MANIFIESTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2009
¡YA BASTA DE DESPOJOS Y ABUSOS AL PUEBLO!
A los pueblos de la región, de México y del mundo:
Reciban un saludo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Puebla Tlaxcala.
En este mes patrio, cuando los indígenas lucharon con Hidalgo, Morelos, Los Galeana y miles más, por la independencia de México contra los españoles, hoy vemos que las condiciones en que vivíamos en la conquista son muy similares a las que vivimos ahora.. Por eso a 199 años de la independencia en México.
D E C L A R A M O S
1. NUESTRO DESCONTENTO es el resultado de la historia de despojo e injusticia por parte del mal gobierno a los pueblos. A través de los años hemos padecido el crecimiento de la ciudad de Puebla y del mal nombrado “Progreso”, que no es otra cosa que el interés de los ricos por encima de las comunidades. Así nuestros pueblos han sufrido el asesinato de luchadores sociales como: Agustín Morante Romero en Moyotzingo por defender el agua en 1981; Sebastían García Arce, abuelo de 83 años asesinado por el ejército a golpes para entregar las tierras de Ocotlán a extranjeros de la VW en 1992; Jose Cruz Delgado Zapotecatl comisariado ejidal en Momoxpan asesinado por defender las tierras del periférico en 1993; José Luis Serrano Cortés líder de la región cholulteca contra el proyecto Angelopolis en 1998; Sebastían Romero Merino líder de la defensa de los bienes comunales en Azumiatla muerto en 1999; Teodoro Lozano muerto por accidente provocado en 2001 contra el Proyecto Milenium en la zona de Tepeaca.
Es por eso que DENUNCIAMOS QUE LA ACTUAL CIUDAD DE PUEBLA SE HA CONSTRUIDO BAJO LA SANGRE Y DESPOJO DE NUESTROS PUEBLOS.
En este 15 de septiembre día de la independencia de México nuestro reconocimiento, respeto y admiración a nuestros compañeros asesinados y la convicción de que seguiremos defendiendo lo que nos heredaron, para que mañana nuestros hijos puedan vivir de un poco de lo que hoy tenemos. Y no al contrario nos reclamen por no haber hecho nada mientras veíamos que el despojo, destrucción ambiental e injusticia acaban con el futuro.
2. NOSOTROS VEMOS que quieren acabar con el campo y los campesinos y contra quien estorbe a sus intereses, en nuestro caso somos mas de 5000 campesinos, pueblos del norte, poniente y sur vecinos de la ciudad de Puebla, que se oponen a la construcción de 3 proyectos privados: Autopista Libramiento Surponiente, Autopista Libramiento Norte y Proyecto Puerto Aura.
Pero entendemos que estos proyectos que pretenden despojarnos de nuestra tierra y agua son tan solo la punta de lanza de un proyecto mas grande: acabar con las comunidades de la región para crecer la ciudad en un 400% de su tamaño actual. En 20 años mas de una decena de comunidades de la región ya han sido absorbidas por la ciudad de Puebla y lo que antes eran verdes campos hoy son fraccionamientos y centros comerciales.
En los próximos 15 años el gobierno quiere que nuestras tierras de cultivo sean convertidas en fraccionamientos, centros comerciales, clubs de golf, industrias, residencias, proyectos ecoturísticos, basureros, saqueo de agua, etc. Quieren construir una ciudad para ricos y abajo pobreza, esclavitud y miles de casitas a pagar en 30 años.
El avance de la urbanización salvaje ha provocado la división de las comunidades, acaba con las costumbres, raíces y tradiciones, la historia, la lengua de los pueblos y a cambio nos devuelve destrucción ambiental, despojo, empobrecimiento, inseguridad y salarios de hambre.
Cada pueblo de la región es testigo vivo de afectaciones en “beneficio” de la ciudad de Puebla.
3. ELLOS NOS ENGAÑAN, la forma en que opera el gobierno, la SCT y los presidentes municipales es en complicidad con la empresas OHL, MCC Melgarejo y caciques locales como Kamel Nacif, Henaine, Pacheco Pensado, Posada Cueto , Carlos Grajales, Magallanes, etc.
A todos los compañeros les informamos que para realizar cualquier obra como las carreteras es necesario que el gobierno cuente con un estudio de Impacto Ambiental, sino cuenta con este estudio, ni con tu permiso no puede invadir tus tierras, no te tejes intimidar, organizate con tu pueblo.
Porque ellos mandan a gente para decirnos “que los demás ya vendieron y que no queda otra que vender”; los de la SCT y gobernación van amenazarnos en nuestras casas, miden sin permiso nuestras tierras y pretenden montar provocaciones como en San Andrés Azumiatla el 24 de abril de 2009. Este grupo de empresarios y mal gobernantes utilizan a gente de nuestras comunidades, ellos tristemente son usados para dividirnos, crear desconfianza y nos quieren convencer de manera individual para que vendamos. El gobierno, SCT y sus cómplices ofrecen concesiones de combis, infraestructura, escuelas, pozos a cambio de las tierras, pero el gobierno nunca a cumplido sus acuerdos, ejemplo de esto son Santa María Acuexcómac, San Francisco Ocotlán y muchos pueblos mas. Pero la tierra es la herencia de vida a nuestros hijos y nietos y no se cambia por nada del mundo, PORQUE NADA VALE MAS QUE NUESTRA TIERRA.
Pero ahora el gobierno, está planeando una agresión mas a nuestros pueblos y a la vida: APROBANDO REFORMAS A LA LEY DE EXPROPIACIÓN QUE PERMITEN NOS QUITEN A CUALQUIERA LOS TERRENOS AUN CUANDO EL INTERÉS DIRECTO ES UNA EMPRESA Y NO EL BIEN DEL PUEBLO.
Esta ley afecta a cualquier propietario campesino o urbano, significa que ya es legal la privatización del agua y la tierra por encima del pueblo. Pero unidos no lo permitiremos!
4. Es por estos motivos que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Puebla-Tlaxcala da a conocer los siguientes ACUERDOS
1. La tierra y el agua no se venden, la tierra es para producir alimentos para la humanidad, y costaron la sangre y sudor de nuestros abuelos, nosotros debemos dar lo mismo por ella.
2. No caer en provocaciones e interponer recursos legales, y la organización del pueblo, ante invasiones y cualquier abuso de autoridad.
3. No habrá negociación individual con el gobierno porque esto debilita a los pueblos. Solicitamos como conjunto de afectados organizados en el FPDTAPT un diálogo abierto y público con el Gobierno Estatal de Mario Marín y el Secretario de Comunicaciones y Transportes Valentín Meneses, para que cesen las hostilidades y amenaza hacia nuestras comunidades.
4. Ninguna declaratoria de expropiación pasará en nuestros pueblos, por ser inconstitucional y atentar contra la soberanía del pueblo mexicano.
5. Si hay algo que afecte a un pueblo, nos afecta a todos. Es tiempo de unirnos los pueblos para evitar la destrucción hecha gobierno.
6. El hambre y la sequia se avecinan por lo que acordamos promover el cultivo de nuestras tierras con mejores técnicas orgánicas y apoyarnos entre pueblos en la distribución de alimentos.
7. Luchar por la recuperación de nuestra tierra y agua que nos han sido arrebatadas a sus legítimos dueños
8. Luchar por la reactivación del campo y la soberanía alimentaria.
9. Defender y cuidar la tierra y el agua, contribuir a la unidad y organización de los pueblos, por la vida y contra la destrucción ambiental.
10. Alianzas y unión con otros movimientos sociales, hemos establecido alianzas y unión con otras organizaciones estatales y nacionales y lo seguiremos haciendo para alcanzar juntos la soberanía y liberación nacional.
Septiembre 2009 a 199 años de la Independencia de México y 99 de nuestra Revolución Mexicana
¡Alto a la destrucción de la vida! ¡Vivan los pueblos organizados!
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Puebla Tlaxcala
Invitamos a todos los pueblos y personas a unirnos y coordinarnos en esta digna, necesaria y justa lucha.
Escribanos a los correos: frentedepueblospt@yahoo.com.mx y cpdptarm@hotmail.com
Mostrando entradas con la etiqueta derechos indígenas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta derechos indígenas. Mostrar todas las entradas
miércoles, 23 de septiembre de 2009
martes, 22 de septiembre de 2009
Jacinta y sus hermanas
Jorge Meléndez Preciado en RazonEsdeSer.
Fueron 1, 095 días; 26, 280 horas y un millón 365, 400 minutos, cuando menos, los que Jacinta Francisco Marcial estuvo presa debido a una acusación inconcebible, propia de una cinta del absurdo. Se le imputó a ella y dos compañeras que, incorrectamente, siguen en prisión, Teresa González y Alberta Alcantara, de haber secuestrado a media docena de policías, adscritos a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), hoy Policía Federal.
El asunto muestra el horror de la justicia mexicana, ya que tanto los cargos, el primer dictamen del juez como la tardanza de la PGR , tres años, para no presentar conclusiones muestra, nítidamente, que ser mujer, indígena, pobre y no hablar español es sufrir los más terribles agravios, y al ser liberado ni siquiera recibir el “usted dispense”. Pero además, el asunto supera a Kafka, ya que se libera a una y las otras dos continúan encarceladas.
Frente a ese atropello monumental, Jacinta dice: “ya no permitiré más injusticias de la autoridad en mi contra. Ahora soy mucho más fuerte”. Y el régimen, al contrario, mostró sus debilidades, carencias, prepotencias, incapacidad para cuidar a sus habitantes y castigar a los responsables de una aberración sin límites.
Porque se debería, ahora, llamar a cuentas a los gendarmes mentirosos y prepotentes, al juez que malévolamente investigó el asunto y a los que en la PGR fueron omisos o culpables. Amén que como dice el doctor Mariano Albor, resarcir económica y moralmente a las víctimas; mujeres ejemplares.
La liberación de Jacinta se debió al apoyo de organismos como el centro de derechos humanos, Agustín Pro Juárez, y agrupaciones internacionales, no a una investigación seria de la autoridad. Lo que demuestra, claramente, que la impunidad es el pan de cada día en una nación donde los poderosos continúan siendo intocables.
jamelendez44@gmail.com
Fueron 1, 095 días; 26, 280 horas y un millón 365, 400 minutos, cuando menos, los que Jacinta Francisco Marcial estuvo presa debido a una acusación inconcebible, propia de una cinta del absurdo. Se le imputó a ella y dos compañeras que, incorrectamente, siguen en prisión, Teresa González y Alberta Alcantara, de haber secuestrado a media docena de policías, adscritos a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), hoy Policía Federal.
El asunto muestra el horror de la justicia mexicana, ya que tanto los cargos, el primer dictamen del juez como la tardanza de la PGR , tres años, para no presentar conclusiones muestra, nítidamente, que ser mujer, indígena, pobre y no hablar español es sufrir los más terribles agravios, y al ser liberado ni siquiera recibir el “usted dispense”. Pero además, el asunto supera a Kafka, ya que se libera a una y las otras dos continúan encarceladas.
Frente a ese atropello monumental, Jacinta dice: “ya no permitiré más injusticias de la autoridad en mi contra. Ahora soy mucho más fuerte”. Y el régimen, al contrario, mostró sus debilidades, carencias, prepotencias, incapacidad para cuidar a sus habitantes y castigar a los responsables de una aberración sin límites.
Porque se debería, ahora, llamar a cuentas a los gendarmes mentirosos y prepotentes, al juez que malévolamente investigó el asunto y a los que en la PGR fueron omisos o culpables. Amén que como dice el doctor Mariano Albor, resarcir económica y moralmente a las víctimas; mujeres ejemplares.
La liberación de Jacinta se debió al apoyo de organismos como el centro de derechos humanos, Agustín Pro Juárez, y agrupaciones internacionales, no a una investigación seria de la autoridad. Lo que demuestra, claramente, que la impunidad es el pan de cada día en una nación donde los poderosos continúan siendo intocables.
jamelendez44@gmail.com
viernes, 18 de septiembre de 2009
Mensaje del frente de los pueblos en defensa de la tierra en voz de América del Valle
16 de septiembre de 2009Hermanos y compañeros de los pueblos de la orilla del agua, Atenco:
Compañeros de otras organizaciones y pueblos solidarios:
A un año de que se cumplan dos siglos de la lucha por la Independencia, a diferencia de otras patrias de América Latina como Bolivia con un gran indígena al frente, Evo Morales y un pueblo resuelto a defender su soberanía, nuestro México tiene muy poco qué celebrar y bastante para replantearse en cuanto a la historia que quiere cultivar desde ahora, pues ello, en las décadas venideras y en otros cien años, será la herencia que habremos dejado a los que vienen detrás.
