Criminalización de la protesta y contención del despertar social
Fuente: Boletín mensual del CNEE zona metropolitana
E l jueves 16 de julio de 2009, en Campeche, se dictó auto de formal prisión en contra de Sara López, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borja, Guadalupe Liscano y Elmer Castellanos en respuesta a la denuncia interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad.
El “delito” de los ahora presos en el CERESO de San Francisco Kobén, es representar la lucha por la reducción de las tarifas de la electricidad en Campeche, y forma parte de la movilización que se da en muchas partes del país por igual causa.
El 24 de diciembre de 1999, al final del gobierno de Zedillo, se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo según el cual las tarifas de consumo de energía eléctrica se incrementarían cada mes, particularmente para las tarifas de servicio doméstico, de riego agrícola, bombeo de aguas negras y potables y alumbrado público.
Al comenzar el gobierno de Fox, para el servicio doméstico de bajo consumo se pagaban 58 centavos por Kilowatt-hora (Kw-h).
Para el 2006 ya costaba 1.03 pesos por Kw-h. Para este año, las compañías generadoras privadas se han apoderado de más del 30% del mercado eléctrico con el respaldo del gobierno y la mayoría priísta y panista de la Cámara de Diputados.
El costo de la electricidad se disparó desde el 2002. En bajo consumo (entre 400 y 500 Kw-h) tuvieron un incremento hasta de 85%. En promedio, de 2000 a 2007 el incremento ha sido 78%. Esas son las consecuencias de la privatización eléctrica, siendo algunas de las zonas más afectadas en Chiapas y Campeche. Paradójicamente, en la primera se produce la mitad de la energía hidroeléctrica del país y en la segunda se produce la mayor cantidad de petróleo y gas natural asociado. Los beneficios, no son para los habitantes, sino para las compañías privadas, sus personeros y prestanombres y los funcionarios-contratistas.
En Chiapas, el precio de un consumo básico familiar por una instalación de cinco lámparas incandescentes de 60 watts, una plancha y una radiograbadora, pasó de 30 pesos bimestrales en promedio, a 300, 750 y hasta 1500 pesos.
No es de extrañar el crecimiento del movimiento de resistencia contra las altas tarifas, que si bien surgió en Tabasco hace 15 años como resistencia civil contra un fraude electoral, ahora se extiende en el país con protestas contra la CFE por las altas tarifas, el servicio deficiente, el despojo de tierras por la construcción de represas e instalaciones eoloeléctricas y eventos como la Jornada Nacional de Movilización contra la CFE, realizada el pasado 19 de abril, con la creación de organizaciones y movilizaciones en Coatzacoalcos, Minatitlán, la Montaña de Guerrero, Acapulco, Salina Cruz, Tehuantepec, Matías Romero, Ixtepec, Estación Sarabia, Juchitán, Amatenango del Valle, San Cristóbal Las Casas, Tonalá y Pijijiapan, entre otras.
En mayo 100 representantes de 20 organizaciones sociales de 7 estados (Campeche, Chihuahua, Chiapas, D. F.. Guerrero, Oaxaca y Veracruz) se reunieron en San Cristóbal las Casas y conformaron la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, cuyos objetivos son: Fortalecer la resistencia contra las altas tarifas, luchar contra la privatización de la energía eléctrica y por el respeto y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
Hoy la tarea es liberar a nuestros compañeros de lucha y reforzar la lucha contra las altas tarifas y la privatización del sector.
Colaboración de la Maestra Catalina García integrante del CNEE
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