Carta abierta de la RENDDH al gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa

Javier Duarte de Ochoa
obernador Constitucional del Estado de
Veracruz Ignacio de la Llave
Palacio de Gobierno. Av. Enríquez s/n. Col. Centro
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México. Tel. (228) 841-7400
javierduarte@veracruz.gob.mx
Facebook: Javier Duarte
Twitter: @Javier_Duarte

17 de Marzo de 2014

En días recientes la Organización Indígena Nahuatl: Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme (Unión de Todos los Pueblos Pobres) y la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango, ambas organizaciones indígena-campesinas integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (TINAM – UECVT – FNLS), han denunciado públicamente la liberación de una orden de aprehensión en contra de Ignacio Romero Carrera, defensor del de la propiedad social ‒régimen Ejidal y Bienes Comunales‒ y del medio ambiente siendo uno de los principales opositores a la imposición de la hidroeléctrica “El Naranjal” en la región de los valles de Zongolica, que abarca los municipios Ixtaczoquitlan, Fortín, Naranjal, Amatlan, la Patrona, Cuetzala, Omealca, Xuchiles. Ignacio Romero Carrera es uno de los representantes de la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango (UECVT).

Ante esta situación han solicitado a las autoridades Municipales y Ministeriales de Ixtazoquitlan información al respecto, a lo cual el Ministerio Público les entrego por escrito que no existe ningún proceso en contra de Ignacio Romero Carrera, caso contrario fue con el funcionario municipal ‒el secretario particular José Alejandro Rosado Sosa‒ que de forma prepotente se negó a recibir por escrito la petición de indagatoria sobre la supuesta orden de aprehensión que las organizaciones antes mencionadas solicitaban, el mismo secretario Alejandro Rosado aventó al escritorioel documento entregado dejando a los representantes de las organizaciones campesinas ahí parados y nunca volvió.

Paralelamente a esta situación de amenaza, desde instancias municipales en voz del secretario particular José Alejandro Rosado Sosa del municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, quien de forma amenazante dijo que “Ignacio Romero Carrera tiene orden de aprehensión al igual que un líder nacional del FNLS”. Destacamos que las tres órdenes institucionales del sector agrario a nivel estatal (RAN, PA y SEDATU) le han están negando a Ignacio Romero a ejercer su legítimo derecho constitucional y agrario a ocupar el lugar de sucesor de su finada madre, al anteponer un absurdo e inexplicable trámite burocrático a partir de un error que cometieron las mismas autoridades ejidales y las instituciones del sector agrario de esos tiempos: omitir el apellido materno de la señora Magdalena Carrera Espinoza. Además hay una comparecencia por escrito ante la residencia de Córdoba de la Procuraduría Agraria atendido por el licenciado Fausto Corona Ortiz, que funge como abogado y visitador agrario, donde se asientan todos los trámites a nivel local y estatal que ha realizado Romero Carrera, así como su condición socioeconómica.

Para la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) existe una preocupación latente y fundada de que se pueda dar una detención arbitraria, por mencionar lo menos grave, ya sea en contra de Ignacio Romero o de cualquier otro integrante de las organizaciones del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el estado de Veracruz.

Es pertinente puntualizar que a nivel de la entidad veracruzana se pretende construir 112 hidroeléctricas, en los cuales tenemos informe que en ninguno de los megaproyectos fueron consultados ni informados los Núcleos Ejidales, Bienes comunales y pequeños propietarios afectados a nivel de sus tierras y recursos naturales.

De manera específica en la región de Zongolica y su valles las comunidades indígenas campesinas han llevado una larga lucha en contra de la deforestación por parte de talamontes hoy convertidos en grandes empresarios del transporte y el comercio, así como la imposición de mega proyectos que atenten contra sus cultivos, el medio, formas de trabajar y organizarse, como los proyectos hidroeléctricos. Proyectos que en diferentes estudios realizados por especialistas de instituciones educativas como la Universidad Veracruzana, ecologistas nacionales e internacionales como Greenpeace, Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han dado como resultado el grave daño que podrían provocar tanto al medio ambiente ‒ecocidio‒ como a la población obligándola a desplazarse de manera forzada.

No obstante, los representantes de las empresas siguen en operación en complicidad con los tres niveles de gobierno, tratando de engañar y dividir a las comunidades para que vendan su único patrimonio familiar-comunitario, la tierra y sus recursos naturales. A esto tenemos que añadir el asesinato de Noé Vázquez Ortiz, en Amatlan de los Reyes en noviembre del año pasado, justo cuando se realizaba el encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

También es importante destacar el surgimiento de las llamadas Autodefensas en la región de Zongolica en febrero de este año dirigidas por Román Vázquez González, quien en su momento ha declarado públicamente estar en contra de las personas o grupos que se oponen a la Hidroeléctrica y que deben ser expulsadas “ya que frenan el desarrollo de la región”. En últimas fechas los medios informativos dan cuenta de que este personaje Román respalda la construcción de hidroeléctricas en comunidades de Zongolica, San Juan Texhuacan y Mixtla de Altamirano, por medio de “consultas a las comunidades” para legitimar la entrada y construcción de la hidroeléctricas.

Por cierto, iniciando este 2014, la hidroeléctrica ubicada en Mixtla de Altamirano ‒uno delos municipio más pobres del país‒ ha demostrado los daños que puede causar solamente en la fase de pruebas, al ocasionar un derrumbe a causa del desbordamiento de agua de la presa que opera la empresa Electricidad del Golfo, esto sin contar en el desabasto de agua que ya se da en las comunidades, la explotación laboral y la modificación de la vida de las comunidades indígenas.

A lo anterior se suma el hecho de que en Veracruz se viene desarrollando una persistente y sistemática violación a los derechos humanos en contra de los diferentes sectores de la población, tal es el ejemplo de periodistas comprometidos con su labor profesional de informar la verdad, como el caso de la corresponsal de Proceso Regina Martínez y el reciente asesinato de Gregorio Jiménez, comunicadores que se unen a una indignante lista de 15 reporteros asesinados desde el 2000, 10 de ellos en la actual administración de la cual usted es responsable como gobernador.

