HÉCTOR BRISEÑO
Unas 30 personas que dijeron ser familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia entre los años 60 y 70 en Guerrero, aseguraron que los integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) han hecho mal uso de los 20 millones de pesos asignados por el gobierno de Guerrero para su operación.
En conferencia de prensa en el restaurante La Parroquia del zócalo de Acapulco, habitantes de más de 10 comunidades de Coyuca de Benítez, Tecpan, Atoyac y San Jerónimo exigieron que los integrantes de la Comisión sean removidos y se les haga una auditoría.
A nombre de los inconformes, Rogelio Vargas Pineda, manifestó que los 20 millones de pesos deben ser entregados a los afectados por la guerra sucia, unos 532 de acuerdo con los expedientes reunidos hasta el momento.
Al encuentro asistieron habitantes y representantes de las comunidades San Juan de las Flores, El Escorpión, El Porvenir, El Rincón de Las Parotas, San Martín, Colonia 19 de mayo, San Andrés, Pie de la Cuesta, El Guanábano, Petaquillas, Colonia Centro y algunos afectados de El Quemado.
Vargas Pineda sostuvo que la Comverdad no ha cumplido con los objetivos para lo que fue creada, y aseguró que “lo único que ha hecho es trascribir lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya tiene realizado”, por lo que exigió que se nombren nuevos comisionados.
Por separado, Arturo Gallegos Nájera, uno de los promotores de la Comisión de la Verdad, sostuvo que en dicha conferencia participó “gente acarreada” y consideró que Vargas Pineda busca que se le entregue algún recurso económico. Estimó que atrás de esta postura “hay una mano que mece la cuna”.
Consultado vía telefónica, el presidente de la Comisión de la Verdad, Enrique González Ruiz, expresó que si el Congreso del estado desea efectuar una auditoría al órgano está en su pleno derecho.
En cuanto a la propuesta de distribuir los 20 millones de pesos entre los afectados por la guerra sucia, señaló que el dinero no alcanzaría, además de que la comisión desaparecería.
Enfatizó que “lo que nosotros hemos propuesto es la aplicación de un plan integral de reparación del daño” e indicó que cualquier inconformidad del trabajo de la comisión se haga saber a través de las instancias correspondientes.
Subrayó que los integrantes de la comisión son personas se alta calidad ética y también manifestó su respeto por las personas que ofrecieron la conferencia en Acapulco.
Mencionó que “nuestro respeto para ellos si son familiares de víctimas, sus puntos de vista debieran ser analizados por el Congreso. No contenderemos con ningún grupo de familiares”, puntualizó
Agregó que los comisionados continúan visitando las zonas de conflicto recabando información, incluso poblaciones que desaparecieron por completo.
Adelantó que el próximo 20 de marzo se llevará a cabo una audiencia con familiares de víctimas en la facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo, y en abril la Comisión rendirá su segundo informe parcial.
La Ley 932 por la que se creó la Comisión de la Verdad fue publicada el 20 de marzo de 2012, con el objetivo de investigar las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia de los 60 y 70 en el estado, y tiene una duración de dos años a partir de ese momento.
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