Tomado de APIAVirtual y a su vez de Zapateando
Cuestionado, el doctorado honoris causa a Aguilar Camín
Fue un crimen de estado: presentadores de libro sobre Acteal
Javier Hernández Alpízar, Xalapa, Ver.– El cuestionamiento fue contundente: “¿A quién diablos se le ocurrió, en el seno de la Universidad Veracruzana, dar el doctorado honoris causa a Héctor Aguilar Camín?” Lo dijo en tono coloquial y airado el investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales Horacio Guadarrama, al comentar, junto al decano de la UV Manuel Martínez Morales, y el reportero y articulista (quien rechazó el Premio Nacional de Periodismo en el sexenio de Zedillo) Hermann Bellinghausen, al presentar el libro Acteal, crimen de estado, de la autoría de ésta último y con el sello editorial de La Jornada.
Ya el cuestionamiento había iniciado desde el público que llenó el pequeño auditorio de la Facultad de Música el domingo 13 de septiembre, pese a una lluvia torrencial que retrasó unos minutos el inicio del acto. A la primera mención del intelectual “orgánico” (entre los presentadores, el juego de palabras con los “desechos orgánicos” no se hizo esperar, causando la hilaridad del público) del salinismo, el zedillismo y, en general, del poder, quien recibiera el doctorado honoris causa por la UV hace unos meses, un silbido del público remontó el recuerdo hasta el árbol genealógico del autor de Morir en el Golfo.
Al cuestionar el doctorado a ese escritor, contraponiéndolo al que después recibiera Eduardo Galeano, el presentador del libro Horacio Guadarrama arrancó aplausos solidarios del auditorio en pleno. Incluso una voz sugirió, a manera de respuesta, que se le habría ocurrido a Fidel Herrera.
Y es que el libro Acteal, presentado por el autor y dos investigadores de la UV, se llama, con toda razón: Crimen de estado. Así lo afirmó el científico Manuel Martínez, quien explicó la impunidad de quienes desde el poder hacen fechorías, pero no serán juzgados por la historia, porque la escriben ellos mismos, dijo, citando Winston Churchill.
En cambio, en el preguntar y el “caminar en busca de la justicia brota la otra historia, la verdadera, enraizada en la vida frágil de hombres y mujeres comunes”, aseveró Martínez Morales, quien inscribió el libro presentado en esa línea. Señaló además que, desde 1994, el autor del libro ha reportado con veracidad la realidad de las comunidades indígenas en Chiapas.
Y justificó la expresión “crimen de estado”, ya que a la luz de la información recabada por muchos medios, especialmente La Jornada, cuyo resumen hace el libro, se muestra que hubo acción y omisión del Estado mexicano y de sus agentes que “condujo al rompimiento de las leyes que el mismo Estado puso”, y esto con el fin de preservar el dominio, el poder. Además, por el uso del miedo y el terror para imponer su política estatal, algunos lo han llamado también “terrorismo de Estado”, explicó Manuel Martínez.
El libro de Bellinghausen remite los hechos históricos a “la totalidad histórica concreta que los explica”, aseveró y lo ilustró leyendo algunos pasajes.
Horacio Guadarrama resumió algunas de las tesis del libro, especialmente las que remontan la responsabilidad del crimen a Ernesto Zedillo, en contraste con la vida cómoda, apacible y protegida por organismos internacionales que el expresidente lleva.
Además destacó cómo el autor de Acteal, crimen de estado muestra que el libro de la PGR llamado El libro blanco de Acteal es la fuente de todos los que han defendido la tesis del gobierno que niega la existencia de paramilitares y diluye el crimen de estado a una pelea intercomunitaria “por un banco de arena”.
Bellinghausen tomó la palabra al final, en la mesa moderada por Germán Martínez, para decir que de todas las historias y episodios en todos estos años de la lucha del EZLN, desde 1994, ha sido la más difundida, incluso en libros y videos la de esta masacre de los tzotziles pacifistas de Las Abejas en manos de paramilitares, en el marco de la contrainsurgencia zedillista.
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martes, 15 de septiembre de 2009
sábado, 12 de septiembre de 2009
¡¿Qué vamos a hacer sin un amo?!
Arq. Eduardo Bistráin
Ayer platicaba con una señora elegantemente ataviada con un vestido del arte yucateco en lino y bordados de una exquisitez digna de realeza en seda. Mencionaba la señora los daños que, según ella, el EZ le había hecho a los indígenas de Chiapas al causar que los grandes cafetaleros los despidieran y perdieran así su trabajo a personas de ‘fuera’. Me animo a pensar que tal vez a guatemaltecos.