Actos violatorios de derechos humanos también los vimos en las movilizaciones llevadas a cabo por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes en diferentes ocaciones fueron agredidos violentamente por parte de las corporaciones policiacas de la entidad; lo que motivo las manifestaciones fue la protesta por la imposición de la reforma neoliberal educativa que se aprobaría sin haber tomado en cuenta los foros nacionales del magisterio y representaciones de los diferentes sectores sociales, al mismo tiempo que denunciaban el carácter punitivo de dicha reforma, ahora convertida en Ley.

Otro hecho grave son los casos de tortura por parte de efectivos militares en el norte de esta entidad, como lo reconoció el propio comandante René Carlos Aguilar Páez de la sexta región militar con base en Boca del Río Veracruz, a lo que se suman de acuerdo con diferentes organizaciones de derechos humanos casos de desaparición de personas ya sea por motivos políticos o sociales que suman del 2011 al 2013 más de 8 centenas, tan sólo en la capital de Xalapa son más de 500 casos, entre los que se encuentran casos hasta en contra de sus propios policías como fue el de Jacqueline Espejo Moctezuma, pero que para las instituciones del gobierno del estado emulando a las entidades federales eufemísticamente los llaman “levantados”, “ausentes”, “extraviados” u otros técnicamente privación ilegal de la libertad y al no saber de su paradero su condición es de detenido-desaparecido.

Cabe resaltar que la mayoría de los detenidos-desaparecidos por motivos políticos o sociales y ultimados en su mayoría son jóvenes y de origen popular en las ciudades o zonas rurales y, que los captores tienen aspecto policiaco-militar así como su comportamiento, armas y vehículos como se puede probar en las actas de denuncia ministerial es un patrón de modus operandi y denuncias en los órganos de procuración y administración de la justicia.

Hasta aquí algunos ejemplos de la situación preocupante de violaciones a derechos humanos ya sea por omisión, comisión o aquiescencia de las propia autoridades, por ello, nuestra exigencia de garantizar la integridad física, psicológica y moral de las organizaciones o colectivos que exigen se cancele la imposición de proyectos hidroeléctricos; así mismo el alto a la persecución de luchadores sociales y defensores de los derechos ambientales como Ignacio Romero Carrera quien por su práctica política consecuente en los marcos constitucionales y de derechos humanos al lado de las comunidades indígenas y campesinas hoy se le pretende encarcelar. Así mismo, exigimos que cesen las amenazas, intimidaciones, agresiones o cualquier acto que menoscabe la dignidad humana en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos en la entidad y en particular de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Atentamente

¡Unidos por la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales!

¡Presentación con Vida de Todos los Detenidos-Desaparecidos por Motivos Políticos y Sociales!

¡No a la Criminalización de la Pobreza, Protesta y Lucha Popular!

Atentamente

Unidos y Organizados a Ejercer y Defender los Derechos Humanos

Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos

RENDDH

____________________

Pedro Flores Hernández

Presidente de la RENDDH

_______________________________________

Con copia para su conocimiento y seguimiento:

Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla

Presidente de la CDH de Veracruz

Calle Carrillo Puerto No.21 Zona Centro, C.P.91000, Xalapa, Ver.

Tel. y Fax. (228) 812–0589, 812–1142, 812-0796, 812-3743 y 812–2918

Lada sin Costo (01–800) 260–2200

Internacional: +52 228 812–0589

secretariapresidencia@cedhveracruz.org.mx

Fb: Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz

Lic. Cirilo José Rincón Aguilar

Delegado Federal en Veracruz de la Procuraduría Agraria

Diego Leño s/n Esq. Gtz Zamora, Zona Centro, Xalapa , Ver.

Telefonos (01 28) 8419592; (fax) 8419606, 8419607

(01 228) 8419592

(01 222) 8419593

(01 228) 8419606

(01 228) 8419607

Ext. 26

ver@pa.gob.mx

Manuel Ignacio Acosta Gutierrez

Director del Registro Agrario Nacional

(De acuerdo a TRANSPARENCIA se encuentra vacante el de Delegado Estatal)

20 de Noviembre 195, Col. Centro, Cuahutemoc,

Distrito Federal, México, C.P. 6080

Tel: 01 55 5062 1411

miacosta@ran.gob.mx

Pedro Yunes Choperena

Calle dos No. 71,

Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 91180,

Xalapa, Veracruz.

Teléfono: 01 228 890 28 69

Correo electrónico: ver@sedatu.gob.mx

Dip. Ignacio Enrique Valencia Morales

Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas

H. Congreso del Estado de Veracruz

Av. Encanto s/n, Esq. Lázaro Cárdenas

Col. El Mirador, C.P. 91170

Xalapa, Ver. Tel: 228 8.42.05.00

Telefono: (228) 8420500

Ext: 2084

Fax: (228) 8420581

Correo: ivalencia@legisver.gob.mx

Dip. Jaqueline García Hernández

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes

H. Congreso del Estado de Veracruz

Av. Encanto s/n, Esq. Lázaro Cárdenas

Col. El Mirador, C.P. 91170

Xalapa, Ver. Tel: 228 8.42.05.00

Telefono: (228) 8420500

Telefono: (228) 8420500

Ext: 2220

Fax: (228) 8420543

Correo: jgarcia@legisver.gob.mx

Dip. Alejandro Zairick Morante

Presidente de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal

H. Congreso del Estado de Veracruz

Av. Encanto s/n, Esq. Lázaro Cárdenas

Col. El Mirador, C.P. 91170

Xalapa, Ver. Tel: 228 8.42.05.00

Telefono: (228) 8420500

Telefono: (228) 8420500

Ext: 2128

Fax: (228) 8420593

Correo: azairick@legisver.gob.mx

México: AU Hostigamiento a abogados de derechos humanos // UA Human rights lawyers harassed in Mexico

ACCIÓN URGENTE

Hostigamiento a abogados de derechos humanos en México

Dos destacados abogados de derechos humanos de México han sufrido reiteradamente hostigamiento e intimidaciones a causa de su trabajo. Es preciso realizar una investigación completa de lo ocurrido y garantizar la seguridad de ambos.

