De neopolkos y colaboracionistas

Carlos Fazio

De neopolkos y colaboracionistas

La víspera de su viaje a México en marzo pasado, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, insistió en que Felipe Calderón debía “abrir el sector energético” a la inversión privada. En particular se refirió a la expansión de la producción petrolera en aguas profundas del Golfo de México, que, dijo, requiere una millonaria inversión de capital. Junto con la “seguridad”, el proceso de desmantelamiento hormiga y la privatización de facto del complejo petroeléctrico paraestatal: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro –que sigue los parámetros delineados por el Banco Mundial, impulsados por el dúo Bush-Cheney en beneficio de las compañías multinacionales del ramo con casa matriz en Estados Unidos–, son los dos puntos claves de la agenda mexicana de Washington, que se inscriben en la construcción de Norteamérica como nuevo espacio geopolítico y económico para la competencia interimperialista con la Comunidad Europea y el bloque Asia-Pacífico.
Seguridad y energía son los dos puntos nodales de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), iniciativa bloquista de viejo cuño colonial firmada en Texas en 2005 y dirigida a afianzar y consolidar la integración silenciosa y subordinada de Canadá y México a la nación imperial. El antecedente más cercano de la ASPAN –o TLC militarizado– está contenido en el documento Estrategia de seguridad nacional, presentado por Bush en la Casa Blanca el 20 de septiembre de 2002.
Allí, junto a viejos planteos que remiten a conceptos militaristas como guerra relámpago (Blitzkrieg) y otras nociones geopolíticas con reminiscencias hitlerianas tales como “espacio vital” y la política de gran área en el hemisferio occidental, Bush señaló: “Debe mejorar la seguridad energética (de Estados Unidos). Fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la prosperidad compartida de la economía mundial colaborando con nuestros aliados, socios comerciales y productores de energía”. Desde entonces, la “liberalización” de las tres paraestatales de la energía (Pemex, CFE y CLFC), antiguo objetivo de Washington, entró en una nueva fase de presiones y es el mandato, en clave de dependencia, que le endosó Vicente Fox a Calderón.
En días recientes circularon versiones sobre sendas reuniones de Calderón con el ex candidato presidencial del PRI y actual senador Francisco Labastida Ochoa, y con un grupo de legisladores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Allí se habría analizado la intención de Calderón de abrir a la inversión privada, nacional y extranjera, áreas como la exploración, extracción, refinación y comercialización de recursos petrolíferos y sus derivados, lo que implicaba una profunda contrarreforma a los artículos 27 y 28 constitucionales. Por razones de oportunidad política, la iniciativa habría sido frenada.
Sin embargo, la “alianza estratégica” de los neo-polkos panistas y los colaboracionistas salinistas –a los que Carlos Monsiváis llamara irónicamente “la primera generación de estadunidenses nacidos en México”–, encabezada por cinco ex secretarios de Energía con mentalidad entreguista: Luis Téllez Kuenzler, ex representante en México del corporativo de la energía y las armas Carlyle y actual secretario de Comunicaciones y Transportes; Francisco Labastida, Felipe Calderón, Jesús Reyes Heroles y Fernando Elizondo, intentará modificar o expedir una decena de leyes secundarias, conforme a una estrategia gradual, que, de concretarse, convertirá en letra muerta el mandato constitucional. Apoyados por cabilderos texanos, los quintacolumnistas neoliberales nativos vienen trabajando en lo oscurito sobre el pedido de Bush. Es decir, abrir a la inversión privada los campos transfronterizos en aguas profundas del Golfo de México.
La agenda de Calderón –que es la del Banco Mundial y Bush-Cheney– insistirá en arreglos económicos y cláusulas especiales al margen de la Constitución, como los contratos de servicios múltiples, contratos de alianzas, proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) y otras argucias, que han permitido la “alianza tecnológica” de Pemex con Halliburton y una docena de multinacionales extranjeras (Repsol YPF, Kellog, Total, Shell, Royal Dutch, Unión Fenosa, Mitsui, Chevron-Texaco, Sempra, Teikoku Oil, Tecpetrol) para la explotación de petróleo y gas en Baja California, la bahía de Campeche (Cantarell), la cuenca de Burgos y otras regiones del país.
De esa manera, el esquema de integración asimétrica (absorción) de la América del Norte impulsa el control o la colonización energética de Washington sobre las riquezas en hidrocarburos de México. En particular, la llamada nueva “frontera emergente”, el Gel Golfo de México, definida como una de las tres más grandes provincias petroleras del mundo y asiento de los llamados “hoyos de dona”, compartidos por Estados Unidos, México y Cuba, y sometidos a la “diplomacia secreta” del aparato de seguridad nacional estadunidense.
Con la vieja excusa de que el gobierno no tiene el dinero necesario para hacer las inversiones que requiere Pemex, y que hace falta tecnología de punta para la perforación de pozos en aguas profundas, se buscaría impulsar ahora “asociaciones estratégicas entre paraestatales” –por ejemplo entre Pemex y la brasileña Petrobras– y buscar consensos para una interpretación “liberal” de la Constitución, a fin de que se puedan modificar las leyes secundarias y se abra paso a la inversión conjunta pública-privada de los campos transfronterizos en los hoyos de dona. Un primer paso, en espera de tiempos mejores. Lo que en buen romance significa una privatización de facto de ciertas áreas o pasar la propiedad de una nación a la propiedad privada extranjera.

