Comunicado de prensa - Preocupa a RNDDHM agresiones contra defensoras integrantes del Comité Cerezo

 

19 de marzo de 2014. 

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) manifiesta su preocupación por la integridad física y psicológica de las defensoras Armida Banegas, María Vargas, Areli Vidal, Mariela Bárcenas, Fernanda Poblete, Nayeli Valencia, Wendy Bernal, Yeraldín Orta, Emiliana Cerezo, Melanie Salgado, Duhyadi Oliva, Margarita Acevedo, María Elena Paredes y Elga Aguilar, todas ellas integrantes y colaboradoras de la organización Comité Cerezo México y quienes recientemente han enfrentando una campaña de difamación, calumnia y hostigamiento.

A partir de ese entonces las defensoras y su organización han sido víctimas de una campaña de difamación y desprestigio que se ha agudizado y que pone en entredicho su labor como defensoras y defensores de derechos humanos.

La RDNDDHM ha constatado el trabajo que el Comité Cerezo México realiza en defensa y promoción de los derechos humanos y somos partícipes del reconocimiento nacional e internacional hacia dicha organización, por lo que para nosotras son de suma preocupación las amenazas, agresiones, acusaciones y estigmatización contra las defensoras y su organización.

Pedimos a las autoridades correspondientes investiguen los hechos a fin de garantizar que las defensoras continúen realizando su labor en condiciones de seguridad y garanticen su integridad física y psicológica.

Como RNDDHM reiteramos que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” y que “los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales (…)” como lo establece la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos.

En este sentido, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 135 defensoras de derechos humanos de 86 diversas organizaciones, pertenecientes a 20 diferentes estados de la República se mantendrá atenta, a fin de que la labor de las defensoras integrantes del Comité Cerezo México sea garantizada en condiciones de libertad y seguridad.

ATENTAMENTE,

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, integrada por 135 defensoras de derechos humanos de 20 estados de la República.- Agnieszka Raczynska, (Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”), Aidé García (Católicas por el Derecho a Decidir, México D.F.), Alejandra Vela Garza (Alternativas Pacíficas, Monterrey), Alicia Leal Puerta (Alternativas Pacíficas, DF), Aline Castellanos (Oaxaca), Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Tamaulipas), Ana María Hernández (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Andrea Acevedo García (Mariposas Tlahuicas AC, Morelos), Andrea Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, Guerrero), Analia Penchaszadeh, Alejandra Ancheita (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (PRODESC) México D.F.), Alba Cruz (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca), América del Valle Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-FPDT Atenco), Ángeles López (Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Guanajuato), Angélica Araceli Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México), Aurora Montaño (México), Axela Romero Cárdenas (Líder Estrategia Feminismos y otros movimientos sociales y Salud Integral para las Mujeres, A.C.), Atziri Ávila (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Beatriz Hernández Bautista (Circulo Profesional para la Formación con Equidad de Género !Nduva Ndandi!, Oaxaca), Bettina Cruz Velázquez (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca), Blanca Martínez (Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Coahuila), Blanca Mesina (Baja California Norte), Blanca Velázquez (Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), Puebla), Carolina Cantú (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero), Cecilia Espinosa Martínez (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua), Cecilia Oyorzabal Gómez (Timomatchtikan, Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres, Casa de la Mujer Indígena, Red Nacional de Asesoras y Promotoras Rurales, Puebla), Concepción Felix Corral (Sí Hay Mujeres en Durango AC, Durango), Clara G. Meyra Segura (Centro de Derechos Humanos "Fr. Francisco de Vitoria O.P." A.C., México D.F.), Claudia Ángel (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C.), Clemencia Correa (Proyecto de Acompañamiento Psicosocial ALUNA, México, DF), Cirenia Celestino Ortega (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Nuevo León), Cristina Auerbach (Familia Pasta de Conchos), Cristina Cruz López (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCA-DH), Oaxaca), Cristina Hardaga Fernández (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.), Daptnhe Cuevas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, México D.F.), Diana Damián Palencia Formación y Capacitación AC (FOCA), Chiapas), Dolores González (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ),México D.F.), Dora Ávila (Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin), Elena Tapia Vásquez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca), Elga Aguilar (Comité Cerezo México, México D.F.), Elizabeth Ferreras (Defensa Jurídica y Educación para Mujeres S.C. Vereda Themis, México D.F.), Elizabeth Robles (Servicio Desarrollo y Paz, A.C., Coahuila) Emelia Ortiz (Campaña Si no están ellas no estamos todas, Oaxaca), Emilia González (Comisión de Solidaridad y Defensa DDHH), Fabiola González Barrera (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Felicitas Martínez Solano (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero), Gabriela Aguilar Martín (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México), Georgina Vargas Vera (Guanajuato), Guadalupe García Álvarez (Mujeres Luchas y Derechos para todos, Estado de México), Guadalupe López (Lesbianas en Patlatonalli, Jalisco), Hermelinda Tiburcio (Kinal Antzetik, Guerrero), Icela Jaimes (Colectivo Raíz, Aguascalientes), Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua),Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua), Indira de Jesús Luis Aquino (Refugio Regional para Mujeres Indígenas del Istmo, Oaxaca), Irma Estrada Martínez (Tribunal Internacional de Conciencia, México D.F.), Ixchel Carrasco Arias (Enlace, Comunicación y Capacitación, Guerrero), Janette Corzo (APRENDAMOS), Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, México D.F.), Julieta Hernández Camargo (Si hay Mujeres en Durango, Durango) Laura Carlsen (Programa de las Américas, México D.F.), Laura García (Semillas, México D.F.), Laura Gutiérrez (Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Baja California), Laura Velázquez (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.), Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora), Lidia Alpizar (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID)), Lorena Fuentes (Semillas, México D.F.), Lorena Maribel Peralta Rojas (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”), Lorena Wolffer (México), Lucia Lagunés Huerta (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Lupita García Álvarez (Estado de México), Lupita Ramos Ponce Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México), Luz Estela Castro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua), Malú García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Chihuahua), Margarita Avalos (Colectivo Ollin Calli, Baja California) Margarita Guadalupe Martínez (Chiapas), Ma. Hilda de la Vega (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua), María Luisa Aguilar Rodríguez (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero), María Rosa Guzmán Valdez (Red de Promotoras de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el Estado Jalisco, Jalisco), María Trinidad Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Martha Figueroa (COLEM Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas), Martha Graciela Ramos (Mujeres por México en Chihuahua, Chihuahua), Martha Pérez Pineda (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Martha Sánchez Soler ( Movimiento Migrante Mesoameriano), Martha Sánchez Nestor (Red de Mujeres Guerrerenses, Guerrero), Marusia López (Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS-Mesoamérica), Minerva Nora Martínez (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCA-DH), Oaxaca), Miriam González Sánchez (Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), México D.F.), Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa, Veracruz), Nadia Maciel (Guerrero), Nadin Reyes (Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, México D.F.), Nallely Tello (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Nerida Gaspar Castillo (Colectivo Ollin Calli), Nora Bucio (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), Morelos), Nora Vargas (Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS), Michoacán), Obtilia Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, Guerrero), Ofelia Cesáreo Sánchez (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero), Olga Reyes (México), Patricia Yllescas (México), Reyna Ramírez Sánchez (Colectivo de Obreras Insumisas To Tlaktole Calaki Mo Yolo, AC.), Rosa María Laguna Gómez (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México), Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán), Sara Méndez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca), Sara Montes Ramírez (Colectivo Raíz de Aguascalientes, AC.), Sandra Torres Pastrana (Oaxaca), Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Guerrero), Silvia Alejandra Holguin Cinco (Centro de Derechos Humanos de la Mujeres de Chihuahua, Chihuahua), Silvia Núñez Esquer (Sonora), Silvia Pérez Yescas (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C.), Siria Solís Solís (El Barzón, Chihuahua), Susana Mejía (Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres A.C. (CADEM), Puebla) Tania Ramírez (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. México), Teresa Emeterio Martínez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca), Oaxaca), Teresa Zúñiga (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitarios (IMDEC), Jalisco), Theres Hoechli (Oaxaca), Valeria Escorza (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (PRODESC), México D.F.), Ruth Fierro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua),Verónica Corchado (Colectiva: Arte, Comunidad y Equidad, Grupo Articulación Justicia en Juárez, Cd. Juárez), Verónica Cruz (Las Libres, Guanajuato), Ximena Andión (EQUIS: Justicia para las Mujeres, México D.F), Ximena Cortez (Rosas Chillante, México D.F.), Xóchitl Ramírez (Yotlakat Non Siwatl, Atzin Desarrollo Comunitario, Guerrero), Yanimiriam Valdez Baca (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua), Yanina Flores (Semillas, México D.F.) Yesica Sánchez Maya (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca), Yunuhen Rangel Medina (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Zulma Méndez (Pacto por la Cultura y Red Mesa de Mujeres, Ciudad Juárez, Chihuahua).