El famoso abogado de derechos humanos Leonel Rivero Rodríguez ha denunciado que el 10 de marzo allanaron su oficina, que es también su casa, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dejaron las puertas traseras abiertas y las luces encendidas, pero no parece que se llevaran ningún documento confidencial. Asimismo, el 4 de marzo, tres desconocidos irrumpieron en un hotel donde Leonel Rivero Rodríguez se hallaba reunido con miembros de comunidades del estado de Michoacán para tratar con ellos una asunto delicado que está llevando junto con su colega de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A. C, Augusto César Sandino Rivero Espinosa. Este acto intimidatorio se ha denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 17 de enero, Leonel Rivero Rodríguez recibió amenazas por teléfono. Le dijeron: “Mira no me estés chingando la madre porque te estoy hablando bien verdad, porque yo soy, yo soy, no te voy a decir quién soy verdad pero soy algo". Posteriormente presentó formalmente una denuncia ante la Procuraduría General de la República, pero no se ha llevado a cabo ninguna investigación sustantiva para identificar a la persona que hizo la llamada, y la Procuraduría ha informado a Leonel Rivero de que va a archivar el asunto. En respuesta a estos sucesos y a petición del mecanismo federal de protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, el gobierno del estado de Chiapas ha prometido enviar un vehículo patrulla a casa de Leonel Rivero.

Leonel Rivero Rodríguez ya ha denunciado otros actos de hostigamiento y vigilancia anteriormente. En marzo de 2013 recibió en varias ocasiones en su buzón de voz grabaciones de conversaciones personales que había mantenido durante el día y de reuniones con sus clientes, lo que indicaba que estaba siendo vigilado y que quienes lo vigilaban tenían acceso a su casa y oficina.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

- Instando a las autoridades a que garanticen la seguridad efectiva de Leonel Rivero Rodríguez y Augusto César Sandino Rivero Espinosa, de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A. C., de acuerdo con sus deseos;

- Pidiéndoles que lleven a cabo con prontitud una investigación completa e imparcial sobre las amenazas telefónicas del 17 de enero y el allanamiento del 10 de marzo, en especial de los datos que indican que éste no fue un robo, y sobre otros actos intimidatorios denunciados a las autoridades.

- Pidiéndoles que garanticen que los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos los abogados que trabajan sobre asuntos potencialmente delicados, pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a sufrir represalias.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 25 DE ABRIL DE 2014 A:

Fiscal General de la República

Lic. Jesús Murillo Karam

Paseo de la Reforma 211-213

Col. Cuauhtémoc, C. P. 06500

Distrito Federal, México

Fax: +52 55 5346 0908

Correo-e: ofproc@pgr.gob.mx

Tratamiento: Dear Attorney General / Estimado Señor Procurador

Secretario de Gobernación

Miguel Ángel Osorio Chong

Secretaría de Gobernación

Bucareli 99, col. Juárez, Cuauhtémoc Distrito Federal, México, C. P. 06600

Fax: +52 55 5093 3414

Correo-e: secretario@segob.gob.mx

Tratamiento: Sr. Secretario

Y copia a:

ONG locales

Defensa Estratégica en Derechos Humanos A. C.

Correo-e: leonelriverdgz@yahoo.com.mx

Envíen también copias a la representación diplomática de México acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

Saludos // Regards,

Oficio de Papel

Panistas protectores de Oceanografía
Cómplices la PGR y Función Pública
Reunión secreta Gil Díaz-Arrigunaga

La cúpula panista que gobernó el país en los 2 sexenios anteriores apenas empieza a sentir la presión por la pérdida de la Presidencia de la República y la impunidad que antes gozaron.Una vez concluidas las principales reformas constitucionales, los panistas han dejado de ser útiles y serviles al gobierno federal (aún con las leyes reglamentarias pendientes), para pasar a ser indiciados por todas las inmundicias que cometieron al amparo del poder político.

Secretarios de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto advirtieron a principios de la administración que había órdenes de no mover un dedo en contra de los funcionarios salientes mientras no se aprobaran las reformas.

El tiempo se ha cumplido y en las áreas administrativas gubernamentales revisan detenidamente las gestiones de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

Así, uno de los primeros casos destapados es el de la empresa Oceanografía, SA de CV, propiedad de Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz, este último, sobrino del secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz.

Y para aquellos incrédulos de que Amado Yáñez fue protegido por el Partido Acción Nacional (PAN) y que era un operador de los expresidentes Fox y Calderón, sólo hay que revisar los despachos de abogados que siempre lo han defendido con la venia de Los Pinos: Diego Fernández de Cevallos, Antonio Lozano Gracia, Juan Miguel Alcántara Soria, María Gisela Lozano Gracia, Arturo Germán Rangel y Fernando Córdova Lobo.

Los actuales abogados de Oceanografía son encabezados por el exsecretario de Gobernación en el sexenio de Calderón, Fernando Gómez Mont, y sus colegas el también panista Julio Esponda, quien rechazó el ofrecimiento presidencial para ser procurador General de la República, y Alberto Zínser, del despacho Zínser, Esponda y Gómez Mont.

Hay un caso emblemático que confirma cómo la protección de Amado Yáñez y Oceanografía provenía de toda la cúpula panista:

Un alegato de inconformidad que Amado Yáñez necesitaba presentar a finales de 2003 ante la Secretaría de la Función Pública, para impedir la descalificación de Oceanografía en la licitación internacional 18575024-013-03 que convocó Pemex Exploración y Producción (PEP) –sobre la “inspección, mantenimiento y reacondicionamiento a ductos costa fuera de la región marina en la Sonda de Campeche, en la Costa Este del Golfo de México y en el área de plataforma de la Región Marina Noroeste”, por un monto de alrededor de 1 mil 600 millones de dólares y una duración de 4 años–, se elaboró en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).

El responsable de operar esa inmundicia jurídica fue el panista Jorge Arturo Manzanera Quintana, quien solicitó a la PGR prepararan la inconformidad que firmarían los abogados Antonio Lozano Gracia y su equipo, por lo cual el exprocurador General de la República cobró 3 millones de dólares a repartir.

Como era de esperarse, la Secretaría de la Función Pública revocó la descalificación y PEP le otorgó el contrato a Oceanografía y su grupo de pequeñas empresas satélites.

Manzanera Quintana es miembro activo del PAN desde 1988 y militante desde 1986. Fue presidente estatal de ese Partido en Chihuahua entre 1991 y 1994. En ese último año compitió otra vez para repetir en el cargo, pero perdió ante el destacado panista Javier Corral.

En 1996, Manzanera ocupó el cargo de secretario de elecciones en el PAN hasta 1998. Es propietario de la empresa Desarrollo y Operación de Campañas, SA, especializada en trapacerías electorales, por lo cual fue el estratega de Luis Felipe Bravo Mena para alcanzar la presidencia nacional de su partido, lo que lo convirtió en asesor del máximo líder panista.

