Audio cortesia de: EL BOTE
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lunes, 16 de febrero de 2009
Festejan victoria del "SÍ" de Hugo Chávez
En Venezuela 54.7% de los votantes aprobó una enmienda constitucional que permite la reelección indefinida de los cargos públicos
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MARTES 17 DE FEBRERO, 17 HRS. _ La Brigada 21 con AMLO en el Congreso de la Unión
MARTES 17 DE FEBRERO, 17 HRS.
La Brigada 21 con AMLO en el Congreso de la Unión
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La Brigada 21 con AMLO en el Congreso de la Unión
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Redes Universitarias
y
La Brigada 21
"Círculos de Estudio y Universitarios"
Convoca a sus brigadistas a la reunión de este martes 17 de febrero en la Cámara de Diputados. En donde estaremos con nuestro Presidente Legítimo, Andrés Manuel López Obrador, exigiendo la respuesta a la carta entregada hace unos días atrás. Y exigiendo que se tomen medidas desde el Congreso para la Defensa de la Economía Popular.
La cita es este martes 17 de febrero, a partir de las 16:30 hrs.
Afuera de las Oficinas de la Tesorería del GDF.
(Emiliano Zapata, No. 244 , Col. 10 de Mayo, frente a la entrada para visitantes del Congreso de la Unión,
El metro más cercano es San Lázaro)
El metro más cercano es San Lázaro)
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¡En defensa del petróleo y la Economía Popular!
Te invitamos a unirte al Círculo de Estudios y a la Brigada 21 "Círculos de Estudio y Universitarios"Informes de los Círculos y de la Brigada 21:
Correos:
redesuniversitarias@gmail.com
redesuniversitarias@hotmail.
Paginas:
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Manuel: 044 5538970441
Karina: 044 5513987078
Juanjo: 044 5532590714
______________________________
No dejen de consultar:
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http://amlotv.blogspot.com
http://senderodelpeje.com
Insostenibles jurídicamente argumentos para no multar a televisoras: Lorenzo Córdova.
Escucha el comentario.Lorenzo Córdova, comentó con Denise Maerker que sí había elementos para sancionar a las televisoras, toda vez que el artículo 350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) precisa que es una irregularidad por parte de los concesionarios la manipulación de la propaganda electoral.
Los argumentos con los que se optó por desechar el procedimiento son desde el punto de vista jurídico “insostenibles“. Entre los mismos se encuentran que el miércoles pasado, el IFE había suscrito con la CIRT bases de colaboración, que no había norma estrictamente aplicable al caso y que las televisaras ya no habían vuelto a empaquetar y se quedaba sin materia.
El investigador de la UNAM prevé que los consejeros que en un momento sostenían el proyecto y que le dieron la espalda el viernes pasado, siguieron la misma actitud que han tenido los partidos políticos.
“Me causó escozor que ni el PAN ni el PRI abrieran boca” y lo que se esperaba era que apoyaran las decisiones de la autoridad electoral, por lo que parece “un problema entre el IFE y las televisoras”.
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Familia Pasta de Conchos - Boletin
16 de febrero de 2009, Cd de México.
BOLETÍN DE PRENSA: A tres días del Tercer Memorial: Ni perdón, ni olvido
“La Organización Familia Pasta de Conchos” en este Tercer Memorial del siniestro tendremos una diversidad de actividades para informar a la sociedad lo que Industrial Minera México de Grupo México en complacencia con el Gobierno Federal nos han hecho a las familias y sus defensores. El caso “Pasta de Conchos”, como el de Minera San Xavier, Atenco, las mujeres violentadas y asesinadas en Ciudad Juárez, Tecama y APPO, se definen por la impunidad. En todos los casos, se han violado sistemáticamente los derechos humanos. Queremos reconocoerlo y denunciarlo para que se castigue a quienes violentan, persiguen y asesinan. Ya basta. La maldición de nuestro país no somos quienes exigimos justicia, sino quienes la niegan.
Por lo que, los y las invitamos a que nos acompañen mañana a las 12 del día para hacer un JUICIO PÚBLICO AL ESTADO con el único fin, de probar una vez más, que tenemos la razón. A tres años, no hay olvido. Aquí estamos. Aquí seguimos.
Lo que anuncia Industrial Minera México S.A.B. de C.V. el día de ayer en un boletín de prensa como apoyo humanitario, es una máscara para ocultar que promovieron un amparo frente a los laudos de 300 pesos, para que las pensiones que vamos a recibir después de tres años sean cotizadas con los salarios de hambre que pagaban a nuestros familiares. No hay ninguna ayuda humanitaria, para Grupo México, esa ayuda humanitaria fue “una inversión” solapada por el Secretario del Trabajo, Javier Lozano para evitar asumir su responsabilidad. En lenguaje que la empresa entiende, “es más barato dar una ayuda humanitaria” de poco más de 53 millones para las viudas y los huérfanos, que pagar cuando menos hasta por 18 años por un laudo calculado con el triple salario como cotizaron nuestros familiares durante más de un año después de muertos. Sus 53 millones, para quienes dejaban su vida en Pasta de Conchos a cambio de salarios de 110 ó 113 pesos es mucho dinero. Pero para el Germán Larrea Mota, a quien la Revista Fortune le atribuye 96 mil 200 millones de dólares, 10 por ciento del PIB nacional, no es nada. Pero tienen que entender, de una vez por todas, que no es un asunto de dinero “los muertos no se venden”. A tres años de la explosión en la mina, que sigan pregonando su “ayuda humanitaria” nos ofende y nos indigna aún más. Lo que nos han hecho es imperdonable.
El boletín hace alarde de compromisos que no han sido acordados con las familias de los mineros insepultos. Desde el 4 de abril de 2007, las familias no han tenido ninguna comunicación con la empresa, incluso, el presidente de Grupo México, Ing. Xavier García de Quevedo, ni siquiera se tomó la molestía de responder a la solicitud que hicieron las familias en mayo pasado de sentarse a dialogar. El compromiso anunciado por Grupo México carece de valor porque hace más de año y medio que las familias rechazaron el “apoyo” de psicológos, tanatológos y médicos.
¿Por qué no en lugar de médicos, tanatológos, asesores académicos aceptan un debate público? ¿Por qué no bajan de sus oficinas y dialogamos? Hay muchos temas. Por ejemplo, que los peritajes a los que se refieren fueron contratados conjuntamente con la STPS según el Oficio 212.2C.1.506.2007. Que no tienen el registro de que los peritos contratados bajaron a la mina. Pero sobre todo, que sus “peritos”, los señores Wooton y McBride, afirman que el Rescate se debe suspender, no por el gas, ni por los techos de la mina, ni todo lo que después ustedes inventaron. Lo que los “peritos” ven como “su mayor preocupación” es que el agua en la mina está contaminada: dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas, incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis. Esta exposición puede suponer severos riesgos a la salud, no solo al personal de la mina, sino a sus familias o en último de los casos, a la comunidad entera. En las mamparas del campamento, estarán los peritajes de los “peritos” Wooton y McBride para ser consultados y se entregarán copias a quienes lo soliciten.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, jamás afirmó que no se hiciera el Rescate. Eso lo dijo el Secretario del Trabajo, Javier Lozano para darles otra ayudadita. Lo que el FCCYT afirma es que las condiciones inseguras de la mina pueden ser revertidas. El Secretario del Trabajo, junto con ustedes, dicen, como las condiciones son inseguras el rescate no se hace. Pero además cometieron el descuido de entregar los análisis del agua que hay en la mina, por supuesto, no hay sida, ni hepatitis, ni tuberculosis, ni nada de lo que tanto preocupaba a sus peritos. Y prueba de que no hay tales “peligros que atentan contra la integridad de los rescatistas” es que desde junio que ustedes abandonaron la mina después de intentar sellarla, mineros y familiares han bajado durante meses, aún sin tomar todas las medidas de seguridad que el rescate supone.
La única razón para no hacer el rescate, es para no enfrentar públicamente que muchos si no es que la mayoría de nuestros familiares se quedaron atrapados en la mina esperando ser rescatados. Ustedes con culpables de la muerte de nuestros familiares porque tenían equipos eléctricos prohibidos por la ley minera; soldaban dentro de la mina; iniciaron la construcción de frentes largas sin tener una ventilación adecuada, retiraban “ademes” para llevarlos a los frentes de producción; parchaban líneas eléctricas y no polveaban la mina, todo con la complicidad de la STPS y del sindicato minero cuando menos desde el año 2000.
A UNA VOZ, ¡RESCATE YA!
ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL; FRENTE AMPLIO OPOSITOR A LA MINERA SAN JAVIER EN CERRO DE SAN PEDRO, MOVIMIENTO TODOS SOMOS ZIMAPÁN; RED DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS; CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS; SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ; SECRETARIADO INTERNACIONAL CRISTIANO DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA; CENTRO DE DH FRAY JUAN LARIOS; CEREAL; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO; CENTRO FRAY FRANCISCO DE VITORIA OP; FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO; CENCOS; COMITÉ DE LIBERACIÓN “25 DE NOVIEMBRE”; CENTRO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA; COLECTIVO ALAS; CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES ANTONIO DE MONTESINOS; CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR; OBSERVATORIO ECLESIAL; CELAMEX Y COMUNIDADES DE BASE DE MARTÍN CARRERA.
¿Avionazo el de Mouriño o atentado?
Un peritaje al vapor que a nadie dejó satisfecho
¿Qué esconde el gobierno espurio de fecal?
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¿Qué esconde el gobierno espurio de fecal?
Gracias a escritorcubamex por la cortesia
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Audios Rafael Barajas "El Fisgón" y Cristina Barros en la Fac. de Economía C.U.
Evento realizado por las Redes Universitarias Brigada 21
Inédito: 54 ejecutados en las últimas 60 horas; entre ellos ocho niños
LA REDACCIóN
México, D.F., 16 de febrero.- Entre el fin de semana y las primeras horas que han transcurrido del lunes, 54 personas han sido ultimadas por la violencia del país; entre ellas, ocho niños.Lo anterior quiere decir que, en promedio, casi una persona (0.85) ha sido ejecutada por cada hora del día, desde el sábado hasta el mediodía de hoy.
En Tabasco, el sábado por la madrugada, en Macuspana, una familia entera fue ejecutada. Doce víctimas fatales dejó el ataque, entre ellas seis niños.
La agresión tuvo lugar en la casa del agente Carlos Reyes López, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco.
La Procuraduría General de Justicia abrió la averiguación previa MA-III-082/2009, que apunta a una venganza familiar.
