Chilpancingo, 13 de marzo. Este viernes se cumplen siete años de la desaparición del arquitecto Jorge Javier Cerón Silva, quien fue detenido y desaparecido por integrantes de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), recordó el dirigente del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, quien criticó que durante este tiempo no ha habido capacidad de las autoridades para regresar con vida a los más de mil desaparecidos que hay en Guerrero.
Monroy Hernández recordó que el 14 de marzo fue desaparecido Cerón Silva y criticó que hasta la fecha “no hay una investigación seria que permita ubicar su paradero y poder conocer la razón de ese delito de lesa humanidad”.
Aseguró que el caso de arquitecto es una desaparición forzada porque la aquiescencia del Estado, dijo, es probada por la presencia de personal de la entonces Siedo, que brindaba protección a un testigo protegido y que justamente Cerón Silva le iba a entregar un proyecto arquitectónico cuando los dos fueron detenidos y posteriormente desaparecidos.
Monroy Hernández manifestó que este hecho orilló a la creación de esta organización, para luchar por su regreso, aunque dijo que esta lucha los ha confrontado con el Estado por las fallidas políticas públicas.
“La respuesta que hemos recibido del gobierno del estado es intimidar y en la mayoría de las veces sus acciones son represivas, ha desestabilizado permanentemente nuestra organización, por lo que algunas familias se han alejado por miedo y ante la falta de medidas de protección”, reprochó.
Criticó que hace siete años, “ante la falta de solidaridad y compromiso por parte de organismos de derechos humanos en Guerrero”, orilló que los mismos familiares comenzaran su búsqueda
“Hoy, el panorama no es distinto, nos encontramos ante una estrategia gubernamental que ha tendido una cortina de humo mediante la promulgación de la Ley de Víctimas, sin presupuesto y con un gran rezago en la integración de los órganos que la instrumentarán, que más ha servido para neutralizar la lucha de los familiares de las víctimas y animar la ambición de ciertos grupos interesados en encaramarse y beneficiarse del aparato burocrático gubernamental”, reclamó.
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