Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
JAVIER PUGA MARTINEZ
Como en tiempos de Fox, abrir changarros es la opción que el gobierno federal propuso este día a los más de 45 mil desempleados de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), quienes además ni siquiera podrán acceder al programa Oportunidades, “pues no son mexicanos que estén en condiciones de pobreza”.
Durante su visita a la ciudad de Puebla este jueves, el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, propuso a los electricistas que acepten el dinero de su liquidación para que abran un “pequeño negocio” ya que se trata de “gente emprendedora”.
Afirmó, categórico, que Oportunidades no es un seguro de desempleo, pues para eso hay otros programas de gobierno, como el de empleo temporal, destinado a apoyar a desempleados que ganaban entre uno y tres salarios mínimos, “y los trabajadores de Luz y Fuerza tienen ingresos de seis salarios mínimos”.
El funcionario sostuvo que que la administración federal está pensando en reincorporar al mayor número posible de trabajadores a la Comisión Federal de Electricidad.
Volvió a insistir en el discurso presidencial de que lo que costaba el subsidio destinado a LFC de 42 mil millones de pesos es equivalente a todo el presupuesto anual de Oportunidades, y dos veces el de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Oportunidaes no es un seguro de desempleo. Algunos otros podrán iniciar un pequeño negocio (porque) es gente emprendedora, es gente que va a tener recursos económicos con su liquidación y no son mexicanos que estén en condiciones de pobreza, para los cuales los programas de Sedesol están diseñados”, señaló.
Utilizando un helicóptero del Ejército Mexicano y escoltado en todo momento por agentes del Estado Mayor Presidencial, Corderó Arroyo estuvo en la capital del estado para inaugurar el Foro de Pobreza Urbana que organiza el ayuntamietno de Puebla, donde aprovechó para hacer un llamado a los ciudadanos para que acepten el impuesto del 2 por ciento generalizado al consumo, el cual aseguró es para beneficiar a los más pobres.
En breve entrevista defendió el gravamen, del cual señaló que no es ninguna incongruencia, pues sólo funcionará “si hay un mecanismo redistributivo”.
“Una familia en condiciones de pobreza aportaría al mes 70 pesos con el nuevo impuesto, pero el programa que proponemos nos garantiza que se le regresen a los más pobres entre 600 y 900 pesos”, sostuvo.
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