Entre las víctimas están: Carlos Reyes López, de 39 años de edad; Hilda López Pérez, de 67; María Guadalupe González García, de 27; Beatriz Adriana Torres Esteban; y José Manuel Álvarez, de 20 años. Así como los infantes: Ahmed Reyes González, de dos años de edad; Hilda Yesenia Reyes González, de diez; Yeidi Michel Reyes Torres, de diez; Carlos Manuel Reyes Torres, de dos; Leydi Adriana Rubio Reyes, de 17; José Eduardo Reyes López de diez, y Xiadani Reyes López, de tres.
En un hecho similar, siete comensales que asistieron a la inauguración del restaurante "Los Agaves", en Guadalajara, Jalisco, fueron ejecutadas por una decena de sicarios que irrumpieron a bordo de cuatro camionetas.
El crimen ocurrió cerca de las once de la noche, apenas nueve horas después de la inauguración del negocio, ubicado sobre la carretera que comunica a Guadalajara con Nayarit.
Entre las víctimas se encuentran: Abraham González, de 33 años; Sagrario de la Torre, de 25; Antonio de la Torre, de 23; Carlos Cervantes, de 30; Raúl Juárez, de 53; Domitila Parra, de 45, y Elder Vallejo, de 36.
La lista anterior incluía a los propietarios del local, a un cocinero y a distintos parroquianos.
Horas más tarde, ya entrada la madrugada del domingo, en Torreón, Coahuila, en un solo acto ocho personas fueron ultimadas en el bar Premier. Entre las víctimas había seis hombres y dos mujeres.
El ataque ocurrió cerca de las cuatro de la madrugada en un bar ubicado en el bulevar Revolución y calle Valdés Carrillo.
A los homicidios ocurridos en las entidades mencionadas hay que sumar 13 asesinatos reportados en Chihuahua en hechos distintos entre el viernes y el domingo.
Así, sumando todos los asesinatos ligados al narco en ese lapso, en todo el país aparecieron 48 víctimas sólo el fin de semana.
La suma resulta de adherir cinco ultimados en Durango el sábado, entre ellos una niña de cuatro años, así como los ocurridos en Sinaloa (2)y Nuevo León (1).
Inicio de semana sangriento
En Villa Ahumada, Chihuahua, la violencia no cesa desde el enfrentamiento entre militares y sicarios ocurrido la semana pasada y que cobró 21 víctimas.
Por la mañana del lunes, dos hombres fueron ejecutados en el cruce de las calles Hidalgo y Argentina.
En el municipio de Camargo, en ese mismo estado, Eduardo Reza Astorga, un trabajador del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos fue ejecutado con 15 casquillos de calibre .223.
Al lado de su cuerpo había una bolsa con mariguana y más de mil pesos tirados
Entrevista con Ing. Mario Hernández Moreno
ENTREVISTA CON: ING. MARIO HERNÁNDEZ MORENO.
CARGO: COORDINADOR NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO.
TEMA: EL PRIMER MINUTO DE ESTE LUNES ARRANCÓ FORMALMENTE EL PARO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS.
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Apoyará AMLO a candidatos de Salvemos a México
Ciudad de México, 16 de Febrero.- Andrés Manuel López Obrador acompañará en sus actos de campaña a 200 candidatos a diputados federales de la alianza Salvemos a México, formada por el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia.El secretario general de Convergencia, Pedro Jiménez, dijo que “hay distritos donde nos dijo que no se metería, que es Tabasco y el Distrito Federal; en los otros estamos revisando el nivel de competitividad que tengan los candidatos y con base en eso estaremos orientando la presencia de Andrés Manuel López Obrador en donde nos sea más rentable”.
En entrevista, informó que la Coordinadora Nacional de la alianza que se constituyó la semana pasada trabaja para determinar consensos y concretar candidaturas definitivas.
Aunque en cada instituto político se registraron sus precandidatos, será esta coordinadora la única autorizada para hacer los registros de los aspirantes ante el Instituto Federal Electoral (IFE).
Indicó que se está dentro de los plazos establecidos y recordó que Convergencia llevará a cabo su Convención Nacional el 11 de marzo, cuando el partido elegirá y postulará a candidatos a diputados federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.
A su vez, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) analiza la posibilidad de sancionar a López Obrador por su apoyo a candidatos postulados de otras fuerzas políticas, según establecen los estatutos perredistas.
En otro rubro, Pedro Jiménez, quien es también precandidato a una diputación por la vía plurinominal, descartó a Alfonso Durazo como aspirante a una curul por este partido por la vía plurinominal.
“El no está considerado”, sentenció aun cuando el ex secretario particular del expresidente Vicente Fox, y ahora cercano a López Obrador se le consideraba como uno de los nombres que el tabasqueño propondría para que lo registraran como candidato de la alianza Salvemos a México.
NOTIMEX
Entrevista con Liliana Adame
ENTREVISTA CON: LILIANA ADAME.
CARGO: ESPOSA DE JAVIER HERRERA VALLES, COORDINADOR DE SEGURIDAD REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA, CON 30 AÑOS DE TRAYECTORIA.
TEMA: EL TITULAR DEL JUZGADO 2 DE DISTRITO CON SEDE EN TEPIC, NAYARIT, DICTÓ AUTO DE FORMAL PRISIÓN CONTRA EL EX COORDINADOR DE SEGURIDAD REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA (PFP), JAVIER HERRERA VALLES, POR PRESUNTOS DELITOS CONTRA LA SALUD Y DELINCUENCIA ORGANIZADA, SIN TENER PRUEBAS CONTUNDENTES.
Televisa y TV Azteca sin ley
Autor: Jorge Melendez Preciado
Nuevamente, el duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico mostraron que poco les importa la ley y el orden (recordando una de las series estadunidenses de mayor éxito); más bien, son como los machos de Jalisco: cuando pierden, arrebatan. Si en marzo del año pasado fueron a las instalaciones del Senado para discutir las nuevas maneras en que se destinaría la propaganda oficial y luego de sus berrinches trataron de dar lecciones de moral, prepotencia y hacerse las víctimas –algo que rechazaron con muy buen tino legisladores como Ricardo García Cervantes y Pablo Gómez, entre otros–, desde el viernes 30 de enero de 2008 mostraron que la venganza, lejos de ser dulce, se torna ciega. Ello porque en las proyecciones de encuentros de la llamada patabola inicialmente, y en el juego cumbre del futbol americano después, interrumpieron las transmisiones para incluir bloques de tres, cuatro y hasta seis minutos de anuncios de partidos políticos y especialmente del Instituto Federal Electoral (IFE).
El objetivo era claro: irritar a la audiencia para que rechace al árbitro electoral y a los partidos políticos. El asunto no es nuevo. Gracias a modificaciones importantes, los organismos que batallan para obtener el voto no erogarán más el 75 por ciento de su presupuesto en los medios audiovisuales, lo cual irritó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, ya que dejarían de percibir más de 1 mil 200 millones de pesos. Y eso en tiempos de crisis –el llamado Supertazón tuvo ahora menos anunciantes, algo único en la historia de dichos encuentros– es cardiaco.
Es notorio que el duopolio de la pantalla chica está acostumbrado a determinar lo que debe hacerse. Baste recordar el pasado sexenio: impusieron la Ley Televisa, que después fue modificada por la Suprema Corte; TV Azteca efectuó el asalto al Canal 40, y la empresa de Azcárraga llevó sumisamente a sus instalaciones a los candidatos a la Presidencia de la República. Recientemente, la compañía de Salinas Pliego ha vendido aparatos en sus tiendas Elektra para acceder a canales sin cumplir la norma oficial, mientras la que se encuentra en Chapultepec 18 realiza campañas abiertas y subliminales para los precandidatos a la silla embrujada que les aportan recursos (Enrique Peña Nieto, el más visible) y borra el rostro de su viejo aliado, hoy denigrado, Santiago Creel.
Ante ese panorama, era lógico esperar una mala jugada de los mencionados consorcios que juegan para engordar su cartera, amenazar cualquier reforma que los meta en orden y presionar para que los políticos bailen al son que ellos toquen. Es cierto, las primeras reacciones de los televidentes fueron indignarse contra el IFE y los partidos. Sobre todo porque los segundos insisten en erogar cantidades millonarias sin aportar propuestas, no digamos soluciones, al negro panorama que vivimos, amén de continuar repitiendo candidatos y fórmulas desgastadas. Pero en un segundo momento, si las televisoras continúan interrumpiendo las transmisiones, en lugar de meter en el bloque de anuncios los correspondientes a las campañas políticas, le saldrá el tiro por la culata, ya que el ciudadano dejará de sintonizar los espectáculos que le ofrecen.
Debemos señalar, por cierto, que una actitud similar a las televisoras comerciales lo tuvo Canal 22. No entendemos su falta de visión; el descuido es evidente. No ocurrió lo mismo con el 11 y 34. Incluso algunos medios oficiales están discutiendo con las autoridades cómo hacer para que algunas emisiones que requieren continuidad de una hora y más cumplan con el reglamento, el cual tiene interpretaciones que la autoridad debería precisar. Este último ejemplo da idea de cómo muchos asuntos se dejan al último, en lugar de aclararse; pero también muestra que se puede cumplir la ley sin alevantarse, parafraseando a Juan Rulfo.
Pero ya sabemos que los oligopolios nunca estarán contentos, ni siquiera dándoles las más grandes ventajas. Y eso lleva nuevamente a la reflexión: la democracia será un mito en tanto existan empresas que manejan a su antojo todos los procesos en la vida económica, social y política. Una muestra evidente son las cadenas televisivas multimencionadas; pero hay otras: Telmex y los bancos.
Frente al desafío, es cierto que el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deben actuar lo más rápido posible. Pero no deben ser ajenos al asunto tanto los desprestigiados partidos políticos como la Secretaría de Gobernación. Todos, a fin de cuentas, han sido burlados por dos señores que insisten en mantener sus privilegios, no obstante que la ley señale claramente: son concesionarios de un bien público. Desalentar el proceso electoral de este año, donde se prevé una participación de máximo 35 por ciento de los 75 millones de empadronados, es dar pie para que se insista que sólo unos cuantos son quienes deben tomar decisiones; algo que muestra el regreso a los tiempos más oscuros de la historia.
Los azules copan Pemex
En 2007, Yolanda Valladares Valle reestructuró la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social de Pemex para “controlar”, junto con un reducido grupo de panistas, los millonarios donativos y donaciones asignados a alcaldes y gobernadores, señalan extrabajadores.
