Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ
Para el coordinador del Comité Nacional de Estudios de la Energía, Francisco Carrillo Soberón, la desaparición de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) tiene el fin de que en un par de años se privatice el servicio de la energía eléctrica, lo cual se encarecería al mismo en por lo menos un 60 por ciento y no se surtiría de luz a las comunidades rurales en donde no sea rentable llegar.
En entrevista con La Jornada de Oriente, comentó que el gobierno federal tiene la meta de eliminar a todos los sindicatos y organizaciones sociales que se opongan a la “modernización” de las instituciones públicas, que en realidad significa su privatización, es decir, que pasen a manos de empresarios, quienes no se regirán bajo un esquema de beneficio social, sino de exclusión a quienes no puedan pagar por los servicios.
“Tal vez en primera instancia no suene tan mal la frase de que tendrán los servicios como luz y agua quienes paguen, pero cuando se considera que cada día los salarios tienen menor poder adquisitivo debido a las alzas de los productos e impuestos, la mayoría de la población no va a poder pagar los mismos”, explicó.
El también asesor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) dijo que el gobierno federal no toca a los líderes sindicales que sí tienen denuncias por corrupción y se mantienen en el cargo de forma vitalicia, como Leonardo Rodríguez Alcaine y Elba Esther Gordillo, de los sindicatos Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Nacional de los Trabajadores de la Educación, respectivamente.
En cambio, viola la autonomía sindical de organismos que buscan regirse con principios democráticos, como era el SME, y además luchan por los intereses ciudadanos, a quienes no les conviene la privatización de los servicios públicos como el agua y la luz, ni de los derechos constitucionales, como de la educación y salud. “Alguien tendrá que controlar el servicio de la luz, y el gobierno quiere concesionario”.
Agregó que el decreto que emitió el gobierno federal fue ilegal, ya que el titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, no tiene la capacidad de desaparecer un organismo descentralizado y liquidar a sus 66 mil trabajadores.
Ante ello, agregó que miles de trabajadores de esta paraestatal presentarán amparos legales en contra de dicha decisión, por liquidarlos de forma anticipada, así como informó que las bancadas del PT, Convergencia y el PRD impugnarán el decreto presidencial.
Recordó que el próximo jueves los integrantes del SME tendrán una nueva movilización en la ciudad de México para exigir que se revierta dicho decreto. Explicó que es falso el argumento del gobierno federal de que LFC era incosteable, ya que ello fue consecuencia de las mismas políticas públicas aplicadas de no modernizar la maquinaria y que el organismo le comprara la energía cara a la CFE.
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