¿Qué clase de celebración es a la que nos invitan los despojadores que han mandado construir carreteras, parques con sus tiendas transnacionales, zonas urbanas y de exclusividad sobre lo que hace unos años todavía eran ejidos, como sucede en pueblos vecinos como Texcoco, Tecamac o Acolman? ¿Qué hay que celebrar con la oligarquía que con una mano sostienen sus falacias patrióticas y con la otra militarizan y reprimen al pueblo por reivindicar en los hechos a Hidalgo, a Morelos, a Josefa Ortíz de Dominguez?
Es una afrenta a la dignidad e inteligencia de los mexicanos, que los tiranos pretendan que celebremos junto a ellos los impuestos y desempleo que cargan al pueblo y que a nombre de éste, mendigan prestamos multimillonarios a los organismos internacionales o saquean las reservas de patrimonios sociales como planean hacerlo contra el IMSS o la industria energética, todo para “sobrellevar” la crisis económica que 79 millones de mexicanos pagamos y vivimos en carne propia incluso mucho antes de la crisis mundial; mientras ellos, un manojo de rateros se aumentan mensual y anualmente millones de pesos que pertenecen al pueblo sólo por fingir que son ministros, magistrados, gobernadores, presidentes, jueces o cualquier especie de funcionario incompetente de los que abundan.
Reivindicar a las mujeres y hombres que se rebelaron y comenzaron la lucha por la independencia no es suficiente; lo que ellos iniciaron lo tenemos que continuar nosotros, organizados en la calle, en las fábricas, en el campo, en las escuelas, en la movilización, pero también tenemos que liberar nuestra ideología que sigue siendo enajenada por la basura mediática.
Sin meternos en detalles de todo lo que hemos pasado en por lo menos esta última década, es oportuno reiterar claramente, que si hoy no han podido despojarnos de nuestras tierras para imponer un aeropuerto o cualquier otro proyecto ajeno a los intereses y necesidades del pueblo no ha sido por la gracia de un presidente municipal ni tampoco por la de algún partido político; no ha sido por la buena voluntad de los gobiernos pues es de ellos de quiénes viene la violencia y los agravios. Los triunfos de nuestra lucha y resistencia son del pueblo, son obra y resultado de la unidad, organización, solidaridad y decisión para defender la dignidad y lo que por derecho nos pertenece.
Entre otras razones el intento de exterminarnos en mayo del 2006, también fue por todos nuestra enérgica lucha para arrancar los recursos del pueblo para llevarlos a sus escuelas, a la salud, al campo. Nadie nos estaba regalando nada, esos recursos y más, le pertenecen al pueblo por lo que debe ser capaz de exigirlos y tomarlos. Igual que hoy concentramos nuestros esfuerzos para liberar a nuestros hermanos, ayer lo hicimos por tener escuelas y salud dignas de nuestros niños y esta pelea, la tendremos que retomar en algún momento.
Al entrante emisario del verdugo, el señor Mario Ayala, le decimos que que tenga presente que su llegada a la presidencia municipal cuestionada gracias a la tradición de comprar votos, no quiere decir que representa a la mayoría del pueblo y mucho menos que pueda pasar sobre éste sólo por el titulo que le regalaron en Toluca. Le dejamos muy claro que las tierras son del pueblo y si su misión es seguir comprándolas mediante prestanombres como lo ha hecho la CONAGUA o con la manipulación y chantaje a ejidatarios, puede estar seguro que cualquier intento de entreguismo para usted le será un fracaso y para su jefe superior, su gobernador, una derrota más. El uso del erario público debe ser para la infraestructura de primera necesidad como la salud, la educación o los drenajes y las veces que sean necesarias el pueblo lo emplazará para que le rinda cuentas.
A los hermanos, en su mayoría jóvenes de la Otra Campaña, que sostuvieron el plantón contra viento y marea -primero en el penal de Santiaguito y luego en el Molino de las Flores- , no tenemos más ofrenda que nuestro agradecimiento y reconocimiento. Más allá de las discrepancias, los que estamos convencidos de que la lucha por la libertad y la transformación de México es irrevocable, los hoy todavía presos, sus familias y los exiliados, les extendemos nuestra gratitud infinita. La lucha y muchas razones nos hermanan, Atenco es su pueblo.
Del mismo modo, queremos agradecer a los compañeros que decidieron mantener el plantón y han vuelto a hacer la convocatoria para reforzarlo, lo que significa para nosotros un llamado de atención a poner desde nuestras posibilidades nuestro granito de arena y hacer hasta lo imposible para no descobijar a los nueve presos que resisten en la mazmorra del Molino de las Flores.
Con mucho entusiasmo ha iniciado la segunda etapa de la Campaña por la libertad y justicia.
Hace días tuvimos el privilegio de recibir a grandes mujeres como la premio nobel, Jody Williams, las compañeras incansables de Oaxaca, Guerrero y Ciudad Juárez y ahora mismo se impulsa una gira por doce estados que partió en el corazón de la dignidad, en Chiapas con nuestros hermanos zapatistas y pueblos del Bosque y de la Costa que lo mismo resisten las canalladas del ejército y los paramilitares, que se organizan y luchan contra las abusivas tarifas de luz y por la liberación de decenas de presos políticos con condenas aberrantes como la de 83 años que le han impuesto al maestro indígena Alberto Patishtán quién esta preso desde el 2001.
Sin embargo compañeros, hace falta que nosotros desde Atenco nos involucremos más, hace falta que multipliquemos esfuerzos para seguir informando en nuestras comunidades, porque puede sorprendernos, pero muchos no saben la magnitud de las condenas ni conocen a los presos políticos siendo que pertenecen a estos pueblos y a otros vecinos. Somos afortunados porque la solidaridad nunca nos ha abandonado, pero no podemos desentendernos, tenemos que participar más cada uno, desde nuestras posibilidades.
La libertad que aquí está en juego, no es una cuestión legal, en ésta tenemos todos los argumentos, pero mientras el sistema de justicia valga sólo para exonerar a criminales y producir impunidad, sólo nos queda la movilización popular y las instancias internacionales.
Recientemente se han agotado los recursos legales de la mayoría de los presos políticos y estamos esperando las respectivas resoluciones, sin embargo, es un error albergar toda nuestra esperanza en el poder judicial; más valdría reservarla para tener temple en momentos difíciles como los que nos han deparado y a los que hemos vencido todo este tiempo. Lo que no podemos poner en duda es que nuestros hermanos saldrán libres y mientras Enrique Peña Nieto siga impune y mantenga la venganza, el pueblo no se quedará callado ni resignado.
Nuestra lucha por la liberación de los presos políticos no es de un solo esfuerzo y mucho menos es botín de algún partido político. La libertad de nuestros hermanos, es de todas y todos los que estén dispuestos a asumirla y defenderla, es del pueblo organizado y en su capacidad para reunir sus fuerzas estará la libertad.
En este sentido, nos parece oportuno subrayar que en el FPDT es bienvenida la discusión y crítica constructiva, pero dejamos bien claro que no aceptamos ninguna injuria, venga de donde venga, que pretenda la intriga y la siembra del sectarismo al acusarnos de permitir el “maiceo” como si la libertad de nuestros hermanos y la solidaridad fueran monedas de cambio. Nuestros principios están intactos, nuestra conciencia también y si hubiese algo por rectificar seremos los primeros en hacerlo sin la necesidad de seudónimos.
Como FPDT siempre vamos a privilegiar el respeto, las acciones y el trabajo honesto de hermanos solidarios que sin escatimar nada, asumen la lucha por la libertad y justicia en sus manos.
Bienvenida la segunda etapa de la Campaña por la libertad y justicia, bienvenidos todos los esfuerzos que edifiquen la lucha y unidad de los más posibles.
Tenemos un gran compromiso con los presos politicos de Atenco pero también de otros pueblos y organizaciones hermanas, y en lo personal esta resistencia no es ningún sacrificio, es un deber en consecuencia con el país que queremos transformar de raíz. El llamado de la lucha por la independencia sigue vigente, entonces, no hay derrota, la lucha sigue.
Para concluir, quisiera enviar un fuerte abrazo a las familias de los presos políticos y a sus hijos que también resisten.
A la familia Altamirano Nuñez. Un abrazo intenso. Entre tantos hermanos que me han nacido en el camino de la lucha, Panchito fue y será quién me siga poniendo el ejemplo para estar firme sin perder la alegría y el coraje en cada batalla que sea necesaria.
Por él y por todos los que desde otras trincheras nos acompañan, no vamos a descansar hasta ver a nuestro pueblo sonreír y vivir con plenitud.
MÁS VIVOS QUE NUNCA: POR ELLOS, NI UN MINUTO DE SILENCIO, TODA UNA VIDA LUCHA
PRESOS POLÍTICOS DE TODO EL PAÍS, LIBERTAD
JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS
CASTIGO PARA LOS TIRANOS
HASTA LA VICTORIA
VENCEREMOS
América Del Valle
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA
martes, 15 de septiembre de 2009
Mezcala: voces emergentes de la tierra.
Tomado de fueradejuicio en youtube.
SINOPSIS
Integrantes de la comunidad indígena coca de Mezcala reafirman su identidad, mostrándonos sus significados del ser indígena, del ser un indio que existe y que vive, en su historia, en su tierra donde a través de ella emerge la memoria de sus antepasados, su sangre, su grito, sus fuerzas, su vida.
Son las voces de Adelo, Felipa y Chema, quienes nos cuentan la situación que vive su comunidad y dan testimonio del espíritu de resistencia heredado por sus antepasados, al sentirse amenazados por el acoso constante de empresarios y políticos que intentan despojarlos de su tierra con una campaña constante de desprestigio y humillación que el sistema económico-político actual, ha lanzado sobre los pueblos indígenas.
Los personajes cuentan sus formas de resistencia, además de poner al descubierto el ambiente que se vive en Mezcala, Jalisco, México, una microhistoria de la realidad que viven las comunidades indígenas en todo el mundo.
SINOPSIS
Integrantes de la comunidad indígena coca de Mezcala reafirman su identidad, mostrándonos sus significados del ser indígena, del ser un indio que existe y que vive, en su historia, en su tierra donde a través de ella emerge la memoria de sus antepasados, su sangre, su grito, sus fuerzas, su vida.
Son las voces de Adelo, Felipa y Chema, quienes nos cuentan la situación que vive su comunidad y dan testimonio del espíritu de resistencia heredado por sus antepasados, al sentirse amenazados por el acoso constante de empresarios y políticos que intentan despojarlos de su tierra con una campaña constante de desprestigio y humillación que el sistema económico-político actual, ha lanzado sobre los pueblos indígenas.
Los personajes cuentan sus formas de resistencia, además de poner al descubierto el ambiente que se vive en Mezcala, Jalisco, México, una microhistoria de la realidad que viven las comunidades indígenas en todo el mundo.
sábado, 12 de septiembre de 2009
Jacinta la Supermujer que secuestró a un AFI
Tomado de luifer en youtube y a su vez dl programa Encuentro en teleformula.
jueves, 10 de septiembre de 2009
Procuración de justicia
Por: Lilia Cisneros Luján en APIAVirtual.
El caso de Jacinta Francisco Marcial, y otras dos mujeres indígenas habitantes del estado de Querétaro, es emblemático más allá del mediano interés puesto en el mismo por algunos reporteros de medios electrónicos, a los cuales seguramente alguien de sus socios le otorgará un premio. A esta ciudadana se le acusó falsamente por agentes de la PGR y la AFI, cuya conducta ilícita y prepotente fue repelida, por habitantes de un pueblo cansado de sufrir abusos. ¿Quién fue el responsable de organizar el supuesto secuestro y la repulsa a estos criminales de uniforme? Sin duda ¡Fuente ovejuna Señor! Pero los AFIS no estaban dispuestos a tragarse lo que ellos visualizaron como una afrenta y se la cobraron, a una mujer, con serias limitaciones para comprender el español y aun más los procedimientos de ministerios públicos que, lejos de salvaguardar los derechos de quienes se presumen inocentes, utilizan la representación social no para investigar, muchos menos para procurar justicia y ni pensar que lo hagan para perseguir a delincuentes.