Con su experiencia electoral, Manzanera también formó parte del equipo de campaña presidencial de Felipe Calderón, fungió como coordinador de estructura electoral y protector de la defensa jurídica del voto.

Este panista era muy amigo de Amado Yáñez, del fallecido Juan Camilo Mouriño, de César Nava y de Felipe Calderón. Fue también secretario adjunto de Germán Martínez, exsecretario de la Función Pública.

La docena trágica (2000-2012)

En los 12 años que el PAN mantuvo el poder presidencial (2000-2012), convirtió a Oceanografía, empresa de servicios petroleros, en el principal centro de negocios ilícitos del gobierno federal.

Desde hace 10 años la prensa dio cuenta puntual de la corrupción en que el gobierno mantenía sumergida a Petróleos Mexicanos; sin embargo, ninguna autoridad pudo detener el saqueo indiscriminado de recursos públicos, y todo aquel que se atrevió a presentar alguna denuncia o hizo alguna investigación, fue despedido, removido, cambiado o perseguido por los órganos responsables de “impartir justicia”.

En los últimos días escuchamos las declaraciones del director general de Pemex, Emilio Lozoya; del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre las investigaciones judiciales, fiscales y laborales en contra de Oceanografía y sus propietarios Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz; pero si este caso no llega a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en el tráfico de influencias y el saqueo de recursos públicos, y sólo se concreta en culpar a los exdirectivos de PEP, Carlos Morales Gil y Mario Ávila Roque, seguirá siendo un Estado fallido, en donde la justicia se negocia políticamente y se compra con dinero.

Oceanografía sólo es una de las muchas compañías mexicanas y extranjeras que por años han hecho negocios ilícitos en Pemex y obtenido contratos mediante prácticas corruptas, como sobornos, chantajes, tráfico de influencias, comisiones, fraudes, simulaciones y abuso de poder.

Por eso Lozoya, Murillo y Videgaray deben abrir el abanico y revisar a todos los corporativos que se han enriquecido brutalmente a costa del erario mediante negocios ilícitos con la principal empresa del Estado.

Por ejemplo, otras empresas que deben ser investigadas son las relacionadas a Blue Marine Technology Group. De éste dependen Arrendadora Ocean Mexicana, SA de CV, y Subtec, SA de CV, que también hicieron negocios ilícitos que, al no poder ocultarlos, la Secretaría de la Función Pública se vio obligada a sancionarlas, pero nada pasó y siguen actualmente drenando las finanzas públicas de Pemex.

La peculiaridad de ese corporativo es que sus accionistas principales son Antonio Juan Marcos Issa y su yerno Juan Reynoso Durand. El primero se desempeñó como coordinador de asesores de tres directores generales de Pemex: Rogelio Montemayor Seguy, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, lo que le garantizó cuantiosos contratos por miles de millones de dólares en esa empresa petrolera.

Pero la semana pasada el director general de Pemex, Emilio Lozoya, se refirió a otras empresas que son investigadas por sus vínculos con Oceanografía, y omitió mencionar los negocios que ésta mantuvo con Blue Marine, Arrendadora Ocean y Subtec, pues además de que los propietarios eran grandes amigos de Amado Yáñez, hicieron negocios juntos y prácticamente planeaban los contratos petroleros que se repartirían.

Blue Marine y Arrendadora Ocean

Entre 2005 y 2007, Arrendadora Ocean Mexicana, propiedad de Antonio Juan Marcos Issa, ganó contratos petroleros por más de 2 mil 300 millones de pesos, sin importar que tuviera investigaciones abiertas por corrupción en la Secretaría de la Función Pública y en la Auditoría Superior de la Federación.

Fuentes cercanas a la Función Pública comentaron en aquel tiempo que se trataba de una red de corrupción y tráfico de influencias establecida entre servidores públicos de Pemex con exfuncionarios petroleros, y uno de los investigados que nadie se atrevía a mencionar era el exdirector corporativo de Finanzas y después director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, hombre de todas las confianzas del exsecretario Francisco Gil Díaz.

El vínculo entre Marcos Issa con directivos de Pemex viene desde el sexenio del priísta Ernesto Zedillo, y continuó durante la gestión de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando se desempeñó como coordinador de asesores de tres exdirectores generales de Pemex.

Reunión secreta Gil Díaz y Arrigunaga

Con recursos públicos, el gobierno mexicano rescató de grandes pérdidas al banco que hoy opera Citibank. Francisco Gil Díaz, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, condujo gran parte de las estrategias jurídicas y financieras que permitieron dirigir recursos del erario al salvamento del banco de Alfredo Harp y Roberto Hernández, quienes después vendieron al gigante estadounidense del crédito en una operación que costó a los mexicanos al menos 3 mil 500 millones de dólares en impuestos que no fueron cubiertos, porque la transacción se realizó a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

En el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz pidió que se le excluyera de omitir una opinión – como autoridad – respecto a la venta de Banamex, porque enfrentaba un conflicto de interés no por la verdadera razón: el rescate durante la época del Fobaproa de ese banco, sino por su cercanía con Roberto Hernández, quien había sido su jefe apenas unos años atrás en la telefónica Avantel.

Gil Díaz siempre ha estado cerca de Banamex, pero al terminar su participación con los gobiernos panistas decidió tomar distancia. No se integró a sus filas ni aceptó un empleo en el sector bancario, a pesar de que en HSBC daban por un hecho que el exfuncionario público se integraría a su grupo de consejeros independientes. En cambio, Gil Díaz se refugió en Telefónica de España en donde, por cierto, ha contribuido al manejo fiscal del consorcio español.

En Banamex, en cambio, recomendó a Javier Arrigunaga, quien fue uno de sus funcionarios clave en la época del Fobaproa y quien no tuvo empacho en integrarse a Banamex-Citibank. Dos vías relacionan a Arrigunaga con Roberto Hernández: la firma del pagaré del Fobaproa para rescatar a Banamex y una relación familiar, en segundo lugar. El CEO, director general, del Grupo Financiero Banamex-Accival, propiedad de Citibank, tiene lazos familiares con el abogado Iñígo Laviada Arrigunaga, quien se casó con la hermana de Roberto Hernández, María Elena Hernández Ramírez, vínculo que les permitió desarrollar grandes negocios en el sector agropecuario en el sureste del país.

