tienen relación directa con el asesinato de los siete jóvenes en Cuernavaca, uno de ellos hijo del escritor Javier Sicilia, el descubrimiento en Tamaulipas y Durango de más de un centenar de cadáveres enterrados en fosas clandestinas, los recurrentes enfrentamientos y asesinatos de Ciudad Juárez y los conflictos de migración y violación de derechos humanos que viven en esa parte del país, tanto migrantes centroamericanos, como nuestros propios emigrantes mexicanos que regresan de la frontera norte a visitar a sus familias, por parte de la policía federal y los agentes del Instituto Nacional de Migración, donde por cierto se descubrió una red de corrupción que afectó durante años a los migrantes.
Es evidente que el grado de inseguridad que hoy se vive tanto en Norte como en el Centro del país ha afectado todas las ramas de la economía, todos los sectores de la industria de bienes y servicios que durante décadas han sido factor muy importante del despunte económico de estas regiones del país, donde se ubican los grandes emporios, grupos empresariales y transnacionales generadoras de más del 50 por ciento del empleo formal en México.
El problema ha sido sin embargo, que como una forma de combatir la criminalidad de los cárteles del narcotráfico el gobierno de Calderón se ha dedicado durante estos 18 trimestres a hacerles la guerra con los elementos de las fuerzas armadas y policía federal, que sin ningún tipo de estrategia, ni previsión provoca enfrentamientos en espacios públicos, con graves repercusiones para la población y el comercio, así lo ratificaron en la encuesta Mitofsky dos de cada tres mexicanos encuestados, quienes piensan que no se tienen las riendas del país y las cosas están saliendo de control, inclusive en el desarrollo de políticas de desarrollo social como la salud y la educación que en el último trimestre cayeron de 1 a 2 puntos porcentuales.
Otro de los resultados deficientes que se evaluaron en el gobierno calderonista fue el fortalecimiento de la democracia que tan sólo de febrero a mayo de 2011 cayó cuatro puntos porcentuales y que va acompañada de una notoria baja al reconocimiento de atributos como la “honradez, experiencia para gobernar, y capacidad para resolver problemas”, pues según Mitofsky a Felipe Calderón sólo 41 por ciento de los ciudadanos le creen cuando anuncia alguna medida, para resolver la problemática nacional, evaluación similar a la obtenida en mayo de 2010.
Estos indicadores que hablan por sí solos tienen que ver directamente con una actitud fascista y antidemocrática del gobierno calderonista que ha utilizado recurrentemente la judicialización de la política como un recurso para intimidar a sus adversarios y partidos opositores, así lo hizo con Greg Sánchez en Quintana Roo, así lo hizo con el michoacanazo en nuestra entidad y así lo está volviendo a intentar ahora en contra de exgobernadores del PRI, a quienes se encuentra investigando de posibles delitos cometidos en el pasado, como un elemento que habrá de influir en los próximos procesos electorales, ante las condiciones de polarización política por elecciones en cuatro entidades y por el inicio de las contiendas internas por las candidaturas presidenciales rumbo a 2012.
No cabe duda que cuando un gobierno es ineficiente en el desempeño gubernamental, el mejor recurso es la represión política y judicial para desplazar al adversario. Por eso no es creíble el discurso de Felipe Calderón de ser un “gobierno tolerante” a la crítica y a otros grupos y partidos que tienen una visión distinta de la actividad gubernamental con propuestas alternativas.
Fuente: La Jornada de Michoacán
Una de las constructoras de El Zapotillo es empresa de Hank Rhon, señala el Mapder
A la española FCC, la mayor accionista, poco le importa la ilegalidad del proyecto, lamentan
JORGE COVARRUBIAS
El ex presidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Rhon, detenido el sábado por el Ejército mexicano por presunto acopio de armas, es uno de los constructores de la presa El Zapotillo a través de su inmobiliaria La Peninsular, señala en un comunicado de prensa el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).