Lo más grave del caso de Jacinta, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomíes residentes en Santiago Mexquititlán es que, como ellas, cientos si no es que miles de ciudadanos somos víctimas de estos pseudo representantes sociales. Si acaso Usted es el agraviado por un defraudador que le vendió una casa mal construida, un ratero que se llevó su bolsa, el coche o entró a su casa a ver que hurtaba; de entrada tiene que soportar un interrogatorio en la mesa del MP que se afana más por asentar en su denuncia, si el denunciante es vicioso, si desconfía de alguien de su familia o si puede identificar enemigos. Con un poco de buena suerte encuentra un abogado serio y comprometido que desde el primer momento fija sus honorarios –altos porque debe incluir los gastos “solicitados” por el MP, para no enviar su expediente al “no ejercicio” o la reserva- aunque ni esto lo salva desde el primer momento, de la advertencia generalizada, acerca de las fuertes dificultades para que prospere su caso porque “le falta un documento” o “no tiene testigos”, aun cuando se trate de violación, homicidio o lesiones. Ah, pero los malos, esos que le siembran droga, le fabrican delitos –molestos contra el pequeño empresario que descubrió el robo hormiga en su empresa, o el funcionario honesto que los denuncia ante las contralorías y hasta el acosador rechazado por la secretaria- esos si se entienden $$$ muy bien con esta ralea de “investigadores” cuya riqueza es por demás explicable como resultado de una impunidad sin límites.
En estricto derecho, los AFIS que acusaron a Jacinta y sus dos vecinas, los ministerios públicos que integraron y consignaron el expediente y hasta los jueces que las privaron de su libertad, deberían ser responsables de muchos delitos, empezando por falsedad en declaración, y todas las que resulten de una conducta vengativa, prepotente o cuando menos negligente. ¿Se puede llamar justicia, la simple excarcelación de una de estas tres mexicanas después de tres años de prisión derivados de un proceso amañando, en el cual ellas no fueron advertidas nunca de lo que se les imputaba? ¿A cuantas personas conoce, presas en reclusorios, acusadas de un homicidio no cometido? Sé, del caso de un joven en esta condición en el penal de Barrientos. Se le amenazó con recluir a la madre para obligarle a firmar su confesión. A esta madre se le imputaba “haber salido corriendo para ocultar el arma homicida”, solo que dicha señora tiene secuelas de polio que casi le impiden movilizarse y el hijo lleva encerrado mucho más tiempo que Jacinta. Todos saben que el homicida fue un agente pero que “al muchacho le tocó estar en el lugar y la hora equivocados y se convirtió en chivo expiatorio” Es lamentable escuchar que en México el riesgo más grave de un ciudadano es, ser inocente y resulta trágico asumir que solo quienes están conectados con las altas esferas pueden aspirar a la justicia.
En la inauguración del Seminario Permanente de Actualización Política convocado por la organización Constitución y República Nuevo Milenio, en la cámara de diputados para plantear una agenda legislativa con la opinión ciudadana, el doctor en derecho Cesar Garizurieta, lamentó reconocer que en nuestro país “la justicia es una mercancía”. Su costo es alto –dijo- se oferta al mejor postor, no al que tenga la razón ni conozca la verdad, sino al que más pague. Y el pago, lo sabemos todos, no solo es en dinero, sino en prebendas. ¿Por qué no se juzga y castiga a los responsables de asesinar 12 mujeres diariamente? Preguntó el jurista luego de analizar la exclusión del derecho a la salud de mujeres imposibilitadas de atender su cáncer por el alto costo de las medicinas y; el mismo razonamiento podríamos extender a todos aquellos “con seguro popular” o sin éste, que fallecen de diabetes o de toda suerte de enfermedades provocadas por una alimentación chatarra.
El delito, raya en cinismo cuando “un maldito gen” recién descubierto como supuesto precursor de estas enfermedades en el mexicano, se utiliza como excusa para exonerar a quienes han convertido a México en el país con más obsesos del planeta.
Cuando además de excarcelar a Jacinta se deje en libertad a las otras dos señoras otomíes, se les repare el daño a las tres y se encierren a quienes fueron los actores de esta infamia, tal vez podamos hablar de justicia. Estaremos más cerca de la justicia, cuando las contralorías internas sancionen y luego separen de los puestos, a los MP que piden dinero para aceitar su investigación.
Habrá justicia cuando los agentes investigadores –judiciales, AFIS o como quiera que se les rebautice- sean severamente sancionados por extorsionar tanto culpables como agraviados; los jueces juzguen en vez de legislar con cada caso que resuelven y los MP realicen su trabajo de investigación con seriedad, gratuidad e imparcialidad.
Hasta en tanto esto no ocurra, podrán aumentarse hasta el infinito los recursos generados con el trabajo del pueblo para pagar policías, fiscales y juzgadores; porque México seguirá siendo el país de la impunidad, la inseguridad jurídica o física y el reino de la maldad.
El caso de Jacinta Francisco Marcial, y otras dos mujeres indígenas habitantes del estado de Querétaro, es emblemático más allá del mediano interés puesto en el mismo por algunos reporteros de medios electrónicos, a los cuales seguramente alguien de sus socios le otorgará un premio. A esta ciudadana se le acusó falsamente por agentes de la PGR y la AFI, cuya conducta ilícita y prepotente fue repelida, por habitantes de un pueblo cansado de sufrir abusos. ¿Quién fue el responsable de organizar el supuesto secuestro y la repulsa a estos criminales de uniforme? Sin duda ¡Fuente ovejuna Señor! Pero los AFIS no estaban dispuestos a tragarse lo que ellos visualizaron como una afrenta y se la cobraron, a una mujer, con serias limitaciones para comprender el español y aun más los procedimientos de ministerios públicos que, lejos de salvaguardar los derechos de quienes se presumen inocentes, utilizan la representación social no para investigar, muchos menos para procurar justicia y ni pensar que lo hagan para perseguir a delincuentes.
Lo más grave del caso de Jacinta, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomíes residentes en Santiago Mexquititlán es que, como ellas, cientos si no es que miles de ciudadanos somos víctimas de estos pseudo representantes sociales. Si acaso Usted es el agraviado por un defraudador que le vendió una casa mal construida, un ratero que se llevó su bolsa, el coche o entró a su casa a ver que hurtaba; de entrada tiene que soportar un interrogatorio en la mesa del MP que se afana más por asentar en su denuncia, si el denunciante es vicioso, si desconfía de alguien de su familia o si puede identificar enemigos. Con un poco de buena suerte encuentra un abogado serio y comprometido que desde el primer momento fija sus honorarios –altos porque debe incluir los gastos “solicitados” por el MP, para no enviar su expediente al “no ejercicio” o la reserva- aunque ni esto lo salva desde el primer momento, de la advertencia generalizada, acerca de las fuertes dificultades para que prospere su caso porque “le falta un documento” o “no tiene testigos”, aun cuando se trate de violación, homicidio o lesiones. Ah, pero los malos, esos que le siembran droga, le fabrican delitos –molestos contra el pequeño empresario que descubrió el robo hormiga en su empresa, o el funcionario honesto que los denuncia ante las contralorías y hasta el acosador rechazado por la secretaria- esos si se entienden $$$ muy bien con esta ralea de “investigadores” cuya riqueza es por demás explicable como resultado de una impunidad sin límites.
En estricto derecho, los AFIS que acusaron a Jacinta y sus dos vecinas, los ministerios públicos que integraron y consignaron el expediente y hasta los jueces que las privaron de su libertad, deberían ser responsables de muchos delitos, empezando por falsedad en declaración, y todas las que resulten de una conducta vengativa, prepotente o cuando menos negligente. ¿Se puede llamar justicia, la simple excarcelación de una de estas tres mexicanas después de tres años de prisión derivados de un proceso amañando, en el cual ellas no fueron advertidas nunca de lo que se les imputaba? ¿A cuantas personas conoce, presas en reclusorios, acusadas de un homicidio no cometido? Sé, del caso de un joven en esta condición en el penal de Barrientos. Se le amenazó con recluir a la madre para obligarle a firmar su confesión. A esta madre se le imputaba “haber salido corriendo para ocultar el arma homicida”, solo que dicha señora tiene secuelas de polio que casi le impiden movilizarse y el hijo lleva encerrado mucho más tiempo que Jacinta. Todos saben que el homicida fue un agente pero que “al muchacho le tocó estar en el lugar y la hora equivocados y se convirtió en chivo expiatorio” Es lamentable escuchar que en México el riesgo más grave de un ciudadano es, ser inocente y resulta trágico asumir que solo quienes están conectados con las altas esferas pueden aspirar a la justicia.
En la inauguración del Seminario Permanente de Actualización Política convocado por la organización Constitución y República Nuevo Milenio, en la cámara de diputados para plantear una agenda legislativa con la opinión ciudadana, el doctor en derecho Cesar Garizurieta, lamentó reconocer que en nuestro país “la justicia es una mercancía”. Su costo es alto –dijo- se oferta al mejor postor, no al que tenga la razón ni conozca la verdad, sino al que más pague. Y el pago, lo sabemos todos, no solo es en dinero, sino en prebendas. ¿Por qué no se juzga y castiga a los responsables de asesinar 12 mujeres diariamente? Preguntó el jurista luego de analizar la exclusión del derecho a la salud de mujeres imposibilitadas de atender su cáncer por el alto costo de las medicinas y; el mismo razonamiento podríamos extender a todos aquellos “con seguro popular” o sin éste, que fallecen de diabetes o de toda suerte de enfermedades provocadas por una alimentación chatarra.
El delito, raya en cinismo cuando “un maldito gen” recién descubierto como supuesto precursor de estas enfermedades en el mexicano, se utiliza como excusa para exonerar a quienes han convertido a México en el país con más obsesos del planeta.
Cuando además de excarcelar a Jacinta se deje en libertad a las otras dos señoras otomíes, se les repare el daño a las tres y se encierren a quienes fueron los actores de esta infamia, tal vez podamos hablar de justicia. Estaremos más cerca de la justicia, cuando las contralorías internas sancionen y luego separen de los puestos, a los MP que piden dinero para aceitar su investigación.
Habrá justicia cuando los agentes investigadores –judiciales, AFIS o como quiera que se les rebautice- sean severamente sancionados por extorsionar tanto culpables como agraviados; los jueces juzguen en vez de legislar con cada caso que resuelven y los MP realicen su trabajo de investigación con seriedad, gratuidad e imparcialidad.
Hasta en tanto esto no ocurra, podrán aumentarse hasta el infinito los recursos generados con el trabajo del pueblo para pagar policías, fiscales y juzgadores; porque México seguirá siendo el país de la impunidad, la inseguridad jurídica o física y el reino de la maldad.
viernes, 14 de agosto de 2009
Doña Jacinta: tres años de injusticia separado a familia indígena
Doña Jacinta: tres años de injusticia separado a familia indígena
• Hoy se cumplen tres años desde que, con engaños, fue detenida doña Jacinta
• El 7 de agosto vence el plazo para que la PGR acepte o rechace la recomendación de la CNDH
• Organización Mundial Contra la Tortura emite comunicado sobre Jacinta
El 26 de marzo de 2006 seis agentes federales de investigación, sin uniforme y sin orden “decomisaban” mercancia supuestamente pirata en el tianguis del centro de Santiago Mexquititlán. En un momento dado alguien pidió una orden para el decomiso. Entonces comenzó la tensión. Súbitamente los agentes oficiales se vieron despojados de la cobertura que su trabajo como policías les otorga. Los comerciantes habían pasado muchas veces por esa situación, pero era la primera vez que sentían una cierta ventaja. No siempre resulta tan claro que el momento en el que la impunidad se rompe, tiene la necesaria implicación de que la justicia está ausente desde hace mucho tiempo.
Llegaron el agente del Ministerio Público Federal (MPF) con sede en San Juan del Río, Querétaro, el licenciado Gerardo Cruz Bedolla, y el jefe regional de la AFI, Omar Evaristo Vega Leyva. En la plaza principal del pueblo hablaron con los comerciantes. Los funcionarios aseguraron que los agentes habían cometido un error y que iban a responder por los destrozos y daños causados. Tras un estira y afloja cada vez más tenso el jefe de la AFI y el MPF, incapaces de demostrar la legalidad de la acción, ofrecen que uno de los agentes permanezca en el lugar en lo que traían el dinero para pagar lo decomisado irregularmente, en virtud de que por alguna razón ya no tenían la mercancia original.
Según los testimonios que ha recopilado la defensa de Jacinta [el Centro de derechos humanos Fray Jacobo Daciano (CDH/FJD), de Querétaro, y el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)] sobre los hechos de ese día, tres horas después, los elementos de la AFI arribaron al pueblo acompañados de policías pertenecientes a otras corporaciones. Con ellos llegó un fotoperiodista del diario Noticias de Querétaro. Cuando llegaron los agentes, los comerciantes afectados, junto con las demás personas que protestaban contra los abusos cometidos, dialogaron en relación a los pagos. Todo esto estaba ocurriendo en el puro centro del pueblo.
