País electrocutado

Fuente: El Periódico

Laura Itzel Castillo

Reafirmando su condición criminal que lo llevó al poder por la vía del fraude electoral, el gobierno de Felipe Calderón asaltó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en la madrugada del domingo. Como los delincuentes que se agazapan en la noche, el panista determinó la extinción de esta dependencia, dio sabadazo y envío a la Policía Federal Preventiva a tomar sus instalaciones.

Este acto de barbarie ocurrió no obstante que Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de quien despacha en los Pinos, recibió ahí, el jueves pasado, a la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza, quien estuvo acompañado por miles de trabajadores y algunos diputados federales y senadores.

El Estado policiaco dio su garrotazo a pesar de que la Cámara de Diputados, ese mismo jueves, aprobó un punto de acuerdo en el que se exhortó a Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo, a entregar la denominada toma de nota a la dirigencia. El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Francisco Hernández Juárez, del PRD, y votado a favor por todos los partidos, a excepción del PAN y con la abstención del PANAL.

Este domingo, desde muy temprano, se convocó a un mitin en el Monumento a La Revolución. Ante la sorpresa de las “autoridades”, acudimos miles a refrendar nuestra solidaridad con los trabajadores del SME y los acompañamos en marcha a la Secretaría de Gobernación.

Sabemos que detrás de la intentona de desaparecer a LFC está la privatización del sector eléctrico. De nueva cuenta, se usa el viejo ardid de supuestas ineficiencias para justificar la venta de uno de los sectores que no han podido entregar al capital privado. Y en este, como en otros temas, está la mano de los verdaderos patrones: Carlos Salinas, Claudio X. González y demás finísimas personas.

El decretazo, que burlando la legalidad, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, posteriormente a que la PFP había invadido y desalojado a los trabajadores de sus centros de trabajo, vulnera el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Conforme a este artículo, sólo el Congreso puede desaparecer a la empresa Luz y Fuerza del Centro. El decreto, por tanto, es a todas luces inconstitucional.