La señora tal vez no se daba cuenta que los indígenas en estas haciendas cafetaleras, la mayoría en propiedad de extranjeros o mexicanos de origen lejano a esas tierras, no eran más que peones acasillados, cercanos a la esclavitud cuya vida y obra dependía y depende del humor de un desconocido.
-"Aun así ¿que van a hacer esos pobres sin trabajo", me respondió.
Y entonces le platique una anecdota real o imaginaria, no importa, proveniente de la guerra civil gringa en la que el 'noble norte' luchaba contra el 'perverso sur' por la liberación de los negros precisamente acasillados en la plantaciones algodoneras. No era esta, y nunca lo fue, la razón para esa guerra, pero los 'nobles del norte' usaron esa razón para sus fines; crear simpatías entre los afroamericanos esclavos.
Al ser liberados, los viejos negros cuya vida había transcurrido en las plantaciones, exclamaron: ¡¿qué vamos a hacer sin un amo?! El mundo se les cerraba y no apreciaban el verdadero significado de su libertad.
Lo mismo le sucedía a tan ataviada dama: No se da cuenta y claro, no sale en Televisa, que los indigenas acasillados, muchos de ellos, formaron sus caracoles (comunidades) y que ahí se han autoempleado para el bien común produciendo café orgánico, miel, artesanías, y muchas otras cosas. Que ahí en sus comunidades usan su lenguaje, permanecen en comunidad, tienen sus escuelas, sus servicios médicos y engrandecen su propia cultura de una manera que es apoyada y admirada por visitantes de Europa, principalmente.
Ahí han logrado un grado de independencia que ya quisieran los peones acasillados de las fincas cafetaleras.
Y eso es importante, la INDEPENDENCIA que ahora tzeltales, tzotziles, tojolabales de Chiapas gozan y que como nación nos falta gracias a gobiernos priistas de baja estofa desde Miguel de la Madrid hasta Zedillo, y gobiernos panistas no solo de baja estofa sino la mar de ineptos y faltos de oficio.
Ahora dicen que ganó el PRI las elecciones de julio y detrás la siniestra sombra del vendepatrias mayor El Chupacabras Salinas. Se proyectan al 2012 para retomar el poder y seguir sangrando al país pues todavía demasiados mexicanos desinformados y sumisos claman; ¡¿qué vamos a hacer sin un amo?!
Ayer platicaba con una señora elegantemente ataviada con un vestido del arte yucateco en lino y bordados de una exquisitez digna de realeza en seda. Mencionaba la señora los daños que, según ella, el EZ le había hecho a los indígenas de Chiapas al causar que los grandes cafetaleros los despidieran y perdieran así su trabajo a personas de ‘fuera’. Me animo a pensar que tal vez a guatemaltecos.
La señora tal vez no se daba cuenta que los indígenas en estas haciendas cafetaleras, la mayoría en propiedad de extranjeros o mexicanos de origen lejano a esas tierras, no eran más que peones acasillados, cercanos a la esclavitud cuya vida y obra dependía y depende del humor de un desconocido.
-"Aun así ¿que van a hacer esos pobres sin trabajo", me respondió.
Y entonces le platique una anecdota real o imaginaria, no importa, proveniente de la guerra civil gringa en la que el 'noble norte' luchaba contra el 'perverso sur' por la liberación de los negros precisamente acasillados en la plantaciones algodoneras. No era esta, y nunca lo fue, la razón para esa guerra, pero los 'nobles del norte' usaron esa razón para sus fines; crear simpatías entre los afroamericanos esclavos.
Al ser liberados, los viejos negros cuya vida había transcurrido en las plantaciones, exclamaron: ¡¿qué vamos a hacer sin un amo?! El mundo se les cerraba y no apreciaban el verdadero significado de su libertad.
Lo mismo le sucedía a tan ataviada dama: No se da cuenta y claro, no sale en Televisa, que los indigenas acasillados, muchos de ellos, formaron sus caracoles (comunidades) y que ahí se han autoempleado para el bien común produciendo café orgánico, miel, artesanías, y muchas otras cosas. Que ahí en sus comunidades usan su lenguaje, permanecen en comunidad, tienen sus escuelas, sus servicios médicos y engrandecen su propia cultura de una manera que es apoyada y admirada por visitantes de Europa, principalmente.
Ahí han logrado un grado de independencia que ya quisieran los peones acasillados de las fincas cafetaleras.