En enero de 2007, el piso 14 de la torre ejecutiva de Pemex, ubicada en Marina Nacional, se pintó de blanquiazul. Yolanda Valladares Valle impuso al área, conocida entre el sector energético como “la Sedesol chiquita”, la obligatoriedad de militar en el Partido Acción Nacional (PAN). Lo mismo en su oficina que en las regiones petroleras, Valladares se entrevistó con los coordinadores adscritos a la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social (GCDS) para interrogarlos respecto de su militancia política, aseguran excolaboradores.
La respuesta llevaría a la mayoría de estos trabajadores a ser despedidos del cargo que habrían desempeñado hasta por una década. “Si uno respondía que militaba en el Partido de la Revolución Democrática o que simpatizaba con Andrés Manuel López Obrador, prácticamente estaba despedido”, comenta a Contralínea el excoordinador de la Región Norte, Jorge Ruiz Sierra.
El resultado: Valladares Valle prácticamente desmanteló la Gerencia. Ello provocó cerca de 20 demandas de mandos medios y altos por supuesto despido injustificado, las cuales actualmente se ventilan en tribunales laborales de diversas entidades del país. De perderse, provocarán a la paraestatal millonarias erogaciones por salarios caídos y la reinstalación del personal, según lo reconoce la misma Valladares Valle en diversos oficios remitidos en 2008 al gerente jurídico laboral, Joaquín Mendoza Brik.
Entre enero y abril de 2007, Valladares Valle reestructuró la GCDS de Pemex sin observar los lineamientos internos e, incluso, creó algunas plazas para militantes del PAN en Campeche. Hasta agosto de ese año lo notificó al Consejo de Administración de la paraestatal y hasta marzo de 2008 al Órgano Interno de Control, según el oficio GCDS-122/2008, remitido a su titular, Fortunato Álvarez Enríquez.
Los cambios tenían como finalidad insertar en esa área de Petróleos Mexicanos (Pemex) –clave por la disposición de recursos– a sus excolaboradores en el Comité Estatal del PAN y otros panistas propuestos por Juan Camilo Mouriño, para quien Valladares trabajó coordinando su campaña como diputado local y luego federal.
Los panistas
Su rasgo común es la militancia panista. La mayoría, oriundos o avecindados en Campeche. Pese a su nula experiencia en el sector energético, sin ser sometidos a exámenes de ningún tipo, y sin cubrir el perfil, entre enero y marzo de 2007 alcanzaron puestos que algunos petroleros de carrera no han obtenido ni en 20 años, y ascensos vertiginosos no por escalafón, como lo mandata la normatividad interna, sino por designio de Valladares Valle y la aprobación de su jefe, el también panista Rosendo Villarreal Dávila, revelan documentos.
Exdiputados, maestros de karate, ahijados del presidente, hermanas de políticos… se convirtieron en subgerentes y superintendentes de la GCDS, con salarios de los 80 mil a los 120 mil pesos, algunos con vivienda pagada para ellos y sus hijos; viáticos, tarjeta de crédito pagada por el corporativo, chofer, automóviles de lujo financiados también por Pemex. Sus funciones: integrar, procesar, registrar, analizar y tramitar las solicitudes de donativos de dinero y donaciones en especie presentadas por los municipios, gobernadores y una que otra organización ecologista.
La lista la encabeza la misma Valladares Valle, cuyo acercamiento con la familia Mouriño (cuando el benjamín de la familia se hizo diputado) la llevó a Pemex, aseguran fuentes de la paraestatal. En marzo de 2007 llevó, como su segundo al mando, a Juan Carlos Mena Zapata, actual presidente de la Comisión de Orden del PAN en Campeche. Se le designó coordinador administrativo. Como no cubría el perfil, el director corporativo de Administración, Rosendo Villarreal Dávila, autorizó que se le dispensara “de los requisitos profesionales para el cargo”, según el oficio DCA/GCDS/294/2007, fechado el 24 de julio de 2007. Ingresó con nivel 39. En marzo de 2008, Valladares lo ascendió a nivel 41, de acuerdo con el oficio DCA-GCDS-143/2008.
Le sigue el exdiputado local del PAN en Campeche, Hiram Alonso Manzanero Carrillo, quien fuera compañero de fórmula de Valladares en 2006, cuando buscaron obtener un escaño en el Senado de la República por mayoría relativa. Manzanero tiene como profesión instructor de karate. Valladares lo contrató como superintendente de Normatividad y Análisis de la GCDS.
El empresario Emilio Humberto Magaña Canché, propietario de una consultoría en mercadotecnia, fue contratado como subgerente de Desarrollo Social Zona Norte, con nivel 41.
El exdiputado local en Campeche, y actual miembro del Consejo Estatal del PAN en esa entidad, Josué Dzib Cambranis, contratado también como subgerente de Desarrollo Social Zona Norte, con nivel 41.
Por los mismos días que Luz del Carmen Portela Chaparro –actual miembro del Consejo Estatal del PAN en Campeche y hermana de Francisco Portela Chaparro, expresidente del Comité del PAN en la misma entidad– ingresó a Pemex como líder del Proyecto Regional de Desarrollo Social, su hermano fue designado delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor. Además de su salario, Portela Chaparro recibe de Pemex el arrendamiento de una casa para ella y su familia en Coatzacoalcos, Veracruz.
José Édgar Salgado Suárez fue contratado por Valladares Valle como subgerente de Desarrollo Social el 7 de octubre de 2007, 21 días antes de que fuera apadrinado por el presidente Felipe Calderón en su boda, que tuvo lugar en Silao, Guanajuato, el 28 de octubre. Salgado Suárez es hijo de la exdiputada federal panista María Guadalupe Suárez Ponce –actual secretaria particular de Margarita Zavala, en el cargo de directora general adjunta de Apoyo a las Actividades de la Esposa del Presidente de la República– y del dirigente municipal del PAN en Celaya, Javier Salgado Flores. Sin trayectoria alguna en el sector público, el 4 de diciembre fue ascendido en Pemex.
Alejandro Salas Martínez, exdiputado local del PAN por Veracruz, y exdirector del Sistema Metropolitano de Agua y Saneamiento del municipio panista de Boca del Río, ingresó a Pemex en julio de 2007, también con “la dispensa de los requisitos profesionales” de Villarreal Dávila. El 25 de febrero de 2008, por petición de Valladares Valle, Villarreal Dávila le otorgó una plaza definitiva y la ratificación de la “dispensa” de cubrir el perfil profesional, según el oficio DCA-GCDS-105/2008.
Manuel Jesús Sarmiento Urbina fue contratado el 25 de febrero de 2008. Por petición de Valladares, Villarreal Dávila le autorizó una plaza definitiva con “la dispensa de los requisitos profesionales”, según el oficio DCA-GCDS-103/2008; lo mismo que a Ismael Altita Burgos, quien no cubría el perfil, pero se le otorgó también una plaza definitiva, según el oficio DCA-GCDS-107/2008.
En la misma situación se ubica Mauricio Flores Gutiérrez, integrante del Consejo local del PAN en el Distrito Federal. Además de Josefina Burgos Villa, Carlos Alberto Fuentes y Díaz de León, Miguel Ángel Aranda de la Rosa, Fausto Villagomez Grimaldo, San Juana Elvira Loera Uribe, Artemio Vargas Arrazola, Harimm Atzin Montiel Prieto, Alejandro Diez Barroso y Repizo, Martín Vargas Almanguer, María Josefina Burgos Villa, Guadalupe León Chávez, Enrique Juan Karam Mesquide, José Alberto Esquivel Whitle, Jorge Rey Gehrke, Jorge Ramón Chiniqui Torres, Jesús Mancilla Ramírez, José Alberto Serra Rojas Rodríguez, Fernando Gurza Cházaro.
Al respecto, la legisladora Sara Latife Ruiz, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, explica que el perfil de los integrantes de la GCDS atenta contra lo que mandata la Ley del Servicio Profesional de Carrera, porque “su perfil responde a un fin más partidista que de participación en los programas sociales”, lo cual, dice “es riesgoso” para el manejo de los donativos en el proceso electoral que se avecina.
La legisladora señala que, dado el perfil de los funcionarios de la DCDS, los órganos de fiscalización deberán revisar los donativos y donaciones que han otorgado en los últimos 24 meses, ya que ello, explica, “tiene que ver con el compromiso del Ejecutivo de que no intervendrá en las elecciones”, y “más aún cuando éstas tendrán lugar en un periodo económico tan complicado para el país, que impactará sin duda a los más necesitados y que son también a quienes oficialmente están dirigidos estos recursos”.
Agrega que “el objetivo de estos recursos es loable: apoyar a las comunidades impactadas por Pemex, pero dado el perfil de los funcionarios que los controlan y como es dinero de todos los mexicanos, entonces deberemos revisar si es verdad que se está entregando a esos mexicanos.”
4a Asamblea de Flor y Canto
15 de Febrero de 2009. En la cuarta Asamblea de la Brigada 15, Flor y Canto, estuvo como invitado principal el Lic. Jaime López Vela, dirigente de la Agenda LGBT, quien al igual que lo hiciera una semana antes en el Hemiciclo a Juárez, anunció su decisión de participar en la contienda electoral de este año como candidato a una diputación federal.
Cabe recordar que el Lic. López Vela lleva ya varios años como activista por los derechos de la diversidad sexual, y que uno de sus logros más notorios fue la reciente aprobación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de las reformas legales que permiten el cambio de identidad a los hombres y mujeres transexuales. Por supuesto, también es uno de los activistas que se ha destacado por su apoyo al movimiento ciudadano generado en torno al Presidente Legítimo López Obrador.
Asimismo, estuvieron presentes en esta asamblea otros políticos que ya han manifestado su deseo de participar en los comicios electorales del 2009, por supuesto el dirigente de la brigada 15, Froylán Yescas y los todavía diputados federal y local, Alfonso Suárez del Real y Tomás Pliego.
AMLO TV
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Ofensiva contra la libertad de prensa en el DF y en Jalisco
12 de Febrero de 2009. En el Círculo de Estudios Central de las Redes Universitarias, estuvieron como invitados la periodista Ana Lilia Pérez, de la Revista Contralínea, y el director del Sendero del Peje, Víctor Hernández.
En el caso de Ana Lilia, su presencia se debió al reciente cateo ilegal de que fueron objeto las oficinas de la Revista Contralinea, debido al pleito legal que mantienen con la empresa Grupo Zeta Gas, derivado de haber denunciado los contratos ilegales que obtuvieron a través del finado Juan Camilo Mouriño, hasta entonces mano derecha del espurio Calderón.
Es preocupante la persecución legal de que han sido objeto Contralínea y su personal, principalmente los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, debido a que esta andanada de ataques a la libertad de prensa han provenido de instituciones pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México, que se supone tiene un gobierno progresista y de izquierda. Lo cual demuestra una vez más que la clase política sea del color que sea siempre actúa en función de los intereses de la oligarquía empresarial.