La carrera de Arrigunaga creció al amparo de la presencia de Francisco Gil Díaz en el Banco de México. Por eso no es extraña la reunión que Javier Arrigunaga habría sostenido con Francisco Gil Díaz apenas unas semanas antes de que estallara el escándalo de Oceanografía.

El director de la filial de Banamex en México quiso compartir con Gil Díaz la gravedad de la crisis en la que estaba involucrado directamente su sobrino Martín Díaz, a quien Amado Yáñez le había confiado por completo la gestión financiera de la firma, dada sus buenas y efectivas relaciones.

En aquel encuentro, Arrigunaga - pensando en su empleo, por supuesto - habría pedido a Gil Díaz que interviniera y solicitara a Yáñez y a su sobrino Martín Díaz que cubrieran el faltante. Nada se pudo hacer, el boquete era muy grande y el robo se había consumado.

Arrigunaga tendrá que explicar a sus jefes de Citibank en Nueva York porque permitió que Martín Díaz Álvarez llegara a tal nivel de abuso. Díaz Álvarez no sólo ancló sus negocios en Oceanografía, sino que también aprovechó ampliamente la figura de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), no reguladas, que autorizó e impulsó desde la SHCP el propio Gil Díaz.

Francisco Gil Díaz hoy guarda silencio - como lo hizo en aquella cita con Javier Arrigunaga -, pero en Citibank-Banamex deben explicar la histórica vinculación con el exfuncionario público que habría generado miles de millones de dólares en negocios que se fraguaron, desde la época del Fobaproa, con recursos del pueblo.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

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Desaloja policía de Colima a indígenas inconformes con minera

Por Juan Carlos Flores, corresponsal

Colima, Col. Unos cien elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desalojaron a los habitantes de Zacualpan, municipio de Comala, que mantenían cerradas las bombas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Alvarez (Ciapacov) en señal de protesta por la instalación de una mina de oro en su comunidad.

Mientras dialogaban con el secretario de Gobierno, Rogelio Rueda, y mediante el uso de la fuerza, tanquetas y escudos, los policías retiraron a los indígenas, en su mayoría mujeres y niños, que tenían control del equipo que surte agua a la capital colimense y otros cuatro municipios.

Cerca de las 3 de la tarde de ayer jueves, unos 100 mil usuarios fueron afectados por el corte del servicio.

Los habitantes pedían la presencia del gobernador Mario Anguiano que envió al secretario de Gobierno para liberar el equipo de la Ciapacov.

Pidieron reconocer a la nueva asamblea electa el pasado 23 de febrero donde destituyeron al anterior presidente Carlos Guzmán Teodoro, a quien acusan de estar relacionado con los empresarios que pretenden operar la mina y facilitar su instalación.

Recriminaron que de instalarse la mina contaminaría el manantial de Zacualpan dejando sin agua a más de 300 mil habitantes del estado.

Después del desalojo, se mantuvieron varios elementos de la PEP vigilando el equipo de bombeo que se restableció hoy por la mañana.

Campesinos de San Francisco defienden sus tierras

Grupo de campesinos de San Francisco, municipio de Teopisca, Chiapas, México.

A 11 marzo del año 2014

Asunto: Pronunciamiento público

A todos los medios de comunicación y a toda la sociedad en general.

Somos el grupo de campesinos de San Francisco en defensa de la tierra y territorio adherentes a la Sexta Declaración del EZLN. Nos pronunciamos públicamente para darles a conocer lo siguiente. Somos un grupo de hombres, mujeres y niños que tenemos una historia aproximada de los años 1800 lo cual nos asegura que nosotros somos nativos 100% de estas tierras, por eso estas tierras son nuestras por el derecho legítimo, porque aqui en estas tierras nuestros abuelos trabajaron despiadadamente para el patrón, por eso desde el año 1995 empezamos a defenderla de que la trataran como mercancía a nuestra madre tierra, y la hemos venido defendiendola fracción "el desengaño" y lo seguimos defendiendo y por esta razón hemos instalado una manta en esta fracción llamada "el desengaño", la cúal dice: " ESTAS TIERRAS NOS PERTENECEN POR SER PUEBLOS ORIGINARIOS. TIERRA Y LIBERTAD. VIVA EMILIANO ZAPATA"

Y queremos decirles que no daremos ni un paso atrás, seguiremos exigiendo nuestros derechos ancestrales tal como lo dicen los tratados internacionales, como el convenio 169 OIT. En varias ocasiones hemos dicho a los 9 propietarios que colindan con nosotros que no vamos a afectar sus tierras porque no somos invasores como se ha malinterpretado. Nuestra lucha es legítima por muchas razones que nosotros tenemos, nuestra lucha se basa con el respeto a los pequeños propietarios, decimos y aclaramos que seguiremos defendiendo la Fracción del desengaño aproximadamente de 170 hectáreas.

ATENTAMENTE

Grupo de campesinos y campesinas de San Francisco en defensa de la tierra y territorio adherentes a la Sexta Declaración del EZLN

CIA: espionaje, tortura y mentiras

Amy Goodman y Denis Moynihan

"Lo que no me deja dormir por la noche es la posibilidad de que haya otro atentado contra Estados Unidos", afirmó la Senadora Dianne Feinstein el mes pasado en lo que en ese momento era su defensa habitual del amplio programa de espionaje a nivel mundial de la Agencia de Seguridad Nacional y de otras agencias de inteligencia de Estados Unidos. Todo eso cambió ahora que piensa que la CIA espió y les mintió a miembros de la comisión que preside, la poderosa Comisión Selecta de Inteligencia del Senado. La comisión se creó después de que el escándalo de Watergate provocara la caída del Gobierno de Nixon. La Comisión de Control de las Actividades de los Servicios de Inteligencia, presidida en aquel entonces por el senador demócrata de Idaho Frank Church, realizó una investigación exhaustiva de los abusos cometidos por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, con respecto a todas sus actividades, desde el espionaje de manifestantes opositores a la guerra, hasta el asesinato de líderes extranjeros. Así comenzó la era moderna de la supervisión de las actividades de inteligencia de Estados Unidos por parte del Congreso y el Poder judicial.

La pelea pública entre la defensora de la CIA, Feinstein, y la propia agencia ocurrida esta semana podría alterar brevemente el statu quo, pero se reconciliarán. Lamentablemente, esta pelea no permite ver un problema más grave: la historia jamás contada de la política secreta del gobierno de Estados Unidos de tortura y entrega de prisioneros (el modo eufemístico de la Casa Blanca de denominar el secuestro).

