Contratismo, mecanismo privatizador

Contratistas ligados al PAN se han beneficiado de los contratos otorgados por Pemex, el gobierno federal los favorece. Asimismo, el propio director de la paraestatal cabildea a favor de las transnacionales. Con las propuestas de reforma energética el gobierno pretende legalizar los actuales contratos de riesgo, como los Contratos de Servicios Múltiples (CSM). Esto contraviene a la Constitución, la que indica que, en materia de hidrocarburos NO se otorgarán concesiones ni contratos a los particulares. Las propuestas de Calderón, sin embargo, pretenden entregar todo tipo de contratos a las transnacionales.

Funcionarios beneficiarios del contratismo

Durante el Foro de Debate sobre la Reforma Energética que organiza el Senado, el 10 de julio, los legisladores del FAP cuestionaron severamente al gobierno federal, ya que, contratistas ligados al PAN han utilizado la legislación vigente para beneficiarse con licitaciones en su favor.

Como ejemplos fueron mencionados los casos de Jesús Reyes Heroles (JRH), actual director de Pemex, así como, César Nava, secretario particular de Calderón, quienes apoyaron y negociaron tres contratos para la explotación de gas seco en la cuenca de Burgos.

Alfonso Hickman, de la Asociación Ingenieros Constitución del 17, aseguró que esos contratos se entregaron a empresas privadas como si la reforma de Calderón ya estuviera aprobada. Eso, es transgredir el marco normativo. Luego se refirió al contrato para el aseguramiento de la integridad de los ductos de Pemex, es decir, la licitación pública internacional 1857511-06-07, que realizó Pemex Exploración y Explotación (PEP) en mayo de 2007 para contratar el aseguramiento de los ductos en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Este contrato “se realizó como si ya estuvieran vigentes las reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y la ley orgánica de Pemex”, dijo Hickman. Además, denunció que JRH participó como negociador; “como representante de GEA realizó labores de cabildeo”, precisó.

Víctor Rodríguez Padilla, ex asesor en materia energética en el Senado, hizo una seria crítica a la ilegalidad de los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) otorgados para la exploración y explotación de gas seco en la cuenca de Burgos. Dijo que cuando senadores y diputados presentaron un juicio de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobierno federal suspendió algunas licitaciones, pero Calderón “volvió a la carga y entregó más”.

Los legisladores del PAN defendieron el mecanismo de contratos a terceros y dijeron que, con la modalidad de “incentivos” a los inversionistas que exploten con éxito yacimientos petroleros, no privatizan la extracción de petróleo ni permitirán compartir la renta petrolera, porque “se pagarán en efectivo”. Los diputados y senadores de PRD, PT y Convergencia señalaron que “se trata de legalizar los convenios ya firmados por el gobierno federal y entregar a extranjeros la producción nacional de hidrocarburos”. Así es, se trata de un descarado despojo a la nación.

El gobierno pretende legalizar los contratos de riesgo

En su intervención, Víctor Rodríguez señaló que la propuesta del gobierno federal busca legalizar los contratos de riesgo y abrir la posibilidad de poner en marcha nuevas modalidades contractuales al margen de la Constitución.

Señaló que “Las seis iniciativas establecen un marco legal, regulatorio, fiscal e institucional aplicable a la fase extractiva de la industria petrolera, con dos efectos notables: las compañías petroleras internacionales remplazarían a Pemex en regiones enteras del territorio nacional, al tiempo que el organismo público profundizaría su papel de instrumento funcional de la apertura, al actuar como regulador del acceso al subsuelo y agencia comercializadora y pagadora de impuestos de los hidrocarburos extraídos por las transnacionales”.

Expresó que, “de aprobarse la propuesta del ejecutivo federal ocurrirían dos cosas:

1- Se solventarían algunas de las ilegalidades de los CSM, aunque de ninguna manera se resolverían sus numerosas transgresiones constitucionales.

2- Se abriría la posibilidad de que Pemex otorgue nuevos contratos de naturaleza equivalente a concesiones o contratos prohibidos por la Constitución”.

Reiteró que “Los CSM ya son contratos de riesgo, por lo que sería de esperar que los nuevos arreglos contractuales le permitan al contratista adquirir, de jure o de facto, derechos de propiedad, mayores espacios de control de los procesos operativos y de planeación, así como una porción más abultada de la renta petrolera. En cualquier caso, se permitirían “contratos de exploración y desarrollo”, con pagos indexados a los resultados, otorgados por asignación directa y manteniendo oculto su contenido”. Dijo que, “de aprobarse las iniciativas, se le permitiría hacerlo apoyado en la ley, aunque obviamente al margen de la Constitución”.

Palpables evidencias

Rodríguez dijo que “Las conclusiones anteriores se refuerzan cuando se toma en cuenta cuatro elementos:

1- La trayectoria de los esquemas de contratación que ha venido utilizando Pemex, especialmente en la última década: contratos de servicios específicos, contratos de servicios por zona geográfica, contratos de servicios integrales, contratos de servicios múltiples y contratos que Pemex no se ha osado poner en práctica como los contratos alianza, los CSM para crudo y otras modalidades reveladas a la prensa nacional por altos funcionarios de Pemex.