Jacinta ¿Secuestradora?
Jacinta Francisco Marcial es madre de una entrañable familia ñháñhú (también conocidos como otomíes) cuyos integrantes de distintas maneras buscan lo que cualquier persona: vivir mejor y compartir eso con los suyos. Junto con su esposo, don Guillermo, Jacinta trabajaba en el negocio familiar de nieves y aguas. La tarde del 26 de marzo de 2006 Jacinta, quien no hablaba bien español, cuidaba su puesto de aguas mientras otros comerciantes se confrontaban con los AFI. Cerca de la hora en que en el centro del pueblo se daba el movimiento más intenso, Jacinta fue a inyectarse a la farmacia.
Camino a su puesto, tras administrarse su medicamento, el borlote, el bullicio, el gentío, llamaron su atención y se acercó a ver. Mientras echaba un vistazo a los sucesos el fotógrafo del diario Noticias de Querétaro imprimió una gráfica que fue publicada ilustrando los hechos, en la que Jacinta aparecía. A partir de esa “prueba” y sin que se le notificará nunca el hecho, Jacinta fue acusada de secuestro. Una tarde, más de cuatro meses después, unas personas buscaron a Jacinta en su casa y empezaron a confundirla. Le dijeron que tenía que acompañarlos por un asunto de una poda de árbol. Sin entender qué estaba sucediendo Jacinta fue subida a un vehículo sin identificación oficial que la llevó al Juzgado IV de Distrito del Estado de Querétaro.
El debido proceso para el caso de jacinta
Jacinta estaba estupefacta. La estaban llevando unas personas lejos de su familia por un árbol del que ella no sabía nada. Entendiendo aquello que su sagacidad le revelaba en esa lengua, el español, al mismo tiempo familiar y extraña. Inaccesible como la razón por la cual de pronto la metieron en un salón lleno de reporteros que empezaron a fotografiarla sin el menor pudor. Como si no valiera por ser lo que es: mujer, indígena, pobre. De nuevo las cámaras vulneraban no sólo la dignidad de Jacinta, sino la de todos los suyos, declarándola culpable sin proceso ni posibilidad real de defensa. Sólo que además ahora le estaban robando la vida, pues sin acabar nunca de comprender cómo ni porqué se encontraba detenida, ese día, 3 de agosto de 2006, Jacinta nunca lo olvidará, porque a partir de entonces lleva ya tres largos años en prisión.
El Centro Fray Jacobo Daciano y el Centro Prodh asumieron la defensa de Jacinta en diciembre de 2008, una vez que había sido dictada una sentencia en su contra en la que se le condenaba a 21 años de prisión y al pago de más de 90 mil pesos de multa. Se presentó una apelación que resultó exitosa, pues el juez ordenó la reposición del proceso. Ahora, durante la reposición, y gracias a la presión que se ha ejercido desde la opinión pública y la sociedad civil, se consiguió que la PGR presentara a los acusadores de Jacinta para un careo, mismo que durante el primer juicio no se dio (Jacinta ni siquiera conoció al juez en esa etapa).Sin embargo ahora el proceso está atorado porque existe un pequeño inconveniente: el AFI que supuestamente fue secuestrado ya no trabaja en la AFI y no ha mostrado interés por ratificar sus dichos.
El día de hoy se cumplen tres años de una gran injusticia en contra de Jacinta y su familia que demuestra las graves fallas que tiene en México el sistema de justicia. Hasta ahora han sido emitidas recomendaciones oficiales a favor de Jacinta desde distintas instancias oficiales como el Inmujeres, el Inali, y la CNDH, por mencionar algunas. De la misma manera la Organización Mundial Contra la Tortura emite hoy un comunicado al respecto. El 7 de agosto la PGR deberá determinar si acepta o no la recomendación de la CNDH, así como qué acciones implicará su postura.
En medio del clima de confrontación nacional que vivimos, Jacinta es una flor que simboliza indeleblemente una esperanza inextinguible que hoy nos demuestra que incluso en la adversidad podemos encontrar semillas para tejer nuevos sueños que nos permitan creer en un mundo que –por favor– sea posible. La gran pregunta abierta es si el gobierno federal, tan dado a los manotazos grandilocuentes que algunos calificamos de machistas, tendrá la humildad para aceptar ante una mujer, ante una madre de familia, ante una indígena, ante todos los que hoy Jacinta somos: no sólo hubo errores, sino además mala fe.
Al final, la sonrisa de Jacinta no depende del perdón de los poderosos. La sonrisa de Jacinta depende de don Memo y de Estela y de cada uno de sus seres queridos. Y este es uno de esos sueños que siempre salen adelante. Por lo que ahora los que Jacinta somos esperamos ansiosos que se haga justicia y que no tuviera que pasar ni tres días más lejos de los suyos por algo que no hizo.
Cd. de México, 3 de agosto de 2009.
Quetzalcoatl g. Fontanot
Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
• Hoy se cumplen tres años desde que, con engaños, fue detenida doña Jacinta
• El 7 de agosto vence el plazo para que la PGR acepte o rechace la recomendación de la CNDH
• Organización Mundial Contra la Tortura emite comunicado sobre Jacinta
El 26 de marzo de 2006 seis agentes federales de investigación, sin uniforme y sin orden “decomisaban” mercancia supuestamente pirata en el tianguis del centro de Santiago Mexquititlán. En un momento dado alguien pidió una orden para el decomiso. Entonces comenzó la tensión. Súbitamente los agentes oficiales se vieron despojados de la cobertura que su trabajo como policías les otorga. Los comerciantes habían pasado muchas veces por esa situación, pero era la primera vez que sentían una cierta ventaja. No siempre resulta tan claro que el momento en el que la impunidad se rompe, tiene la necesaria implicación de que la justicia está ausente desde hace mucho tiempo.
Llegaron el agente del Ministerio Público Federal (MPF) con sede en San Juan del Río, Querétaro, el licenciado Gerardo Cruz Bedolla, y el jefe regional de la AFI, Omar Evaristo Vega Leyva. En la plaza principal del pueblo hablaron con los comerciantes. Los funcionarios aseguraron que los agentes habían cometido un error y que iban a responder por los destrozos y daños causados. Tras un estira y afloja cada vez más tenso el jefe de la AFI y el MPF, incapaces de demostrar la legalidad de la acción, ofrecen que uno de los agentes permanezca en el lugar en lo que traían el dinero para pagar lo decomisado irregularmente, en virtud de que por alguna razón ya no tenían la mercancia original.
Según los testimonios que ha recopilado la defensa de Jacinta [el Centro de derechos humanos Fray Jacobo Daciano (CDH/FJD), de Querétaro, y el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)] sobre los hechos de ese día, tres horas después, los elementos de la AFI arribaron al pueblo acompañados de policías pertenecientes a otras corporaciones. Con ellos llegó un fotoperiodista del diario Noticias de Querétaro. Cuando llegaron los agentes, los comerciantes afectados, junto con las demás personas que protestaban contra los abusos cometidos, dialogaron en relación a los pagos. Todo esto estaba ocurriendo en el puro centro del pueblo.
Jacinta ¿Secuestradora?
Jacinta Francisco Marcial es madre de una entrañable familia ñháñhú (también conocidos como otomíes) cuyos integrantes de distintas maneras buscan lo que cualquier persona: vivir mejor y compartir eso con los suyos. Junto con su esposo, don Guillermo, Jacinta trabajaba en el negocio familiar de nieves y aguas. La tarde del 26 de marzo de 2006 Jacinta, quien no hablaba bien español, cuidaba su puesto de aguas mientras otros comerciantes se confrontaban con los AFI. Cerca de la hora en que en el centro del pueblo se daba el movimiento más intenso, Jacinta fue a inyectarse a la farmacia.
Camino a su puesto, tras administrarse su medicamento, el borlote, el bullicio, el gentío, llamaron su atención y se acercó a ver. Mientras echaba un vistazo a los sucesos el fotógrafo del diario Noticias de Querétaro imprimió una gráfica que fue publicada ilustrando los hechos, en la que Jacinta aparecía. A partir de esa “prueba” y sin que se le notificará nunca el hecho, Jacinta fue acusada de secuestro. Una tarde, más de cuatro meses después, unas personas buscaron a Jacinta en su casa y empezaron a confundirla. Le dijeron que tenía que acompañarlos por un asunto de una poda de árbol. Sin entender qué estaba sucediendo Jacinta fue subida a un vehículo sin identificación oficial que la llevó al Juzgado IV de Distrito del Estado de Querétaro.
El debido proceso para el caso de jacinta
Jacinta estaba estupefacta. La estaban llevando unas personas lejos de su familia por un árbol del que ella no sabía nada. Entendiendo aquello que su sagacidad le revelaba en esa lengua, el español, al mismo tiempo familiar y extraña. Inaccesible como la razón por la cual de pronto la metieron en un salón lleno de reporteros que empezaron a fotografiarla sin el menor pudor. Como si no valiera por ser lo que es: mujer, indígena, pobre. De nuevo las cámaras vulneraban no sólo la dignidad de Jacinta, sino la de todos los suyos, declarándola culpable sin proceso ni posibilidad real de defensa. Sólo que además ahora le estaban robando la vida, pues sin acabar nunca de comprender cómo ni porqué se encontraba detenida, ese día, 3 de agosto de 2006, Jacinta nunca lo olvidará, porque a partir de entonces lleva ya tres largos años en prisión.
El Centro Fray Jacobo Daciano y el Centro Prodh asumieron la defensa de Jacinta en diciembre de 2008, una vez que había sido dictada una sentencia en su contra en la que se le condenaba a 21 años de prisión y al pago de más de 90 mil pesos de multa. Se presentó una apelación que resultó exitosa, pues el juez ordenó la reposición del proceso. Ahora, durante la reposición, y gracias a la presión que se ha ejercido desde la opinión pública y la sociedad civil, se consiguió que la PGR presentara a los acusadores de Jacinta para un careo, mismo que durante el primer juicio no se dio (Jacinta ni siquiera conoció al juez en esa etapa).Sin embargo ahora el proceso está atorado porque existe un pequeño inconveniente: el AFI que supuestamente fue secuestrado ya no trabaja en la AFI y no ha mostrado interés por ratificar sus dichos.
El día de hoy se cumplen tres años de una gran injusticia en contra de Jacinta y su familia que demuestra las graves fallas que tiene en México el sistema de justicia. Hasta ahora han sido emitidas recomendaciones oficiales a favor de Jacinta desde distintas instancias oficiales como el Inmujeres, el Inali, y la CNDH, por mencionar algunas. De la misma manera la Organización Mundial Contra la Tortura emite hoy un comunicado al respecto. El 7 de agosto la PGR deberá determinar si acepta o no la recomendación de la CNDH, así como qué acciones implicará su postura.
En medio del clima de confrontación nacional que vivimos, Jacinta es una flor que simboliza indeleblemente una esperanza inextinguible que hoy nos demuestra que incluso en la adversidad podemos encontrar semillas para tejer nuevos sueños que nos permitan creer en un mundo que –por favor– sea posible. La gran pregunta abierta es si el gobierno federal, tan dado a los manotazos grandilocuentes que algunos calificamos de machistas, tendrá la humildad para aceptar ante una mujer, ante una madre de familia, ante una indígena, ante todos los que hoy Jacinta somos: no sólo hubo errores, sino además mala fe.
Al final, la sonrisa de Jacinta no depende del perdón de los poderosos. La sonrisa de Jacinta depende de don Memo y de Estela y de cada uno de sus seres queridos. Y este es uno de esos sueños que siempre salen adelante. Por lo que ahora los que Jacinta somos esperamos ansiosos que se haga justicia y que no tuviera que pasar ni tres días más lejos de los suyos por algo que no hizo.
Cd. de México, 3 de agosto de 2009.
Quetzalcoatl g. Fontanot
Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
martes, 11 de agosto de 2009
Liberación de paramilitares arriesga la vida de sobrevivientes
Por Lourdes Godínez Leal México, 11 agosto 09 (CIMAC).-
La masacre de 19 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 14 niñas y cuatro niños y 8 varones, realizada por 40 paramilitares en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, no fue el resultado de conflictos intercomunitarios ni religiosos, sino de una estrategia de contrainsurgencia que continuará en caso de liberarse a quienes participaron en ella, advirtió hoy Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
En conferencia de prensa previa a la discusión que tendrá mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde definirá si se violó o no el debido proceso de los sentenciados, el Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas precisaron que la Corte sólo se pronunciará en la “forma pero no en el fondo” declarando y reconociendo la responsabilidad de quienes participaron en la masacre, con lo que nuevamente se abre el camino a la impunidad.
