Homex, Geo y ARA buscan evitar inundaciones en sus viviendas
Fuente: La Jornada de Guerrero
CITLAL GILES SÁNCHEZ
El ex delegado de la Semarnat, Leonel Lozano Domínguez, y la organización Guerreros Verdes presentaron denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la apertura “ilegal e irresponsable” de la laguna Negra de Puerto Marqués y pidieron a las autoridades proceder con una demanda penal por delitos ambientales.
En respuesta, el delegado de la Profepa, Joel Tacuba García, aseguró que la apertura de la barra no fue autorizada por el Comité Estatal de Protección Civil, por lo que envió unos inspectores para constatar de los daños.
Este lunes los ambientalistas acudieron a la Profepa a entregar un oficio en el cual detallan que el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado, Sabás Arturo de la Rosa Camacho, les notificó sobre la apertura de la barra de esa laguna, y que según los lugareños quienes pudieron haberlo hecho fueron las desarrolladoras Homex, Geo y ARA para evitar que sus viviendas se inundaran ante la posibilidad de fuertes lluvias.
Lozano Domínguez argumentó que la apertura de la barra tiene que ser de manera natural, a menos de que haya una orden del Comité Estatal de Protección Civil por la alerta de una posible emergencia y en la que deben estar presentes el municipio, la Profepa, Semarnat y Propeg.
Explicó que el abrir de manera ilegal una barra causa grandes daños al cuerpo lagunar, ya que se reduce el cuerpo de agua, ocasionando que los humedales y manglares se sequen y mueran cientos de peces como pargos, robalos, chanos, jaibas, lisas, mojarras, bagres, camarón, entre muchas otras especies de valor comercial, trayendo también grandes pérdidas económicas.
De igual forma coincidió en que son las grandes empresas desarrolladoras quienes promueven la apertura de las barras para evitar que sus construcciones se inunden cuando es temporada de lluvias, “ya es tradicional que ante la amenaza de lluvias zonas habitacionales que fueron construidas sobre humedales o áreas de riesgo se inundan por la mala planeación de desarrollo urbano”.
En tanto, Tacuba García aseguró que desde temprano se envió a personal para hacer una inspección y si se confirma la apertura de manera manual, “obviamente habrá una acción o denuncia penal contra quienes hayan hecho esta apertura que a todas luces es irregular”.
Las sanciones, dijo, pueden ser administrativa, que es una multa de hasta 5 mil salarios mínimos, equivalente a 150 mil pesos o bien la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República que dependerá del grado de afectación ambiental que generó la apertura la barra.
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