Ahora bien dicen que una golondrina no hace verano, pero en la misma tarde, Víctor Hernández, también denuncio un caso de abuso de autoridad por parte de un connotado perredista, tan connotado que es el Presidente Nacional de dicho partido, Jesús Ortega Martínez quien junto con sus hermanos se ha consolidado como terrateniente en el Ejido de Ixcatlán, Jalisco, siendo que el y su apreciable familia son oriundos del Estado de Aguascalientes y menos aún son ejidatarios o avecindados de Ixcatlán.
Pero la cosa no termina ahí, los propios ejidatarios de Ixcatlán comentaron que la denuncia de estos hechos la hicieron en primer lugar en el periódico La Jornada de Jalisco, la cual iba a ser publicada en dos partes, pero resulta que solamente salió la primera, de ahí que acudieron a El Sendero del Peje para dar continuidad a la difusión periodística de este asunto.
Sólo resta recordarles que a estos dos botones se suman otros actos de abuso de autoridad cometidos por gobiernos perredistas como la venta de una isla a extranjeros en el Estado de Michoacán, el proyecto La Parota y la Militarización en el Estado de Guerrero, y la continua agresión a las comunidades indígenas, la mayoría de ellas zapatistas, por parte del Gobierno de Chiapas.
AMLO TV
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http://resisteacapulco.blogspot.com
Acción urgente: detención arbitraria, desaparición, riesgo de tratos crueles inhumanos y degradantes a dos campesinos mixtecos
RED DE ALERTA TEMPRANA
2005-2015. DECADA DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
AU-006-2009-ODPM-GUERRERO
Acción urgente: detención arbitraria, desaparición, riesgo de tratos crueles inhumanos y degradantes a dos campesinos integrantes de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco.
Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña,
Secretario de Gobernación
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la República
Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina
Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
Lic. Carlos Zeferino Torreblanca
Gobernador del Estado de Guerrero
Lic. Juan Alarcón Hernández
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
Lic. Eduardo Murueta Urrutia
Procurador de Justicia del Estado de Guerrero
Lic. Edmundo Román Pinzón
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero
Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Dr. Homero Lorenzo Ríos
Presidente Constitucional del Municipio de Ayutla de los Libres
C. Sidronio Viviano Ayodoro.
Síndico del Municipio de Ayutla de los Libres
Guerrero., 15 de febrero de 2009
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género (ASDDHEG), la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con domicilio para recibir comunicaciones en Calle Tehuiztitla primera cerrada No 44, Colonia Los Reyes, Delegación Coyoacan 04330 México D. F., con número telefónico y Fax: 58461045, enlace.limeddh@gmail.com, solicitamos la Presentación inmediata y con vida de Raúl Lucas Lucia, y Manuel Ponce Rosas, miembros de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco.
AU-006-2009- ODPM-GUERRERO
El día 14 de febrero de 2009, al rededor de las 13 horas fueron detenidos Raúl Lucas Lucia, presidente de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco (ODPM), y Manuel Ponce Rosas, secretario de la ODPM en el municipio de Ayutla de los Libres por tres sujetos que abordaban una camioneta negra y sin presentar orden de aprensión, de quienes se presume son agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM).
Raúl Lucas Lucía fue detenido por tres supuestos policías a las 13:15 horas del viernes, fuera de la escuela secundaria Plan de Ayutla, a un lado de la carretera que va de Cruz Grande a Tierra Colorada, mientras esperaba a su esposa Guadalupe Castro Morales, quien como regidora del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto público en ese plantel.
Cabe destacar, que Raul Lucas Lucia, asi como Manuel Ponce Rosas, han denunciado abusos y atropellos del Ejército en comunidades na’savi, como lo informa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Respecto a las autoridades correspondientes, Erit Montúfar Mendoza, director de la Policía Investigadora Ministerial, rechazó que agentes de esa corporación haya detenido a los dos mixtecos: “nos deslindamos, incluso ya instruí a mi coordinador en la Costa Chica para que informe de lo que haya sucedido, pero nosotros no hemos llevado a cabo ninguna aprehensión el viernes pasado en ese municipio”; a la ves, el secretario de Seguridad y Protección Civil, el Gral. Heriberto Salinas Altés, secretario de Seguridad y Protección Civil, dijo que hasta las 19 horas de este sábado tampoco él tenía ninguna notificación ligada con la detención; por su parte, Armando García Rendón, alcalde de Ayutla de los Libres, dijo: “tengo la información de que ninguna autoridad de gobierno detuvo a los dirigentes indígenas; yo ando en el estado de Veracruz, pero voy para Guerrero, y me he comunicado por teléfono con las autoridades y esa es la información que tengo: ya que me dijeron que no había ninguna orden de aprehensión en su contra, pero no me han reportado si ya los liberaron”.
Según reportes de su familia, ninguno de ellos se encuentra en la cárcel de Ayutla, lo mismo que en los hospitales.
ANTECEDENTES:
Raúl Lucas Lucia ha trabajado más de 10 años en forma coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en defensa de los derechos humanos de unas 32 comunidades mixtecas ubicadas en la zona de la Costa Chica y Montaña, del municipio de Ayutla de los Libres.
Según informes de la coordinación de Tlachinollan, Raúl Lucas, junto con indígenas tlapanecos crearon en 1994 la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos mediante la cual comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente los atropellos en que habían incurrido los militares en varias comunidades.
En 2002 los dos pueblos decidieron unirse bajo el nombre de Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco para impulsar el trabajo organizativo en esa región; a través de ésta Lucas ha continuado exigiendo el respeto a los derechos del pueblo mixteco en busca de transformar los escenarios de terror y violación constante a los derechos humanos por parte del Ejército y las corporaciones policiacas.
Por lo anterior, manifestamos nuestra preocupación ante la violación grave a los derechos humanos de Raúl Lucas Lucia, y de Manuel Ponce Rosas, ya que consideramos que su detención arbitraria se encuentra vinculada a su labor de defensa de los derechos humanos.
Por lo cual, exigimos:
i. Presentación con vida de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas.
ii. Que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías de seguridad jurídica e igualdad ante la ley de los detenidos.
iii. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos que, en el ámbito de su competencia y atribuciones se actué para que se investiguen los hechos previamente descritos, especialmente de detención arbitraria y tortura, y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver la situación, solicitando que los resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.
iv. A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.
v. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados por México.
Por las organizaciones:
Adrián Ramírez López.
Presidente de la LIMEDDH
Julio Mata Montiel
Secretario ejecutivo de AFADEM-FEDEFAM
Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, México DF Tel: +52 (55) 27891100 Fax: +52 (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, Secretario de Gobernación, Bucareli
99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México,
Fax: +52 (55) 5093 3414 frjramirez@segob.gob.mx
Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
respeleta@segob.gob.mx mlgutierrezo@segob.gob.mx
Lic. Carlos Zeferino Torreblanca Gobernador del Estado de Guerrero gobernador@guerrero.gob.mx Teléfonos: 01747 47 1 98 01 / 0174747 1 9802
Lic. Juan Alarcón Hernández
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) Avda. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra Col. Centro, 39000, Chilpancingo, Guerrero, México. Teléfono: (+52) (01) 747 471 21 90 Fax: (+52) (01) 747 471 2190
Correo electrónico: coddehum@prodigy.net.mx
Lic. Eduardo Murueta Urrutia
Procurador de Justicia del Estado de Guerrero
oddBoulevard René Juárez Cisneros, esq. Juan Jiménez Sánchez, Col. El Potrerito, C.P. 39098, Chilpancingo, Guerrero, México. Teléfono: (+52) (01) 747 49 4 2980 Fax: (+52) (01) 747 49 4 2981 Correo electrónico: pgj@guerrero.gob.mx
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la República
Av. Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16 Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtemoc México D.F., C.P. 06500, México. Teléfono: (+52) (01) 55 53 46 01 60 Fax: (+52) (01) 55 53 46 09 08 Correo electrónico: ofproc@pgr.gob.mx
Lic. Edmundo Román Pinzón
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero
Palacio de Justicia, Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac S/N Col. Centro, Chilpancingo, Guerrero, México, C.P. 39000 Teléfonos: (+52) (01)747-472-2137 / 747-472-4191 Fax: (+52) (01) 747 472 4191
Correo electrónico: presidenciapje@tsj-guerrero.gob.mx
Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Mina #77, Col. Centro, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México. C.P. 41304
Teléfono: (+52) (01) 747 612 20 Fax: (+52) (01) 747 612 00 Correo electrónico:
cdhm@tlachinollan.org
2005-2015. DECADA DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
AU-006-2009-ODPM-GUERRERO
Acción urgente: detención arbitraria, desaparición, riesgo de tratos crueles inhumanos y degradantes a dos campesinos integrantes de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco.
Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña,
Secretario de Gobernación
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la República
Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina
Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
Lic. Carlos Zeferino Torreblanca
Gobernador del Estado de Guerrero
Lic. Juan Alarcón Hernández
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
Lic. Eduardo Murueta Urrutia
Procurador de Justicia del Estado de Guerrero
Lic. Edmundo Román Pinzón
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero
Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Dr. Homero Lorenzo Ríos
Presidente Constitucional del Municipio de Ayutla de los Libres
C. Sidronio Viviano Ayodoro.
Síndico del Municipio de Ayutla de los Libres
Guerrero., 15 de febrero de 2009
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género (ASDDHEG), la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con domicilio para recibir comunicaciones en Calle Tehuiztitla primera cerrada No 44, Colonia Los Reyes, Delegación Coyoacan 04330 México D. F., con número telefónico y Fax: 58461045, enlace.limeddh@gmail.com, solicitamos la Presentación inmediata y con vida de Raúl Lucas Lucia, y Manuel Ponce Rosas, miembros de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco.
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El día 14 de febrero de 2009, al rededor de las 13 horas fueron detenidos Raúl Lucas Lucia, presidente de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco (ODPM), y Manuel Ponce Rosas, secretario de la ODPM en el municipio de Ayutla de los Libres por tres sujetos que abordaban una camioneta negra y sin presentar orden de aprensión, de quienes se presume son agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM).
Raúl Lucas Lucía fue detenido por tres supuestos policías a las 13:15 horas del viernes, fuera de la escuela secundaria Plan de Ayutla, a un lado de la carretera que va de Cruz Grande a Tierra Colorada, mientras esperaba a su esposa Guadalupe Castro Morales, quien como regidora del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto público en ese plantel.