— Atziri Ávila

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México Celular: 951 253 60 82 rednacionaldedefensorasmexico@gmail.com Facebook: Red Defensoras Dh México

Twitter:@RedDefensorasMx

Santo Tomás 209, Col. Xochimilco, C.P 6804. Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

México debe abordar la grave situación de los derechos humanos con acciones y no con retórica

México debe traducir en acciones las promesas que hará mañana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU si quiere abordar la grave situación de los derechos humanos en el país, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

“Deben adoptarse medidas eficaces y duraderas para abordar las constantes vigentes de desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y ataques habituales contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, mujeres y personas migrantes. México no debe volver a incumplir sus promesas a la comunidad internacional”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

México anunciará mañana a los miembros del Consejo de Derechos Humanos cuáles de sus 176 recomendaciones, formuladas en el pasado Examen Periódico Universal (EPU) adoptará. En 2009, en su última comparecencia ante este órgano de derechos humanos, México dijo que implementaría la mayoría de las recomendaciones. Sin embargo, posteriormente no tomó medidas en muchas áreas para prevenir la crisis de derechos humanos, que continúa hasta la fecha.

Aunque es positivo que el gobierno mexicano haya anunciado que aceptará la mayoría de las recomendaciones, hay indicios preocupantes de que esto sólo represente que todo sigue igual y su cumplimiento sea sólo retórico.

No se han aceptado las recomendaciones para abolir la práctica del arraigo (detención preventiva sin cargos), una importante cuestión de derechos humanos. Con arreglo a esta extendida modalidad de detención preventiva, se puede mantener detenida a una persona un máximo de 80 días sin que comparezca ante un juez.

“Las órdenes de arraigo abren la puerta a múltiples violaciones de derechos humanos, como la tortura y las confesiones forzadas, que dan pie a juicios injustos. La negativa a abolir esta práctica es una señal muy negativa del compromiso real del gobierno de defender los derechos humanos de todas las personas”, dijo Salil Shetty.

Otra cuestión importante es la reforma del Código de Justicia Militar. México ha aceptado las recomendaciones encaminadas a garantizar que se investigan, persiguen y juzgan en el sistema de justicia civil todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

Precisamente esta semana, el Senado está debatiendo una reforma que potencialmente excluiría de la justicia militar las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles. Sin embargo, dicha medida no se aplicaría a las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra otro personal militar. Aunque la propuesta va en la dirección correcta, sigue sin cumplir totalmente las normas internacionales de derechos humanos, pese a las afirmaciones del gobierno en sentido contrario.

“Detectamos una preocupante autocomplacencia en la actitud de México ante el Consejo. Afirma que las medidas legislativas y administrativas en curso equivalen al cumplimiento de muchas de las recomendaciones de la ONU, pero no son suficientes para solucionar los críticos problemas que tiene el país en el campo de los derechos humanos”, prosiguió Salil Shetty.

“Esta actitud hace caso omiso del drama de quienes sufren las consecuencias de las violaciones de derechos humanos. La experiencia cotidiana de las familias de los desaparecidos y de las víctimas de la tortura, los homicidios y la violencia no ha cambiado. Para ellas las promesas del gobierno parecen vacías e ineficaces; la impunidad impera.”

Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones al gobierno mexicano que implemente con carácter urgente las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos para abordar las violaciones de derechos humanos y la impunidad generalizadas. Esto incluye:

Garantizar la protección de las normas internacionales de derechos humanos en todas las operaciones policiales y de seguridad, lo que incluye una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de todas las violaciones de estos derechos;

Adoptar medidas concretas y eficaces para prevenir y castigar la tortura y los malos tratos;

Reforzar las medidas para investigar los secuestros y las desapariciones forzadas, lo que incluye procedimientos para localizar a las víctimas y hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos;

Reforzar los mecanismos de protección integral para los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas a fin de detener los ataques contra ellos y garantizar que los responsables de estos ataques comparecen ante la justicia;

Implementar medidas eficaces para prevenir y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres;

Reforzar las medidas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres poniendo fin a la penalización del aborto y garantizando que las mujeres y niñas tienen acceso a un aborto sin riesgos en casos de violación, incesto y cuando corra peligro la salud de la mujer o la niña;

Garantizar que los proyectos de extracción de recursos y desarrollo económico que afectan a los pueblos indígenas se llevan a cabo únicamente tras obtener su consentimiento libre, previo e informado;

Prevenir y castigar los abusos contra las personas migrantes en tránsito, sean cometidos por bandas delictivas o por funcionarios públicos.

“Es vital que el gobierno trabaje con la sociedad civil para implementar unas medidas concretas y eficaces para abordar la crítica situación de los derechos humanos en México. El gobierno debe aportar recursos económicos y el apoyo político de las altas esferas en todos los niveles del Estado federal”, concluyó Salil Shetty.

Información complementaria

El secretario general de Amnistía Internacional se ha reunido recientemente con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con otras altas autoridades del país, incluidos ministros, representantes del poder judicial y el poder legislativo durante una visita de alto nivel a México, realizada del 15 al 19 de febrero.

Salil Shetty entregó al presidente un memorándum que contiene una lista de medidas urgentes para combatir la arraigada impunidad y las violaciones graves de derechos humanos.

Amnistía Internacional hizo hoy entrega a la Presidencia de la República de más de 9,500 firmas recogidas por activistas de la organización en los dos últimos meses, exigiendo que México acepte totalmente todas aquellas recomendaciones realizadas en el EPU que resultan compatibles con el marco internacional de derechos humanos.

A cuatro años del asesinato de dos estudiantes, la impunidad prevalece

Hoy 19 de marzo se cumplen 4 años de los asesinatos de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ambos estudiantes perdieron la vida después de que integrantes del ejército abrieran fuego contra unos supuestos miembros de un grupo criminal.

“Es escandaloso que a cuatro años de estos asesinatos, y pese a la presión de las familias, de la sociedad civil y de integrantes de la comunidad académica las autoridades continúan fallando en su obligación de hacer rendir cuentas a los responsables y de llevar la verdad a las familias de las víctimas.” Afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

Las conclusiones de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso revelaron que los militares habían colocado armas a los estudiantes para inculparlos y habían destruido pruebas del lugar del crimen para acusar falsamente a las víctimas de pertenecer a una banda de delincuentes.

Así mismo, la CNDH documentó que las municiones que se utilizaron para cometer estos asesinatos son de uso exclusivo del ejército.

Hasta el momento las familias de las víctimas no han sido informadas sobre avances sustantivos en la investigación y ninguna persona ha sido sentenciada por estos crímenes.

“Este caso es paradigmático de las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. Las familias exigen verdad y justicia y lo que obtienen de las autoridades es silencio e impunidad.” Agregó Quiroz.

Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a la Procuraduría General de la República para que se investiguen de forma pronta e imparcial los asesinatos de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, que se hagan públicos los resultados de esta investigación y que los responsables de estos asesinatos rindan cuentas ante la justicia.

VERACRUZ: Impunidad en crímenes homofóbicos, acusa colectivo; piden tipificar ilícitos

La activista de los derechos de la comunidad LGBTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersex), Silvia Susana Jiménez Galicia, acusó que Veracruz ocupa el tercer lugar por crímenes de homofobia, y los derechos de este sector poblacional siguen sin respetarse.

"Lo vemos con mucha preocupación porque a la inseguridad que se vive todos los días, se suma esta situación. No tengo datos precisos pero sí es una problemática en crecimiento y nos alarma que haya impunidad porque la razón de la autoridad es que se trata de crímenes pasionales".

