Cierran las actividades para conmemorar los 14 años de la corporación indígena
Fuente: La Jornada de Guerrero
Hay más de 30 órdenes de aprehensión contra miembros de la Coordinadora y agentes, denuncian
Marchan para protestar contra las políticas federales y en solidaridad con los trabajadores del SME
REDACCIÓN
Los festejos por el 14 aniversario de la creación de la Policía Comunitaria concluyeron con una marcha por las calles de Marquelia, con la exigencia de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y defensoras de derechos humanos, de que el gobierno detenga el hostigamiento y la criminalización que contra la corporación indígena.
A la fecha, según se dio a conocer en el encuentro que se llevó a cabo en el campamento General Enrique Rodríguez Cruz, existen más de 30 órdenes de aprehensión contra integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la policía de los pueblos.
Durante los trabajos que se realizaron el miércoles y el jueves, se instalaron seis mesas de discusión, y antes, unos 600 policías comunitarios desfilaron por la avenida principal de Marquelia hasta la sede del encuentro. En la caminata participaron organizaciones procedentes de Oaxaca, Guerrero, Cuernavaca y la ciudad de México.
En la marcha hubo consignas contra el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y las políticas federales, pero también se patentizó la solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En general, las organizaciones exigieron al gobierno estatal detener el hostigamiento contra la CRAC y la Policía Comunitaria, y que retome la experiencia de éstas para enfrentar la violencia que se ha desatado por el combate a la delincuencia organizada.
El principal detonante de la protesta fue la detención, el miércoles, de ocho policías comunitarios por parte del Ejército. Los agentes fueron retenidos durante unas cuatro horas, tiempo que tardaron los soldados en recibir instrucciones del batallón instalado en Marquelia, y el antecedente de que en agosto pasado otros 13 comunitarios habían sido detenidos y trasladados a Acapulco, donde se les inició un proceso por portación de arma prohibida, a pesar de que cuentan con un permiso colectivo para el armamento que portan. Estos agentes todavía tienen que ir cada semana al puerto a firmar por su libertad condicionada.
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