Los diplomáticos dicen que es asunto de tribunales mexicanos
Fuente: La Jornada de San Luis
Integrantes del Frente Amplio Opositor (FAO) a la compañía Minera San Xavier S.A. de C.V. se presentaron ayer en las oficinas de la embajada de Canadá en la ciudad de México, para hacerle entregar al representante canadiense en nuestro país, de un documento en donde le señalan diversas denuncias de presuntos actos delictivos cometidos por la empresa minera y ciudadanos canadienses durante su proceso operativo.
El documento fue firmado por Mario Martínez Ramos, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, Sergio Serrano Soriano y Andrés Carlos Covarrubias Rendón, todos ellos integrantes del FAO.
Como parte de la jornada mundial de crítica y acción por la minería de Tajo a Cielo Abierto, en dicho documento los activistas plantean que el 70 por ciento de ese tipo de proyectos de este tipo son de nacionalidad canadiense, por lo tanto piden un total apego a la legalidad “ante una barbarie que arrasa dignidades, pueblos, territorios, salud y acuíferos”.
Señalan que las empresas canadienses que trabajan en el rubro de la minería “son hoy causantes de violencia, represión, despojo y corrupción. Pueblos enteros luchan ante enemigos poderosos y protegidos por gobiernos sumisos y por países indolentes del llamado primer mundo”.
Ayer por la mañana haciendo uso de sus derechos constitucionales los opositores a Minera San Xavier se reunieron para ratificarle a la sociedad mexicana, así como la comunidad internacional el significado del proceso de la minería de tajo a cielo abierto, e insisten en que aún cuando la embajada canadiense ha considerado que el asunto es competencia de los tribunales nacionales y no de la representación canadiense en México, ellos argumentan el por qué sí existe competencia por parte de la embajada canadiense.
“Esta empresa es propiedad de canadienses. La personalidad jurídica en el ámbito del derecho canadiense la matriz de Minera San Xavier SA de CV es New Gold Inc. El domicilio legal de esta empresa está en su país. El registro para su funcionamiento, de New Gold Inc, está dado en su país. En ejercicio de diversos derechos de inversión y participación la empresa localmente tiene un registro local. Sin embargo y como de explorado derecho es entendible que el registro accionario y cotizado en Bolsa de Valores es en el de Canadá.”
En el escrito también recordaron al embajador canadiense que la empresa Minera San Xavier tiene diferentes demandas ante varias instancias de procuración de justicia, por la posible comisión de diversos delitos del ámbito federal, mismos que de resultar procedentes harían que ciudadanos canadienses pudieran ser sujetos a procesos de carácter penal.
También le señalan al embajador que dentro de las indagatorios promovidas por los opositores se encuentran algunos documentos que implican a la empresa minera en actos de corrupción de autoridades, concretamente de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. De la misma forma apología y actos tendientes a forzar de la autoridad desacatos a determinaciones judiciales, como es el caso del incumplimiento del fallo protector de Pro San Luis Ecológico, integrante del FAO, en el amparo 1065/2007 promovido y resuelto por el Juez Federal Onceavo en Materia Administrativa , que establece en concordancia a la legislación de la materia resolver con apego a la ley lo relativo a la irregular autorización del 10 de abril del 2006 que Semarnat otorgara a dicha empresa.
Señalan que derivado de la negativa para declarar a San Luis Potosí como patrimonio mundial de la UNESCO, en fechas recientes, obedece a la falta de protección a las minas de la región. El desprestigio de nuestra ciudad, estado y país todavía es comentado en el ámbito cultural más importante de todo el mundo. Es un comentario generalizado, ¿cómo piden los potosinos una declaratoria, si su símbolo de identidad y origen está siendo destruido por un puñado de canadienses?.
Por último, precisan que durante la pasada campaña política en Cerro de San Pedro, New Gold Inc. y MSX nuevamente se involucraron en la elección, financiando candidaturas a la presidencia municipal. Al respecto existen las denuncias correspondientes ante la Procuraduría Federal para los delitos electorales.
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