Javier Duarte de Ochoa
obernador Constitucional del Estado de
Veracruz Ignacio de la Llave
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17 de Marzo de 2014
En días recientes la Organización Indígena Nahuatl: Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme (Unión de Todos los Pueblos Pobres) y la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango, ambas organizaciones indígena-campesinas integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (TINAM – UECVT – FNLS), han denunciado públicamente la liberación de una orden de aprehensión en contra de Ignacio Romero Carrera, defensor del de la propiedad social ‒régimen Ejidal y Bienes Comunales‒ y del medio ambiente siendo uno de los principales opositores a la imposición de la hidroeléctrica “El Naranjal” en la región de los valles de Zongolica, que abarca los municipios Ixtaczoquitlan, Fortín, Naranjal, Amatlan, la Patrona, Cuetzala, Omealca, Xuchiles. Ignacio Romero Carrera es uno de los representantes de la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango (UECVT).
Ante esta situación han solicitado a las autoridades Municipales y Ministeriales de Ixtazoquitlan información al respecto, a lo cual el Ministerio Público les entrego por escrito que no existe ningún proceso en contra de Ignacio Romero Carrera, caso contrario fue con el funcionario municipal ‒el secretario particular José Alejandro Rosado Sosa‒ que de forma prepotente se negó a recibir por escrito la petición de indagatoria sobre la supuesta orden de aprehensión que las organizaciones antes mencionadas solicitaban, el mismo secretario Alejandro Rosado aventó al escritorioel documento entregado dejando a los representantes de las organizaciones campesinas ahí parados y nunca volvió.
Paralelamente a esta situación de amenaza, desde instancias municipales en voz del secretario particular José Alejandro Rosado Sosa del municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, quien de forma amenazante dijo que “Ignacio Romero Carrera tiene orden de aprehensión al igual que un líder nacional del FNLS”. Destacamos que las tres órdenes institucionales del sector agrario a nivel estatal (RAN, PA y SEDATU) le han están negando a Ignacio Romero a ejercer su legítimo derecho constitucional y agrario a ocupar el lugar de sucesor de su finada madre, al anteponer un absurdo e inexplicable trámite burocrático a partir de un error que cometieron las mismas autoridades ejidales y las instituciones del sector agrario de esos tiempos: omitir el apellido materno de la señora Magdalena Carrera Espinoza. Además hay una comparecencia por escrito ante la residencia de Córdoba de la Procuraduría Agraria atendido por el licenciado Fausto Corona Ortiz, que funge como abogado y visitador agrario, donde se asientan todos los trámites a nivel local y estatal que ha realizado Romero Carrera, así como su condición socioeconómica.
Para la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) existe una preocupación latente y fundada de que se pueda dar una detención arbitraria, por mencionar lo menos grave, ya sea en contra de Ignacio Romero o de cualquier otro integrante de las organizaciones del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el estado de Veracruz.
Es pertinente puntualizar que a nivel de la entidad veracruzana se pretende construir 112 hidroeléctricas, en los cuales tenemos informe que en ninguno de los megaproyectos fueron consultados ni informados los Núcleos Ejidales, Bienes comunales y pequeños propietarios afectados a nivel de sus tierras y recursos naturales.
De manera específica en la región de Zongolica y su valles las comunidades indígenas campesinas han llevado una larga lucha en contra de la deforestación por parte de talamontes hoy convertidos en grandes empresarios del transporte y el comercio, así como la imposición de mega proyectos que atenten contra sus cultivos, el medio, formas de trabajar y organizarse, como los proyectos hidroeléctricos. Proyectos que en diferentes estudios realizados por especialistas de instituciones educativas como la Universidad Veracruzana, ecologistas nacionales e internacionales como Greenpeace, Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han dado como resultado el grave daño que podrían provocar tanto al medio ambiente ‒ecocidio‒ como a la población obligándola a desplazarse de manera forzada.
No obstante, los representantes de las empresas siguen en operación en complicidad con los tres niveles de gobierno, tratando de engañar y dividir a las comunidades para que vendan su único patrimonio familiar-comunitario, la tierra y sus recursos naturales. A esto tenemos que añadir el asesinato de Noé Vázquez Ortiz, en Amatlan de los Reyes en noviembre del año pasado, justo cuando se realizaba el encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).
También es importante destacar el surgimiento de las llamadas Autodefensas en la región de Zongolica en febrero de este año dirigidas por Román Vázquez González, quien en su momento ha declarado públicamente estar en contra de las personas o grupos que se oponen a la Hidroeléctrica y que deben ser expulsadas “ya que frenan el desarrollo de la región”. En últimas fechas los medios informativos dan cuenta de que este personaje Román respalda la construcción de hidroeléctricas en comunidades de Zongolica, San Juan Texhuacan y Mixtla de Altamirano, por medio de “consultas a las comunidades” para legitimar la entrada y construcción de la hidroeléctricas.
Por cierto, iniciando este 2014, la hidroeléctrica ubicada en Mixtla de Altamirano ‒uno delos municipio más pobres del país‒ ha demostrado los daños que puede causar solamente en la fase de pruebas, al ocasionar un derrumbe a causa del desbordamiento de agua de la presa que opera la empresa Electricidad del Golfo, esto sin contar en el desabasto de agua que ya se da en las comunidades, la explotación laboral y la modificación de la vida de las comunidades indígenas.
