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jueves, 17 de septiembre de 2009

Sirven las campesinas como “amortiguadores de la crisis”

Por Guadalupe Cruz Jaimes en CIMAC noticias.


México, DF, 15 sep. 09 (CIMAC).- Por su posición “desventajosa”, la crisis económica está “pegando” más a las mujeres rurales debido a la falta de una política dirigida al campo y a la ausencia de alternativas económicas para este sector, aseveró Hilda Salazar, economista integrante de la Red Género y Medio Ambiente.

Según la especialista, la política social no contempla las necesidades de las productoras pobres del país, pues excluye a las mujeres campesinas, quienes desde la producción de bienes y servicios que no entran al mercado “juegan” como amortiguadores de la crisis.

En su rol de productoras, la crisis afecta a las campesinas de distintas formas: el alza del precio de frijol y del maíz no las beneficia porque se trata de productos que son principalmente de autoconsumo. En cambio, el alza de costos de los fertilizantes, que de 2006 a la fecha es seis veces más caro, las perjudica porque les representa un mayor gasto para el cultivo de productos que pueden vender.

Frente a la recesión económica, como en otros momentos de crisis, las campesinas vuelven al “traspatio”, a sembrar lo que no pueden comprar para poder alimentarse, comentó Salazar; ésta ha sido siempre una alternativa de las mujeres para enriquecer la dieta de la familia.

Hoy en día, ante la amenaza del hambre en las zonas rurales, la economía que se vive en el traspatio debe apoyarse con recursos y políticas públicas, con el propósito de responder a las necesidades sociales de las familias campesinas y no a “puras expectativas de ganancia”.

De acuerdo con el documento “Mujeres Rurales y Crisis Agroalimentaria”, elaborado a partir del Seminario de mujer rural y soberanía alimentaria de la campaña Sin Maíz no hay País, en 2008 las campesinas e indígenas fueron quienes procuraron la alimentación, salud y bienestar de la familia, sin pago y sin pensar siquiera en obtener una ganancia económica.

Esta situación ha colocado a las mujeres en un lugar “desventajoso”, pues la mayoría no sabe leer ni escribir, son monolingües y presentan mayores niveles de desnutrición. Además, son “subordinadas o excluidas” en el acceso a la tenencia de la tierra, la toma de decisiones en su comunidad y familia, así como a programas oficiales de crédito y fomento productivo, refiere el documento de la campaña Sin Maíz no hay País.

El deterioro de vida de las mujeres campesinas se agudiza en momentos de crisis económica y agroalimentaria, ya que el trabajo doméstico aumenta, sumándosele también a sus actividades las que realizaban los varones migrantes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dados a conocer ayer, la población rural registró una mayor migración internacional que la urbana. Entre 2006 y 2008 la tasa de emigración internacional fue de 13 por cada 100 habitantes en localidades rurales.

El Inegi señala que las comunidades urbanas aportan la proporción más alta del monto total de emigrantes del país; sin embargo, el fenómeno tiene mayor intensidad en el contexto rural.

Dada la cuestión migratoria, el campo tiende a feminizarse, existen pueblos en el país habitados sólo por mujeres, niños y ancianos, pues los varones en edad productiva se han ido o se están yendo, por lo que las políticas sociales y agrícolas deben considerar a las mujeres del campo no nada más como responsables de la familia, sino como productoras activas.

Para cumplir con lo anterior se necesita rediseñar las repuestas ante la crisis económica y agroalimentaria, lo que implica reconocer la potencialidad y los aportes de las mujeres rurales, sin aprovechar su preocupación por los otros para que carguen la crisis a costa de su propio bienestar, concluyó la economista.

jueves, 25 de junio de 2009

INMUJERES RECONOCE, COMO LO HIZO HACE MESES EL CENTRO PRODH, QUE HUBO IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE TRES MUJERES ÑHA-NHÚ ACUSADAS DEL SECUESTRO DE

Redactaron Lidia Ponce y Odett Sosa en CIMAC Noticias.

México, DF.- Como lo había denunciado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, hace meses, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) afirmó apenas hoy en un comunicado que, efectivamente, Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, indígenas ñha-ñhús, acusadas de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación, enfrentaron, por discriminación, dificultades para acceder a un juicio justo bajo los parámetros del debido proceso legal y de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres.

Por su condición de ser mujeres e indígenas, y tener precarias condiciones económicas, las mujeres enfrentaron actos discriminatorios, tales como dificultades para acceder al debido proceso, que implica el derecho a la presunción de inocencia, a una defensa efectiva, a contar con traductores, a una justicia pronta, expedita e imparcial, entre otros derechos reconocidos por el sistema jurídico mexicano y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, señaló el Inmujeres.

Estas conclusiones fueron obtenidas a partir de un “análisis jurídico” de documentos a los que tuvo acceso el Inmujeres, en base al cual, desde la perspectiva de los derechos humanos, dicho instituto considera que existen elementos suficientes para que sean liberadas por esos cargos, por lo que se suma a la campaña del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, que pide su liberación.