Rocizela Pérez Gómez
ALAI AMLATINA, 26/03/2013.- En los tres primeros meses de 2013, varios dirigentes sociales que defienden los derechos de sus comunidades han sido asesinados o secuestrados, mientras se pone en marcha una política de criminalización, difamación y represión.
La lucha de hombres y mujeres, jóvenes y niños durante los últimos años se ha intensificado en Guatemala, por la defensa de los derechos individuales y colectivos; diferentes comunidades se han organizado para exigir el cumplimiento de los convenios nacionales e internacionales, el respeto a la madre tierra, y el cese al saqueo y contaminación de las empresas hidroeléctricas, mineras y cementeras, así como la lucha por defender los derechos de la clase trabajadora.
La demanda colectiva y la resistencia por la defensa de la vida se ha hecho evidente desde diferentes expresiones; la organización en las comunidades se intensifica para rechazar una vez más los trabajos de exploración y explotación minera en diferentes regiones del país, ya que contaminan el ambiente, destruyen la madre tierra, contaminan y roban el agua, y despojan a las comunidades de sus tierras.
Hombres y mujeres de diferentes regiones del país exigen que el Estado cumpla con lo establecido en los convenios nacionales e internacionales y que los llamados “padres de la patria” (los diputados) legislen a favor de la mayoría de la población. Los pobladores de San José del Golfo, Santa Cruz Barillas, San Juan Sacatepéquez, Santa María Xalapán, entre otras comunidades, resisten y se manifiestan en defensa de la vida y de sus tierras, también demandan la aprobación de la iniciativa de Ley 4084 de Desarrollo Rural Integral.
Durante los últimos meses, los estudiantes normalistas de todo el país se han sumado a la lucha por defender el derecho a la educación después del anuncio de las autoridades del Ministerio de Educación de que se cambiará el pensum de la carrera magisterial por un Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación Educacional, y luego una carrera técnica a nivel superior.
En las diferentes manifestaciones sociales, en defensa de la vida, se exige el cumplimiento de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y también el artículo 3, que señala textualmente: Derecho a la Vida : El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.
En los primeros tres meses del 2013 se han incrementado las políticas de criminalización y represión de las luchas por la defensa de la vida; hombres y mujeres han sido perseguidos e intimidados por empresas mineras, hidroeléctricas, en los que se incluyen periodistas, columnistas y trabajadores de empresas que saquean los territorios; se ha evidenciado una política de difamación y de acusaciones falsas contra organizaciones y dirigentes sociales; dirigentes campesinos, indígenas y sindicalistas han sido perseguidos e incluso asesinados. Veamos algunos ejemplos.
Mes de enero
La dirigencia del Comité de Unidad Campesina -CUC- fue atacada el 24 de enero después de que líderes comunitarios de San Antonio Las Trojes solicitaran su presencia para que medien en el conflicto generado por la construcción de un pozo mecánico de parte de la municipalidad y la empresa Cementos Progreso, en esa localidad.
Cuando la delegación salía del lugar fue interceptada por un grupo de personas que están a favor de la empresa de Cementos Progreso, que, con machetes en mano, amenazaron a la comisión del CUC integrada por Daniel Pascual y otras compañeras y compañeros. El grupo agresor está respaldado por el actual Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-, que los pobladores de la comunidad de San Antonio las Trojes lo han señalado como ilegítimo porque fue integrado por la Empresa Cementos Progreso y un grupo de sus trabajadores durante el estado de prevención que se decretó en San Juan Sacatepéquez en el año 2008.
Los pobladores de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez han realizado denuncias en contra de personas que defienden los intereses de la cementera y que de forma constante criminalizan la lucha de las comunidades que defienden su territorio. Entre las personas denunciadas están: Mariano Noj y Luis Tepeu, éste último representante de la gremial de empresarios indígenas GUATEMAYA, adscrita a la cámara Empresarial de Comercio y Servicios (Cecoms).
Segundo mes
El día martes 26 de febrero, a eso de las 9 de la noche, fue localizado sin vida Tomas Quej, líder del caserío Moxanté, Purulha, Baja Verapaz, de 34 años de edad, integrante de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina -CONIC-. El cuerpo fue localizado, con impactos de balas en el pecho y en la cabeza, en la comunidad Chirretzaaj, en la periferia de Cobán a unos 112 kilómetro de Moxanté.
Tercer mes
El viernes 8 de marzo fue asesinado Carlos Hernández miembro de la Coordinación Campesina Nuevo Día, de la Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPISCO) y del comité ejecutivo del Frente Nacional de Lucha. Dicho asesinato se produjo en Camotán, Chiquimula. Hernández fue conocido como defensor de la madre tierra y por su lucha constante en contra de las empresas mineras.
El lunes 11 de marzo fue asesinado Jerónimo Sol Ajcot, en la aldea Chacayá, Santiago Atitlán, Sololá. Seis hombres, fuertemente armados y encapuchados, salieron a su camino y le dieron muerte con arma de fuego, cuando Sol Ajcot salía de su casa de habitación, para dirigirse a su trabajo en la finca Valparaíso, Chicacao del departamento de Suchitepéquez.