“La familia Hank Rhon es dueña de la empresa La Peninsular, parte del consorcio Hermes Construcción a quienes el gobierno les ha otorgado por años las licitaciones para construir represas como El Cajón y ahora construyen la represa El Zapotillo, junto con la trasnacional española Fomento de Construcciones y Contrata (FCC)”, detalla la organización.
Sin entrar de fondo en la personalidad del empresario tijuanense, el Mapder recuerda que en 1996, Jorge Hank fue detenido en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, acusado de contrabando de artículos de piel, y que la designación de su empresa para la construcción de la cortina del embalse está plagada de errores y la Secretaría de la Función Pública estuvo a punto de suspender el proceso de licitación.
En el comunicado se menciona que la dueña de FCC es la millonaria española Esther Koplowitz Romero de Juseu, marquesa de Casa Peñalver, quien es la principal accionista, cuya riqueza, según la revista Forbes del año 2009, ocupó el puesto 430 del mundo.
En España se presume como la empresa más importante del sector, mientras que con su Fundación Esther Koplowitz tiene una imagen social responsable.
“En México se beneficia con la construcción que va a implicar dejar sin hogar ni tierras a los habitantes de tres poblados que pretenden ser reubicados por la fuerza, expropiadas sus viviendas y hacinados en pequeñas viviendas mal construidas. Mientras en Madrid y en Barcelona, España, Esther Koplowitz construye viviendas dignas para personas mayores, acá no le importa la muerte de ancianas mayores que durante el 2010 fallecieron en la comunidad de Temacapulín, causadas por la crisis traumática que les ocasiona la tensión de que serán expulsadas de sus viviendas por la construcción de la represa que lleva a cabo la empresaria Esther Koplowitz”.
Los opositores insisten que el proyecto que encabeza la Comisión Nacional del Agua para dotar del vital líquido a la ciudad de León, Guanajuato, la Zona Metropolitana de Guadalajara y 14 municipios de los Altos de Jalisco, se realiza al margen de la ley: sin cambio de uso de suelo, sin respeto a los derechos humanos, ni consulta; con amenazas a la población, con órdenes de aprehensión contra las personas a las que además pretenden desalojar violentamente; “pese a las recomendaciones del Congreso del Estado, de Amnistía Internacional, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de detener la obra, de amparos, de peritajes psicosociales, y del dictamen del INAH”.
Fuente: La Jornada de Jalisco
LLAMA FUNDALEX A DIRIMIR DIFERENCIAS CON DIÁLOGO Y PRIVILEGIAR LIBERTAD DE EXPRESIÓN
México, D. F, a 6 de junio de 2011
El Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Expresión, consciente de que toda forma que reprima la libre expresión se convierte en un poderoso estímulo para dilucidar por la fuerza o la violencia los conflictos sociales, hace un llamado a las fuerzas políticas y/o gremiales a respetar el libre flujo de información e ideas que permitan fortalecer la democracia, principalmente en el grave momento que vive nuestro país.
Es la libertad de expresión un instrumento esencial para la participación pública y el funcionamiento de la democracia, la cual no es posible cuando hay miedo, oscuridad y silencio. Por lo que la Fundalex hace un llamado a los distintos actores sociales para hacer de ella el fundamento del respeto y la tolerancia.
La construcción de una sociedad requiere de la participación de todos aquellos involucrados quienes, mediante el diálogo y la tolerancia, deben hacerse escuchar, alejados de los intentos de imponer, por la fuerza, una forma o línea de pensamiento.
La Fundalex, en este sentido, se pronuncia porque la sociedad oaxaqueña y sus actores políticos y sociales resuelvan sus diarias diferencias mediante el diálogo y la convivencia pacífica y democrática, haciendo uso privilegiado de la libertad de expresión a manera de evitar agresiones como las sufridas el pasado viernes por el diario Noticias de Oaxaca.
Ese día, un grupo de supuestos maestros utilizó la fuerza y las agresiones con el fin de limitar el ejercicio periodístico de los informadores que laboran en dicho rotativo.
Para el Consejo Directivo de la Fundalex no es gratuito que el relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, haya expresado en su más reciente informe que México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.