Para el director del Prodh, la masacre de 45 indígenas tzotziles debe ubicarse en un contexto socio-político trazado en la línea de la contrainsurgencia y de serios desplazamientos de las comunidades por la violencia y ello, dijo, no debe perderse de vista por la SCJN.
Señaló que la resolución de la Corte no ahondará en la inocencia o culpabilidad de los sentenciados, “de ahí la gravedad de su facultad” ya que por negligencias cometidas intencionalmente por agentes del Estado mexicano quedará en la impunidad el crimen de “lesa humanidad” perpetrado contra las 45 personas.
En tanto, para Diego Cárdenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, que ha dado acompañamiento legal a las víctimas y ha seguido de cerca el caso, dijo que la resolución que dé mañana la Corte “podría poner” en riesgo la vida de quienes denunciaron a los paramilitares, es decir, de las y los sobrevivientes de la masacre.
Y, en este sentido, dijo que los testimonios de las y los sobrevivientes son fehacientes ya que reconocieron claramente a sus agresores quienes previamente los habían estado acosando.
“Los que hoy utilizan esta liberación con estrategias mediáticas para desinformar a la sociedad lo hacen con la finalidad de seguir ocultando este crimen de lesa humanidad, con falsas especulaciones se convierten en cómplices de la impunidad en que se encuentra el caso de la Masacre de Acteal”, dijo.
RIESGO DE REACTIVACIÓN PARAMILITAR
El activista alertó también de la reactivación de grupos paramilitares en la zona de Los Altos de Chiapas y dijo que si quedaran en libertad los 40 paramilitares amparados en la SCJN, como ha circulado en la prensa nacional, se pondría en riesgo el tejido social y la integridad de las personas, principalmente en Polhó donde hay bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
También se perturbaría la paz en la región, dijo, ya que aún se encuentran ahí las armas con las que se cometió la masacre y recordó que en el año 2000 la Procuraduría General de la República (PGR), hizo un “intento” de operativo con un testigo protegido que les diría dónde estaban las armas, mismo que fue frustrado por grupos paramilitares.
Mariano Luna Ruiz, presidente de la organización civil “Las Abejas” y uno de los sobrevivientes de la masacre, recordó que en el contexto del levantamiento armado del EZLN en 1994, empezaron a surgir los grupos paramilitares en Chenalhó, que pedían a las comunidades indígenas ayudar a comprar armas para combatir al EZLN.
Como la comunidad se negó, dijo Luna Ruiz, sus habitantes fueron despojados de sus pertenencias, sus casas quemadas y obligados a desplazarse. Fue así como llegaron al campamento de Acteal donde serían masacrados.
El representante de “Las Abejas” dijo que actualmente en la comunidad hay temor por los rumores que han circulado en la prensa de que los paramilitares que participaron en la masacre podrían quedar en libertad.
Responsabilizó a la administración de Felipe Calderón, a la y el abogado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Ana Laura Magaloni y Alejandro Posadas de la violencia que pudiera generarse de nuevo en la comunidad si salen libres, por lo que hizo un llamado a las autoridades del país y a la SCJN para que reflexione en su fallo mañana.
Magaloni y Posadas asumieron la defensa legal de las 71 personas recluidas en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, en diciembre de 2006 (Cimacnoticias, 28 diciembre, 2006) y llevaron a la Corte los amparos de los 40 paramilitares.
09/LGL/PBC/GG
La masacre de 19 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 14 niñas y cuatro niños y 8 varones, realizada por 40 paramilitares en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, no fue el resultado de conflictos intercomunitarios ni religiosos, sino de una estrategia de contrainsurgencia que continuará en caso de liberarse a quienes participaron en ella, advirtió hoy Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
En conferencia de prensa previa a la discusión que tendrá mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde definirá si se violó o no el debido proceso de los sentenciados, el Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas precisaron que la Corte sólo se pronunciará en la “forma pero no en el fondo” declarando y reconociendo la responsabilidad de quienes participaron en la masacre, con lo que nuevamente se abre el camino a la impunidad.
Para el director del Prodh, la masacre de 45 indígenas tzotziles debe ubicarse en un contexto socio-político trazado en la línea de la contrainsurgencia y de serios desplazamientos de las comunidades por la violencia y ello, dijo, no debe perderse de vista por la SCJN.
Señaló que la resolución de la Corte no ahondará en la inocencia o culpabilidad de los sentenciados, “de ahí la gravedad de su facultad” ya que por negligencias cometidas intencionalmente por agentes del Estado mexicano quedará en la impunidad el crimen de “lesa humanidad” perpetrado contra las 45 personas.
En tanto, para Diego Cárdenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, que ha dado acompañamiento legal a las víctimas y ha seguido de cerca el caso, dijo que la resolución que dé mañana la Corte “podría poner” en riesgo la vida de quienes denunciaron a los paramilitares, es decir, de las y los sobrevivientes de la masacre.
Y, en este sentido, dijo que los testimonios de las y los sobrevivientes son fehacientes ya que reconocieron claramente a sus agresores quienes previamente los habían estado acosando.
“Los que hoy utilizan esta liberación con estrategias mediáticas para desinformar a la sociedad lo hacen con la finalidad de seguir ocultando este crimen de lesa humanidad, con falsas especulaciones se convierten en cómplices de la impunidad en que se encuentra el caso de la Masacre de Acteal”, dijo.
RIESGO DE REACTIVACIÓN PARAMILITAR
El activista alertó también de la reactivación de grupos paramilitares en la zona de Los Altos de Chiapas y dijo que si quedaran en libertad los 40 paramilitares amparados en la SCJN, como ha circulado en la prensa nacional, se pondría en riesgo el tejido social y la integridad de las personas, principalmente en Polhó donde hay bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
También se perturbaría la paz en la región, dijo, ya que aún se encuentran ahí las armas con las que se cometió la masacre y recordó que en el año 2000 la Procuraduría General de la República (PGR), hizo un “intento” de operativo con un testigo protegido que les diría dónde estaban las armas, mismo que fue frustrado por grupos paramilitares.
Mariano Luna Ruiz, presidente de la organización civil “Las Abejas” y uno de los sobrevivientes de la masacre, recordó que en el contexto del levantamiento armado del EZLN en 1994, empezaron a surgir los grupos paramilitares en Chenalhó, que pedían a las comunidades indígenas ayudar a comprar armas para combatir al EZLN.
Como la comunidad se negó, dijo Luna Ruiz, sus habitantes fueron despojados de sus pertenencias, sus casas quemadas y obligados a desplazarse. Fue así como llegaron al campamento de Acteal donde serían masacrados.
El representante de “Las Abejas” dijo que actualmente en la comunidad hay temor por los rumores que han circulado en la prensa de que los paramilitares que participaron en la masacre podrían quedar en libertad.
Responsabilizó a la administración de Felipe Calderón, a la y el abogado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Ana Laura Magaloni y Alejandro Posadas de la violencia que pudiera generarse de nuevo en la comunidad si salen libres, por lo que hizo un llamado a las autoridades del país y a la SCJN para que reflexione en su fallo mañana.
Magaloni y Posadas asumieron la defensa legal de las 71 personas recluidas en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, en diciembre de 2006 (Cimacnoticias, 28 diciembre, 2006) y llevaron a la Corte los amparos de los 40 paramilitares.
09/LGL/PBC/GG
miércoles, 22 de julio de 2009
Comunicado de la comunidad indígena de Santa María Ostula
COMUNIDAD INDIGENA SANTA MARIA OSTULA
A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO.
AL PUEBLO DE MEXICO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
La COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA hace del conocimiento general que en días pasados sostuvo, junto con las autoridades comunales de las comunidades nahuas de El Coire y Pómaro, una reunión pública con representantes de los gobiernos del estado de Michoacán y federal, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, para hacer patentes las exigencias de nuestra lucha:
1. Respeto a la posesión que nuestra comunidad guarda sobre aproximadamente 1, 300 hectáreas que recuperó el pasado 29 de junio y que se localizan en la colindancia con el Océano Pacífico en el paraje conocido como la Canaguancera o Xayakalan.
2. Creación de mecanismos por parte de los gobiernos del estado y federal que garanticen en forma definitiva la tenencia de dichas tierras a favor de nuestra comunidad.
3. El reconocimiento del nuevo asentamiento humano que hemos establecido en las tierras recuperadas y que lleva el nombre de Xayakalan.
4. La creación de un plan de seguridad que inhiba nuevos ataques por parte sicarios o grupos paramilitares contratados o protegidos por supuestos pequeños propietarios de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán.
5. El otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y del estado de Michoacán para el funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana.
Los gobiernos de todos los niveles hicieron compromisos concretos para buscar una solución definitiva y pronta al problema que con relación a las tierras recuperadas confronta nuestra comunidad con supuestos pequeños propietarios.
Asimismo se comprometieron a establecer un puesto de vigilancia de la Armada de México en la tenencia de La Placita con el fin de inhibir posibles ataques en contra de nuestra comunidad por parte de grupos paramilitares ligados al crimen organizado. ESTE COMPROMISO NO HA SIDO HASTA EL DÍA DE HOY.
Finalmente con relación al otorgamiento de garantías para el funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, manifestamos que no existió una definición clara por parte de los diversos niveles de gobierno, pues, aún cuando dijeron respetar las formas de organización existentes al interior de las comunidades indígenas no establecieron garantías plenas para el funcionamiento de las policías comunitarias correspondientes al pueblo nahua, ni de la guardia comunal que actualmente protege la totalidad del territorio de la comunidad de Santa María Ostula, incluidos los 23 poblados que la integran.
Consecuentemente llamamos a los pueblos indígenas de México y del mundo para que sigan enviando delegaciones de apoyo a las tierras recuperadas por nuestra comunidad, e instamos a la sociedad civil nacional e internacional a no dejar de realizar tareas de OBSERVACIÓN en la zona de conflicto para verificar que los gobiernos federal y del estado den cumplimiento a los puntos que hemos demandado.
Por último queremos hacer nuevamente del conocimiento general la cuenta bancaria en la que pueden hacer depósitos económicos tod@s aquell@s que deseen solidarizarse con nuestra lucha:
CUENTA “PERFILES” BANAMEX A NOMBRE DE VICTOR SELESTINO GRAGEDA, TESORERO DE LA COMUNIDAD. CUENTA NÚMERO 7989603, CLABE NÚMERO 002497044779896031. SUCURSAL LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 447.
SANTA MARÍA OSTULA, AQUILA, MICH., A 19 DE JULIO DE 2009.
A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO.
AL PUEBLO DE MEXICO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
La COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA hace del conocimiento general que en días pasados sostuvo, junto con las autoridades comunales de las comunidades nahuas de El Coire y Pómaro, una reunión pública con representantes de los gobiernos del estado de Michoacán y federal, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, para hacer patentes las exigencias de nuestra lucha:
1. Respeto a la posesión que nuestra comunidad guarda sobre aproximadamente 1, 300 hectáreas que recuperó el pasado 29 de junio y que se localizan en la colindancia con el Océano Pacífico en el paraje conocido como la Canaguancera o Xayakalan.
2. Creación de mecanismos por parte de los gobiernos del estado y federal que garanticen en forma definitiva la tenencia de dichas tierras a favor de nuestra comunidad.
3. El reconocimiento del nuevo asentamiento humano que hemos establecido en las tierras recuperadas y que lleva el nombre de Xayakalan.
4. La creación de un plan de seguridad que inhiba nuevos ataques por parte sicarios o grupos paramilitares contratados o protegidos por supuestos pequeños propietarios de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán.
5. El otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y del estado de Michoacán para el funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana.
Los gobiernos de todos los niveles hicieron compromisos concretos para buscar una solución definitiva y pronta al problema que con relación a las tierras recuperadas confronta nuestra comunidad con supuestos pequeños propietarios.
Asimismo se comprometieron a establecer un puesto de vigilancia de la Armada de México en la tenencia de La Placita con el fin de inhibir posibles ataques en contra de nuestra comunidad por parte de grupos paramilitares ligados al crimen organizado. ESTE COMPROMISO NO HA SIDO HASTA EL DÍA DE HOY.
Finalmente con relación al otorgamiento de garantías para el funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, manifestamos que no existió una definición clara por parte de los diversos niveles de gobierno, pues, aún cuando dijeron respetar las formas de organización existentes al interior de las comunidades indígenas no establecieron garantías plenas para el funcionamiento de las policías comunitarias correspondientes al pueblo nahua, ni de la guardia comunal que actualmente protege la totalidad del territorio de la comunidad de Santa María Ostula, incluidos los 23 poblados que la integran.