Cabe destacar, que Raul Lucas Lucia, asi como Manuel Ponce Rosas, han denunciado abusos y atropellos del Ejército en comunidades na’savi, como lo informa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Respecto a las autoridades correspondientes, Erit Montúfar Mendoza, director de la Policía Investigadora Ministerial, rechazó que agentes de esa corporación haya detenido a los dos mixtecos: “nos deslindamos, incluso ya instruí a mi coordinador en la Costa Chica para que informe de lo que haya sucedido, pero nosotros no hemos llevado a cabo ninguna aprehensión el viernes pasado en ese municipio”; a la ves, el secretario de Seguridad y Protección Civil, el Gral. Heriberto Salinas Altés, secretario de Seguridad y Protección Civil, dijo que hasta las 19 horas de este sábado tampoco él tenía ninguna notificación ligada con la detención; por su parte, Armando García Rendón, alcalde de Ayutla de los Libres, dijo: “tengo la información de que ninguna autoridad de gobierno detuvo a los dirigentes indígenas; yo ando en el estado de Veracruz, pero voy para Guerrero, y me he comunicado por teléfono con las autoridades y esa es la información que tengo: ya que me dijeron que no había ninguna orden de aprehensión en su contra, pero no me han reportado si ya los liberaron”.
Según reportes de su familia, ninguno de ellos se encuentra en la cárcel de Ayutla, lo mismo que en los hospitales.
ANTECEDENTES:
Raúl Lucas Lucia ha trabajado más de 10 años en forma coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en defensa de los derechos humanos de unas 32 comunidades mixtecas ubicadas en la zona de la Costa Chica y Montaña, del municipio de Ayutla de los Libres.
Según informes de la coordinación de Tlachinollan, Raúl Lucas, junto con indígenas tlapanecos crearon en 1994 la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos mediante la cual comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente los atropellos en que habían incurrido los militares en varias comunidades.
En 2002 los dos pueblos decidieron unirse bajo el nombre de Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco para impulsar el trabajo organizativo en esa región; a través de ésta Lucas ha continuado exigiendo el respeto a los derechos del pueblo mixteco en busca de transformar los escenarios de terror y violación constante a los derechos humanos por parte del Ejército y las corporaciones policiacas.
Por lo anterior, manifestamos nuestra preocupación ante la violación grave a los derechos humanos de Raúl Lucas Lucia, y de Manuel Ponce Rosas, ya que consideramos que su detención arbitraria se encuentra vinculada a su labor de defensa de los derechos humanos.
Por lo cual, exigimos:
i. Presentación con vida de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas.
ii. Que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías de seguridad jurídica e igualdad ante la ley de los detenidos.
iii. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos que, en el ámbito de su competencia y atribuciones se actué para que se investiguen los hechos previamente descritos, especialmente de detención arbitraria y tortura, y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver la situación, solicitando que los resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.
iv. A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.
v. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados por México.
Por las organizaciones:
Adrián Ramírez López.
Presidente de la LIMEDDH
Julio Mata Montiel
Secretario ejecutivo de AFADEM-FEDEFAM
Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, México DF Tel: +52 (55) 27891100 Fax: +52 (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, Secretario de Gobernación, Bucareli
99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México,
Fax: +52 (55) 5093 3414 frjramirez@segob.gob.mx
Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
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Lic. Carlos Zeferino Torreblanca Gobernador del Estado de Guerrero gobernador@guerrero.gob.mx Teléfonos: 01747 47 1 98 01 / 0174747 1 9802
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Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) Avda. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra Col. Centro, 39000, Chilpancingo, Guerrero, México. Teléfono: (+52) (01) 747 471 21 90 Fax: (+52) (01) 747 471 2190
Correo electrónico: coddehum@prodigy.net.mx
Lic. Eduardo Murueta Urrutia
Procurador de Justicia del Estado de Guerrero
oddBoulevard René Juárez Cisneros, esq. Juan Jiménez Sánchez, Col. El Potrerito, C.P. 39098, Chilpancingo, Guerrero, México. Teléfono: (+52) (01) 747 49 4 2980 Fax: (+52) (01) 747 49 4 2981 Correo electrónico: pgj@guerrero.gob.mx
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la República
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Lic. Edmundo Román Pinzón
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Palacio de Justicia, Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac S/N Col. Centro, Chilpancingo, Guerrero, México, C.P. 39000 Teléfonos: (+52) (01)747-472-2137 / 747-472-4191 Fax: (+52) (01) 747 472 4191
Correo electrónico: presidenciapje@tsj-guerrero.gob.mx
Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Mina #77, Col. Centro, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México. C.P. 41304
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cdhm@tlachinollan.org
El Estado, en deuda con las mujeres violentadas en Atenco
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 12 febrero 09 (CIMAC).- A pesar de que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a las autoridades que ordenaron el violento operativo policíaco en Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, el hecho de que se haya señalado que existieron violaciones graves a las garantías individuales, como tortura y violación sexual contra mujeres, abre una brecha para erradicar la impunidad.
Así lo señaló a Cimacnoticias Vanesa Coria Castilla, representante para México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) --organismo con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos y ante Naciones Unidas-- quien explicó que “en Cejil hemos llevado ante la justicia internacional, es decir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los casos de 11 de las 31 mujeres violadas por policías durante los operativos policíacos de Atenco.
Con los señalamientos hechos por la SCJN, consideró Coria, ya hay una responsabilidad clara de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos. “Es contundente la afirmación de violaciones graves de garantías individuales”.
El dictamen de la SCJN permite que estos casos sean tomados en cuenta por las autoridades responsables para que se erradique la impunidad y el Estado deba reparar el daño ocasionado por la grave violación de derechos humanos y realizar una investigación sería, precisó Vanesa Coria Castilla.
La reparación del daño puede girar en varios sentidos: en garantizar la no repetición de los hechos, el reconocimiento público de responsabilidad, pedir perdón, reformas legislativas, (si son necesarias), indemnización económica, entre otras, como establecer parámetros o protocolos de límite del uso de la fuerza de parte de las policías, establecer un protocolo y señalar hasta dónde llega el límite y la actuación de las mismas en el caso de manifestaciones públicas.
“La medida de la SCJN no es más que una medida política, ya que no tiene como propósito sancionar y enjuiciar. No se trata de una determinación que resulte vinculante para ninguna institución, cada órgano puede asumir de acuerdo a sus propias consecuencias y posibilidades, por lo que el Estado está en deuda con las mujeres”, subrayó la representante para México de Cejil.
Ahora el Estado no pude argumentar que no se violaron derechos y es su deber “esclarecer enjuiciar y sancionar a los responsables”, entre ello Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y Eduardo Medina Mora, quien era entonces secretario de Seguridad Pública federal.
“Para nosotros, dijo Coria, que se haya formado una comisión de investigación es un avance sustancial, porque este mecanismo nos permite establecer que las autoridades de alto nivel buscan la verdad histórica de los hechos”.
No se señaló con nombre y apellido a los responsables directos, explicó Coria, pero claramente se señala que existieron violaciones a los derechos de las mujeres en diversas formas, lo cual deja en evidencia la fatal estructura del sistema, ya que el “Caso Atenco” es paradigmático, pues muestra cómo se utiliza el poder para reprimir movimientos sociales, como sucedió también en Oaxaca, puntualizó Coria Castilla.
LA DISCUSIÓN DE LA SCJN
Los primeros dos días de discusión en la SCJN sobre el Caso Atenco se centraron en si se cometieron violaciones graves a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, llegando la mayoría de los ministros, salvo Sergio Salvador Aguirre Anguiano, al resolutivo de que en aquel municipio los cuerpos policíacos abusaron y cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Durante la tercera sesión en esta semana, la SCJN mencionó a 10 altos funcionarios que ordenaron, planearon y supervisaron los operativos policíacos. Entre ellos se encuentran el secretario de Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño; Wilfrido Robledo, ex director de la Agencia de Seguridad del Estado de México, y el ex delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la entidad, Ramón Pequeño.
Sin embargo, tal como se había previsto ayer, en la sesión de este jueves ministras y ministros exoneraron al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, por la violación grave de garantías individuales, tales como tortura y violación sexual, durante el operativo policíaco ocurrido en mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
Con tres votos en contra, las y los ministros deslindaron de responsabilidad por la represión policíaca a las autoridades federales y estatales reunidas el 3 de mayo, pese a que éstas autorizaron el operativo y también liberaron de responsabilidad a los altos mandos policíacos que planearon el operativo, es decir Wilfrido Robledo Madrid y Ardelio Vargas Fosado, quien fungía como coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo.
Por tanto, la atribución de responsabilidades por las violaciones de derechos humanos recaerá exclusivamente en los policías que cometieron los abusos y, en su caso, en los mandos inmediatos que lo permitieron.
El ministro José Ramón Cossío consideró pertinente recomendar una ampliación de la indagatoria para conocer con precisión qué fue lo que se determinó en la reunión del 3 de mayo y solo así deslindar responsabilidades
JUSTICIA, DEMANDA UNIVERSAL
A tres años de los hechos, varios los organismos internacionales que se han pronunciado para que reciban castigo quienes ejercieron la tortura sexual contra las 26 mujeres detenidas en el operativo y para que se repare el daño a las víctimas.
Cinco meses después de ocurridos los operativos de 2006, el Comité Contra la Tortura (CAT) reconoció que durante éstos sí existió la tortura y señaló al Estado mexicano como responsable de ejercerla, por lo que consideró que era su “obligación” reparar el daño en todos los niveles de las víctimas y sus familias.
Los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), realizados en junio de 2006, señalaron contundentemente la existencia de tortura durante los operativos, al tiempo que hicieron una serie de recomendaciones.
El Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Amnistía Internacional (AI), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y organismos internacionales de derechos humanos han pedido al Estado mexicano castigo a los responsables y justicia para las mujeres.
Las expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reunidas en agosto de 2006, exigieron al Gobierno mexicano otorgar a la Fiscalía Especializada para Delitos Violentos contra las Mujeres (Fevim) la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos de Atenco.
A dos años de los hechos, de las 26 mujeres que fueron agredidas sexualmente por los cuerpos policíacos, comandados por el ahora Procurador General de la República, 14 decidieron denunciar ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim).
De éstas, tres desistieron del proceso y hoy, a casi tres años de los hechos, 11 mujeres continúan en la búsqueda de justicia y castigo a los responsables, ahora a través de la vía internacional.
09/GT/GG
Fuente: Cimacnoticias.
Resolución de SCJN legitima Estado policíaco: FPDT
De la redacción
México DF, 12 febrero 09 (CIMAC).- Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvieron en sus manos la oportunidad histórica de hacer justicia a un pueblo donde se violaron de manera grave los derechos humanos y las garantías individuales, durante el operativo policíaco del 3 y 4 de mayo de 2006, pero su resolución sobre el Caso Atenco no responsabiliza al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; a Eduardo Medina Mora, Miguel Ángel Yunes, responsables de dichas acciones.
