Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
AMÉRICA FARÍAS OCAMPO
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las principales organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos reproductivos, con sede en el Distrito Federal, se sumará a la defensa legal de Alejandra Gómez Sánchez, la mujer de 20 años, quien es investigada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por haberse provocado un aborto.
Así lo informó, Fernanda Díaz de León, especialista en Derecho y vocera de GIRE, en entrevista con La Jornada de Oriente, quien explicó que el grupo trabaja coordinadamente con la Red de Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida en el estado de Puebla, que le está dando seguimiento al caso de Alejandra, y que a través de ellos, se le dará asesoramiento jurídico.
Díaz de León consideró que este caso es una consecuencia de las reformas constitucionales que el Congreso del estado aprobó en marzo pasado para proteger la vida desde la concepción. “Siempre hemos dicho que la penalización no resuelve el problema de los abortos clandestinos; con este tipo de legislaciones se está orillando de nueva cuenta a las mujeres acudir clínicas ilegales que ponen en riesgo su vida”.
Advirtió que con la llamada “ley Bailleres” se podría poner en riesgo la libertad de las mujeres que lleguen a un hospital por complicaciones de un aborto espontáneo o accidental, pues señaló que los médicos, por temor a inmiscuirse en una responsabilidad legal podrían denunciar a las féminas ante las autoridades judiciales si tener elementos suficientes sobre las causas del legrado.
“Hay que aclarar la responsabilidad que tienen los servicios de salud de atender a las mujeres que acuden a las clínicas por consecuencia de aborto. Es importante señalar esta consecuencia nefasta que tienen estas reformas en términos de iniciar una auténtica cacería de las mujeres que llegan con abortos en evolución, independientemente de las causas que lo provocaron, los médicos ante el temor de caer en responsabilidad, porque muchas veces desconocen el marco legal de atención, las denuncian sin saber cuál es el contexto de la mujer que solicitó la atención”, alertó.
Agregó que también se ponen en riesgo las causales que considera el código penal que permiten el aborto en caso de que la vida de la mujer se encuentra en peligro; haya sufrido una violación o el producto presente alguna deformación, pues a casi dos meses que entró en vigor, los diputados no han establecido las leyes secundarias a las modificaciones de la Constitución local.
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