La activista desmintió la declaración realizada por el titular del registro civil en Veracruz, Rafael Valverde Díaz, respecto a que no había solicitudes de matrimonio entre parejas homosexuales.

Y es que dijo, la Constitución Política de México no discrimina por preferencia sexual a las personas que desean contraer matrimonio, por lo que muchas parejas han buscado un amparo legal y lo han ganado en diversos estados del país.

En el caso de Veracruz, reconoció que ninguna pareja ha emitido amparos para casarse, pero sí se han presentado el año pasado, 28 solicitudes para casarse, pero cuando les niegan esa posibilidad en el Registro Civil, ya no siguen intentando.

Por eso, se está orientando a las parejas para que insistan en legalizar su unión, y en caso de que no se los permitan, deben entregar la negativa por escrito para que la pareja pueda ampararse.

"El Registro Civil puede decir: no ha venido nadie, no hay interés, pero si les dan por escrito que no procede su solicitud, entonces ya hay un documento que ampara y que podamos saber cuántas parejas están solicitando esto".

Abundó que en la próxima marcha por los derechos LGBTTI en este año, se solicitarán cuatro diferentes puntos a las autoridades estatales: el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género que permita a las personas transexuales modificar su documentación.

Así como la tipificación de los crímenes de odio por homofobia, pues recordó que hace 15 días desapareció Edgar Sosa, activista homosexual de la ciudad de Córdoba, por lo que les preocupa que pueda ocurrir otro crimen de odio.

Finalmente, pretenden declarar el 17 de mayo como el Día estatal Contra la Homofobia para poder recordar la necesidad de crear políticas públicas y educación sobre el respeto a la diversidad sexual.

Carta abierta de la RENDDH al gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa

Javier Duarte de Ochoa
obernador Constitucional del Estado de
Veracruz Ignacio de la Llave
Palacio de Gobierno. Av. Enríquez s/n. Col. Centro
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México. Tel. (228) 841-7400
javierduarte@veracruz.gob.mx
Facebook: Javier Duarte
Twitter: @Javier_Duarte

17 de Marzo de 2014

En días recientes la Organización Indígena Nahuatl: Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme (Unión de Todos los Pueblos Pobres) y la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango, ambas organizaciones indígena-campesinas integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (TINAM – UECVT – FNLS), han denunciado públicamente la liberación de una orden de aprehensión en contra de Ignacio Romero Carrera, defensor del de la propiedad social ‒régimen Ejidal y Bienes Comunales‒ y del medio ambiente siendo uno de los principales opositores a la imposición de la hidroeléctrica “El Naranjal” en la región de los valles de Zongolica, que abarca los municipios Ixtaczoquitlan, Fortín, Naranjal, Amatlan, la Patrona, Cuetzala, Omealca, Xuchiles. Ignacio Romero Carrera es uno de los representantes de la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango (UECVT).

Ante esta situación han solicitado a las autoridades Municipales y Ministeriales de Ixtazoquitlan información al respecto, a lo cual el Ministerio Público les entrego por escrito que no existe ningún proceso en contra de Ignacio Romero Carrera, caso contrario fue con el funcionario municipal ‒el secretario particular José Alejandro Rosado Sosa‒ que de forma prepotente se negó a recibir por escrito la petición de indagatoria sobre la supuesta orden de aprehensión que las organizaciones antes mencionadas solicitaban, el mismo secretario Alejandro Rosado aventó al escritorioel documento entregado dejando a los representantes de las organizaciones campesinas ahí parados y nunca volvió.

Paralelamente a esta situación de amenaza, desde instancias municipales en voz del secretario particular José Alejandro Rosado Sosa del municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, quien de forma amenazante dijo que “Ignacio Romero Carrera tiene orden de aprehensión al igual que un líder nacional del FNLS”. Destacamos que las tres órdenes institucionales del sector agrario a nivel estatal (RAN, PA y SEDATU) le han están negando a Ignacio Romero a ejercer su legítimo derecho constitucional y agrario a ocupar el lugar de sucesor de su finada madre, al anteponer un absurdo e inexplicable trámite burocrático a partir de un error que cometieron las mismas autoridades ejidales y las instituciones del sector agrario de esos tiempos: omitir el apellido materno de la señora Magdalena Carrera Espinoza. Además hay una comparecencia por escrito ante la residencia de Córdoba de la Procuraduría Agraria atendido por el licenciado Fausto Corona Ortiz, que funge como abogado y visitador agrario, donde se asientan todos los trámites a nivel local y estatal que ha realizado Romero Carrera, así como su condición socioeconómica.

Para la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) existe una preocupación latente y fundada de que se pueda dar una detención arbitraria, por mencionar lo menos grave, ya sea en contra de Ignacio Romero o de cualquier otro integrante de las organizaciones del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el estado de Veracruz.

Es pertinente puntualizar que a nivel de la entidad veracruzana se pretende construir 112 hidroeléctricas, en los cuales tenemos informe que en ninguno de los megaproyectos fueron consultados ni informados los Núcleos Ejidales, Bienes comunales y pequeños propietarios afectados a nivel de sus tierras y recursos naturales.

De manera específica en la región de Zongolica y su valles las comunidades indígenas campesinas han llevado una larga lucha en contra de la deforestación por parte de talamontes hoy convertidos en grandes empresarios del transporte y el comercio, así como la imposición de mega proyectos que atenten contra sus cultivos, el medio, formas de trabajar y organizarse, como los proyectos hidroeléctricos. Proyectos que en diferentes estudios realizados por especialistas de instituciones educativas como la Universidad Veracruzana, ecologistas nacionales e internacionales como Greenpeace, Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han dado como resultado el grave daño que podrían provocar tanto al medio ambiente ‒ecocidio‒ como a la población obligándola a desplazarse de manera forzada.

No obstante, los representantes de las empresas siguen en operación en complicidad con los tres niveles de gobierno, tratando de engañar y dividir a las comunidades para que vendan su único patrimonio familiar-comunitario, la tierra y sus recursos naturales. A esto tenemos que añadir el asesinato de Noé Vázquez Ortiz, en Amatlan de los Reyes en noviembre del año pasado, justo cuando se realizaba el encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

También es importante destacar el surgimiento de las llamadas Autodefensas en la región de Zongolica en febrero de este año dirigidas por Román Vázquez González, quien en su momento ha declarado públicamente estar en contra de las personas o grupos que se oponen a la Hidroeléctrica y que deben ser expulsadas “ya que frenan el desarrollo de la región”. En últimas fechas los medios informativos dan cuenta de que este personaje Román respalda la construcción de hidroeléctricas en comunidades de Zongolica, San Juan Texhuacan y Mixtla de Altamirano, por medio de “consultas a las comunidades” para legitimar la entrada y construcción de la hidroeléctricas.

Por cierto, iniciando este 2014, la hidroeléctrica ubicada en Mixtla de Altamirano ‒uno delos municipio más pobres del país‒ ha demostrado los daños que puede causar solamente en la fase de pruebas, al ocasionar un derrumbe a causa del desbordamiento de agua de la presa que opera la empresa Electricidad del Golfo, esto sin contar en el desabasto de agua que ya se da en las comunidades, la explotación laboral y la modificación de la vida de las comunidades indígenas.

A lo anterior se suma el hecho de que en Veracruz se viene desarrollando una persistente y sistemática violación a los derechos humanos en contra de los diferentes sectores de la población, tal es el ejemplo de periodistas comprometidos con su labor profesional de informar la verdad, como el caso de la corresponsal de Proceso Regina Martínez y el reciente asesinato de Gregorio Jiménez, comunicadores que se unen a una indignante lista de 15 reporteros asesinados desde el 2000, 10 de ellos en la actual administración de la cual usted es responsable como gobernador.

Actos violatorios de derechos humanos también los vimos en las movilizaciones llevadas a cabo por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes en diferentes ocaciones fueron agredidos violentamente por parte de las corporaciones policiacas de la entidad; lo que motivo las manifestaciones fue la protesta por la imposición de la reforma neoliberal educativa que se aprobaría sin haber tomado en cuenta los foros nacionales del magisterio y representaciones de los diferentes sectores sociales, al mismo tiempo que denunciaban el carácter punitivo de dicha reforma, ahora convertida en Ley.