Otro caso en Oaxaca es el relacionado con la demanda por daño moral interpuesta por el ex Director Jurídico del Gobierno estatal, Mario Emilio Zárate Vásquez en contra del periodista Jaime Méndez Pérez, por la cantidad de 20 millones de pesos como reparación del supuesto daño.
El 1 de junio pasado fue encontrado muerto Noel López Olguín, reportero de los semanarios Horizonte y Noticias de Acayucan, así como del diario La Verdad, quien fue reportado como desaparecido el 8 de marzo pasado en Jáltipan, Veracruz. Con su muerte, se incrementó el número de muertos a 78 desde 2001 a la fecha.
En los últimos días también fueron violentadas las instalaciones del Periódico Vanguardia de Saltillo, la noche del domingo 29 de mayo.
La Fundalex se solidariza con los familiares de los periodistas agredidos y las empresas amenazadas y manifiesta su condena a los actos de violencia que nos lastiman aún más de lo que ya estamos como sociedad.
¿Sacerdocio civil?
LEOPOLDO GAVITO NANSON - LUNES, JUNIO 06, 2011
En días recientes el presidente Calderón comparó su circunstancia con la de Winston Churchill durante la Batalla de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo con la idea de dar contexto y una perspectiva victoriosa al costoso y fracasado enfrentamiento con organizaciones criminales que por sus características está condenado al rotundo y sanguinario fracaso. Pocas cosas más alejadas de la realidad. Su empecinamiento y actitud corresponden mucho más a las necedades de Adolfo Hitler en el invierno de 1942, el principio de la debacle nazi, cuando neciamente exigía al mariscal Von Paulus sacrificarse y sacrificar hasta el último hombre en Stalingrado. Hitler sacrificó al sexto ejército alemán por no retirarse con tiempo cuando era evidente que no tomarían la ciudad. Von Paulus se lo sugirió varias veces; incluso el día en que voló a Alemania para ser ascendido a mariscal. Los ejércitos alemanes habían ocupado la totalidad de Europa. Pasarían todavía tres años antes de la total destrucción de Alemania. Para Hitler y el resto del mundo Stalingrado fue un punto de inflexión. Cosa que no ha habido en el caso de esta patética sangría mexicana. Calderón nunca ha tenido control del terreno ni ha recuperado, como dijo que haría, los territorios controlados por organizaciones criminales. Incluso ha perdido territorios adicionales. Monterrey es novedoso paradigma del desastre.
Parece que después de cuatro años de pretendidos éxitos y fracasos reales el gobierno ha agotado su reserva de raciocinio y hoy las frases y tesis absurdas brotan generosas de los personeros gubernamentales. Ernesto Cordero, delfín improbable de afirmaciones de empobrecedora estupidez, a unos meses de haber resuelto la calidad de vida nacional sobre una base de 6 mil pesos, aportó el nuevo dato que hemos dejado de ser un país pobre. Algún bien intencionado habrá sugerido la conveniencia de dar noticias positivas y esperanzadoras para ser visto como candidato verosímil. Lo desmintió un aliado, el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Valentín Díez Morodo.
El gobierno negaba hace apenas dos meses que la inseguridad afectara la economía, las empresas y el turismo. El Banco de México ofreció la semana pasada los datos de una encuesta hecha por la institución: la inseguridad ya ha afectado a dos de cada tres empresas en el norte y centro-norte del país. Y la jerarquía clerical por un lado alaba la política antidrogas de Felipe Calderón, pero lamenta la sangría.