Y eso es importante, la INDEPENDENCIA que ahora tzeltales, tzotziles, tojolabales de Chiapas gozan y que como nación nos falta gracias a gobiernos priistas de baja estofa desde Miguel de la Madrid hasta Zedillo, y gobiernos panistas no solo de baja estofa sino la mar de ineptos y faltos de oficio.
Ahora dicen que ganó el PRI las elecciones de julio y detrás la siniestra sombra del vendepatrias mayor El Chupacabras Salinas. Se proyectan al 2012 para retomar el poder y seguir sangrando al país pues todavía demasiados mexicanos desinformados y sumisos claman; ¡¿qué vamos a hacer sin un amo?!
martes, 11 de agosto de 2009
Liberación de paramilitares arriesga la vida de sobrevivientes
Por Lourdes Godínez Leal México, 11 agosto 09 (CIMAC).-
La masacre de 19 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 14 niñas y cuatro niños y 8 varones, realizada por 40 paramilitares en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, no fue el resultado de conflictos intercomunitarios ni religiosos, sino de una estrategia de contrainsurgencia que continuará en caso de liberarse a quienes participaron en ella, advirtió hoy Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
En conferencia de prensa previa a la discusión que tendrá mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde definirá si se violó o no el debido proceso de los sentenciados, el Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas precisaron que la Corte sólo se pronunciará en la “forma pero no en el fondo” declarando y reconociendo la responsabilidad de quienes participaron en la masacre, con lo que nuevamente se abre el camino a la impunidad.
Para el director del Prodh, la masacre de 45 indígenas tzotziles debe ubicarse en un contexto socio-político trazado en la línea de la contrainsurgencia y de serios desplazamientos de las comunidades por la violencia y ello, dijo, no debe perderse de vista por la SCJN.
Señaló que la resolución de la Corte no ahondará en la inocencia o culpabilidad de los sentenciados, “de ahí la gravedad de su facultad” ya que por negligencias cometidas intencionalmente por agentes del Estado mexicano quedará en la impunidad el crimen de “lesa humanidad” perpetrado contra las 45 personas.
En tanto, para Diego Cárdenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, que ha dado acompañamiento legal a las víctimas y ha seguido de cerca el caso, dijo que la resolución que dé mañana la Corte “podría poner” en riesgo la vida de quienes denunciaron a los paramilitares, es decir, de las y los sobrevivientes de la masacre.
Y, en este sentido, dijo que los testimonios de las y los sobrevivientes son fehacientes ya que reconocieron claramente a sus agresores quienes previamente los habían estado acosando.
“Los que hoy utilizan esta liberación con estrategias mediáticas para desinformar a la sociedad lo hacen con la finalidad de seguir ocultando este crimen de lesa humanidad, con falsas especulaciones se convierten en cómplices de la impunidad en que se encuentra el caso de la Masacre de Acteal”, dijo.
RIESGO DE REACTIVACIÓN PARAMILITAR
El activista alertó también de la reactivación de grupos paramilitares en la zona de Los Altos de Chiapas y dijo que si quedaran en libertad los 40 paramilitares amparados en la SCJN, como ha circulado en la prensa nacional, se pondría en riesgo el tejido social y la integridad de las personas, principalmente en Polhó donde hay bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
También se perturbaría la paz en la región, dijo, ya que aún se encuentran ahí las armas con las que se cometió la masacre y recordó que en el año 2000 la Procuraduría General de la República (PGR), hizo un “intento” de operativo con un testigo protegido que les diría dónde estaban las armas, mismo que fue frustrado por grupos paramilitares.
Mariano Luna Ruiz, presidente de la organización civil “Las Abejas” y uno de los sobrevivientes de la masacre, recordó que en el contexto del levantamiento armado del EZLN en 1994, empezaron a surgir los grupos paramilitares en Chenalhó, que pedían a las comunidades indígenas ayudar a comprar armas para combatir al EZLN.
Como la comunidad se negó, dijo Luna Ruiz, sus habitantes fueron despojados de sus pertenencias, sus casas quemadas y obligados a desplazarse. Fue así como llegaron al campamento de Acteal donde serían masacrados.
El representante de “Las Abejas” dijo que actualmente en la comunidad hay temor por los rumores que han circulado en la prensa de que los paramilitares que participaron en la masacre podrían quedar en libertad.
Responsabilizó a la administración de Felipe Calderón, a la y el abogado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Ana Laura Magaloni y Alejandro Posadas de la violencia que pudiera generarse de nuevo en la comunidad si salen libres, por lo que hizo un llamado a las autoridades del país y a la SCJN para que reflexione en su fallo mañana.