2- La negativa de las grandes compañías petroleras internacionales a venir al “rescate” de Pemex y de la industria petrolera mexicana, si se les limita a la simple prestación de servicios tecnológicos, administrativos o de ingeniería. Shell, BP, Exxon Mobil, Petrobras, Statoil y otras trasnacionales han sido muy claras en advertir que ellas desean operar mediante concesiones o modalidades contractuales que impliquen compartir reservas, producción o el ingreso de la venta de los hidrocarburos extraídos, como es práctica corriente en la industria petrolera internacional.

3- La voluntad firme y decidida por parte de las dos últimas administraciones en llamar, abrir la puerta y dar facilidades a las compañías petroleras internacionales para que se instalen, se acomoden y crezcan, justificándose en la necesidad de compensar las carencias de Pemex, reales o imaginarias, en tecnología, capital, conocimientos, experiencia y personal directivo, que le impiden localizar y extraer el tesoro localizado en las profundidades del Golfo de México

4- La existencia de una subdirección en Pemex dedica exclusivamente a idear cómo transferir a empresas privadas, grandes porciones del territorio nacional con alto potencial petrolero, campos en producción, así como equipos, plataformas, tanques, ductos y otra infraestructura. Ya dividió el territorio nacional en bloques, tal como hace las comisiones reguladoras del subsuelo en Noruega, Brasil, y otros países”.

Contratismo = privatización

La argumentación de Rodríguez disgustó a los panistas quienes, como han acostumbrado en los diversos Foros, ante la falta de razones acuden a la diatriba.

Pero las evidencias son contundentes. Al permitirse, en las diversas iniciativas presentadas por Calderón y el PAN, el otorgamiento de TODO TIPO de contratos a los particulares, en actividades reservadas de manera exclusiva al Estado, se contraviene flagrantemente la Constitución. Eso implica la privatización explícita de Pemex.

Como fue indicado en el Foro del Senado, los CSM son inconstitucionales; por ello existe interpuesto un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que, hace tiempo debió atender el fondo del asunto y no lo ha hecho. Al contrario, el gobierno de Fox procedió a otorgar 5 CSM a Repsol, Petrobrás y otros inversionistas privados, mismos que ya producen gas seco en la cuenca de Burgos. Más aún, Calderón ya otorgó otros 2 CSM, otra vez, al margen de la Constitución.

La privatización de Pemex se expresa en el otorgamiento de FUNCIONES CONSTITUCIONALES a las transnacionales. El mecanismo es a través de los contratos. Todas las iniciativas de Calderón tienen esta característica. De entrada, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se refieren a dotar a la secretaría de energía (Sener) de nuevas atribuciones, destacando la de promover la participación privada en las actividades estratégicas relacionadas con los hidrocarburos, así como la facultad de otorgar concesiones y contratos. La Sener, otorgaría los permisos privados en materia de refinación, transporte y almacenamiento de productos petrolíferos, así como de agrocombustibles, incluyendo el Sistema Nacional de Ductos (SND), a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuya ley sería reformada.

Peor aún, las concesiones y permisos privados en materia de exploración y producción de hidrocarburos, serían otorgados mediante la Comisión del Petróleo, la cual sería creada por una nueva ley. En la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Pemex se le faculta a la paraestatal para celebrar convenios en todas las actividades estratégicas que le corresponde realizar de manera exclusiva. Para concluir, la iniciativa de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo reitera que se otorgarán contratos a los particulares en prácticamente todo el proceso de trabajo petrolero, es decir, se autorizaría al gobierno a CEDER las funciones constitucionales al capital privado. Eso significa, llanamente, la privatización de Pemex.

Asimismo, la iniciativa para reformas la Ley Federal de Derechos, con relación al régimen fiscal de Pemex, le otorgaría a las corporaciones todo tipo de facilidades para sus inversiones, mismas que estarían al margen y en contra de la Constitución.

Contratismo, arma del charrismo y del imperialismo

Actualmente, más de diez mil contratistas grandes y pequeños se encargan de corroer a Pemex, incluido el propio sindicato petrolero (STPRM). El contratismo ha sido el mecanismo para desnaturalizar a Pemex y corromper a la industria nacionalizada en exceso.

Suficientes argumentos se han dado demostrando la inconstitucionalidad de las iniciativas de reforma energética neoliberal. Lo que procede es DESECHARLAS por improcedentes y lesivas a la nación. El gobierno federal y partidos políticos que le apoyan se resisten pretendiendo la imposición.

El pueblo de México movilizado debemos impedir semejante agravio a la nación redoblando las acciones en todo el territorio nacional. El asunto no es solamente de argumentos sino de fuerza social y política organizada para impedir el atraco del gobierno coludido con el contratismo e imperialismo.

Frente de Trabajadores de la Energía, de México