Y los hechos, declaraciones y contradicciones siguen y siguen en una suerte de profusión declarativa cacofónica a ritmo de tableteo de arma de repetición. Porque, además, el gobierno carece de una política de comunicación. Ésta se ha reducido a los dichos del Presidente, quien convoca, declara, regaña, lamenta y reclama. Eso es la política de comunicación del gobierno federal, aderezada con pretendidos referentes de grandeza. La semana pasada se organizó un festejo para decretar el 2 de junio como día de la policía. Allí Calderón repitió la fórmula de apelar a la sociedad para que ayude a quitar el desprestigio de la policía. El consabido asunto de las percepciones que siguen ocupando al Presidente. Ahí mismo pidió a la que la actividad policiaca fuera convertida en sacerdocio cívico. No hay forma de que Felipe Calderón se desprenda un momento de sus determinantes religiosos. Pero en este particular asunto los referentes son ominosos. El despliegue de parafernalia que realizado la semana pasada para declarar el día del policía –uniformes negros, boinas negras, saltos en paracaídas– evoca aquellas paradas ostentosas de los desfiles nazis y las ceremonias de las Schuntzstaffel, las SS (escuadrones de defensa) fanáticos de malhadada memoria que eran guerreros y también una suerte de monjes o sacerdotes de acuerdo con la jerarquía. En el Generalplan Ost (GPO), plan de exterminio y sacrificio en sangre, el Holocausto, en donde los “sacerdotes” que “ofrendaban” la sangre del sacrificio eran todos SS.
Por todos los flancos posibles surgen expresiones y exigencias al gobierno de Felipe Calderón para parar el baño en sangre, El Presidente ofrece todo tipo de explicaciones y justificaciones posibles pero insiste en que no hay otro camino más que el emprendido por él en diciembre de 2006
Académicos, sociedad civil, familiares de víctimas, expertos de las Naciones Unidas; desde muchos ángulos y puntos de vista la sociedad reclaman a Felipe Calderón lo hecho en su gobierno. El grado de descomposición es suficientemente considerable para que la Comisión Global para las Políticas de Drogas haya dedicado un documento completo a consideraciones sobre la guerra del gobierno mexicano. La comisión la forman 19 notables, entre ex presidentes, ex secretarios generales de la ONU, empresarios, ex primeros ministros, ex comisionados de derechos humanos.
Justo el día anterior al espectáculo que enmarcó el decreto del día del policía y el llamado al sacerdocio, la Comisión dio a conocer su informe.
La primera frase dice textual “La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. 50 años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y 40 años después que el presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales”.
Podría agregarse que nada de lo sucedido en estos 40 años desde que Nixon declaró la guerra ha sido tan dramático, sangriento, macabro y costoso como lo hecho en la administración de Felipe Calderón.
Para efectos de la intención del gobierno federal en materia de drogas, el informe de la comisión es devastador. Echa por tierra todos los “argumentos” –si acaso– justificaciones, escenarios apocalípticos e hipótesis que han atinado a balbucear los personeros del gobierno federal. Lo primero que recomiendan es terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas pero que no hacen ningún daño a otros y, por otro lado, alienta a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos.
Exactamente en sentido inverso a las consideraciones, justificaciones y lógicas expuestas por el gobierno federal. Quien ha privilegiado el enfrentamiento armado en cualquier lugar impensado, en medio de zonas urbanas densamente pobladas, antes que la seguridad de sus ciudadanos.
El informe de la Comisión para las Políticas de Drogas concluye con una frase que sería deseable fuera adoptada como lema por la sociedad civil “Romper el tabú acerca del debate y la reforma. Ahora es el tiempo de actuar”.
*Es Cosa Pública
leopoldogavito@gmail.com
Fuente: La Jornada de Veracruz
Esposa de Pedro Torres denuncia abusos de autoridad durante detención
JOSÉ GUTIÉRREZ GUILLÉN
(ESPECIAL PARA LA JORNADA SAN LUIS)
“El gobierno del estado en lugar de aprehender a los verdaderos delincuentes lo hace con luchadores sociales”, como fue el caso del dirigente del Movimiento Pueblo Libre (MPL), Pedro Torres Esquivel, en donde “sin orden de cateo o presentación 60 policías ministeriales allanaron su domicilio y a punta de golpes lo detuvieron ante la presencia de su esposa, seis hijos y tres nietos”, denunció su esposa Consuelo Leija Tello.