Otro hecho grave son los casos de tortura por parte de efectivos militares en el norte de esta entidad, como lo reconoció el propio comandante René Carlos Aguilar Páez de la sexta región militar con base en Boca del Río Veracruz, a lo que se suman de acuerdo con diferentes organizaciones de derechos humanos casos de desaparición de personas ya sea por motivos políticos o sociales que suman del 2011 al 2013 más de 8 centenas, tan sólo en la capital de Xalapa son más de 500 casos, entre los que se encuentran casos hasta en contra de sus propios policías como fue el de Jacqueline Espejo Moctezuma, pero que para las instituciones del gobierno del estado emulando a las entidades federales eufemísticamente los llaman “levantados”, “ausentes”, “extraviados” u otros técnicamente privación ilegal de la libertad y al no saber de su paradero su condición es de detenido-desaparecido.

Cabe resaltar que la mayoría de los detenidos-desaparecidos por motivos políticos o sociales y ultimados en su mayoría son jóvenes y de origen popular en las ciudades o zonas rurales y, que los captores tienen aspecto policiaco-militar así como su comportamiento, armas y vehículos como se puede probar en las actas de denuncia ministerial es un patrón de modus operandi y denuncias en los órganos de procuración y administración de la justicia.

Hasta aquí algunos ejemplos de la situación preocupante de violaciones a derechos humanos ya sea por omisión, comisión o aquiescencia de las propia autoridades, por ello, nuestra exigencia de garantizar la integridad física, psicológica y moral de las organizaciones o colectivos que exigen se cancele la imposición de proyectos hidroeléctricos; así mismo el alto a la persecución de luchadores sociales y defensores de los derechos ambientales como Ignacio Romero Carrera quien por su práctica política consecuente en los marcos constitucionales y de derechos humanos al lado de las comunidades indígenas y campesinas hoy se le pretende encarcelar. Así mismo, exigimos que cesen las amenazas, intimidaciones, agresiones o cualquier acto que menoscabe la dignidad humana en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos en la entidad y en particular de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Atentamente

¡Unidos por la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales!

¡Presentación con Vida de Todos los Detenidos-Desaparecidos por Motivos Políticos y Sociales!

¡No a la Criminalización de la Pobreza, Protesta y Lucha Popular!

Atentamente

Unidos y Organizados a Ejercer y Defender los Derechos Humanos

Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos

RENDDH

____________________

Pedro Flores Hernández

Presidente de la RENDDH

_______________________________________

Con copia para su conocimiento y seguimiento:

Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla

Presidente de la CDH de Veracruz

Calle Carrillo Puerto No.21 Zona Centro, C.P.91000, Xalapa, Ver.

Tel. y Fax. (228) 812–0589, 812–1142, 812-0796, 812-3743 y 812–2918

Lada sin Costo (01–800) 260–2200

Internacional: +52 228 812–0589

secretariapresidencia@cedhveracruz.org.mx

Fb: Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz

Lic. Cirilo José Rincón Aguilar

Delegado Federal en Veracruz de la Procuraduría Agraria

Diego Leño s/n Esq. Gtz Zamora, Zona Centro, Xalapa , Ver.

Telefonos (01 28) 8419592; (fax) 8419606, 8419607

(01 228) 8419592

(01 222) 8419593

(01 228) 8419606

(01 228) 8419607

Ext. 26

ver@pa.gob.mx

Manuel Ignacio Acosta Gutierrez

Director del Registro Agrario Nacional

(De acuerdo a TRANSPARENCIA se encuentra vacante el de Delegado Estatal)

20 de Noviembre 195, Col. Centro, Cuahutemoc,

Distrito Federal, México, C.P. 6080

Tel: 01 55 5062 1411

miacosta@ran.gob.mx

Pedro Yunes Choperena

Calle dos No. 71,

Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 91180,

Xalapa, Veracruz.

Teléfono: 01 228 890 28 69

Correo electrónico: ver@sedatu.gob.mx

Dip. Ignacio Enrique Valencia Morales

Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas

H. Congreso del Estado de Veracruz

Av. Encanto s/n, Esq. Lázaro Cárdenas

Col. El Mirador, C.P. 91170

Xalapa, Ver. Tel: 228 8.42.05.00

Telefono: (228) 8420500

Ext: 2084

Fax: (228) 8420581

Correo: ivalencia@legisver.gob.mx

Dip. Jaqueline García Hernández

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes

H. Congreso del Estado de Veracruz

Av. Encanto s/n, Esq. Lázaro Cárdenas

Col. El Mirador, C.P. 91170

Xalapa, Ver. Tel: 228 8.42.05.00

Telefono: (228) 8420500

Telefono: (228) 8420500

Ext: 2220

Fax: (228) 8420543

Correo: jgarcia@legisver.gob.mx

Dip. Alejandro Zairick Morante

Presidente de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal

H. Congreso del Estado de Veracruz

Av. Encanto s/n, Esq. Lázaro Cárdenas

Col. El Mirador, C.P. 91170

Xalapa, Ver. Tel: 228 8.42.05.00

Telefono: (228) 8420500

Telefono: (228) 8420500

Ext: 2128

Fax: (228) 8420593

Correo: azairick@legisver.gob.mx

México: AU Hostigamiento a abogados de derechos humanos // UA Human rights lawyers harassed in Mexico

ACCIÓN URGENTE

Hostigamiento a abogados de derechos humanos en México

Dos destacados abogados de derechos humanos de México han sufrido reiteradamente hostigamiento e intimidaciones a causa de su trabajo. Es preciso realizar una investigación completa de lo ocurrido y garantizar la seguridad de ambos.

El famoso abogado de derechos humanos Leonel Rivero Rodríguez ha denunciado que el 10 de marzo allanaron su oficina, que es también su casa, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dejaron las puertas traseras abiertas y las luces encendidas, pero no parece que se llevaran ningún documento confidencial. Asimismo, el 4 de marzo, tres desconocidos irrumpieron en un hotel donde Leonel Rivero Rodríguez se hallaba reunido con miembros de comunidades del estado de Michoacán para tratar con ellos una asunto delicado que está llevando junto con su colega de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A. C, Augusto César Sandino Rivero Espinosa. Este acto intimidatorio se ha denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 17 de enero, Leonel Rivero Rodríguez recibió amenazas por teléfono. Le dijeron: “Mira no me estés chingando la madre porque te estoy hablando bien verdad, porque yo soy, yo soy, no te voy a decir quién soy verdad pero soy algo". Posteriormente presentó formalmente una denuncia ante la Procuraduría General de la República, pero no se ha llevado a cabo ninguna investigación sustantiva para identificar a la persona que hizo la llamada, y la Procuraduría ha informado a Leonel Rivero de que va a archivar el asunto. En respuesta a estos sucesos y a petición del mecanismo federal de protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, el gobierno del estado de Chiapas ha prometido enviar un vehículo patrulla a casa de Leonel Rivero.

Leonel Rivero Rodríguez ya ha denunciado otros actos de hostigamiento y vigilancia anteriormente. En marzo de 2013 recibió en varias ocasiones en su buzón de voz grabaciones de conversaciones personales que había mantenido durante el día y de reuniones con sus clientes, lo que indicaba que estaba siendo vigilado y que quienes lo vigilaban tenían acceso a su casa y oficina.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

- Instando a las autoridades a que garanticen la seguridad efectiva de Leonel Rivero Rodríguez y Augusto César Sandino Rivero Espinosa, de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A. C., de acuerdo con sus deseos;

- Pidiéndoles que lleven a cabo con prontitud una investigación completa e imparcial sobre las amenazas telefónicas del 17 de enero y el allanamiento del 10 de marzo, en especial de los datos que indican que éste no fue un robo, y sobre otros actos intimidatorios denunciados a las autoridades.

- Pidiéndoles que garanticen que los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos los abogados que trabajan sobre asuntos potencialmente delicados, pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a sufrir represalias.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 25 DE ABRIL DE 2014 A:

Fiscal General de la República

Lic. Jesús Murillo Karam

Paseo de la Reforma 211-213

Col. Cuauhtémoc, C. P. 06500

Distrito Federal, México

Fax: +52 55 5346 0908

Correo-e: ofproc@pgr.gob.mx

Tratamiento: Dear Attorney General / Estimado Señor Procurador

Secretario de Gobernación

Miguel Ángel Osorio Chong

Secretaría de Gobernación

Bucareli 99, col. Juárez, Cuauhtémoc Distrito Federal, México, C. P. 06600

Fax: +52 55 5093 3414

Correo-e: secretario@segob.gob.mx

Tratamiento: Sr. Secretario

Y copia a:

ONG locales

Defensa Estratégica en Derechos Humanos A. C.