Magaloni y Posadas asumieron la defensa legal de las 71 personas recluidas en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, en diciembre de 2006 (Cimacnoticias, 28 diciembre, 2006) y llevaron a la Corte los amparos de los 40 paramilitares.
09/LGL/PBC/GG
La masacre de 19 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 14 niñas y cuatro niños y 8 varones, realizada por 40 paramilitares en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, no fue el resultado de conflictos intercomunitarios ni religiosos, sino de una estrategia de contrainsurgencia que continuará en caso de liberarse a quienes participaron en ella, advirtió hoy Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
En conferencia de prensa previa a la discusión que tendrá mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde definirá si se violó o no el debido proceso de los sentenciados, el Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas precisaron que la Corte sólo se pronunciará en la “forma pero no en el fondo” declarando y reconociendo la responsabilidad de quienes participaron en la masacre, con lo que nuevamente se abre el camino a la impunidad.
Para el director del Prodh, la masacre de 45 indígenas tzotziles debe ubicarse en un contexto socio-político trazado en la línea de la contrainsurgencia y de serios desplazamientos de las comunidades por la violencia y ello, dijo, no debe perderse de vista por la SCJN.
Señaló que la resolución de la Corte no ahondará en la inocencia o culpabilidad de los sentenciados, “de ahí la gravedad de su facultad” ya que por negligencias cometidas intencionalmente por agentes del Estado mexicano quedará en la impunidad el crimen de “lesa humanidad” perpetrado contra las 45 personas.
En tanto, para Diego Cárdenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, que ha dado acompañamiento legal a las víctimas y ha seguido de cerca el caso, dijo que la resolución que dé mañana la Corte “podría poner” en riesgo la vida de quienes denunciaron a los paramilitares, es decir, de las y los sobrevivientes de la masacre.
Y, en este sentido, dijo que los testimonios de las y los sobrevivientes son fehacientes ya que reconocieron claramente a sus agresores quienes previamente los habían estado acosando.
“Los que hoy utilizan esta liberación con estrategias mediáticas para desinformar a la sociedad lo hacen con la finalidad de seguir ocultando este crimen de lesa humanidad, con falsas especulaciones se convierten en cómplices de la impunidad en que se encuentra el caso de la Masacre de Acteal”, dijo.
RIESGO DE REACTIVACIÓN PARAMILITAR
El activista alertó también de la reactivación de grupos paramilitares en la zona de Los Altos de Chiapas y dijo que si quedaran en libertad los 40 paramilitares amparados en la SCJN, como ha circulado en la prensa nacional, se pondría en riesgo el tejido social y la integridad de las personas, principalmente en Polhó donde hay bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
También se perturbaría la paz en la región, dijo, ya que aún se encuentran ahí las armas con las que se cometió la masacre y recordó que en el año 2000 la Procuraduría General de la República (PGR), hizo un “intento” de operativo con un testigo protegido que les diría dónde estaban las armas, mismo que fue frustrado por grupos paramilitares.
Mariano Luna Ruiz, presidente de la organización civil “Las Abejas” y uno de los sobrevivientes de la masacre, recordó que en el contexto del levantamiento armado del EZLN en 1994, empezaron a surgir los grupos paramilitares en Chenalhó, que pedían a las comunidades indígenas ayudar a comprar armas para combatir al EZLN.
Como la comunidad se negó, dijo Luna Ruiz, sus habitantes fueron despojados de sus pertenencias, sus casas quemadas y obligados a desplazarse. Fue así como llegaron al campamento de Acteal donde serían masacrados.
El representante de “Las Abejas” dijo que actualmente en la comunidad hay temor por los rumores que han circulado en la prensa de que los paramilitares que participaron en la masacre podrían quedar en libertad.
Responsabilizó a la administración de Felipe Calderón, a la y el abogado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Ana Laura Magaloni y Alejandro Posadas de la violencia que pudiera generarse de nuevo en la comunidad si salen libres, por lo que hizo un llamado a las autoridades del país y a la SCJN para que reflexione en su fallo mañana.
Magaloni y Posadas asumieron la defensa legal de las 71 personas recluidas en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, en diciembre de 2006 (Cimacnoticias, 28 diciembre, 2006) y llevaron a la Corte los amparos de los 40 paramilitares.
09/LGL/PBC/GG
miércoles, 7 de noviembre de 2007
Ciudad Perdida: Conflicto en puerta por una tarjeta
Miguel Ángel Velázquez ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com
Conflicto en puerta por una tarjeta
Reconocimiento que se desvanece
Mezquindad con ropaje legislativo
¿Qué pasa con la ayuda que el Gobierno del Distrito Federal proporciona a los adultos mayores? Sin duda, algo que debe tener un arreglo inmediato, porque las quejas sobre el condicionamiento al cambio de la tarjeta que identifica al beneficiario, van en aumento.