El conflicto está relacionado con el descomunal informe clasificado de la Comisión de Inteligencia acerca de este tristemente célebre programa del Gobierno de Estados Unidos. Feinstein y otros senadores procuraron que se desclasificara el documento de 6.300 páginas. Ahora nos enteramos a través de información de la prensa y por un discurso pronunciado esta semana por Feinstein en el Senado que miembros de la Comisión de Inteligencia obtuvieron acceso a documentos de la CIA en un establecimiento secreto de alta seguridad de la CIA, en algún lugar fuera de la sede de la agencia. Feinstein describió lo sucedido: "La CIA comenzó a enviar documentos en formato electrónico a los miembros de la Comisión en un establecimiento alquilado por la CIA a mediados de 2009. El número de páginas llegó a ser rápidamente de miles, decenas de miles, cientos de miles, y luego millones. Los documentos facilitados no tenían índice ni una estructura organizativa. Era una verdadera pila de documentos que los miembros de nuestra comisión tuvieron que examinar y tratar de interpretar".

Aún no sabemos si estaba entre esas millones de páginas o fue proporcionado a los miembros de la Comisión de Inteligencia a través de un informante de la CIA, pero encontramos un documento denominado "Examen Interno Panetta", claramente denominado así por León Panetta, el entonces director de la CIA. Feinstein dijo en su discurso ante el Senado: "Creemos que estos documentos los escribió personal de la CIA para resumir y analizar los materiales que proporcionó al comité para su examen. Los documentos del Examen Panetta no eran más confidenciales que otra información que recibimos para nuestra investigación. De hecho, los documentos parecían estar basados en la misma información que ya había sido proporcionada al comité. Lo que era singular e interesante acerca de los documentos internos no era que estuvieran clasificados, sino su análisis y reconocimiento de las irregularidades graves cometidas por la CIA". El “Examen Interno Panetta” se contradice específicamente con la propia declaración por escrito que la CIA envió al Comité de Inteligencia. Sí, pescaron a la CIA mintiendo.

Pero la cosa no termina allí. Mike German, profesor adjunto del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, que durante 15 años fue agente del FBI especialista en la lucha contra el terrorismo a nivel nacional, dijo en Democracy Now!: "Es una situación realmente fuera de lo común. Se supone que la tarea del Senado es vigilar a la CIA, no permitir a la CIA determinar las condiciones de la supervisión de su propio trabajo". Feinstein informó que cientos de los documentos proporcionados inicialmente más tarde fueron eliminados de los archivos por la CIA. Por si fuera poco, resulta que la CIA presentó acusaciones penales contra los miembros de la Comisión, aparentemente, por haber robado el informe Panetta.

Ray McGovern es un ex analista de alto nivel de la CIA que criticó públicamente la información de inteligencia utilizada para justificar la invasión de Irak. McGovern me dijo: "Esto nos remite a la cuestión fundamental de la supervisión de la comunidad de inteligencia. En la década de 1970, la Comisión de Control de las Actividades de los Servicios de Inteligencia investigaba los abusos de todo tipo, como las escuchas telefónicas ilegales y los asesinatos, y se admitía que la supervisión del Congreso era necesaria. Eso significaba supervisión del Congreso, no que el Congreso hiciera la vista gorda, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Y si adelantamos el tiempo hasta el 11 de septiembre, la gente siempre dice 'después del 11 de septiembre, todo cambió'. Y es cierto que cambió. En la noche del 11 de septiembre, el Presidente dijo: 'No me interesa lo que digan los abogados internacionales. Vamos a reventarlos'. ¿Qué fue lo que hicieron a continuación? Bueno, tomaron prisioneros en Afganistán y la primera persona torturada fue John Walker Lindh, un ciudadano estadounidense".

La tortura era una práctica extendida y sanguinaria, practicada en los centros de detención secretos de todo el mundo. Esto es lo que se pierde de vista en la lucha por el poder en Washington D.C. entre la Senadora Feinstein y la CIA. Muchas vidas han sido destruidas, algunas personas han muerto violentamente en custodia de Estados Unidos de manos de sus captores. En el sombrío gulag estadounidense en Bahía de Guantánamo hay prisioneros en huelga de hambre que no han sido acusados de cometer ningún delito, muchos de los cuales tienen orden de liberación hace más de diez años. Los detenidos en huelga de hambre son alimentados por la fuerza y sometidos a técnicas de tortura de la época de la inquisición.

Esperemos que a Feinstein le dure la indignación y que la supervisión de la Comisión de Inteligencia del Senado de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que tienen cada vez más poder, realmente tome nuevo impulso. El informante de la NSA Edward Snowden opinó desde su asilo político en Rusia: "Somos testigos de otro 'efecto Merkel', donde a un funcionario público no le interesa que los espías violen los derechos de millones de ciudadanos comunes y corrientes, sino que, de pronto, resulta escandaloso que un político se entere de que lo mismo le sucede a él".

Nigeria violó derechos humanos en acciones contra rebeldes: ONU

Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, acusó hoy al Ejército de Nigeria de haber cometido violaciones de los derechos humanos en sus operaciones contra el grupo radical islámico Boko Haram.

“Muchos estados están preocupados por las torturas, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales, en particular en relación con las operaciones de los militares y las fuerzas de seguridad para combatir a Boko Haram”, señaló Pillay, quien se encuentra en una misión en Nigeria.

Desde 2009, cuando la Policía acabó con el líder de Boko Haram, Mohamed Yusuf, los radicales mantienen una sangrienta campaña que ha causado más de 3.000 muertos.

“Han quemado casas, iglesias, clínicas y escuelas. Han matado niños en sus camas. Algunos han secuestrado y violado a mujeres y niñas”, admitió Pillay.

“En estas circunstancias, el Gobierno no tiene otra opción que desplegar el Ejército y otros servicios de seguridad. Sin embargo, es vital que las fuerzas gubernamentales no exacerben el problema tomando acciones que obliguen a desplazar o pongan en peligro de muerte a civiles”, puntualizó.