Así resume el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra la resolución tomada hoy por la Corte, después de 4 días de sesión, donde se discutió un dictamen elaborado por el ministro .
Quien pierde, dice el Frente en un comunicado, es el pueblo de México, porque su resolución sólo otorga impunidad a los represores y viene a legitimar la instauración de un Estado policíaco, “tal como lo vemos en el uso recurrente del Ejército Mexicano y de las fuerza pública en la llamada lucha contra el crimen, así como en la confrontación con el movimiento social, utilizando estrategias de contrainsurgencia para controlar a la población y querer exterminar a las organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco”.
La violación grave a los derechos humanos no se trató de una acción particular de los policías, sino de una acción represiva como parte de una estrategia de Estado, considera el Frente.
Con este fallo, dice, queda patente que la represión no es más que un castigo para el pueblo de Atenco, por nuestra lucha por tierra, justicia y libertad. Cualquier reparación del daño no es suficiente, considera el Frente, la única que aceptamos es la justicia y el castigo a los responsables. El Frente sigue vivo y afirma que con esta resolución se muestra una vez más que la justicia solo es para los dueños del poder y el dinero, que resulta más importante para los ministros responder a sus intereses políticos y económicos que la justicia para los agraviados del país.
PRECEDENTE DE IMPUNIDAD
Esta resolución es indignante, continúa el texto, porque deja el precedente de impunidad para Ulises Ruiz, mandando un mensaje claro para resolver de la misma forma el caso Oaxaca, cuyas muertes fueron 27 y los abusos sexuales se produjeron tanto a hombres como mujeres. ¿Qué argumentos “inteligentes” y frases “dicharacheras” emitirán los ministros para Oaxaca?, se pregunta el Frente. “¿Acaso resolverán de acuerdo a la justicia o solamente montaran un teatro para exculpar a Ulises Ruiz?”.
Para nosotros, señala el Frente, Peña Nieto, Miguel Ángel Yunes y Eduardo Medina Mora se suman a la larga lista de personajes represores que han quedado impunes mediante los fallos de la SCJN, como son Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, Mario Marín y Rubén Figueroa.
Con este fallo se demuestra la inutilidad de este órgano de gobierno y la limitada capacidad reflexiva de sus ministros que la integran, considera, “esta Corte no es “suprema ni de justicia”, es un órgano que se burla de las victimas y de la historia de México, así como también podemos afirmar que con esta resolución se comete una grave violación más a los derechos fundamentales al pueblo de Atenco: con la denegación de justicia”.
La SCJN no nos detendrá, finaliza el Frente, seguiremos luchando por la libertad de los trece rehenes políticos y tres perseguidos por Enrique Peña Nieto, por la tierra y la justicia para Atenco.
Fuente: Cimacnoticias
"Donativos" de Pemex benefician a gobiernos del PAN
El manejo que se habría dado a los donativos y donaciones de Pemex durante el gobierno de Felipe Calderón hace de esta partida presupuestal una de las más susceptibles al uso electorero en 2009, indican especialistas.
En los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón, la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), que encabeza Jesús Reyes Heroles, otorgó de forma discrecional 3 mil millones de pesos de donativos en efectivo y donaciones en especie (gasolina, diésel y asfalto) a gobernadores y alcaldes propuestos por la gerente de Desarrollo Social, Yolanda Guadalupe Valladares Valle, miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN), llevada a Pemex por Juan Camilo Mouriño Terrazo. Documentos internos de la paraestatal en poder de Contralínea evidencian un sesgo partidista en el destino de los millonarios recursos.
Y es que, “aunque se supone que los donativos y donaciones deben destinarse para resarcir el impacto de Pemex en las comunidades afectadas y ayudar al desarrollo social y productivo, en realidad la entrega de estos recursos responde más al uso que le den los funcionarios de Pemex y a las presiones políticas del gobernador o de los presidentes municipales”, explica Kristina Pirker, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
En 2007, Fundar –institución independiente dedicada a la investigación, difusión y enseñanza de lo relacionado con la democracia y la participación ciudadana– develó el uso discrecional que los funcionarios de Pemex hacían de las donaciones y donativos. Entre 1995 y 2006, se habían entregado 9 mil 527 millones 900 mil 890 pesos a los principales estados con actividad petrolera. Fundar revisó el caso de Tabasco, que en ese periodo recibió 2 mil 125 millones 183 mil 330 pesos sin que los alcaldes ni los gobernadores beneficiados comprobaran en qué los invirtieron.
En respuesta al informe, la recién llegada administración de Pemex se comprometió a que normalizaría la situación. Por el contrario, con Valladares Valle al frente de la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social (GCDS), el sesgo partidista se superpuso en la asignación de donativos y donaciones y, sobre todo, se incrementó la dilación en la rendición de cuentas por parte de sus receptores, según se desprende de los documentos internos de la GCDS. Además, para los ayuntamientos panistas aumentó el monto y la posibilidad de permutar asfalto y gasolina por dinero en efectivo, lo cual está prohibido por los lineamientos de Pemex en la materia.
ASF señala discrecionalidad
A finales del sexenio de Vicente Fox, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que los donativos y donaciones que manejaban diversas dependencias del gobierno federal (Pemex, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ese orden de incidencia) se habían convertido en la caja chica para funcionarios que los usaban a libre albedrío y sin dar cuenta a nadie.
La práctica debía cancelarse, debido a que las millonarias erogaciones tenían impacto negativo en las finanzas públicas, además de que no había claridad de su destino, observó el órgano de fiscalización. Pasando por alto el señalamiento de la ASF, la administración de Felipe Calderón aumentó el monto de los recursos operados por esta vía y también la opacidad en su destino.
En el caso de Pemex, se incrementó casi ciento por ciento. Entre 1995 y 2006 se distribuyeron 9 mil 527 millones 900 mil 890 pesos en donativos y donaciones (en porcentaje del 50 por ciento efectivo y el 50 por ciento en especie); entre 2007 y 2008, el monto alcanzó los 3 mil millones de pesos (80 por ciento en dinero y 20 por ciento en especie).
Entre enero de 2007 y diciembre de 2008, Valladares Valle dispuso la distribución de esos recursos entre los gobernadores Juan Manuel Oliva Ramírez, Jorge Carlos Hurtado Valdez, Andrés Rafael Granier Melo, Fidel Herrera Beltrán, José Natividad González Parás, Eugenio Hernández Flores, José Guadalupe Osuna Millán, Humberto Moreira Valdés, Félix Arturo González Canto, Virgilio Mendoza Amezcua, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Armando Reynoso Femat, Ulises Ruiz Ortiz, y una cuarentena de alcaldes panistas y priistas. Según los oficios de Pemex que obran en poder de Contralínea, cada asignación fue dispuesta por Yolanda Valladares Valle, posteriormente aprobada por Rosendo Villarreal Dávila y ratificada por el Consejo de Administración.
Los lineamientos de Pemex estipulan que los donativos y donaciones se destinan a obras y programas de beneficio social para las comunidades impactadas por su actividad. El monto que debe destinarse a cada entidad, más específicamente a cada municipio, depende de indicadores como el volumen de producción petrolera, el número de trabajadores petroleros, los pasivos ambientales, la población impactada y el índice de marginación según el Consejo Nacional de Población. En realidad, son los gobernadores y alcaldes quienes los recogen directamente y manejan a su consideración.
Dado que se trata de recursos públicos, por su naturaleza jurídica deben ser transparentados y fiscalizados, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; pero ni la administración de Pemex ni los receptores dan vistas de rendición de cuentas. Por ejemplo, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la GCDS declaró que en 2007 había donado 915 millones de pesos, pero el monto contabilizado al interior de Pemex asciende a 1 mil 702 millones 59 mil 330 pesos, consta en documentos oficiales de la petrolera. De éstos, 915 millones fueron en efectivo, 640 mil 648 millones 38 mil pesos en asfalto, 145 mil 524 millones 408 mil pesos en combustible y 886 mil 683 pesos en bienes no especificados.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) busca blindar los donativos y donaciones de Pemex, para evitar su uso con fines electorales; por ende, la falta de fiscalización, tanto de su asignación como de su destino final, hacen de dichos recursos un foco rojo durante 2009, por los procesos electorales.
Documentos obtenidos por Contralínea revelan que Valladares Valle otorgó recursos a municipios y estados en los cuales no se realizan actividades petroleras, liberados en periodos en los cuales se desarrollaban procesos electorales, sin que la FEPADE hiciera observación alguna al respecto.
Uno de estos casos es el del municipio de Pantepec, ubicado en la Sierra Norte de Puebla. En agosto de 2007, cuando se desarrollaba la campaña para elegir alcalde, Pemex autorizó a la alcaldía, entonces a cargo del priista Ismael Pérez Cruz, un donativo por 1 millón 245 mil 574 pesos (1 millón 127 mil 50 en asfalto y 118 mil 524 pesos en combustible). En octubre, el panista Gerardo Parra Soto ganó la elección; en agosto de 2008, se le otorgó un donativo por 6 millones de pesos. Desde entonces, Pérez Cruz fungía como asesor de Parra Soto, según periódicos locales.
Cuando terminó el trienio de Pérez Cruz, saltaron las demandas por supuesto fraude en la obra pública, principalmente en la que el alcalde le asignó a su compadre Jacobo Tobilla. Entre la obra pública cuestionada estaba la pavimentación de las calles a las cuales supuestamente se aplicaría el asfalto donado por Pemex. Según las crónicas locales, la mayor inconformidad de los lugareños era que el alcalde panista protegió a su asesor a fin de evitar que se le fincaran responsabilidades penales.
La asignación de fondos de Pemex en periodos electorales ocurrió también en Francisco Z. Mena, vecino de Pantepec. En agosto de 2007 se le otorgaron recursos por la misma cantidad. En 2008, a Venustiano Carranza, otro municipio del área, también sin infraestructura de Pemex, se le otorgó un donativo por 5 millones 389 mil 338.
Durante el proceso electoral de 2007 en Veracruz, cuando se renovaron ayuntamientos y Congreso local, Valladares Valle designó recursos a siete municipios panistas, en los cuales el blanquiazul ratificó su triunfo.
Al ayuntamiento de Las Choapas se le otorgaron 4 millones 605 mil 984 pesos; a Ixhuatlán del Sureste, 1 millón 965 mil 645 pesos; Cerro Azul, 1 millón 842 mil 393 pesos; Boca del Río, 1 millón 686 mil 113 pesos; Moloacán, 1 millón 686 mil 113 pesos; Alvarado, 1 millón 423 mil 362 pesos; Castillo de Teayo, 237 mil 49 pesos.
