La medida, sobre la determinación de la SCJN de que civiles no pueden juzgar a militares
Fuente: La Jornada de Guerrero
La acción fue recomendada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 12 de agosto. El secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, informó que la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) inició una investigación del caso de la indígena me’phaa violada por soldados Inés Fernández Ortega, por la recomendación que le envió la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Informó que la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación les envió un oficio que dice que indagatoria contra los militares acusados representa un “gran avance”.
La indígena me’phaa denunció que tres militares abusaron de ella el 9 de marzo de 2002. Contó que ese día estaba en su casa, en Barranca Tecuani, municipio de Acatepec, cuando 11 efectivos irrumpieron en su domicilio.
El caso llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero no tuvo ningún efecto.
La queja se llevó a la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se efectuó en Washington, Estados Unidos, en octubre de 2007, junto con el de la indígena del municipio de Ayutla, Valentina Rosendo Cantú, quien también fue violada por militares en febrero de 2002 en la comunidad de Barranja Bejuco.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos retomó el caso y recomendó al gobierno del estado investigarlo.
En ese sentido, Ramírez Ramos acotó: “nosotros ya dimos instrucciones a la Procuraduría de Justicia que realice la indagatoria y que se actué hasta las últimas consecuencias y se castigue a los responsables, si es que los hay”.
Indicó que el caso de Inés Fernández es algo “especial”, pues iniciaron la indagatoria a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que cuando elementos del Ejército cometan algún delito, deberán ser juzgados por la justicia militar y no por autoridades civiles.
El secretario adelantó que la PGJE tiene conocimiento de las denuncias que presentaron habitantes de Tecpan contra efectivos militares por violaciones a los derechos humanos y robo: “se iniciará la indagatoria y se realizará el desglose de la misma a las autoridades que correspondan”, precisó.
Finalmente, sostuvo que al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo le satisface que la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), haya reconocido la labor del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, y dijo que la organización se destaca por su labor vanguardista en favor de los indígenas guerrerenses.
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