Correo-e: leonelriverdgz@yahoo.com.mx

Envíen también copias a la representación diplomática de México acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

Saludos // Regards,

Oficio de Papel

Panistas protectores de Oceanografía
Cómplices la PGR y Función Pública
Reunión secreta Gil Díaz-Arrigunaga

La cúpula panista que gobernó el país en los 2 sexenios anteriores apenas empieza a sentir la presión por la pérdida de la Presidencia de la República y la impunidad que antes gozaron.Una vez concluidas las principales reformas constitucionales, los panistas han dejado de ser útiles y serviles al gobierno federal (aún con las leyes reglamentarias pendientes), para pasar a ser indiciados por todas las inmundicias que cometieron al amparo del poder político.

Secretarios de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto advirtieron a principios de la administración que había órdenes de no mover un dedo en contra de los funcionarios salientes mientras no se aprobaran las reformas.

El tiempo se ha cumplido y en las áreas administrativas gubernamentales revisan detenidamente las gestiones de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

Así, uno de los primeros casos destapados es el de la empresa Oceanografía, SA de CV, propiedad de Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz, este último, sobrino del secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz.

Y para aquellos incrédulos de que Amado Yáñez fue protegido por el Partido Acción Nacional (PAN) y que era un operador de los expresidentes Fox y Calderón, sólo hay que revisar los despachos de abogados que siempre lo han defendido con la venia de Los Pinos: Diego Fernández de Cevallos, Antonio Lozano Gracia, Juan Miguel Alcántara Soria, María Gisela Lozano Gracia, Arturo Germán Rangel y Fernando Córdova Lobo.

Los actuales abogados de Oceanografía son encabezados por el exsecretario de Gobernación en el sexenio de Calderón, Fernando Gómez Mont, y sus colegas el también panista Julio Esponda, quien rechazó el ofrecimiento presidencial para ser procurador General de la República, y Alberto Zínser, del despacho Zínser, Esponda y Gómez Mont.

Hay un caso emblemático que confirma cómo la protección de Amado Yáñez y Oceanografía provenía de toda la cúpula panista:

Un alegato de inconformidad que Amado Yáñez necesitaba presentar a finales de 2003 ante la Secretaría de la Función Pública, para impedir la descalificación de Oceanografía en la licitación internacional 18575024-013-03 que convocó Pemex Exploración y Producción (PEP) –sobre la “inspección, mantenimiento y reacondicionamiento a ductos costa fuera de la región marina en la Sonda de Campeche, en la Costa Este del Golfo de México y en el área de plataforma de la Región Marina Noroeste”, por un monto de alrededor de 1 mil 600 millones de dólares y una duración de 4 años–, se elaboró en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).

El responsable de operar esa inmundicia jurídica fue el panista Jorge Arturo Manzanera Quintana, quien solicitó a la PGR prepararan la inconformidad que firmarían los abogados Antonio Lozano Gracia y su equipo, por lo cual el exprocurador General de la República cobró 3 millones de dólares a repartir.

Como era de esperarse, la Secretaría de la Función Pública revocó la descalificación y PEP le otorgó el contrato a Oceanografía y su grupo de pequeñas empresas satélites.

Manzanera Quintana es miembro activo del PAN desde 1988 y militante desde 1986. Fue presidente estatal de ese Partido en Chihuahua entre 1991 y 1994. En ese último año compitió otra vez para repetir en el cargo, pero perdió ante el destacado panista Javier Corral.

En 1996, Manzanera ocupó el cargo de secretario de elecciones en el PAN hasta 1998. Es propietario de la empresa Desarrollo y Operación de Campañas, SA, especializada en trapacerías electorales, por lo cual fue el estratega de Luis Felipe Bravo Mena para alcanzar la presidencia nacional de su partido, lo que lo convirtió en asesor del máximo líder panista.

Con su experiencia electoral, Manzanera también formó parte del equipo de campaña presidencial de Felipe Calderón, fungió como coordinador de estructura electoral y protector de la defensa jurídica del voto.

Este panista era muy amigo de Amado Yáñez, del fallecido Juan Camilo Mouriño, de César Nava y de Felipe Calderón. Fue también secretario adjunto de Germán Martínez, exsecretario de la Función Pública.

La docena trágica (2000-2012)

En los 12 años que el PAN mantuvo el poder presidencial (2000-2012), convirtió a Oceanografía, empresa de servicios petroleros, en el principal centro de negocios ilícitos del gobierno federal.

Desde hace 10 años la prensa dio cuenta puntual de la corrupción en que el gobierno mantenía sumergida a Petróleos Mexicanos; sin embargo, ninguna autoridad pudo detener el saqueo indiscriminado de recursos públicos, y todo aquel que se atrevió a presentar alguna denuncia o hizo alguna investigación, fue despedido, removido, cambiado o perseguido por los órganos responsables de “impartir justicia”.

En los últimos días escuchamos las declaraciones del director general de Pemex, Emilio Lozoya; del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre las investigaciones judiciales, fiscales y laborales en contra de Oceanografía y sus propietarios Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz; pero si este caso no llega a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en el tráfico de influencias y el saqueo de recursos públicos, y sólo se concreta en culpar a los exdirectivos de PEP, Carlos Morales Gil y Mario Ávila Roque, seguirá siendo un Estado fallido, en donde la justicia se negocia políticamente y se compra con dinero.

Oceanografía sólo es una de las muchas compañías mexicanas y extranjeras que por años han hecho negocios ilícitos en Pemex y obtenido contratos mediante prácticas corruptas, como sobornos, chantajes, tráfico de influencias, comisiones, fraudes, simulaciones y abuso de poder.

Por eso Lozoya, Murillo y Videgaray deben abrir el abanico y revisar a todos los corporativos que se han enriquecido brutalmente a costa del erario mediante negocios ilícitos con la principal empresa del Estado.

Por ejemplo, otras empresas que deben ser investigadas son las relacionadas a Blue Marine Technology Group. De éste dependen Arrendadora Ocean Mexicana, SA de CV, y Subtec, SA de CV, que también hicieron negocios ilícitos que, al no poder ocultarlos, la Secretaría de la Función Pública se vio obligada a sancionarlas, pero nada pasó y siguen actualmente drenando las finanzas públicas de Pemex.

La peculiaridad de ese corporativo es que sus accionistas principales son Antonio Juan Marcos Issa y su yerno Juan Reynoso Durand. El primero se desempeñó como coordinador de asesores de tres directores generales de Pemex: Rogelio Montemayor Seguy, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, lo que le garantizó cuantiosos contratos por miles de millones de dólares en esa empresa petrolera.

Pero la semana pasada el director general de Pemex, Emilio Lozoya, se refirió a otras empresas que son investigadas por sus vínculos con Oceanografía, y omitió mencionar los negocios que ésta mantuvo con Blue Marine, Arrendadora Ocean y Subtec, pues además de que los propietarios eran grandes amigos de Amado Yáñez, hicieron negocios juntos y prácticamente planeaban los contratos petroleros que se repartirían.

Blue Marine y Arrendadora Ocean

Entre 2005 y 2007, Arrendadora Ocean Mexicana, propiedad de Antonio Juan Marcos Issa, ganó contratos petroleros por más de 2 mil 300 millones de pesos, sin importar que tuviera investigaciones abiertas por corrupción en la Secretaría de la Función Pública y en la Auditoría Superior de la Federación.

Fuentes cercanas a la Función Pública comentaron en aquel tiempo que se trataba de una red de corrupción y tráfico de influencias establecida entre servidores públicos de Pemex con exfuncionarios petroleros, y uno de los investigados que nadie se atrevía a mencionar era el exdirector corporativo de Finanzas y después director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, hombre de todas las confianzas del exsecretario Francisco Gil Díaz.

El vínculo entre Marcos Issa con directivos de Pemex viene desde el sexenio del priísta Ernesto Zedillo, y continuó durante la gestión de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando se desempeñó como coordinador de asesores de tres exdirectores generales de Pemex.