Un caso peculiar fue el del alcalde de Alvarado, Pedro Delfín Almeida, para quien Valladares gestionó los recursos por los mismos días en que se le involucraba en un escándalo cuando, en los albores del proceso electoral, se descubrieron, en un predio propiedad de su tía Victoria Almeida Rosas, más de 1 mil despensas que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Fondo de Desastres Naturales y el Programa Oportunidades habían enviado para los damnificados por las lluvias que azotaron el municipio en 2006. Entonces Delfín Almeida declaró que de su bolsillo repondría todos los víveres. Por esos días, Pemex le liberó una parte de los recursos, la otra la recibió su sucesor, el también panista Bogar Ruiz Rosas.
Armando Flores, investigador de Política Social del centro de estudios Taylor Nelson Sofres y analista de Transparencia Internacional, advierte que la asignación de donativos y donaciones de Pemex, en periodos electorales, fomenta la corrupción “y atenta contra la democracia”. Aunque los funcionarios saben de las restricciones en el manejo de este tipo de recursos, dice, “siempre buscan darle la vuelta a las instancias de fiscalización para utilizar los recursos de las instituciones a favor de su partido”.
Por su parte, el legislador Jesús Romero López, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca, denuncia que la asignación de recursos no responde a las necesidades de las comunidades impactadas por la actividad petrolera, “sino a intereses políticos”. Explica que “es claro que los donativos son asignados con tintes partidistas”.
Cita el caso de los municipios ubicados en las inmediaciones de la Refinería Antonio Dovalí Jaime (Santo Domingo Tehuantepec, San Pedro Huilotepec, San Blas Atempa, Juchitán de Zaragoza, Santa María Jalapa del Marqués, Asunción Ixtaltepec, Santa María Mixtequilla, San Juan Guichicovi y Salina Cruz), impactados por las actividades industriales. Aunque la Dovalí genera ingresos por 175 mil millones de pesos al año, sólo algunos municipios aledaños reciben donativos, y éstos son en cantidades ínfimas. Ello, explica el legislador, “tiene que ver con que algunos de estos municipios son de administraciones perredistas, y aunque el impacto de las actividades de Pemex es muy fuerte, no se les apoya”.
En efecto, entre 2007 y 2008, de todos los ayuntamientos impactados por las actividades petroleras en Oaxaca, sólo dos de administración perredista alcanzaron recursos; el monto no llegó ni a los 400 mil pesos. En cambio, en los ayuntamientos panistas, aunque en algunos casos su actividad petrolera es menor, los apoyos llegaron a los 42 millones de pesos.
Algunos de los estados y ayuntamientos panistas favorecidos por Valladares Valle según el orden cronológico de su asignación son los siguientes:
En abril de 2007, otorgó 1 millón 462 mil 299 pesos al ayuntamiento de Abasolo y 1 millón 520 mil 379 pesos a Celaya. En el mes de agosto dispuso 5 millones 111 mil 423 pesos en asfalto y combustible para el panista José Guadalupe Osuna Millán, gobernador de Baja California; y al ayuntamiento guanajuatense de Valle de Santiago, 1 millón 525 mil 106 pesos.
Al de Morelia, 4 millones 321 mil 491 pesos; Tlalnepantla, 2 millones 711 mil 419 pesos; Cuernavaca, 2 millones 415 mil 107 pesos; San Juan del Río, 1 millón 245 mil 574 pesos; Querétaro, 1 millón 610 mil 71 pesos; Tepetitlán, 1 millón 406 mil 581 pesos; Ciudad Valles, 1 millón 465 mil 843 pesos; a la alcaldesa Rubia Idalia Quintanilla, de Los Aldamas, 1 millón 465 mil 843 pesos.
En diciembre de ese año autorizaron 4 millones 145 mil 667 pesos en asfalto para el gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat; a la alcaldesa panista de Loreto, Rosalía Romero de Aguiar, 2 millones 507 mil 560 pesos; a Juan Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato, 4 millones 179 mil 267 pesos; al alcalde de Cortázar, 835 mil 854 pesos; en Hidalgo, 835 mil 854 pesos al ayuntamiento de Cuautepec de Hidalgo y 1 millón 504 mil 536 pesos a Huasca de Ocampo. Además de 3 millones 9 mil 73 pesos al municipio mexiquense de Tecamac. A Cuauhtémoc Calderón Galván, alcalde de Zacatecas, 1 millón 337 mil 366 pesos.
De los ayuntamientos impactados por Pemex en Sonora, únicamente se otorgaron donativos a Huatabampo y Nogales, ambos administrados por panistas. Al primero, que desde 2006 encabeza el contratista de Pemex César Bleizeffer Vega (propietario y administrador de Planta de Gas Carburación LP de nombre comercial BCA Combustible y de Integradora de Gas Carburación Sonora-Sinaloa) se le asignaron 668 mil 683 pesos en asfalto. A Nogales, que encabeza Marco Antonio Martínez Dabdoub, 1 millón 337 mil 365 pesos.
En junio de 2008, Valladares dispuso que se otorgaran 2 millones 154 mil 707 pesos al ayuntamiento de Mexicali; 2 millones 461 mil al de Chihuahua; 1 millón 255 mil 144 a Ramos Arizpe; 1 millón 723 mil 655 pesos a Celaya; 1 millón 911 mil 568 pesos a León; 693 mil 214 pesos a Tepetitlán; 940 mil pesos al ayuntamiento de La Piedad; 2 millones 210 mil 928 pesos a Uruapan.
En la sesión del Consejo de Administración de agosto de 2008 se autorizaron donativos por 351 millones de pesos y donaciones por 208 millones de pesos. De éstos, Valladares Valle dispuso que una parte se le otorgara a un listado de panistas que incluían a:
Luis Armando Reynoso Femat, 4 millones 145 mil 667 pesos; José Guadalupe Osuna Millán, 7 millones 301 mil 31 pesos. A los alcaldes de Ensenada y Tijuana, 1 millón 217 mil 363 pesos y 3 millones 356 mil 433 pesos, respectivamente. A Soto la Marina, 270 mil 806 pesos; Apizaco, 1 millón 503 mil 311 pesos; a Castillo de Teayo, 7 millones de pesos; a Texistepec, 1 millón 052 mil 837 pesos.
Al ayuntamiento de Pichucalco, 6 millones de pesos; al de Hidalgo del Parral, 829 mil 133 pesos; a José Erandi Bermúdez Méndez, alcalde de Pénjamo, 139 mil 815 pesos; al de Ocotlán, 1 millón 11 mil 554 pesos; a José Alfonso Martínez Vázquez, de Zamora, 1 millón 385 mil 140 pesos. Al ayuntamiento de San Luis Potosí, 1 millón 385 mil 140 pesos; al de Tamuín, 889 mil 844 pesos.
Asignaciones millonarias
A finales de 2007, la administración de Pemex presentó un informe ante el Senado de la República en el cual aseguró que se había eliminado la discrecionalidad priorizando la asignación de acuerdo con la importancia de cada estado para la industria petrolera. Pero en julio de 2008, durante su participación en el debate sobre la reforma energética, Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación, denunció que de los recursos públicos se seguían otorgando donativos sin fundamento jurídico alguno. Dijo que “el exceso en la discrecionalidad de servidores públicos de Pemex en el otorgamiento de préstamos y donativos” contribuía a los manejos “turbios” respecto del dinero petrolero.
Pero la asignación de dichos recursos es sólo una parte de su dudoso manejo: la otra tiene que ver con su destino final. Según los lineamientos de Pemex, es obligación de los beneficiarios comprobar de manera mensual el avanece en la aplicación de los donativos y donaciones, y de los funcionarios de la GCDS su verificación, so pena de suspenderlo de manera parcial o cancelarlo de forma definitiva. Al respecto, los informes de la GCDS develan la dilación de la comprobación en la mayoría de los recursos que entregó Valladares Valle en 2007 y 2008.
Por el volumen de recursos destaca Campeche, precisamente el estado natal de la funcionaria, al cual destinó 600 millones de pesos (423 millones 368 mil pesos fueron en efectivo y el resto en especie), los cuales fueron recibidos por Jorge Carlos Hurtado Valdez y José Ignacio Seara Sierra, gobernador del estado y alcalde de Ciudad del Carmen, respectivamente. Según se destinarían a obra pública, que entre otros incluía “apoyar la pavimentación con concreto hidráulico de calles y avenidas, fomentar el fortalecimiento de proyectos productivos, e infraestructura caminera”, además de “apoyar a los pescadores de altura y ribereños del municipio de Carmen”.
Aunque pertenecen a dos partidos políticos distintos (Jorge Carlos Hurtado Valdez al PRI y José Ignacio Seara Sierra al PAN), ambos funcionarios estarían vinculados políticamente a Yolanda Valladares Valle.
Hasta diciembre de 2008, la GCDS reportaba “cero” avance en el desarrollo de la obra pública para la cual se les asignaron los recursos; tampoco había reportes de la comprobación. Pero además, hace unos meses la Secretaría de la Función Pública abrió la investigación INV.ADMA DE/028/2008/NA/036 respecto de los supuestos manejos irregulares de los fondos de Pemex que recibieron Hurtado Valdez y Seara Sierra, quienes, por cierto, en diciembre de 2009 concluirán sus respectivas administraciones.
Lo anterior se derivó de una denuncia por supuesto fraude que presentaron diversas organizaciones pesqueras isleñas, las cuales debían recibir los recursos que cobraron el gobierno del estado y el alcalde de Ciudad del Carmen. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos da curso a una queja que presentó la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola Delegación Ciudad del Carmen, identificada con el número 2007/755/55/2/Q, también por las supuestas irregularidades en la distribución de los fondos petroleros en la entidad.
En abril de 2008, la revista Proceso documentó que de los donativos de Pemex, 6 millones de pesos habrían ido a parar a los bolsillos de la familia Mouriño, cuando Hurtado Valdez y Seara Sierra les compraron vales de gasolina suscritos por la empresa ESGES, SA de CV, del corporativo GES. Dichos vales fueron entregados a los pescadores afectados por el derrame de crudo en el accidente de la plataforma Usumacinta, en octubre de 2007.
Javier Aguillón Osorio, representante del sector pesquero en la villa de Isla Aguada, declaró a la corresponsal de Proceso en Campeche, Rosa Santana, que Valladares Valle se había comprometido a entregarles dichos recursos en efectivo, pero que cuando finalmente liberó los recursos les fueron entregados como gasovales, válidos únicamente en las gasolineras del GES.