http://www.jornada.unam.mx/2007/12/03/index.php?section=opinion&article=023a1pol

Cuando la nueva izquierda es la derecha ·
El Fisgón

Historias de Chuchos

Pone en riesgo la gobernabilidad de la ALDF, afirman; exigen al PRD nacional intervenir
Acusan perredistas a Círigo de tener acuerdos con Gobernación y el PAN-DF

Raúl Llanos y Gabriela Romero

La confrontación dentro del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) llegó ayer a su punto más álgido luego de que el G-14, integrado por los diputados de Izquierda Democrática Nacional (IDN), Unidad y Renovación (Unyr) e Izquierda Social, acusaron a su coordinador, Víctor Hugo Círigo, de tener acuerdos con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y con la dirigente del PAN capitalino, Mariana Gómez del Campo, por lo cual no sólo amagaron con desconocerlo en su cargo, sino que pidieron la intervención de la dirigencia nacional y estatal del Sol Azteca para atender este asunto.
Este nuevo capítulo de la disputa entre los legisladores del G-14 y Nueva Izquierda (NI), encabezada por Círigo, se dio durante la reunión que tuvieron ayer 32 de los 34 integrantes de esa fracción, convocada exclusivamente para nombrar al sucesor del director general de Comunicación Social de la ALDF.
Sin embargo, para los del G-14 esa “convocatoria unilateral” –pues “sólo la avalaron los de NI”– fue la gota que derramó el vaso, y decidieron externar ahí su inconformidad con lo que calificaron como una “conducta dictatorial” y de “traición al partido”, por parte de Víctor Hugo Círigo, a quien de paso exigieron “transparencia” en el manejo del presupuesto de la Asamblea Legislativa durante este año, pues no ha informado el destino de los casi mil millones de pesos que tiene asignado este órgano de gobierno.
Entrevistados luego de esa reunión, integrantes del G-14 expresaron que a partir de la próxima semana realizarán acciones de protesta, desde marchar a la sede del PRD nacional y local, hasta “denunciar ante los capitalinos la intención de NI de afectar a su partido, a la Asamblea y al proyecto de izquierda del gobierno de Marcelo Ebrard”.
Inclusive, después de la “encerrona” perredista, el G-14 ofreció una conferencia de prensa, en la que no aceptaron preguntas. Leyeron un documento en donde acusan a Víctor Hugo Círigo de “tomar acuerdos a espaldas de los diputados del PRD” y de que con sus “decisiones unilaterales (…) pone en riesgo la gobernabilidad” de la ALDF.
En el texto también le formulan siete preguntas, entre ellas: ¿a qué acuerdos ha llegado con el PAN desde la coordinación del grupo parlamentario?, ¿cuáles son los compromisos que tiene con el secretario de Gobernación del gobierno espurio?, ¿cuáles son los acuerdos entre Círigo, René Arce y Mariana Gómez del Campo, dirigente del PAN-DF? y ¿cómo afectarán esos acuerdos el presupuesto del Gobierno del Distrito Federal?
Agustín Guerrero, Edgar Torres, Avelino Méndez, Tomás Pliego y Humberto Morgan coincidieron, por separado, que esas mismas críticas se las formularon en la reunión de la fracción a Círigo, pero éste nunca respondió ni desmintió esos acuerdos con “la derecha”, por lo que “el que calla, otorga”.
Al respecto, Isaías Villa, integrante de NI, manifestó que ni Círigo ni la gente de su corriente contestó a las acusaciones porque son “provocaciones, infundios y faltos de prueba”.
De hecho, Guerrero añadió que por la tarde, en la reunión de la Comisión de Gobierno, dejó en claro que el G-14 valora el desconocimiento de Círigo como su coordinador, que contrastó con la postura de su compañera de bancada, Leticia Quezada, quien ayer mismo lo desconoció públicamente.

La Jornada 11 de octubre del 2007