Integrantes del Frente de Pueblos Unidos detuvieron trabajos de la termoeléctrica

Fernando Baltazar

YECAPIXTLA. Por segunda ocasión en menos de 30 días, un grupo de vecinos, estudiantes y campesinos de diversas comunidades integrantes del Frente de Pueblos Unidos por la defensa de la Tierra y el Agua, obstaculizaron los trabajos de introducción del gasoducto del complejo industrial que involucra a la termoeléctrica, en el poblado de Huexca, para posteriormente marchar por poblaciones de los municipios de Yecapixtla, Jantetelco y Temoac.

Juan Carlos Flores dirigente del Frente de Pueblos en defensa del Agua y la Tierra, recalco que la suspensión de los trabajos es consecuencia de la presión de la comunidad, como ocurre también en otras localidades donde hay conciencia social, en el estado de Puebla.

Comentó que el objetivo es luchar en contra de este tipo de proyectos porque generan más riesgos que beneficios a la población, por ello se realizan caravanas de información para que la población sepa que se han detenido las obras de introducción del gasoducto en el tramo Amilcingo-Jantetelco y hablar sobre los riesgos que este proyecto implica en contra de la población. Antes del mediodía un grupo de vecinos, acompañados de estudiantes de la Escuela Normal Rural de la comunidad indígena de Amilcingo y miembros de organizaciones no gubernamentales como el Frente de Pueblos Unidos, salieron a las calles y se manifestaron en comunidades de los municipios de Temoac y Jantetelco, en demandad de la cancelación del proyecto de construcción y funcionamiento de la termoeléctrica y el gasoducto.

Con pancartas de repudio en contra del gobierno de la Nueva Visión, los manifestantes lanzaban consignas y realizaban pintas por las calles y carreteras por donde caminaban, en medio de un discreto operativo de seguridad con elementos de las corporaciones policiacas de dichos municipios de la región oriente del estado de Morelos.

Deplora hija del guerrillero el deceso de la luchadora

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 13 de marzo. Integrantes de diversas organizaciones sociales lamentaron el fallecimiento de la luchadora social Hilda Flores Solís, quien en sus últimos cuatro años de vida fue abandonada en un asilo, lo que también consideraron una estrategia del Estado.

Entrevistada vía telefónica, la hija del luchador social Lucio Cabañas Barrientos y de María Isabel Ayala Nava, Micaela Cabañas Ayala, dijo que se enteró de la noticia a través de los medios.

“Básicamente, lo siento en el alma que nos haya dejado porque era representativa para la historia de Guerrero”, dijo.

Ahondó que “realmente los luchadores sociales están relegados, para nosotros, los que sufrimos la represión, es mucho dolor saber que alguien como la maestra Hilda se fue, como hace cuatro años mi madre, como hace 40 años mi padre”.

Reclamó que a Flores Solís se le tuvo relegada y sin apoyo económico y aparte de su deteriorada salud, enfrentó que su hijo tenía una enfermedad crónica.

Por su parte, el activista de Solidaridad con Cuba Bulmaro Emiliano Muñiz Olmedo lamentó la muerte de Flores Solís y coincidió en que los luchadores sociales son relegados “en una actitud perversa del Estado”.

La muerte de Hilda Flores cierra un ciclo en la lucha agrarista, dicen al despedirla

Organizaciones sociales rinden homenaje a la maestra; la acompañan quienes fueron sus compañeros

RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)

Atoyac, 13 de marzo. Con la muerte de la profesora Hilda Flores Solís se cierra un ciclo en la lucha del movimiento agrarista, cívico, comunista y democrático de Atoyac y de Guerrero, manifestó Víctor Cardona Galindo, cronista de Atoyac, durante el homenaje que organizaciones sociales y luchadores sociales de este municipio organizaron para despedir a quien fuera compañera del profesor Lucio Cabañas Barrientos en el zócalo de esta ciudad.

El reconocimiento a la maestra inició cuando los asistentes al velorio marcharon desde su casa hasta el zócalo con el féretro en hombros, hasta llegar al obelisco a Lucio Cabañas, donde fue preparado un escenario para homenajearla, y en el que fue recordada su vida, pero sobre todo su lucha a favor de las mujeres pobres de este municipio.

En el acto se pudo ver a varios de los que militaron con Hilda Flores en los diferentes escenarios de la lucha social, como Donaciano Pino, Decidor Silva, Zoelio Jaimes, Hilario Mesino y Dagoberto Ríos, además de quienes se dijeron alumnos de la activista, como Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (Ocss); la ex secretaria de la Mujer en el estado Rosa María Gómez; María de los Ángeles Santiago, actual dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Estela Arroyo Castro, quien la cuidó en sus últimos cuatro años de vida, además de los miembros de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad) Nicomedes Fuentes e Hilda Navarrete.

El homenaje inició con la participación de un dueto que interpretó La barca de oro, como parte de un repertorio de cuatro canciones, en su mayoría boleros, por ser el género que le gustaba a la homenajeada. Hubo peticiones sin éxito para que los músicos cantaran Carabela, canción que según Cardona Galindo le cantaba Cabañas a la maestra cuando tenía oportunidad.

La ex síndica perredista Guadalupe Galeana fue la encargada de leer la semblanza de la maestra de primaria, en la que destacó que la cercanía de Flores Solís con el líder del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas, además de ser laboral, fue en el campo social, donde se encargó de promover los ideales del dirigente antes y después de que éste comenzara la guerrilla en la sierra.

Hilda Solís fue quien enseñó a luchar a las mujeres de Atoyac para defender sus derechos, asentó Rosa María Gómez, quien en su discurso exigió al actual gobierno municipal que continúe con la entrega de la presea Hilda Flores Solís a las mujeres destacadas de Atoyac y que la calle donde está su domicilio lleve su nombre.

“Las aves no cantan para ser felices, sino que son felices cantando. Esa frase refleja la vida de la profesora Hilda, porque fue una mujer que fue feliz luchando”, aseguró el escritor Felipe Fierro en su intervención, antes de que Norma Mesino llamara a las autoridades federales y estatales a esclarecer el asesinato de su hermana Rocío y la desaparición de la ecologista Eva Alarcón y que se deje en libertad a Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá.

El sepelio de la defensora social se llevó a cabo a las 5 de la tarde en el panteón municipal.

A 7 años de la desaparición de Jorge Cerón, no hay una “investigación seria”: Tadeco

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 13 de marzo. Este viernes se cumplen siete años de la desaparición del arquitecto Jorge Javier Cerón Silva, quien fue detenido y desaparecido por integrantes de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), recordó el dirigente del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, quien criticó que durante este tiempo no ha habido capacidad de las autoridades para regresar con vida a los más de mil desaparecidos que hay en Guerrero.