Tamaulipas, entre los más beneficiados
Los informes de Pemex respecto del estado de Tamaulipas, tercer receptor de recursos, después de Campeche y Tabasco, revelan que se trata de otro foco rojo en la rendición de cuentas. En 2007 recibió 302 millones 248 mil 551 pesos, que equivalen al 20 por ciento de los donativos y donaciones que se otorgaron ese año. Hasta septiembre de 2008 había recibido 187 millones de pesos. Según los registros de Pemex, hasta diciembre pasado no se tenía el informe del avance en la disposición de dichos recursos.
Involucrado en el supuesto embarazo de urnas a favor de Felipe Calderón en el proceso electoral de 2006, por línea de Elba Esther Gordillo, el panista Eugenio Javier Hernández Flores es el gobernador norteño que ha obtenido la mayor partida de los donativos y donaciones de Pemex en la actual administración.
El 17 de enero de 2007, recién iniciado el gobierno calderonista, Hernández Flores remitió a Reyes Heroles un oficio donde le solicitaba 413 millones de pesos en efectivo “para obras de desarrollo social”, además de 35 mil toneladas de asfalto, 2 millones de litros de gasolina magna y 6 millones 780 mil litros de diésel. Según Pemex, ese año se le otorgaron 302 millones 248 mil 551 pesos: 167 millones en efectivo y el resto en asfalto y combustible. En 2008, hasta el mes de septiembre el monto alcanzaba los 186 millones 786 mil 508 pesos: 107 millones en efectivo y el resto en asfalto y combustible.
A nivel de alcaldías, una de las más beneficiadas fue la de Reynosa, cuando ésta era dirigida por el panista Francisco García Cabeza de Vaca. En marzo de 2007 se le otorgaron 34 millones 917 mil 197 pesos; de ellos, 20 millones en efectivo y el resto en asfalto y combustible. El 28 de junio de ese año, Valladares Valle le otorgó otros 20 millones de pesos y 3 mil 500 toneladas de asfalto en un acto público en el cual la funcionaria explicó que eran adicionales a los recursos que se le habían designado al gobierno estatal e inicialmente a Reynosa.
Permutas por efectivo
Identificado por el político Manuel Bartlett como un “activo promotor de los ilegales Contratos de Servicios Múltiples y del proyecto de reforma energética de Felipe Calderón”, a José Natividad González Parás se le cuenta entre los gobernadores más beneficiados con los donativos y donaciones de Pemex, aunque, según los indicadores de la paraestatal, Nuevo León no es identificado como “con influencia petrolera alta”.
En 2007, la entidad recibió 94 millones 938 mil 988 pesos en efectivo y especie. Para 2008, hasta el mes de septiembre en que la GCDS dio cuenta de sus erogaciones a ese estado, el monto alcanzaba los 58 millones de pesos, los cuales se le liberaron mediante diversos cheques de Scotiabank Inverlat, pese a que González Parás no había rendido cuentas del dinero ni el asfalto y combustible que recibió en 2007, según se desprende de un oficio interno de la GDS (número 098/08), signado por la propia Valladares Valle al gobernador.
En Nuevo León, a los ayuntamientos gobernados por panistas, Valladares Valle dio otros privilegios: les permitió cambiar sus donaciones en especie (asfalto y gasolina) por efectivo, lo que contraviene los lineamientos internos que asientan que “por ningún motivo” los donativos o donaciones podrán ser permutados.
Uno de estos casos fue el de Cadereyta, a cuyo alcalde, Edelmiro Cantú Sada, le “canjeó” las toneladas de asfalto que equivalían a 20 millones de pesos, las cuales le habían sido autorizadas por el Consejo de Administración, por el dinero en efectivo. El 17 de septiembre de 2007, Valladares gestionó que la Gerencia de Administración Financiera le tramitara un cheque por otros 10 millones de pesos que, según el oficio DCA-GCDS-331/07, le fue autorizado por el Consejo de Administración en la sesión del 30 de abril.
Las actividades proselitistas del presidente municipal han sido la constante a lo largo de su gestión, sobre todo para promover al senador Fernando Elizondo Barragán al gobierno del estado en el proceso electoral que tendrá lugar este año. Por ejemplo, cuando inauguró un auditorio en Cadereyta, que se construyó con recursos de Pemex, Cantú Sada incluyó en su discurso:
“Fernando, si hay alguien que puede recuperar esa gubernatura eres tú y te digo aquí, delante de la gente, que tendrás todo mi apoyo; no solamente el mío, sino el de mi familia que te conoce y te aprecia; y repito, vamos contigo hasta el final.”
Valladares también le canjeó al alcalde de Santa Catarina, Dionisio Herrera Duque, 1 millón de pesos que el Consejo de Administración había autorizado en asfalto.
Al analizar los datos de Pemex obtenidos por Contralínea, Kristina Pirker, responsable de la investigación de Fundar que reveló la malversación de recursos de Pemex en Tabasco en la pasada administración, señala que “es evidente la malversación de fondos o desvío de recursos”.
De entrada, dice, “Pemex deberá responder por qué continuó otorgando dinero a entidades como Tabasco sin tener una prueba de la eficacia de los donativos otorgados al estado, y no es el único caso. Los lineamientos estipulan que un beneficiario que no ha comprobado bien el ejercicio de los recursos, no puede solicitar nada al siguiente año. Se tendrá que explicar por qué los funcionarios siguen otorgándolos sin tener control de su destino.”
En estos momentos, dice la representante de Fundar, “el riesgo es que se utilicen los donativos de Pemex con fines electorales: se supone que son para proyectos de desarrollo social, pero son operados por los gobernadores y alcaldes directamente, así que, ¡claro que se presta para su uso electoral!”.
Contralínea solicitó una entrevista con la gerente de Desarrollo Social, Yolanda Valladares Valle, para hablar del manejo que ha dado a los recursos de Pemex. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Se buscó también a alcaldes y gobernadores que se citan en este artículo, sin respuesta hasta este momento.
Donativos a Tabasco
El informe de Fundar y, posteriormente, las inundaciones que en diciembre de 2007 azotaron Tabasco, pusieron al descubierto la supuesta malversación de los millonarios donativos y donaciones que Pemex otorgó a los gobernadores Roberto Madrazo Pintado y Manuel Andrade Díaz, para la infraestructura en calles y carreteras.
La paraestatal informó a la Cámara de Diputados federal que a dichos gobernadores se les entregaron 1 mil 970 millones de pesos, en efectivo y especie, para realizar obras de infraestructura y de protección contra inundaciones. El desastre evidenció que los recursos no se aplicaron. Tampoco se aclaró su destino.
Desde su llegada a Pemex, Yolanda Guadalupe Valladares Valle tuvo conocimiento de la supuesta malversación de los fondos de Pemex en ese estado, por la documentación que le requirió la Secretaría de la Función Pública como parte de las indagatorias que abrió al respecto, según consta en oficios de la GCDS en poder de Contralínea. Los lineamientos en la materia estipulan que los incumplimientos en las obras sociales o la falta de rendición de cuentas obliga la suspensión de los apoyos. Valladares Valle continuó entregando recursos.
En 2007, Valladares gestionó para el gobernador en turno, Andrés Granier Melo y seis alcaldes de la entidad, donativos por 318 millones 45 mil 952 pesos, es decir, Tabasco recibió en promedio casi 1 millón de pesos por día. De estos recursos, Granier Melo –familiarizado con este tipo de donativos desde que se desempeñó como alcalde de Centro (2000-2003)– recibió de manera directa 274 millones 329 mil 615 pesos (150 millones en efectivo y el resto en especie).
Ante el Consejo de Administración de Pemex se justificó la autorización para proyectos como “la instrumentación de programas de desarrollo social”, o “el fomento al empleo, la salud y la protección al medio ambiente”, sin que se aclarara exactamente en qué se aplicarían. Cabe señalar que uno de los requisitos para obtener los apoyos, según los lineamientos de Pemex, es que al momento de presentar la solicitud se debe justificar la viabilidad técnica y social a atender, así como los beneficios sociales en caso de ser otorgados.
Más aún, las peticiones de Valladares respecto de estos recursos, previo a la elaboración de los diversos cheques de Scotiabank Inverlat, a cuenta de los donativos, especifican que el dinero sería gastado según lo dispusiera el Ejecutivo local, conforme a su ejercicio fiscal.
A propósito del escándalo de las inundaciones, cuando el Legislativo federal solicitó a Jesús Reyes Heroles un informe de la comprobación que habían presentado gobernadores y alcaldes, que incluía los primeros 10 meses de la gestión de Valladares Valle, la administración de la petrolera reconoció que no había evidencia de que los recursos se hubieran aplicado.
El 18 de diciembre de 2007, Valladares tramitó 5 mil toneladas de asfalto que supuestamente se utilizarían para reparar, pavimentar y reencarpetar las carreteras y vialidades afectadas; eran las mismas a las cuales se les había destinado recursos antes del desastre, de acuerdo con documentos internos de Pemex.
El 1 de agosto de 2008, Valladares Valle declaró a la prensa local que Andrés Granier no había comprobado en qué gastó el 50 por ciento de los recursos que le otorgó desde 2007, y que los proyectos que el gobernador había presentado a inicios de ese año para obtener recursos durante 2008 no tenían “sustento social”.
“Ya está demostrado que el reparto de dinero, de ganado, el reparto de pollitos no inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y lo que nosotros estamos pidiéndole al gobierno de Tabasco es que presente proyectos que demuestren sustentabilidad”, declaró la funcionaria.
Pero entre enero y septiembre de 2008, la campechana les entregó otros 153 millones 288 mil 414 pesos. El grueso de los donativos se autorizó en el mes de junio: a Andrés Granier, 26 millones 310 mil pesos; a Evaristo Hernández Cruz, alcalde de Centro, 38 millones 129 mil 972 pesos; a Sebastián Izquierdo Gómez, de Paraíso, 21 millones de pesos; a Nicolás Belizzia Aboaf, de Centla, 16 millones 89 mil 32 millones; a Francisco Sánchez Soberano, de Cunduacán, 15 millones de pesos; a Óscar Ferrer Abalos, de Huimanguillo, 13 millones de pesos; y a Avenamar Leyva Gómez, de Nacajuca, 9 millones de pesos. En agosto se otorgaron otros 15 millones de pesos al alcalde de Centro.
De acuerdo con documentos oficiales de Pemex, hasta diciembre pasado el estatus de comprobación tanto del gobierno como de los municipios de Tabasco estaba en “cero por ciento”.
Contralínea solicitó una entrevista con el gobernador Andrés Granier respecto a los señalamientos que hiciera Valladares Valle de la falta de rendición de cuentas de los fondos que ha obtenido de Pemex. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (ALP)
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