Jerónimo Sol Ajcot, de 68 años de edad, era miembro de la junta directiva de la Asociación Maya Tzutujil de Agricultores de Santiago Atitlán, integrante de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina -CONIC-. Sol Ajcot, desde el año pasado, había recibido amenazas de muerte, por parte de personas desconocidas. La denuncia fue realizada en su momento, sin que hasta ahora se investiguen y esclarezcan los hechos.
El martes 12 de marzo, a eso de las 11:30 de la noche, tres hombres fuertemente armados intentaron ingresar en la casa de habitación de Rubén Mazariegos Vásquez, Secretario General de los Sindicatos de Salud Pública Nacional y Vicepresidente de la Unidad de Acción Sindical y Popular UASP, ubicada en Monserrat, zona 4 de Mixco. Con la intervención de la seguridad privada de Rubén Mazariegos, el intento de asesinato fue frustrado. Es de considerar que la UASP ha intervenido y repudiado el modelo extractivo, ha denunciado actos de corrupción fundamentalmente la evasión fiscal de grandes empresarios del país.
El viernes 15 de marzo, a las 7:30 de la mañana, fue capturado Rubén Herrera, cuando estaba saliendo de su casa. Herrera es conocido como defensor de derechos humanos, miembro de la coordinación de Alianza por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango -ADH- del Consejo de Pueblos de Occidente – CPO-. Rubén Herrera fue detenido por la orden emitida en el proceso número 65/2012 del Juzgado de Santa Eulalia de abril de 2012, en el que se acusa a 23 líderes comunitarios de Barillas por la supuesta quema, el día 9 de marzo de ese año, de una maquinaria propiedad de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de Ecoener-Hidralia Energía.
El domingo 17 de marzo fueron secuestrados cuatro líderes de Santa María Xalapán. Dos de ellos, Rigoberto Aguilar y Roberto López, fueron localizados con golpes y señales de tortura, según sus denuncias, mientras que el secretario del Parlamento Xinca, Expectación Marcos, apareció muerto dentro de un vehículo. El presidente del Parlamento Xinca y Mayordomo de la comunidad indígena de Santa María Xalapán, Roberto González, apareció el siguiente día en el municipio de Chimaltenango, después que lo dejaran abandonado en un hotel del municipio.
Los cuatro líderes comunitarios regresaban a sus viviendas luego de participar en el proceso de la consulta comunitaria realizada en la aldea El Volcancito, San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Los dirigentes campesinos fueron secuestrados por una docena de hombres fuertemente armados en la noche del domingo 17 de marzo, a la altura del lugar conocido como Pino Dulce Mataquescuintla.
Jueves 21 de marzo: A través de un comunicado, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco -MSICG-, condenó las amenazas de muerte contra María Teresa Chiroy Pumay, Secretaria de Actas y Acuerdos del Sindicato de trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –STIGSS- organización afiliada al MSICG. Señalaron que dichas amenazas fueron recibidas a través de mensajes de texto en donde se hacia alusión directa a sus actividades sindicales. Se producen en el marco de los logros obtenidos por los diferentes sindicatos -IGSS- que permitieron dejar sin vigencia las reformas al Régimen de Pensiones impulsadas por las actuales autoridades, detuvieron los procesos de terminación de contratos de trabajo contra los y las trabajadoras del IGSS y posibilitaron declarar la inconstitucionalidad parcial en el caso concreto del régimen disciplinario antisindical del IGSS.
Los ataques no son aislados ya que han sido dirigidos contra hombres y mujeres líderes que luchan por la reivindicación de los derechos individuales y colectivos y denuncian, de forma constante, el saqueo de los bienes naturales que realizan las transnacionales, en complicidad con el Gobierno que ha impulsado políticas de represión y criminalización a la lucha organizada.
En informe presentado, en octubre de 2012, por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala ONG (UDEFEGUA), señala que de enero a octubre de 2012 se registraron 254 hechos de ataques a defensoras y defensores de derechos humanos.
Entre las principales observaciones y recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, correspondiente al año 2012, se señala que las agresiones siguen afectando particularmente el trabajo de la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y de los pueblos indígenas, todos relacionados con la explotación de recursos naturales y falta de consulta e información a las comunidades afectadas.
Además, el informe expresa preocupación ante un posible uso desproporcionado de figuras penales como resistencia, terrorismo y asociación ilícita, ante las protestas de comunidades indígenas y campesinas involucradas en conflictos de tierras; asimismo, destaca la participación de actores no estatales en prácticas que podrían generar vulnerabilidad o ataques directos a las defensoras y defensores de derechos humanos, además se registra la aparición de comentarios racistas y violentos en medios de comunicación y redes sociales en los que se califica como terroristas criminales a las defensoras y defensores de derechos humanos.
Al referirse a la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la Alta Comisionada subraya que es fundamental abordar las situaciones a partir de los derechos de los pueblos indígenas, en particular del derecho a la propiedad colectiva de la tierra, del consentimiento libre, previo e informado y del derecho de establecer su propio concepto de desarrollo, en el marco de la libre determinación.
- Rocizela Pérez Gómez es periodista de la CLOC/Vía Campesina en Guatemala.
Mas informacion: http://alainet.org
