La desaparición de LFC fue por motivos políticos, señala Colegio de Economistas

Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)

Difusión Soberanía Popular

TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

El presidente del Colegio de Economistas del estado de Puebla, Jorge Moreno Valle Buitrón, reprobó la extinción de la paraestatal de Luz y Fuerza del Centro (LFC) al considerar que la decisión del gobierno federal fue socialmente injusta y se basó más en causas políticas que económicas.

En tanto, le solicitó a la Cámara de Senadores que modifique el paquete fiscal para 2010 que aprobaron los diputados federales, ya que el incremento de impuestos ocasionará que la recuperación económica del país sea más lenta, al reducir el nivel de ingresos de la población y, por tanto, el consumo y la producción.

En rueda de prensa, el especialista indicó que se debe impulsar una ley de ingresos que promueva el crecimiento económico e impulse la creación de empleos formales.

Explicó que el próximo año existirá un déficit en las finanzas públicas debido a que el país sigue dependiendo casi en su totalidad de los ingresos petroleros, los cuales cada vez son menores, ya sea por la caída del precio del crudo o por la menor extracción que existe de este recurso.

Agregó que se debe superar el exceso de disciplina fiscal y ampliar la proporción del déficit público con el fin de invertir en proyectos productivos, impulsar a las empresas y promover los subsidios para el sector primario, como sucede en otros países.

Con respecto a la decisión del gobierno federal de desaparecer a LFC, indicó que la misma se llevó a cabo en un momento político inadecuado, pues existía una pugna entre los trabajadores de esta paraestatal y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por el reconocimiento del sindicato.

Señaló que la acción tampoco consideró el daño económico que iba a generar para las familias que vivían de LFC, así como para los municipios que dependían total o parcialmente de la paraestatal en Puebla, como Juan Galindo, Huauchinango y Xicotepec.

Manifestó que antes de liquidar a la compañía, el gobierno federal podría haber modificado las condiciones laborales que existían y llegar a convenios con los trabajadores y así no dejar en el desempleo a 44 mil familias que dependían de LFC.