San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de junio de 2016
Boletín No. 13
Se cumplen 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres
- Estado mexicano responsable de la actuación del grupo paramilitar
Organización Desarrollo Paz y Justicia
Han pasado 20 años, sin que sus familiares y la sociedad conozcan el paradero de Minerva Guadalupe Pérez Torres (Minerva Guadalupe). Los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe se encuentran protegidos por la impunidad provocada por el Estado mexicano. Actualmente Samuel Sánchez Sánchez dirigente de la Organización Desarrollo, Paz y Justicia, ha sido absuelto de los delitos de homicidio, secuestro y lesiones y emprende una campaña de desprestigio en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos en la zona Norte de Chiapas, temen una probable liberación del autor material e intelectual de hechos de contrainsurgencia operados por el Estado mexicano.
El 20 de junio de 1996, Minerva Guadalupe fue detenida en un retén de revisión del grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia ubicado en la comunidad de Miguel Alemán, municipio de Tila; en el retén se encontraban aproximadamente 50 personas armadas, entre ellas Sabelino Torres Martínez, Nicolás Gómez Díaz, Raymundo Sánchez Trujillo, Samuel Sánchez Sánchez, los hermanos Hernández, entre otros delegados de Paz y Justicia. Fue detenida y posteriormente llevada a una casa en donde estuvo tres días. En este lugar fue torturada sexualmente por más de 30 personas del grupo paramilitar Paz y Justicia. Finalmente fue llevada rumbo a la comunidad de Masojá Chico, Tila, sin conocerse la ubicación exacta de su paradero.
El caso de Minerva Guadalupe, se enmarca dentro del patrón sistemático de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado en la región del Norte de Chiapas, como parte de una estrategia implementada por el Estado mexicano a través del Plan de Campaña Chiapas '94 y del Plan de Campaña Chiapas 2000.
La familia de Minerva Guadalupe era una de las tantas que brindaron apoyo a las y los desplazados forzados que huían de sus comunidades ante la violencia generalizada provocada por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, lo cual les colocó en grave riesgo, además de vincularles como simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El caso de Minerva Guadalupe, junto con siete casos más de la zona Norte de Chiapas, es conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se encuentra en la etapa de estudio sobre fondo.
Sostenemos que el caso de Minerva Guadalupe, se cometió en el marco del Conflicto Armado Interno iniciado en enero de 1994, no es un caso que tenga sus origenes en conflictos agrarios o religiosos, se encuentra vinculado con la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94 y del Plan de Campaña Chiapas 2000. En el trabajo de documentación implementado por este Centro de Derechos Humanos, en el contexto del conflicto armado en Chiapas, entre 1995 y 2000, tan sólo en la zona Norte de Chiapas, se registró la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres, así como la ejecución de siete mujeres y 78 hombres. Son un total de 122 casos documentados que se encuentran en la impunidad, además del desplazamiento forzado de 12.000 personas.
El grupo paramilitar Paz y Justicia fue impulsado, entrenado y financiado con recursos públicos a cambio de votos, utilizándolos como instrumento para imponer el terror en la población civil en la zona Norte del estado de Chiapas.
La familia de Minerva y este Centro de Derechos Humanos seguimos exigiendo al Estado mexicano acciones inmediatas que lleven a la búsqueda y localización de Minerva Guadalupe Pérez Torres ya que la omisión en las investigaciones y la falta de mecanismos eficaces por parte de las autoridades de procuración de justicia han mantenido la desaparición forzada; que se conozca la verdad, para alcanzar la justicia con dignidad, se castiguen a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en esta política de destrucción, violencia y muerte.
Fuente; Frayba.
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