Consecuentemente llamamos a los pueblos indígenas de México y del mundo para que sigan enviando delegaciones de apoyo a las tierras recuperadas por nuestra comunidad, e instamos a la sociedad civil nacional e internacional a no dejar de realizar tareas de OBSERVACIÓN en la zona de conflicto para verificar que los gobiernos federal y del estado den cumplimiento a los puntos que hemos demandado.
Por último queremos hacer nuevamente del conocimiento general la cuenta bancaria en la que pueden hacer depósitos económicos tod@s aquell@s que deseen solidarizarse con nuestra lucha:
CUENTA “PERFILES” BANAMEX A NOMBRE DE VICTOR SELESTINO GRAGEDA, TESORERO DE LA COMUNIDAD. CUENTA NÚMERO 7989603, CLABE NÚMERO 002497044779896031. SUCURSAL LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 447.
SANTA MARÍA OSTULA, AQUILA, MICH., A 19 DE JULIO DE 2009.
jueves, 25 de junio de 2009
Análisis a fondo (Racismo en México)
Francisco Gómez Maza en RazonEsdeSer.
· Indígenas denuncian violación de sus derechos
· Pero las autoridades simplemente no pueden entender
Es una obviedad afirmar que México es una sociedad racista, no obstante que en la inmensa mayoría de los mexicanos corre sangre indígena. No por algo algunos españoles nos dicen “los prietos”, calificativo que no es una ofensa, sino un reconocimiento, quizá inconsciente, de que la piel mexicana tiene color, y color precioso, el color de la tierra. Pero aquí han pasado poco más de 500 años en que se inició el mestizaje, y los más racistas son los mestizos. No soportan a los indios, o los ven con desprecio o los ven con lástima, o sencillamente los tratan todavía como si fueran seres inferiores, y, aunque usted no lo crea, a estas alturas de la civilización globalizada, como animales de carga. Nunca podré olvidar una anécdota muy dolorosa que me ocurrió hace ya algún tiempo en una ciudad enclavada en una región indígena: Organizaciones populares celebrarían una concentración para algo. El grupo de personas reunidas, en cantidad grande, llevaba ya horas bajo el sol, esperando a sus “líderes”. Yo, como siempre, metí mi cuchara y le dije a una de las organizadoras el acto que debían de acelerar su inicio porque la gente llevaba mucho tiempo asoleándose, esperando. La mujer, porque era mujer la tal organizadora, me dejó frío, porque me respondió con tal seguridad, y frialdad: cual gente, Francisco. Esos, esos son indios…
Esta breve narración me sale, conociendo la noticia de que indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero han denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México, la grave, sistemática y reiterada violación de sus derechos individuales y colectivos por parte de representantes de los gobiernos federal y estatal. Agrupados en su mayoría en la Convención Estatal Indígena y Afromexicana (CEIA), los demandantes, expusieron ante la representación de UN en ciudad de México que en este país se desconoce el derecho que tienen a la consulta bajo el consentimiento previo, libre e informado, al imponérseles en Guerrero a Gonzalo Ramón Solís Cervantes, como delegado de la Comisión (gubernamental) Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en sustitución del nahua Guillermo Álvarez Nicanor. Su queja obedece a que no fueron consultados en el nombramiento de funcionario, tal como aconteció con Álvarez Nicanor, quien fue designado en el cargo el 11 de octubre en acuerdo entre la Dirección General de la CDI y la CEIA. Los indios y afromexicanos guerrerenses sólo ponen en la mesa su derecho a la libre determinación expresada en el ejercicio de la autonomía, para participar plenamente en la construcción de su propio desarrollo, respetando y valorando “la enseñanza de nuestros ancestros para con el territorio y los recursos naturales, lo tangible e intangible de nuestra madre tierra”.
Sin otra opción, la CEIA, decide trasladarse este 22 de junio, de esa entidad al sur del país hacia la capital mexicana a fin de hacer valer sus derechos. Como parte de sus acciones, definen instalarse en la CDI Nacional, para ser escuchados y recibir respuesta a las demandas planteadas. Acuerdan acudir de manera paralela a la representación de la ONU, así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En ambas protestas, denuncian al gobierno federal por la violación de los instrumentos internacionales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la discriminación de que son objeto. Los indígenas piden a las Naciones Unidas servir de intermediación ante el gobierno federal para, además, garantizar el respeto irrestricto a la libre determinación y el ejercicio de la autonomía como pueblos indígenas y el respeto al derecho de consulta en todas las decisiones que les atañen. La Convención Estatal Indígena y Afromexicana (CEIA) es un espacio organizativo de los cinco Pueblos Originarios de Guerrero, compuesto por afromexicanos, Nahuas, Na Savi, Me’phaa y ñomndaa. El 21 de mayo, la CDI decide destituir al delegado emanado de la CEIA. De manera inmediata, ésta pide explicaciones pero la dependencia gubernamental no les responde. A partir de esa fecha, los inconformes se reagrupan y empiezan a exigir a la CDI reconsiderar en su decisión. El 28 de mayo sostienen una reunión con representantes de las oficinas centrales de la CDI, pero los funcionarios rechazan firmar una minuta de acuerdos. La queja obtiene, el 4 de junio, un exhorto del Congreso Local del estado de Guerrero, que pide al presidente Felipe Calderón establecer una mesa de diálogo y negociación a fin de iniciar un proceso de consulta para la elección del nuevo delegado estatal de la CDI. Hasta el momento, Calderón ha desoído la recomendación de los diputados guerrerenses.
A las siete de la mañana, del reciente 23 de junio, un contingente de indígenas guerrerenses se instaló en la entrada del edificio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Nadie podría entrar y si salir del inmueble. De inmediato, las fuerzas de seguridad federal llegaron para establecer contacto con los quejosos. Los enlaces de la Secretaría de Gobernación, equivalente a los ministerios del Interior, señalaron que los indígenas violaban la ley y que serían replegados a fin de que el acceso a LA CDI fuera reabierto. Hasta la mañana del martes 23 nada había ocurrido, la Policía Federal instaló una valla en una puerta de la dependencia por donde ingresaban elementos de seguridad y mandos medios de la CDI. Simultáneamente, los indios y afromexicanos decidieron una huelga de hambre a fin de ser escuchados y lograr que el director general de la CDI, Luis H. Álvarez, los reciba. Lo único que piden al gobierno federal es respeto absoluto al derecho que tienen a la consulta, el cambio de la política dirigida hacia los pueblos indígenas del Estado mexicano y que las instituciones dejen de convertirse en empresas de libre mercado. Además, el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Pero… por duro y fuerte que parezca: Son indios y los indios no tienen cabida en el modelo social que han escogido las autoridades para normar la vida de los mexicanos…
http://analisisafondo.blogspot.com
· Indígenas denuncian violación de sus derechos
· Pero las autoridades simplemente no pueden entender
Es una obviedad afirmar que México es una sociedad racista, no obstante que en la inmensa mayoría de los mexicanos corre sangre indígena. No por algo algunos españoles nos dicen “los prietos”, calificativo que no es una ofensa, sino un reconocimiento, quizá inconsciente, de que la piel mexicana tiene color, y color precioso, el color de la tierra. Pero aquí han pasado poco más de 500 años en que se inició el mestizaje, y los más racistas son los mestizos. No soportan a los indios, o los ven con desprecio o los ven con lástima, o sencillamente los tratan todavía como si fueran seres inferiores, y, aunque usted no lo crea, a estas alturas de la civilización globalizada, como animales de carga. Nunca podré olvidar una anécdota muy dolorosa que me ocurrió hace ya algún tiempo en una ciudad enclavada en una región indígena: Organizaciones populares celebrarían una concentración para algo. El grupo de personas reunidas, en cantidad grande, llevaba ya horas bajo el sol, esperando a sus “líderes”. Yo, como siempre, metí mi cuchara y le dije a una de las organizadoras el acto que debían de acelerar su inicio porque la gente llevaba mucho tiempo asoleándose, esperando. La mujer, porque era mujer la tal organizadora, me dejó frío, porque me respondió con tal seguridad, y frialdad: cual gente, Francisco. Esos, esos son indios…
Esta breve narración me sale, conociendo la noticia de que indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero han denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México, la grave, sistemática y reiterada violación de sus derechos individuales y colectivos por parte de representantes de los gobiernos federal y estatal. Agrupados en su mayoría en la Convención Estatal Indígena y Afromexicana (CEIA), los demandantes, expusieron ante la representación de UN en ciudad de México que en este país se desconoce el derecho que tienen a la consulta bajo el consentimiento previo, libre e informado, al imponérseles en Guerrero a Gonzalo Ramón Solís Cervantes, como delegado de la Comisión (gubernamental) Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en sustitución del nahua Guillermo Álvarez Nicanor. Su queja obedece a que no fueron consultados en el nombramiento de funcionario, tal como aconteció con Álvarez Nicanor, quien fue designado en el cargo el 11 de octubre en acuerdo entre la Dirección General de la CDI y la CEIA. Los indios y afromexicanos guerrerenses sólo ponen en la mesa su derecho a la libre determinación expresada en el ejercicio de la autonomía, para participar plenamente en la construcción de su propio desarrollo, respetando y valorando “la enseñanza de nuestros ancestros para con el territorio y los recursos naturales, lo tangible e intangible de nuestra madre tierra”.
Sin otra opción, la CEIA, decide trasladarse este 22 de junio, de esa entidad al sur del país hacia la capital mexicana a fin de hacer valer sus derechos. Como parte de sus acciones, definen instalarse en la CDI Nacional, para ser escuchados y recibir respuesta a las demandas planteadas. Acuerdan acudir de manera paralela a la representación de la ONU, así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En ambas protestas, denuncian al gobierno federal por la violación de los instrumentos internacionales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la discriminación de que son objeto. Los indígenas piden a las Naciones Unidas servir de intermediación ante el gobierno federal para, además, garantizar el respeto irrestricto a la libre determinación y el ejercicio de la autonomía como pueblos indígenas y el respeto al derecho de consulta en todas las decisiones que les atañen. La Convención Estatal Indígena y Afromexicana (CEIA) es un espacio organizativo de los cinco Pueblos Originarios de Guerrero, compuesto por afromexicanos, Nahuas, Na Savi, Me’phaa y ñomndaa. El 21 de mayo, la CDI decide destituir al delegado emanado de la CEIA. De manera inmediata, ésta pide explicaciones pero la dependencia gubernamental no les responde. A partir de esa fecha, los inconformes se reagrupan y empiezan a exigir a la CDI reconsiderar en su decisión. El 28 de mayo sostienen una reunión con representantes de las oficinas centrales de la CDI, pero los funcionarios rechazan firmar una minuta de acuerdos. La queja obtiene, el 4 de junio, un exhorto del Congreso Local del estado de Guerrero, que pide al presidente Felipe Calderón establecer una mesa de diálogo y negociación a fin de iniciar un proceso de consulta para la elección del nuevo delegado estatal de la CDI. Hasta el momento, Calderón ha desoído la recomendación de los diputados guerrerenses.
A las siete de la mañana, del reciente 23 de junio, un contingente de indígenas guerrerenses se instaló en la entrada del edificio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Nadie podría entrar y si salir del inmueble. De inmediato, las fuerzas de seguridad federal llegaron para establecer contacto con los quejosos. Los enlaces de la Secretaría de Gobernación, equivalente a los ministerios del Interior, señalaron que los indígenas violaban la ley y que serían replegados a fin de que el acceso a LA CDI fuera reabierto. Hasta la mañana del martes 23 nada había ocurrido, la Policía Federal instaló una valla en una puerta de la dependencia por donde ingresaban elementos de seguridad y mandos medios de la CDI. Simultáneamente, los indios y afromexicanos decidieron una huelga de hambre a fin de ser escuchados y lograr que el director general de la CDI, Luis H. Álvarez, los reciba. Lo único que piden al gobierno federal es respeto absoluto al derecho que tienen a la consulta, el cambio de la política dirigida hacia los pueblos indígenas del Estado mexicano y que las instituciones dejen de convertirse en empresas de libre mercado. Además, el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Pero… por duro y fuerte que parezca: Son indios y los indios no tienen cabida en el modelo social que han escogido las autoridades para normar la vida de los mexicanos…
http://analisisafondo.blogspot.com
Justicia, el clamor de los familiares de Bonfilio Rubio en su sepelio
De Jesús Rodríguez Montes en La Jornada Guerrero.