Reunión secreta Gil Díaz y Arrigunaga

Con recursos públicos, el gobierno mexicano rescató de grandes pérdidas al banco que hoy opera Citibank. Francisco Gil Díaz, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, condujo gran parte de las estrategias jurídicas y financieras que permitieron dirigir recursos del erario al salvamento del banco de Alfredo Harp y Roberto Hernández, quienes después vendieron al gigante estadounidense del crédito en una operación que costó a los mexicanos al menos 3 mil 500 millones de dólares en impuestos que no fueron cubiertos, porque la transacción se realizó a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

En el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz pidió que se le excluyera de omitir una opinión – como autoridad – respecto a la venta de Banamex, porque enfrentaba un conflicto de interés no por la verdadera razón: el rescate durante la época del Fobaproa de ese banco, sino por su cercanía con Roberto Hernández, quien había sido su jefe apenas unos años atrás en la telefónica Avantel.

Gil Díaz siempre ha estado cerca de Banamex, pero al terminar su participación con los gobiernos panistas decidió tomar distancia. No se integró a sus filas ni aceptó un empleo en el sector bancario, a pesar de que en HSBC daban por un hecho que el exfuncionario público se integraría a su grupo de consejeros independientes. En cambio, Gil Díaz se refugió en Telefónica de España en donde, por cierto, ha contribuido al manejo fiscal del consorcio español.

En Banamex, en cambio, recomendó a Javier Arrigunaga, quien fue uno de sus funcionarios clave en la época del Fobaproa y quien no tuvo empacho en integrarse a Banamex-Citibank. Dos vías relacionan a Arrigunaga con Roberto Hernández: la firma del pagaré del Fobaproa para rescatar a Banamex y una relación familiar, en segundo lugar. El CEO, director general, del Grupo Financiero Banamex-Accival, propiedad de Citibank, tiene lazos familiares con el abogado Iñígo Laviada Arrigunaga, quien se casó con la hermana de Roberto Hernández, María Elena Hernández Ramírez, vínculo que les permitió desarrollar grandes negocios en el sector agropecuario en el sureste del país.

La carrera de Arrigunaga creció al amparo de la presencia de Francisco Gil Díaz en el Banco de México. Por eso no es extraña la reunión que Javier Arrigunaga habría sostenido con Francisco Gil Díaz apenas unas semanas antes de que estallara el escándalo de Oceanografía.

El director de la filial de Banamex en México quiso compartir con Gil Díaz la gravedad de la crisis en la que estaba involucrado directamente su sobrino Martín Díaz, a quien Amado Yáñez le había confiado por completo la gestión financiera de la firma, dada sus buenas y efectivas relaciones.

En aquel encuentro, Arrigunaga - pensando en su empleo, por supuesto - habría pedido a Gil Díaz que interviniera y solicitara a Yáñez y a su sobrino Martín Díaz que cubrieran el faltante. Nada se pudo hacer, el boquete era muy grande y el robo se había consumado.

Arrigunaga tendrá que explicar a sus jefes de Citibank en Nueva York porque permitió que Martín Díaz Álvarez llegara a tal nivel de abuso. Díaz Álvarez no sólo ancló sus negocios en Oceanografía, sino que también aprovechó ampliamente la figura de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), no reguladas, que autorizó e impulsó desde la SHCP el propio Gil Díaz.

Francisco Gil Díaz hoy guarda silencio - como lo hizo en aquella cita con Javier Arrigunaga -, pero en Citibank-Banamex deben explicar la histórica vinculación con el exfuncionario público que habría generado miles de millones de dólares en negocios que se fraguaron, desde la época del Fobaproa, con recursos del pueblo.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Boletín de Democracy Now! en Español

Los titulares de hoy baje el audio Disponible alrededor de las 17:00, hora de Nueva York.  Si el link del audio no funciona, visita nuestra web Estados Unidos emite advertencia contra Rusia, tras votación de secesión en Crimea Siria retoma control de localidad estratégica cerca del Líbano Tercer aniversario de conflicto en Siria Estados Unidos envía más armamento a Irak Fuerzas estadounidenses capturan buque petrolero libio que había sido robado Avión desaparecido posiblemente voló durante horas después de que se desconectara sistema de rastreo Obama ordena procedimientos de deportación "más humanos" en medio de presión política Jueza deroga prohibición de aborto a las doce semanas en Arkansas Se ordena a aseguradoras ofrecer planes de salud a parejas homosexuales General estadounidense logra acuerdo en caso por agresión sexual Estados Unidos deja de controlar dominios de Internet Estallan nuevos enfrentamientos durante manifestaciones en Venezuela Haitianos entablan demanda contra ONU por brote de cólera ONU insta a llevar a cabo investigación de ataques con aviones no tripulados Trabajadores agrícolas finalizan marcha por cinco estados con vigilia en Florida Más...

El Resto de la Hora de Democracy Now!

Secesión de Crimea: ¿cómo manejarán EE.UU. y Rusia las peor crisis desde el fin de la Guerra Fría? Estados Unidos y la Unión Europea le advierten a Rusia que no anexe Crimea, luego de que los votantes de esa región respaldaran abrumadoramente un referéndum para separarse de Ucrania. Las autoridades de Crimea afirman que el 96,8 por ciento de los votantes apoyó la anexión a Rusia, pero muchos miembros de las minorías étnicas de ucranianos y musulmanes tártaros permanecieron en sus hogares para boicotear el referéndum. Más...

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Desaloja policía de Colima a indígenas inconformes con minera

Por Juan Carlos Flores, corresponsal

Colima, Col. Unos cien elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desalojaron a los habitantes de Zacualpan, municipio de Comala, que mantenían cerradas las bombas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Alvarez (Ciapacov) en señal de protesta por la instalación de una mina de oro en su comunidad.

Mientras dialogaban con el secretario de Gobierno, Rogelio Rueda, y mediante el uso de la fuerza, tanquetas y escudos, los policías retiraron a los indígenas, en su mayoría mujeres y niños, que tenían control del equipo que surte agua a la capital colimense y otros cuatro municipios.

Cerca de las 3 de la tarde de ayer jueves, unos 100 mil usuarios fueron afectados por el corte del servicio.

Los habitantes pedían la presencia del gobernador Mario Anguiano que envió al secretario de Gobierno para liberar el equipo de la Ciapacov.

Pidieron reconocer a la nueva asamblea electa el pasado 23 de febrero donde destituyeron al anterior presidente Carlos Guzmán Teodoro, a quien acusan de estar relacionado con los empresarios que pretenden operar la mina y facilitar su instalación.

Recriminaron que de instalarse la mina contaminaría el manantial de Zacualpan dejando sin agua a más de 300 mil habitantes del estado.

Después del desalojo, se mantuvieron varios elementos de la PEP vigilando el equipo de bombeo que se restableció hoy por la mañana.

Campesinos de San Francisco defienden sus tierras

Grupo de campesinos de San Francisco, municipio de Teopisca, Chiapas, México.

A 11 marzo del año 2014

Asunto: Pronunciamiento público

A todos los medios de comunicación y a toda la sociedad en general.

Somos el grupo de campesinos de San Francisco en defensa de la tierra y territorio adherentes a la Sexta Declaración del EZLN. Nos pronunciamos públicamente para darles a conocer lo siguiente. Somos un grupo de hombres, mujeres y niños que tenemos una historia aproximada de los años 1800 lo cual nos asegura que nosotros somos nativos 100% de estas tierras, por eso estas tierras son nuestras por el derecho legítimo, porque aqui en estas tierras nuestros abuelos trabajaron despiadadamente para el patrón, por eso desde el año 1995 empezamos a defenderla de que la trataran como mercancía a nuestra madre tierra, y la hemos venido defendiendola fracción "el desengaño" y lo seguimos defendiendo y por esta razón hemos instalado una manta en esta fracción llamada "el desengaño", la cúal dice: " ESTAS TIERRAS NOS PERTENECEN POR SER PUEBLOS ORIGINARIOS. TIERRA Y LIBERTAD. VIVA EMILIANO ZAPATA"

Y queremos decirles que no daremos ni un paso atrás, seguiremos exigiendo nuestros derechos ancestrales tal como lo dicen los tratados internacionales, como el convenio 169 OIT. En varias ocasiones hemos dicho a los 9 propietarios que colindan con nosotros que no vamos a afectar sus tierras porque no somos invasores como se ha malinterpretado. Nuestra lucha es legítima por muchas razones que nosotros tenemos, nuestra lucha se basa con el respeto a los pequeños propietarios, decimos y aclaramos que seguiremos defendiendo la Fracción del desengaño aproximadamente de 170 hectáreas.