A lo anterior se suma el hecho de que en Veracruz se viene desarrollando una persistente y sistemática violación a los derechos humanos en contra de los diferentes sectores de la población, tal es el ejemplo de periodistas comprometidos con su labor profesional de informar la verdad, como el caso de la corresponsal de Proceso Regina Martínez y el reciente asesinato de Gregorio Jiménez, comunicadores que se unen a una indignante lista de 15 reporteros asesinados desde el 2000, 10 de ellos en la actual administración de la cual usted es responsable como gobernador.
Actos violatorios de derechos humanos también los vimos en las movilizaciones llevadas a cabo por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes en diferentes ocaciones fueron agredidos violentamente por parte de las corporaciones policiacas de la entidad; lo que motivo las manifestaciones fue la protesta por la imposición de la reforma neoliberal educativa que se aprobaría sin haber tomado en cuenta los foros nacionales del magisterio y representaciones de los diferentes sectores sociales, al mismo tiempo que denunciaban el carácter punitivo de dicha reforma, ahora convertida en Ley.
Otro hecho grave son los casos de tortura por parte de efectivos militares en el norte de esta entidad, como lo reconoció el propio comandante René Carlos Aguilar Páez de la sexta región militar con base en Boca del Río Veracruz, a lo que se suman de acuerdo con diferentes organizaciones de derechos humanos casos de desaparición de personas ya sea por motivos políticos o sociales que suman del 2011 al 2013 más de 8 centenas, tan sólo en la capital de Xalapa son más de 500 casos, entre los que se encuentran casos hasta en contra de sus propios policías como fue el de Jacqueline Espejo Moctezuma, pero que para las instituciones del gobierno del estado emulando a las entidades federales eufemísticamente los llaman “levantados”, “ausentes”, “extraviados” u otros técnicamente privación ilegal de la libertad y al no saber de su paradero su condición es de detenido-desaparecido.
Cabe resaltar que la mayoría de los detenidos-desaparecidos por motivos políticos o sociales y ultimados en su mayoría son jóvenes y de origen popular en las ciudades o zonas rurales y, que los captores tienen aspecto policiaco-militar así como su comportamiento, armas y vehículos como se puede probar en las actas de denuncia ministerial es un patrón de modus operandi y denuncias en los órganos de procuración y administración de la justicia.
Hasta aquí algunos ejemplos de la situación preocupante de violaciones a derechos humanos ya sea por omisión, comisión o aquiescencia de las propia autoridades, por ello, nuestra exigencia de garantizar la integridad física, psicológica y moral de las organizaciones o colectivos que exigen se cancele la imposición de proyectos hidroeléctricos; así mismo el alto a la persecución de luchadores sociales y defensores de los derechos ambientales como Ignacio Romero Carrera quien por su práctica política consecuente en los marcos constitucionales y de derechos humanos al lado de las comunidades indígenas y campesinas hoy se le pretende encarcelar. Así mismo, exigimos que cesen las amenazas, intimidaciones, agresiones o cualquier acto que menoscabe la dignidad humana en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos en la entidad y en particular de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
Atentamente
¡Unidos por la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales!
¡Presentación con Vida de Todos los Detenidos-Desaparecidos por Motivos Políticos y Sociales!
¡No a la Criminalización de la Pobreza, Protesta y Lucha Popular!
Atentamente
Unidos y Organizados a Ejercer y Defender los Derechos Humanos
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos
RENDDH
____________________
Pedro Flores Hernández
Presidente de la RENDDH
_______________________________________
Con copia para su conocimiento y seguimiento:
Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla
Presidente de la CDH de Veracruz
Calle Carrillo Puerto No.21 Zona Centro, C.P.91000, Xalapa, Ver.
Tel. y Fax. (228) 812–0589, 812–1142, 812-0796, 812-3743 y 812–2918
Lada sin Costo (01–800) 260–2200
Internacional: +52 228 812–0589
secretariapresidencia@cedhveracruz.org.mx
Fb: Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz
Lic. Cirilo José Rincón Aguilar
Delegado Federal en Veracruz de la Procuraduría Agraria
Diego Leño s/n Esq. Gtz Zamora, Zona Centro, Xalapa , Ver.
Telefonos (01 28) 8419592; (fax) 8419606, 8419607
(01 228) 8419592
(01 222) 8419593
(01 228) 8419606
(01 228) 8419607
Ext. 26
ver@pa.gob.mx
Manuel Ignacio Acosta Gutierrez
Director del Registro Agrario Nacional
(De acuerdo a TRANSPARENCIA se encuentra vacante el de Delegado Estatal)
20 de Noviembre 195, Col. Centro, Cuahutemoc,
Distrito Federal, México, C.P. 6080
Tel: 01 55 5062 1411
miacosta@ran.gob.mx
Pedro Yunes Choperena
Calle dos No. 71,
Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 91180,
Xalapa, Veracruz.
Teléfono: 01 228 890 28 69
Correo electrónico: ver@sedatu.gob.mx
Dip. Ignacio Enrique Valencia Morales
Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas
H. Congreso del Estado de Veracruz
Av. Encanto s/n, Esq. Lázaro Cárdenas
Col. El Mirador, C.P. 91170
Xalapa, Ver. Tel: 228 8.42.05.00
Telefono: (228) 8420500
Ext: 2084
Fax: (228) 8420581
Correo: ivalencia@legisver.gob.mx
Dip. Jaqueline García Hernández
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes
H. Congreso del Estado de Veracruz
Av. Encanto s/n, Esq. Lázaro Cárdenas
Col. El Mirador, C.P. 91170
Xalapa, Ver. Tel: 228 8.42.05.00
Telefono: (228) 8420500
Telefono: (228) 8420500
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Dip. Alejandro Zairick Morante
Presidente de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal
H. Congreso del Estado de Veracruz
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Col. El Mirador, C.P. 91170
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