El centro Tlachinollan ayudará para llevar la denuncia a la CNDH, adelantan
Reclaman en el funeral del nahua “que se haga una investigación seria y clara”
Tlatzala, 24 de junio. De una casa a medio construir, casi en obra negra, emerge el aroma del copal. Es creencia entre los nahuas que la quema de esta resina vegetal purifica el alma del difunto cuando se vela. Así el alma descansa en paz.
Miércoles 24 de junio. Si Bonfilio Rubio Villegas no hubiera muerto hace cuatro días, el sábado 20, en dos días más estaría partiendo a Tijuana. Seguramente lo haría en autobús y después, a pie, caminaría varios kilómetros en el desierto, con su cuñado Francisco como compañero en el viaje hasta Nueva York, Estados Unidos, un destino ya muy común de los indígenas de La Montaña de Guerrero.
Tlatzala es un pueblo pobre de Tlapa. Esa condición el pueblo la ha comenzado a disfrazar, desde hace una década quizá, construyendo casas de concreto con el dinero que envían los paisanos desde Estados Unidos. Bonfilio ya había estado en Nueva York durante seis años.
En este pueblo de migrantes la muerte estremece a la familia Rubio. Lo que les ha ocurrido en los últimos cuatro días fue realmente inesperado. Todo comenzó hace unos meses, en diciembre, cuando la pequeña empresa de venta de pollo en la que trabajaba Bonfilio en el Distrito Federal fue clausurada, por órdenes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Desempleado, el indígena de 29 años decidió volver a Nueva York; pero como en la vida nadie sabe lo que va a pasar, dice Francisco, su cuñado se topó con una “bala perdida” de quizá decenas –tal vez muchas más– que salieron de las metralletas de los soldados el sábado por la noche, en un retén de Huamuxtitlán.
En lo alto, desde una bocina que suena ronca, comienzan a tocar Las Golondrinas. Rostros cansados de viejos, niños, adolescentes, muchachas, mujeres, hombres de bigote con la mirada vidriosa del llanto. Son los parientes de Bonfilio, que no han dormido desde ayer, cuando a las 7 de la noche recibieron el cuerpo.
“Esto no se va a quedar así. No se vale. No es justo. El no tenía problemas con nadie”, lamenta Francisco, rodeado de hombres ebrios y tristes que escuchan sus palabras cabizbajos.
La misma ropa de hace dos días porta José Rubio. De Tlatzala a Huamuxtitlán, de Huamuxtitlán a Tlapa, de Tlapa a Chilpancingo y de Chilpancingo de vuelta a Tlatzala. El se ha encargado de todos los trámites para el traslado del cuerpo de Bonfilio, su hermano, y el viernes ofrecerá su testimonio ante el Ministerio Público de Huamuxtitlán, sobre el homicidio que cometió un soldado, a la fecha anónimo.
Advierte: “lo que queremos es que se esclarezca todo esto porque no tiene justificación. No tiene justificación lo que le hicieron a mi hermano. Fue injusto porque si él hubiera tenido problemas, pues lo hubieran detenido y ya, si hubiera traído armas, drogas, pero él no era un delincuente”.
No hay duda de que la familia Rubio recurrirá a todos los medios posibles para presionar a las autoridades a que den el nombre del responsable de la muerte de Bonfilio, y que, en consecuencia, le “apliquen la ley”. José anticipa que el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan coadyuvará con ellos, y seguramente, en los próximos días, habrá una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“En lo personal no acepto y repruebo lo que hicieron los señores. Queremos que se haga una investigación seria, clara, que haya respuestas. Queremos que se haga justicia”, insiste.
En la muerte de Bonfilio se entretejen historias de personas inocentes. Sin antecedentes penales o indicios de pertenecer a alguna agrupación criminal, hoy están presos el chofer del camión donde viajaba el indígena, Francisco Emanuel Pizano Alejo, y Fausto Saavedra Valera, a quien arrestaron los soldados por calzar botas tipo militar.
La familia no oculta su temor a que en las investigaciones resulte que no hay culpables del homicidio, o que si los llegara a haber, esquiven las sanciones tras un proceso judicial poco transparente.
Incluso, más grave aún, temen por su seguridad: “¿y por hacer las denuncias no tendremos problemas con los militares?”, pregunta a los reporteros una hermana del difunto.
El centro Tlachinollan ayudará para llevar la denuncia a la CNDH, adelantan
Reclaman en el funeral del nahua “que se haga una investigación seria y clara”
Tlatzala, 24 de junio. De una casa a medio construir, casi en obra negra, emerge el aroma del copal. Es creencia entre los nahuas que la quema de esta resina vegetal purifica el alma del difunto cuando se vela. Así el alma descansa en paz.
Miércoles 24 de junio. Si Bonfilio Rubio Villegas no hubiera muerto hace cuatro días, el sábado 20, en dos días más estaría partiendo a Tijuana. Seguramente lo haría en autobús y después, a pie, caminaría varios kilómetros en el desierto, con su cuñado Francisco como compañero en el viaje hasta Nueva York, Estados Unidos, un destino ya muy común de los indígenas de La Montaña de Guerrero.
Tlatzala es un pueblo pobre de Tlapa. Esa condición el pueblo la ha comenzado a disfrazar, desde hace una década quizá, construyendo casas de concreto con el dinero que envían los paisanos desde Estados Unidos. Bonfilio ya había estado en Nueva York durante seis años.
En este pueblo de migrantes la muerte estremece a la familia Rubio. Lo que les ha ocurrido en los últimos cuatro días fue realmente inesperado. Todo comenzó hace unos meses, en diciembre, cuando la pequeña empresa de venta de pollo en la que trabajaba Bonfilio en el Distrito Federal fue clausurada, por órdenes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Desempleado, el indígena de 29 años decidió volver a Nueva York; pero como en la vida nadie sabe lo que va a pasar, dice Francisco, su cuñado se topó con una “bala perdida” de quizá decenas –tal vez muchas más– que salieron de las metralletas de los soldados el sábado por la noche, en un retén de Huamuxtitlán.
En lo alto, desde una bocina que suena ronca, comienzan a tocar Las Golondrinas. Rostros cansados de viejos, niños, adolescentes, muchachas, mujeres, hombres de bigote con la mirada vidriosa del llanto. Son los parientes de Bonfilio, que no han dormido desde ayer, cuando a las 7 de la noche recibieron el cuerpo.
“Esto no se va a quedar así. No se vale. No es justo. El no tenía problemas con nadie”, lamenta Francisco, rodeado de hombres ebrios y tristes que escuchan sus palabras cabizbajos.
La misma ropa de hace dos días porta José Rubio. De Tlatzala a Huamuxtitlán, de Huamuxtitlán a Tlapa, de Tlapa a Chilpancingo y de Chilpancingo de vuelta a Tlatzala. El se ha encargado de todos los trámites para el traslado del cuerpo de Bonfilio, su hermano, y el viernes ofrecerá su testimonio ante el Ministerio Público de Huamuxtitlán, sobre el homicidio que cometió un soldado, a la fecha anónimo.
Advierte: “lo que queremos es que se esclarezca todo esto porque no tiene justificación. No tiene justificación lo que le hicieron a mi hermano. Fue injusto porque si él hubiera tenido problemas, pues lo hubieran detenido y ya, si hubiera traído armas, drogas, pero él no era un delincuente”.
No hay duda de que la familia Rubio recurrirá a todos los medios posibles para presionar a las autoridades a que den el nombre del responsable de la muerte de Bonfilio, y que, en consecuencia, le “apliquen la ley”. José anticipa que el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan coadyuvará con ellos, y seguramente, en los próximos días, habrá una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“En lo personal no acepto y repruebo lo que hicieron los señores. Queremos que se haga una investigación seria, clara, que haya respuestas. Queremos que se haga justicia”, insiste.
En la muerte de Bonfilio se entretejen historias de personas inocentes. Sin antecedentes penales o indicios de pertenecer a alguna agrupación criminal, hoy están presos el chofer del camión donde viajaba el indígena, Francisco Emanuel Pizano Alejo, y Fausto Saavedra Valera, a quien arrestaron los soldados por calzar botas tipo militar.
La familia no oculta su temor a que en las investigaciones resulte que no hay culpables del homicidio, o que si los llegara a haber, esquiven las sanciones tras un proceso judicial poco transparente.
Incluso, más grave aún, temen por su seguridad: “¿y por hacer las denuncias no tendremos problemas con los militares?”, pregunta a los reporteros una hermana del difunto.
INMUJERES RECONOCE, COMO LO HIZO HACE MESES EL CENTRO PRODH, QUE HUBO IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE TRES MUJERES ÑHA-NHÚ ACUSADAS DEL SECUESTRO DE
Redactaron Lidia Ponce y Odett Sosa en CIMAC Noticias.
México, DF.- Como lo había denunciado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, hace meses, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) afirmó apenas hoy en un comunicado que, efectivamente, Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, indígenas ñha-ñhús, acusadas de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación, enfrentaron, por discriminación, dificultades para acceder a un juicio justo bajo los parámetros del debido proceso legal y de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres.
Por su condición de ser mujeres e indígenas, y tener precarias condiciones económicas, las mujeres enfrentaron actos discriminatorios, tales como dificultades para acceder al debido proceso, que implica el derecho a la presunción de inocencia, a una defensa efectiva, a contar con traductores, a una justicia pronta, expedita e imparcial, entre otros derechos reconocidos por el sistema jurídico mexicano y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, señaló el Inmujeres.
Estas conclusiones fueron obtenidas a partir de un “análisis jurídico” de documentos a los que tuvo acceso el Inmujeres, en base al cual, desde la perspectiva de los derechos humanos, dicho instituto considera que existen elementos suficientes para que sean liberadas por esos cargos, por lo que se suma a la campaña del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, que pide su liberación.
México, DF.- Como lo había denunciado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, hace meses, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) afirmó apenas hoy en un comunicado que, efectivamente, Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, indígenas ñha-ñhús, acusadas de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación, enfrentaron, por discriminación, dificultades para acceder a un juicio justo bajo los parámetros del debido proceso legal y de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres.
Por su condición de ser mujeres e indígenas, y tener precarias condiciones económicas, las mujeres enfrentaron actos discriminatorios, tales como dificultades para acceder al debido proceso, que implica el derecho a la presunción de inocencia, a una defensa efectiva, a contar con traductores, a una justicia pronta, expedita e imparcial, entre otros derechos reconocidos por el sistema jurídico mexicano y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, señaló el Inmujeres.
Estas conclusiones fueron obtenidas a partir de un “análisis jurídico” de documentos a los que tuvo acceso el Inmujeres, en base al cual, desde la perspectiva de los derechos humanos, dicho instituto considera que existen elementos suficientes para que sean liberadas por esos cargos, por lo que se suma a la campaña del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, que pide su liberación.
martes, 23 de junio de 2009
ATENCO: LA IMPUNIDAD CONTINÚA
Tomado de APIAVirtual.
México, D.F., junio de 2009
– Una vez más, las autoridades mexicanas demuestran su ineficiencia para procesar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.
– Es absuelto el único policía que había sido sentenciado por las violaciones a derechos humanos perpetradas contra las mujeres.
– Se confirma la falta de acceso a la justicia para las mujeres que sufren violaciones a derechos humanos.
Durante los hechos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, la incursión de al menos dos mil policías federales, estatales y municipales significó un gravoso cúmulo de violaciones a derechos humanos. De cuarenta y siete mujeres detenidas, al menos veintiséis denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, física y psicológica por parte de los policías.
A pesar de que las mujeres presentaron sus denuncias ante las instancias competentes, la justicia no ha llegado. En el ámbito federal, la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos cometidos Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) no ha realizado ninguna consignación pese a que inició la Averiguación Previa FEVIM/03/05/2006. En el ámbito estatal, pese a que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició diversas averiguaciones por los hechos, únicamente fueron abiertos dos procesos penales por delitos no graves.
En los procesos seguidos en el ámbito estatal las irregularidades han continuado. Dentro de la causa penal 59/06, seguida ante el Juez Primero de lo Penal de Primera Instancia en Tenango por el delito de “abuso de autoridad” contra 5 policías estatales y municipales, aún continúa la etapa de instrucción. En este juicio, reiteradamente ha sido obstaculizado por el ministerio público el derecho de toda víctima a coadyuvar y ser informada sobre el proceso.