Mencionó que el viernes pasado a las 18:30 horas, ella y sus seis hijos Elizabeth, Yessica, Pedro, Bryan, Kevil y Betzaida, vivieron “una pesadilla de terror”, cuando vieron a decenas de ministeriales con pistolas en mano derribar la puerta de su domicilio, golpear e insultar a toda su familia.
“El colmo de esta arbitraria detención de Pedro Torres”, lo vivió en carne propia su hijo Bryan de 11 años, “quien fue amenazado por un agente judicial con la pistola al tratar de detenerlos para que no se llevaran a su papá”.
Mencionó que el delito que se le imputa a Pedro Torres de abuso sexual “es totalmente falso”, lo que demostrarán en una conferencia de prensa, “porque dice la autoridad que fue desde hace dos años y yo les preguntó: ¿por qué hasta ahora cumplimentaron esa orden de aprehensión?, ello demuestra que la justicia es lentísima.”
Dijo que la molestia del gobierno debió ser porque La Jornada San Luis público el viernes la denuncia que hizo Torres Esquivel ante la CEDH del acoso que está siendo víctima por parte de agentes ministeriales que a todos lados lo seguían, incluso en las oficinas del Movimiento Pueblo Libre.
Leija Tello no se explica “cómo es que el gobierno de Fernando Toranzo Fernández protege a delincuentes, como el seudo líder de la CMAP, Miguel Ángel Wong, quien durante casi todo el sexenio del ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga estuvo recluido en el penal de La Pila por diversos delitos y hoy anda libremente haciendo de las suyas”.
Dijo que desde el mismo viernes se han apostado frente al palacio de gobierno pidiendo una explicación a las autoridades sobre la detención de Pedro Torres, “pero ninguna autoridad les ha informado sobre el particular o como se encuentra de saluda el dirigente del MPL”.
Lamentó que “estas autoridades hacen sus detenciones los viernes por la tarde porque sábado y domingo no hay agente del ministerio público o juez que pueda librar la orden de libertad, por lo que arbitrariamente dejan a los detenidos recluidos el fin de semana”.
Fuente: La Jornada de San Luis
Informan activistas sobre daños de la MSX en Cerro de San Pedro
FERNANDO BERMÚDEZ
Activistas de Cerro de San Pedro instalaron una mesa de información para que los potosinos “conozca los efectos nocivos y el daño que en Cerro de San Pedro se están por parte de la empresa canadiense MetálicaResources”, esto en el marco del Día del Medio Ambiente.
Los activistas denunciaron el daño que en Cerro de San Pedro se está llevando acabo por parte de Minera San Xavier “y de la complicidad del gobierno.”
“Las actividades mineras a cielo abierto están teniendo consecuencias en la salud de los pobladores de la comunidad”, denunció Ana María Alvarado García del Núcleo Agrario Cerro de San Pedro.
Señaló la activista que por parte del gobierno “existe incongruencia, ya que hace anuncios referente al cuidado del medio ambiente, y en contraparte, en Cerro de San Pedro está siendo devastado todo el entorno ecológico”.
Puntualizó que están formando parte de una campaña internacional contra el uso de cianuro en la minería, “la campaña fue lanzada desde el observatorio de conflictos mineros de América Latina, así como en Europa, ya se prohibió el uso de este químico”.
La denunciante señaló que la campaña “es una esperanza, ya que el riesgo por contaminación por cianuro es latente en aquella comunidad”.
Manifestó que ya se están haciendo notorias las enfermedades en la comunidad, “existen casos de insuficiencia renal, afectaciones dañinas en la piel y alergias”.
También denunció que las especies vegetales han ido extinguiéndose, “así como la población de aves, liebres y conejos que eran muy abundantes en la zona”.
“La minera sólo da a conocer las virtudes, pero oculta todo el daño que en la realidad están viviendo” denunció, y agregó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) “coadyuva con la Minera al no reflejar la veracidad de los estudios de daño ambiental en Cerro de San Pedro”.