ATENTAMENTE

Grupo de campesinos y campesinas de San Francisco en defensa de la tierra y territorio adherentes a la Sexta Declaración del EZLN

CIA: espionaje, tortura y mentiras

Amy Goodman y Denis Moynihan

"Lo que no me deja dormir por la noche es la posibilidad de que haya otro atentado contra Estados Unidos", afirmó la Senadora Dianne Feinstein el mes pasado en lo que en ese momento era su defensa habitual del amplio programa de espionaje a nivel mundial de la Agencia de Seguridad Nacional y de otras agencias de inteligencia de Estados Unidos. Todo eso cambió ahora que piensa que la CIA espió y les mintió a miembros de la comisión que preside, la poderosa Comisión Selecta de Inteligencia del Senado. La comisión se creó después de que el escándalo de Watergate provocara la caída del Gobierno de Nixon. La Comisión de Control de las Actividades de los Servicios de Inteligencia, presidida en aquel entonces por el senador demócrata de Idaho Frank Church, realizó una investigación exhaustiva de los abusos cometidos por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, con respecto a todas sus actividades, desde el espionaje de manifestantes opositores a la guerra, hasta el asesinato de líderes extranjeros. Así comenzó la era moderna de la supervisión de las actividades de inteligencia de Estados Unidos por parte del Congreso y el Poder judicial.

La pelea pública entre la defensora de la CIA, Feinstein, y la propia agencia ocurrida esta semana podría alterar brevemente el statu quo, pero se reconciliarán. Lamentablemente, esta pelea no permite ver un problema más grave: la historia jamás contada de la política secreta del gobierno de Estados Unidos de tortura y entrega de prisioneros (el modo eufemístico de la Casa Blanca de denominar el secuestro).

El conflicto está relacionado con el descomunal informe clasificado de la Comisión de Inteligencia acerca de este tristemente célebre programa del Gobierno de Estados Unidos. Feinstein y otros senadores procuraron que se desclasificara el documento de 6.300 páginas. Ahora nos enteramos a través de información de la prensa y por un discurso pronunciado esta semana por Feinstein en el Senado que miembros de la Comisión de Inteligencia obtuvieron acceso a documentos de la CIA en un establecimiento secreto de alta seguridad de la CIA, en algún lugar fuera de la sede de la agencia. Feinstein describió lo sucedido: "La CIA comenzó a enviar documentos en formato electrónico a los miembros de la Comisión en un establecimiento alquilado por la CIA a mediados de 2009. El número de páginas llegó a ser rápidamente de miles, decenas de miles, cientos de miles, y luego millones. Los documentos facilitados no tenían índice ni una estructura organizativa. Era una verdadera pila de documentos que los miembros de nuestra comisión tuvieron que examinar y tratar de interpretar".

Aún no sabemos si estaba entre esas millones de páginas o fue proporcionado a los miembros de la Comisión de Inteligencia a través de un informante de la CIA, pero encontramos un documento denominado "Examen Interno Panetta", claramente denominado así por León Panetta, el entonces director de la CIA. Feinstein dijo en su discurso ante el Senado: "Creemos que estos documentos los escribió personal de la CIA para resumir y analizar los materiales que proporcionó al comité para su examen. Los documentos del Examen Panetta no eran más confidenciales que otra información que recibimos para nuestra investigación. De hecho, los documentos parecían estar basados en la misma información que ya había sido proporcionada al comité. Lo que era singular e interesante acerca de los documentos internos no era que estuvieran clasificados, sino su análisis y reconocimiento de las irregularidades graves cometidas por la CIA". El “Examen Interno Panetta” se contradice específicamente con la propia declaración por escrito que la CIA envió al Comité de Inteligencia. Sí, pescaron a la CIA mintiendo.

Pero la cosa no termina allí. Mike German, profesor adjunto del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, que durante 15 años fue agente del FBI especialista en la lucha contra el terrorismo a nivel nacional, dijo en Democracy Now!: "Es una situación realmente fuera de lo común. Se supone que la tarea del Senado es vigilar a la CIA, no permitir a la CIA determinar las condiciones de la supervisión de su propio trabajo". Feinstein informó que cientos de los documentos proporcionados inicialmente más tarde fueron eliminados de los archivos por la CIA. Por si fuera poco, resulta que la CIA presentó acusaciones penales contra los miembros de la Comisión, aparentemente, por haber robado el informe Panetta.

Ray McGovern es un ex analista de alto nivel de la CIA que criticó públicamente la información de inteligencia utilizada para justificar la invasión de Irak. McGovern me dijo: "Esto nos remite a la cuestión fundamental de la supervisión de la comunidad de inteligencia. En la década de 1970, la Comisión de Control de las Actividades de los Servicios de Inteligencia investigaba los abusos de todo tipo, como las escuchas telefónicas ilegales y los asesinatos, y se admitía que la supervisión del Congreso era necesaria. Eso significaba supervisión del Congreso, no que el Congreso hiciera la vista gorda, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Y si adelantamos el tiempo hasta el 11 de septiembre, la gente siempre dice 'después del 11 de septiembre, todo cambió'. Y es cierto que cambió. En la noche del 11 de septiembre, el Presidente dijo: 'No me interesa lo que digan los abogados internacionales. Vamos a reventarlos'. ¿Qué fue lo que hicieron a continuación? Bueno, tomaron prisioneros en Afganistán y la primera persona torturada fue John Walker Lindh, un ciudadano estadounidense".

La tortura era una práctica extendida y sanguinaria, practicada en los centros de detención secretos de todo el mundo. Esto es lo que se pierde de vista en la lucha por el poder en Washington D.C. entre la Senadora Feinstein y la CIA. Muchas vidas han sido destruidas, algunas personas han muerto violentamente en custodia de Estados Unidos de manos de sus captores. En el sombrío gulag estadounidense en Bahía de Guantánamo hay prisioneros en huelga de hambre que no han sido acusados de cometer ningún delito, muchos de los cuales tienen orden de liberación hace más de diez años. Los detenidos en huelga de hambre son alimentados por la fuerza y sometidos a técnicas de tortura de la época de la inquisición.

Esperemos que a Feinstein le dure la indignación y que la supervisión de la Comisión de Inteligencia del Senado de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que tienen cada vez más poder, realmente tome nuevo impulso. El informante de la NSA Edward Snowden opinó desde su asilo político en Rusia: "Somos testigos de otro 'efecto Merkel', donde a un funcionario público no le interesa que los espías violen los derechos de millones de ciudadanos comunes y corrientes, sino que, de pronto, resulta escandaloso que un político se entere de que lo mismo le sucede a él".

Nigeria violó derechos humanos en acciones contra rebeldes: ONU

Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, acusó hoy al Ejército de Nigeria de haber cometido violaciones de los derechos humanos en sus operaciones contra el grupo radical islámico Boko Haram.

“Muchos estados están preocupados por las torturas, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales, en particular en relación con las operaciones de los militares y las fuerzas de seguridad para combatir a Boko Haram”, señaló Pillay, quien se encuentra en una misión en Nigeria.

Desde 2009, cuando la Policía acabó con el líder de Boko Haram, Mohamed Yusuf, los radicales mantienen una sangrienta campaña que ha causado más de 3.000 muertos.

“Han quemado casas, iglesias, clínicas y escuelas. Han matado niños en sus camas. Algunos han secuestrado y violado a mujeres y niñas”, admitió Pillay.

“En estas circunstancias, el Gobierno no tiene otra opción que desplegar el Ejército y otros servicios de seguridad. Sin embargo, es vital que las fuerzas gubernamentales no exacerben el problema tomando acciones que obliguen a desplazar o pongan en peligro de muerte a civiles”, puntualizó.