El gobierno central puso en marcha un programa para cambiar la tarjeta con la que los ancianos se hacen acreedores a los beneficios que se idearon para recomponer el estado social de los mayores de 70 años, y que según Andrés Manuel López Obrador, no es más que la devolución, el reconocimiento que hace el Estado a quienes durante muchos años, y en muchos frentes, cooperaron con parte de su salario, vía impuestos, o cualquier otro tipo de actividad, para lograr una sociedad menos dañada.
En otras palabras, lo que se hizo fue devolver a los ancianos su ciudadanía. Y es que en el esquema neoliberal, lo primero que se pierde es exactamente eso: la ciudadanía. Porque se pague lo que se pague en impuestos, los gobiernos, por ejemplo el federal, arranca a la gente los beneficios que por esos gravámenes debería obtener.
Nos referimos, por citar alguno, a los servicios de salud. Como ya es sabido, el gobierno federal, desde hace ya más de dos décadas, ha ido restando recursos a la asistencia social de la que gozaban los ciudadanos de todo el país. En los hospitales, casi todos los médicos se dedican a transferir a los pacientes con recursos a sus consultorios privados, con el argumento de que en los del gobierno les es imposible atenderlos.
Los medicamentos se han esfumado de los anaqueles de los nosocomios y se obliga al enfermo o sus familiares a pagar los altos precios que fijan las farmacias privadas. En fin, el negocio de la medicina privada ha florecido inconmensurablemente con los regímenes de derecha que han gobernado al país, y la población ha empobrecido, aún más, al pagar esos servicios que debería otorgar el Estado a sus ciudadanos.
¿Y entonces? Ya no hay buenos servicios médicos, la educación gratuita y laica es ya casi parte de la historia, pero los colegios privados elevan su cuotas frente a la ineficacia gubernamental; el derecho al trabajo es prácticamente inalcanzable, y aquel por el cual se debería dotar de vivienda digna a los ciudadanos, es un muro donde se estrellan día con día miles de sueños de quienes aún creen que se vive en un régimen justo.
Por eso, cuando surgió el apoyo para los adultos mayores, se levantó la protesta, no siempre explícita, de quienes suponían que los dineros del gobierno sólo se podían utilizar para grandes apoyos a los que habían logrado la cúspide en los negocios.
Si así se hubiera hecho en la capital, desde luego que no hubieran alcanzado los recursos para sostener los programas de ayuda a los necesitados que se han enderezado en el DF. Madres solteras, estudiantes sin empleo, hombres y mujeres expulsados de la oficina o la fábrica –por la necesidad del patrón de acumular más recursos– obtienen las ayudas a las que se siente obligado el gobierno de la ciudad, y que en muchos otros estados de la República han tenido que se copiados.
Por eso, cuando se habla de que hay problemas con la tarjeta para los ancianos, la tarea del gobierno de Marcelo Ebrard debería ser atacar, con toda la fuerza de que dispone, a quienes tratan de envilecer el acto de justicia que se inició en el gobierno central pasado, a menos de que se esté buscando acabar con el beneficio, o peor, que se le trate de utilizar como forma de control para fines políticos, y esa estrategia provenga de las oficinas del jefe de Gobierno. Está en manos del propio Ebrard impedir la injusticia. Que así sea.
De pasadita
Le contábamos a usted en la entrega pasada que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se ha convertido en un órgano de oposición al gobierno de la ciudad, pese a que la mayoría de sus miembros pertenece al partido en el poder, es decir, al PRD.
Ahora hay quien quiere enjuiciar a Marcelo Ebrard porque la ayuda que ha mandado a Tabasco le parece mero protagonismo, y eso sí parece de dementes. Si alguna ciudad, si algún gobierno tendría que ser solidario con Tabasco, ese es el del Distrito Federal, que sufrió en carne propia un infortunio del tamaño de lo que ahora sucede en la entidad del sureste mexicano, y una muestra de ello son los miles de ciudadanos de la capital que acuden a los centros para el apoyo a los tabasqueños.
Pobres de quienes ensombrecen su labor con ataques mezquinos que sólo hablan de su pobreza de espíritu. Por cierto, esos que tanto protestan ya supieron cuánto gasta Felipe Calderón en tratar, sin fortuna, de componer su imagen. ¡Aguas, señores! ¡Aguas!
La Jornada 7 de noviembre del 2007
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