Fuente: La Jornada de San Luis
Foro de Medios Públicos
FELIPE VICENCIO ÁLVAREZ
Cuando a fines de los cuarenta el presidente Miguel Alemán encargó a Salvador Novo y a Guillermo González Camarena una investigación sobre los sistemas de televisión en el mundo y una recomendación de lo que a México le convenía, se estaba echando la suerte de los medios electrónicos en nuestro país. En ese tiempo tenían algunos años ya tanto la British Broadcasting Corporation (BBC), sistema operado por la autoridad y sostenido con recursos públicos en Gran Bretaña, como la National Broadcasting Company, Inc. (NBC), operada por empresarios y sostenida con capital privado en Estados Unidos. La comisión propuso adoptar el modelo norteamericano y así lo resolvió el presidente Alemán. La asignación de la frecuencia XHTV Canal 4 a Rómulo O’Farrill en 1949 fue el inicio de la expansión del gran negocio de la televisión mexicana para algunos hombres del poder económico cercanos al poder político.
Así se configuró un esquema eminentemente comercial de medios electrónicos que se ha expandido y consolidado durante décadas y que constituye el eje de la comunicación en nuestro país. Una de las consecuencias de la prevalencia de este esquema ha sido la progresiva concentración mediática. Sin la debida contención de una buena ley y con la aquiescencia de los gobernantes, las múltiples frecuencias de la radio y la televisión han ido quedando en pocas manos, en una dinámica regida por la fuerza del dinero y la complicidad de la autoridad. México es ahora un país en el que 80 por ciento de las frecuencias del espectro radioeléctrico pertenece a 13 grupos radiofónicos y en el que sólo dos empresas manejan el 96 por ciento de las frecuencias comerciales de televisión abierta. Salvo el caso de países totalitarios no hay referentes en el mundo con ese grado de concentración.
Los contenidos que emiten estos medios de señal abierta están determinados primariamente por la rentabilidad económica. La lógica de expansión empresarial y la búsqueda de las mayores utilidades determinan la barra programática. Así, el concierto mediático prácticamente es monofónico y su calidad queda subordinada a la prioridad de atraer consumidores. En una paradoja lamentable, un régimen de libertades ha propiciado que un puñado de empresarios conduzcan el sector como si se tratara de un régimen totalitario. El incremento de sus utilidades económicas se consigue a costa de un déficit en nuestra democracia. La libertad de expresión y nuestro derecho a la información quedan en entredicho.
Esto ha sido posible principalmente porque el país no dispone de un marco legal adecuado para encauzar una actividad tan relevante como la de los medios electrónicos de manera que atienda al interés general. Seguimos a la espera de que los legisladores cumplan con su responsabilidad. Por lo pronto es muy valioso el papel de los medios públicos, es decir, las más de 450 frecuencias de radio y televisión que, en manos de gobiernos o instituciones académicas, irrumpen en el concierto mediático con una voz diferente, modesta pero clara. Pese a su marginalidad, el sistema de medios públicos contrarresta la oferta predominante y favorece la pluralidad mediática necesaria en una sociedad democrática ofreciendo contenidos culturales y difundiendo voces que de otra manera no tendrían cauce para expresarse. Por eso es trascendente la próxima celebración del Foro Mundial de Medios Públicos –iniciativa de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México A.C. y del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, patrocinada por la OEA y el Conacyt– que plantea una agenda de trabajo común para mejorar la vinculación global de radiodifusoras y televisoras públicas en beneficio de las audiencias. El intercambio de experiencias que se llevará a cabo en Guadalajara los próximos días seguramente fortalecerá a este sector de los medios que en México hace saludable contrapeso al discurso mediático casi único. Directivos, productores, técnicos, estudiantes y público en general de todo el mundo tendrán espacio para analizar el desafío y las oportunidades de la globalización para la radio comunitaria, la indígena, la universitaria, la televisión cultural y otras alternativas no comerciales que nutren nuestra democracia. Merece los mejores augurios.
Fuente: La Jornada de Jalisco
Boletín de Democracy Now! en Español
6/6/2011
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