Integrantes del Frente de Pueblos Unidos detuvieron trabajos de la termoeléctrica

Fernando Baltazar

YECAPIXTLA. Por segunda ocasión en menos de 30 días, un grupo de vecinos, estudiantes y campesinos de diversas comunidades integrantes del Frente de Pueblos Unidos por la defensa de la Tierra y el Agua, obstaculizaron los trabajos de introducción del gasoducto del complejo industrial que involucra a la termoeléctrica, en el poblado de Huexca, para posteriormente marchar por poblaciones de los municipios de Yecapixtla, Jantetelco y Temoac.

Juan Carlos Flores dirigente del Frente de Pueblos en defensa del Agua y la Tierra, recalco que la suspensión de los trabajos es consecuencia de la presión de la comunidad, como ocurre también en otras localidades donde hay conciencia social, en el estado de Puebla.

Comentó que el objetivo es luchar en contra de este tipo de proyectos porque generan más riesgos que beneficios a la población, por ello se realizan caravanas de información para que la población sepa que se han detenido las obras de introducción del gasoducto en el tramo Amilcingo-Jantetelco y hablar sobre los riesgos que este proyecto implica en contra de la población. Antes del mediodía un grupo de vecinos, acompañados de estudiantes de la Escuela Normal Rural de la comunidad indígena de Amilcingo y miembros de organizaciones no gubernamentales como el Frente de Pueblos Unidos, salieron a las calles y se manifestaron en comunidades de los municipios de Temoac y Jantetelco, en demandad de la cancelación del proyecto de construcción y funcionamiento de la termoeléctrica y el gasoducto.

Con pancartas de repudio en contra del gobierno de la Nueva Visión, los manifestantes lanzaban consignas y realizaban pintas por las calles y carreteras por donde caminaban, en medio de un discreto operativo de seguridad con elementos de las corporaciones policiacas de dichos municipios de la región oriente del estado de Morelos.

Deplora hija del guerrillero el deceso de la luchadora

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 13 de marzo. Integrantes de diversas organizaciones sociales lamentaron el fallecimiento de la luchadora social Hilda Flores Solís, quien en sus últimos cuatro años de vida fue abandonada en un asilo, lo que también consideraron una estrategia del Estado.

Entrevistada vía telefónica, la hija del luchador social Lucio Cabañas Barrientos y de María Isabel Ayala Nava, Micaela Cabañas Ayala, dijo que se enteró de la noticia a través de los medios.

“Básicamente, lo siento en el alma que nos haya dejado porque era representativa para la historia de Guerrero”, dijo.

Ahondó que “realmente los luchadores sociales están relegados, para nosotros, los que sufrimos la represión, es mucho dolor saber que alguien como la maestra Hilda se fue, como hace cuatro años mi madre, como hace 40 años mi padre”.

Reclamó que a Flores Solís se le tuvo relegada y sin apoyo económico y aparte de su deteriorada salud, enfrentó que su hijo tenía una enfermedad crónica.

Por su parte, el activista de Solidaridad con Cuba Bulmaro Emiliano Muñiz Olmedo lamentó la muerte de Flores Solís y coincidió en que los luchadores sociales son relegados “en una actitud perversa del Estado”.

La muerte de Hilda Flores cierra un ciclo en la lucha agrarista, dicen al despedirla

Organizaciones sociales rinden homenaje a la maestra; la acompañan quienes fueron sus compañeros

RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)

Atoyac, 13 de marzo. Con la muerte de la profesora Hilda Flores Solís se cierra un ciclo en la lucha del movimiento agrarista, cívico, comunista y democrático de Atoyac y de Guerrero, manifestó Víctor Cardona Galindo, cronista de Atoyac, durante el homenaje que organizaciones sociales y luchadores sociales de este municipio organizaron para despedir a quien fuera compañera del profesor Lucio Cabañas Barrientos en el zócalo de esta ciudad.

El reconocimiento a la maestra inició cuando los asistentes al velorio marcharon desde su casa hasta el zócalo con el féretro en hombros, hasta llegar al obelisco a Lucio Cabañas, donde fue preparado un escenario para homenajearla, y en el que fue recordada su vida, pero sobre todo su lucha a favor de las mujeres pobres de este municipio.

En el acto se pudo ver a varios de los que militaron con Hilda Flores en los diferentes escenarios de la lucha social, como Donaciano Pino, Decidor Silva, Zoelio Jaimes, Hilario Mesino y Dagoberto Ríos, además de quienes se dijeron alumnos de la activista, como Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (Ocss); la ex secretaria de la Mujer en el estado Rosa María Gómez; María de los Ángeles Santiago, actual dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Estela Arroyo Castro, quien la cuidó en sus últimos cuatro años de vida, además de los miembros de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad) Nicomedes Fuentes e Hilda Navarrete.

El homenaje inició con la participación de un dueto que interpretó La barca de oro, como parte de un repertorio de cuatro canciones, en su mayoría boleros, por ser el género que le gustaba a la homenajeada. Hubo peticiones sin éxito para que los músicos cantaran Carabela, canción que según Cardona Galindo le cantaba Cabañas a la maestra cuando tenía oportunidad.

La ex síndica perredista Guadalupe Galeana fue la encargada de leer la semblanza de la maestra de primaria, en la que destacó que la cercanía de Flores Solís con el líder del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas, además de ser laboral, fue en el campo social, donde se encargó de promover los ideales del dirigente antes y después de que éste comenzara la guerrilla en la sierra.

Hilda Solís fue quien enseñó a luchar a las mujeres de Atoyac para defender sus derechos, asentó Rosa María Gómez, quien en su discurso exigió al actual gobierno municipal que continúe con la entrega de la presea Hilda Flores Solís a las mujeres destacadas de Atoyac y que la calle donde está su domicilio lleve su nombre.

“Las aves no cantan para ser felices, sino que son felices cantando. Esa frase refleja la vida de la profesora Hilda, porque fue una mujer que fue feliz luchando”, aseguró el escritor Felipe Fierro en su intervención, antes de que Norma Mesino llamara a las autoridades federales y estatales a esclarecer el asesinato de su hermana Rocío y la desaparición de la ecologista Eva Alarcón y que se deje en libertad a Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá.

El sepelio de la defensora social se llevó a cabo a las 5 de la tarde en el panteón municipal.

A 7 años de la desaparición de Jorge Cerón, no hay una “investigación seria”: Tadeco

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 13 de marzo. Este viernes se cumplen siete años de la desaparición del arquitecto Jorge Javier Cerón Silva, quien fue detenido y desaparecido por integrantes de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), recordó el dirigente del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, quien criticó que durante este tiempo no ha habido capacidad de las autoridades para regresar con vida a los más de mil desaparecidos que hay en Guerrero.

Monroy Hernández recordó que el 14 de marzo fue desaparecido Cerón Silva y criticó que hasta la fecha “no hay una investigación seria que permita ubicar su paradero y poder conocer la razón de ese delito de lesa humanidad”.

Aseguró que el caso de arquitecto es una desaparición forzada porque la aquiescencia del Estado, dijo, es probada por la presencia de personal de la entonces Siedo, que brindaba protección a un testigo protegido y que justamente Cerón Silva le iba a entregar un proyecto arquitectónico cuando los dos fueron detenidos y posteriormente desaparecidos.

Monroy Hernández manifestó que este hecho orilló a la creación de esta organización, para luchar por su regreso, aunque dijo que esta lucha los ha confrontado con el Estado por las fallidas políticas públicas.

“La respuesta que hemos recibido del gobierno del estado es intimidar y en la mayoría de las veces sus acciones son represivas, ha desestabilizado permanentemente nuestra organización, por lo que algunas familias se han alejado por miedo y ante la falta de medidas de protección”, reprochó.

Criticó que hace siete años, “ante la falta de solidaridad y compromiso por parte de organismos de derechos humanos en Guerrero”, orilló que los mismos familiares comenzaran su búsqueda

“Hoy, el panorama no es distinto, nos encontramos ante una estrategia gubernamental que ha tendido una cortina de humo mediante la promulgación de la Ley de Víctimas, sin presupuesto y con un gran rezago en la integración de los órganos que la instrumentarán, que más ha servido para neutralizar la lucha de los familiares de las víctimas y animar la ambición de ciertos grupos interesados en encaramarse y beneficiarse del aparato burocrático gubernamental”, reclamó.