Por otra parte, en la causa penal 76/2006, bajo la responsabilidad del mismo juez, también se ha perpetuado la impunidad. En dicho juicio, seguido en contra de un policía del Estado de México a quien se identificó como responsable de haber obligado a una de las mujeres arbitrariamente detenidas a que le practicara una felación (”sexo oral”), se exoneró al acusado: aunque el policía, de nombre Doroteo Blas Marcelo, había sido sentenciado en primera instancia, fue absuelto recientemente por la Sala de Segunda Instancia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Dicha resolución reconoció que “los medios de prueba se constituyen en indicios sólidos para determinar que efectivamente la denunciante fue objeto de un acto erótico sexual, pero de ninguna manera son atendibles para poder demostrar la identidad del sujeto activo”. Ello a pesar de que, tratándose de un delito sexual, las imputaciones realizadas por la
sobreviviente debían tener valor probatorio preponderante.
Así las cosas, el único de los policías que había sido sancionado penalmente por los hechos de Atenco, ha sido absuelto por el poder judicial mexiquense. La impunidad, nuevamente, se ha impuesto en las instancias nacionales. Como el Centro Prodh ha señalado reiteradamente, en el caso Atenco la violencia perpetrada en contra de las mujeres por parte de los policías no fue debidamente investigada y las autoridades correspondientes no actuaron con la diligencia requerida en delitos de esta naturaleza, donde las primeras diligencias resultan imprescindibles para el procesamiento y la sanción de lo responsables. Y si bien diversas instancias gubernamentales han reconocido la existencia de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el contexto de los hechos de Atenco, lo cierto es que a la fecha ninguna persona ha sido penalmente sancionada.
Ante esta situación, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual seguirán adelante con la denuncia (”petición”) presentada ante la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Debido a la ineficacia de las instancias nacionales, las peticionarias buscan que la CIDH declare que el Estado mexicano violó en su perjuicio sus derechos humanos (integridad física, libertad y seguridad personal, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, dignidad y privacidad) y recomiende una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de tortura. El caso puede sentar un precedente importante sobre la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones relacionadas con la violencia sexual perpetrada contra mujeres por agentes estatales. Las mujeres denunciantes y este Centro de Derechos Humanos consideramos fundamental que exista una condena internacional al Estado Mexicano con el fin de acceder a una justicia integral, la cual ha sido negada por mas de tres años.
Finalmente, es importante destacar que las acciones legales seguirán siendo acompañadas de acciones de protesta que las mujeres denunciantes, en su legítimo derecho, han decidido realizar para denunciar ante la opinión pública la impunidad que prevalece. Protagonistas de su propia denuncia, las mujeres seguirán señalando pública y valientemente la falta de justicia.
Mujeres denunciantes, detenidas arbitrariamente en Atenco y Texcoco durante los operativos de 2006
Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
México, D.F., junio de 2009
– Una vez más, las autoridades mexicanas demuestran su ineficiencia para procesar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.
– Es absuelto el único policía que había sido sentenciado por las violaciones a derechos humanos perpetradas contra las mujeres.
– Se confirma la falta de acceso a la justicia para las mujeres que sufren violaciones a derechos humanos.
Durante los hechos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, la incursión de al menos dos mil policías federales, estatales y municipales significó un gravoso cúmulo de violaciones a derechos humanos. De cuarenta y siete mujeres detenidas, al menos veintiséis denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, física y psicológica por parte de los policías.
A pesar de que las mujeres presentaron sus denuncias ante las instancias competentes, la justicia no ha llegado. En el ámbito federal, la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos cometidos Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) no ha realizado ninguna consignación pese a que inició la Averiguación Previa FEVIM/03/05/2006. En el ámbito estatal, pese a que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició diversas averiguaciones por los hechos, únicamente fueron abiertos dos procesos penales por delitos no graves.
En los procesos seguidos en el ámbito estatal las irregularidades han continuado. Dentro de la causa penal 59/06, seguida ante el Juez Primero de lo Penal de Primera Instancia en Tenango por el delito de “abuso de autoridad” contra 5 policías estatales y municipales, aún continúa la etapa de instrucción. En este juicio, reiteradamente ha sido obstaculizado por el ministerio público el derecho de toda víctima a coadyuvar y ser informada sobre el proceso.
Por otra parte, en la causa penal 76/2006, bajo la responsabilidad del mismo juez, también se ha perpetuado la impunidad. En dicho juicio, seguido en contra de un policía del Estado de México a quien se identificó como responsable de haber obligado a una de las mujeres arbitrariamente detenidas a que le practicara una felación (”sexo oral”), se exoneró al acusado: aunque el policía, de nombre Doroteo Blas Marcelo, había sido sentenciado en primera instancia, fue absuelto recientemente por la Sala de Segunda Instancia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Dicha resolución reconoció que “los medios de prueba se constituyen en indicios sólidos para determinar que efectivamente la denunciante fue objeto de un acto erótico sexual, pero de ninguna manera son atendibles para poder demostrar la identidad del sujeto activo”. Ello a pesar de que, tratándose de un delito sexual, las imputaciones realizadas por la
sobreviviente debían tener valor probatorio preponderante.
Así las cosas, el único de los policías que había sido sancionado penalmente por los hechos de Atenco, ha sido absuelto por el poder judicial mexiquense. La impunidad, nuevamente, se ha impuesto en las instancias nacionales. Como el Centro Prodh ha señalado reiteradamente, en el caso Atenco la violencia perpetrada en contra de las mujeres por parte de los policías no fue debidamente investigada y las autoridades correspondientes no actuaron con la diligencia requerida en delitos de esta naturaleza, donde las primeras diligencias resultan imprescindibles para el procesamiento y la sanción de lo responsables. Y si bien diversas instancias gubernamentales han reconocido la existencia de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el contexto de los hechos de Atenco, lo cierto es que a la fecha ninguna persona ha sido penalmente sancionada.
Ante esta situación, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual seguirán adelante con la denuncia (”petición”) presentada ante la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Debido a la ineficacia de las instancias nacionales, las peticionarias buscan que la CIDH declare que el Estado mexicano violó en su perjuicio sus derechos humanos (integridad física, libertad y seguridad personal, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, dignidad y privacidad) y recomiende una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de tortura. El caso puede sentar un precedente importante sobre la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones relacionadas con la violencia sexual perpetrada contra mujeres por agentes estatales. Las mujeres denunciantes y este Centro de Derechos Humanos consideramos fundamental que exista una condena internacional al Estado Mexicano con el fin de acceder a una justicia integral, la cual ha sido negada por mas de tres años.
Finalmente, es importante destacar que las acciones legales seguirán siendo acompañadas de acciones de protesta que las mujeres denunciantes, en su legítimo derecho, han decidido realizar para denunciar ante la opinión pública la impunidad que prevalece. Protagonistas de su propia denuncia, las mujeres seguirán señalando pública y valientemente la falta de justicia.
Mujeres denunciantes, detenidas arbitrariamente en Atenco y Texcoco durante los operativos de 2006
Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Ejecución extrajudicial por elementos del ejército en contra de un pasajero a bordo de un autobús en Humixtlan, región de La Montaña de Guerrero.
Lunes 22 de junio de 2009, por Limeddh
Resumen de la Acción Urgente
Según notas periodísticas, el día viernes 19 de junio de 2009, cerca de la cabecera municipal de Humuxtitlán, en la región de La Montaña de Guerrero, el 93 Batallón de Infantería, por orden del Comandante de Grupo, Julio César Ramos Sánchez, dispararon al autobús marcado con el número 045 de la empresa Oro, con placas 367HF7 del servicio público federal.
La unidad cubría la ruta Tlapa-Palomas-Puebla. Uno de los disparos hizo blanco en el pasajero Bonifacio Rubio Villegas, de 30 años de edad, vecino de la ciudad de Tlapa, quien falleció instantáneamente por un disparo en la nuca.
Acción solicitada:
Para involucrar a la red de contactos en generar una respuesta rápida hacia las autoridades correspondientes con el afán de detener las situaciones de violación a los derechos humanos es importante que el mayor número de personas y/u organizaciones envíen correos electrónicos (usando la carta modelo adjunta), a las autoridades competentes haciendo hincapié en el cumplimiento de las peticiones concretas por parte de las autoridades.
Enviar sus llamamientos copiando la carta modelo en un correo con título:
AU- 025- 2009- HUMUXTITLAN- GRO. El modelo de la copia se puede descargar desde el ortal de la LIMEDDH http://www.espora.org/limeddh/spip.php?article417
Con copia a denuncias.limeddh@gmail.com
felipe.calderon@presidencia.gob.mx,secretario@segob.gob.mx, dn_sdn@mail.sedena.gob.mx,gobernador@guerrero.gob.mx, cprocurador@pgjgro.gob.mx,presidencia@coddehumgro.org.mx, coddehum@prodigy.net.mx,sspypc@guerrero.gob.mx, beltrones@senado.gob.mx,javier.gonzalez@congreso.gob.mx, ebermudez@segob.gob.mx,InfoDesk@ohchr.org, civilsocietyunit@ohchr.org,oacnudh@ohchr.org,cidhoea@oas.org
Resumen de la Acción Urgente
Según notas periodísticas, el día viernes 19 de junio de 2009, cerca de la cabecera municipal de Humuxtitlán, en la región de La Montaña de Guerrero, el 93 Batallón de Infantería, por orden del Comandante de Grupo, Julio César Ramos Sánchez, dispararon al autobús marcado con el número 045 de la empresa Oro, con placas 367HF7 del servicio público federal.
La unidad cubría la ruta Tlapa-Palomas-Puebla. Uno de los disparos hizo blanco en el pasajero Bonifacio Rubio Villegas, de 30 años de edad, vecino de la ciudad de Tlapa, quien falleció instantáneamente por un disparo en la nuca.
Acción solicitada:
Para involucrar a la red de contactos en generar una respuesta rápida hacia las autoridades correspondientes con el afán de detener las situaciones de violación a los derechos humanos es importante que el mayor número de personas y/u organizaciones envíen correos electrónicos (usando la carta modelo adjunta), a las autoridades competentes haciendo hincapié en el cumplimiento de las peticiones concretas por parte de las autoridades.
Enviar sus llamamientos copiando la carta modelo en un correo con título:
AU- 025- 2009- HUMUXTITLAN- GRO. El modelo de la copia se puede descargar desde el ortal de la LIMEDDH http://www.espora.org/limeddh/spip.php?article417
Con copia a denuncias.limeddh@gmail.com
felipe.calderon@presidencia.gob.mx,secretario@segob.gob.mx, dn_sdn@mail.sedena.gob.mx,gobernador@guerrero.gob.mx, cprocurador@pgjgro.gob.mx,presidencia@coddehumgro.org.mx, coddehum@prodigy.net.mx,sspypc@guerrero.gob.mx, beltrones@senado.gob.mx,javier.gonzalez@congreso.gob.mx, ebermudez@segob.gob.mx,InfoDesk@ohchr.org, civilsocietyunit@ohchr.org,oacnudh@ohchr.org,cidhoea@oas.org
martes, 8 de enero de 2008
MEXICO: Va por constitución en lengua indígena
(Fuente: México en Síntesis, Reforma).
Traducir la Constitución Mexicana a diversas lenguas indígenas es la primera actividad que impulsará el Senado de la República en 2008 para dar inicio a las conmemoraciones del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana en 2010. En coordinación con el historiador Miguel León Portilla se llevará a cabo la publicación de la Carta Magna al náhuatl, el maya yucateco, zapoteco, mixteco, otomí y purépecha, asegura Patricia Galeana, Secretaria Técnica de la Comisión especial encargada de los festejos organizados por los legisladores. Con ayuda de diversos estados de la República se realizarán diversas coediciones que permitan una difusión amplia del documento, aunque aún no se sabe qué tiraje tendrá cada traducción. http://www.reforma.com/cultura/articulo/422/842339/
Agencia Internacional de Prensa India
(AIPIN)
http://www.aipin.info
Traducir la Constitución Mexicana a diversas lenguas indígenas es la primera actividad que impulsará el Senado de la República en 2008 para dar inicio a las conmemoraciones del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana en 2010. En coordinación con el historiador Miguel León Portilla se llevará a cabo la publicación de la Carta Magna al náhuatl, el maya yucateco, zapoteco, mixteco, otomí y purépecha, asegura Patricia Galeana, Secretaria Técnica de la Comisión especial encargada de los festejos organizados por los legisladores. Con ayuda de diversos estados de la República se realizarán diversas coediciones que permitan una difusión amplia del documento, aunque aún no se sabe qué tiraje tendrá cada traducción. http://www.reforma.com/cultura/articulo/422/842339/
Agencia Internacional de Prensa India
(AIPIN)
http://www.aipin.info
Suscribirse a:
Entradas (Atom)