Monroy Hernández recordó que el 14 de marzo fue desaparecido Cerón Silva y criticó que hasta la fecha “no hay una investigación seria que permita ubicar su paradero y poder conocer la razón de ese delito de lesa humanidad”.

Aseguró que el caso de arquitecto es una desaparición forzada porque la aquiescencia del Estado, dijo, es probada por la presencia de personal de la entonces Siedo, que brindaba protección a un testigo protegido y que justamente Cerón Silva le iba a entregar un proyecto arquitectónico cuando los dos fueron detenidos y posteriormente desaparecidos.

Monroy Hernández manifestó que este hecho orilló a la creación de esta organización, para luchar por su regreso, aunque dijo que esta lucha los ha confrontado con el Estado por las fallidas políticas públicas.

“La respuesta que hemos recibido del gobierno del estado es intimidar y en la mayoría de las veces sus acciones son represivas, ha desestabilizado permanentemente nuestra organización, por lo que algunas familias se han alejado por miedo y ante la falta de medidas de protección”, reprochó.

Criticó que hace siete años, “ante la falta de solidaridad y compromiso por parte de organismos de derechos humanos en Guerrero”, orilló que los mismos familiares comenzaran su búsqueda

“Hoy, el panorama no es distinto, nos encontramos ante una estrategia gubernamental que ha tendido una cortina de humo mediante la promulgación de la Ley de Víctimas, sin presupuesto y con un gran rezago en la integración de los órganos que la instrumentarán, que más ha servido para neutralizar la lucha de los familiares de las víctimas y animar la ambición de ciertos grupos interesados en encaramarse y beneficiarse del aparato burocrático gubernamental”, reclamó.

Exigen ‘estado de excepción’ ante delincuentes infiltrados en autodefensas

El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, exigirá al Gobierno Federal declarar un estado de excepción en la región de Tierra Caliente de Michoacán, ante la infiltración de miembros del crimen organizado en los grupos de autodefensa; este consejo, reiteró, que existe un Gobierno nulo en la entidad, por lo que exigió a la Federación cambiar la estrategia y dar certidumbre jurídica de cara a las elecciones estatales del 2015.

Por otra parte, rinden su declaración ministerial, 19 policías y una secretaria de los municipios de Irimbo y Ciudad Hidalgo, detenidos por el delito de extorsión, cometido contra cuatro personas.

En tanto, a las 20:00 horas de este jueves, el Ministerio Público, definirá si consigna o no ante un juez a Hipólito Mora, fundador de los Grupos de Autodefensa en Michoacán, a quien se le acusa del homicidio de Rafael Sánchez Moreno, alias “El Pollo” presunto sicario de los Caballeros Templarios, asesinado el pasado sábado con José Luis Torres.

Además continúa la tensión en la comunidad de La Ruana, donde Luis Antonio Torres, alias “El Americano” e identificado como presunto narcotraficante, realiza rondines para amenazar a simpatizantes de Hipólito Mora.

“Así somos y aquí estamos”

JOHN M. ACKERMAN

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El cierre de la página web 1Dmx.org por la empresa GoDaddy.com a petición de los gobiernos de Barack Obama y Enrique Peña Nieto constituyó un grave ataque a la libertad de expresión y a la libre circulación de ideas. Fue un acto similar al golpe al periódico Excélsior, orquestado por Luis Echeverría, el 8 de julio de 1976. La restitución de la página después de la difusión internacional del caso no enmienda el agravio. Todos los ciudadanos comprometidos con la democracia tendríamos la obligación de denunciar tal abuso de poder fruto de las “buenas relaciones” entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Esta cobarde acción fue aún más grave tomando en cuenta la violación sistemática a los derechos humanos, los ataques a los periodistas y activistas, las estrategias de infiltración de las redes y movimientos sociales, así como la consolidación del control mediático, que han caracterizado al gobierno de Peña Nieto desde el 1 de diciembre de 2012. Al parecer, el paso de casi 38 años nos ha dejado parados exactamente en el mismo lugar que antaño. Durante el régimen del “viejo PRI” se utilizaba a la Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V. (PIPSA) para controlar a la prensa escrita con la amenaza del retiro del papel que se utilizaba para imprimir periódicos. Hoy el “nuevo PRI” ha “modernizado” sus técnicas al cerrar las páginas donde se publica información sensible sobre su actuar.

La página 1Dmx.org había funcionado como una plataforma esencial para documentar y denunciar la represión policiaca a los movimientos sociales ordenada desde las oficinas de Miguel Ángel Mancera, Marcelo Ebrard, Manuel Mondragón y Kalb, y Peña Nieto. Allí se daban a conocer videos, testimonios y fotografías que la mayor parte de la prensa escrita, y desde luego también los medios electrónicos, no se atrevían a difundir por temor a represalias de la autoridad o de sus patrocinadores. Por ejemplo, el trabajo de los colegas de 1Dmx.org fue esencial para documentar el artero ataque contra Juan Francisco Kuykendall –quien a raíz del mismo falleció– por policías federales el 1 de diciembre de 2012, y para alimentar el informe que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sobre el abuso policiaco generalizado aquel día.

La información completa sobre la censura de esta importante página web, junto con un formidable video que expone los pormenores del caso, se encuentra hoy en un sitio alterno (http://op1d.mx/). “Me parece lamentable que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, junto con las del gobierno federal, en coordinación con las de Estados Unidos, limiten el derecho de documentar y comunicar de las personas, y también de criticar a los gobernantes. Me parece un ejemplo de las más férreas dictaduras de cualquier país del mundo”, señaló Jesús Robles Maloof en la conferencia de prensa sobre el tema la semana pasada en las oficinas de la organización Artículo 19. (véase: http://ow.ly/ugTit)

Maloof tiene toda la razón. Si bien estrictamente hablando el cierre de una página web no es equivalente al cierre de un periódico o un canal de televisión, el mensaje de intimidación e intolerancia es exactamente el mismo. El gobierno y los poderes fácticos están aterrados por la fuerza que van cobrando las redes sociales y las noticias en internet, y están buscando desesperadamente nuevas vías para restringir el flujo de información.

En momentos aciagos como el actual vale la pena aprender de la historia. En 1976 le salió el tiro por la culata a Echeverría con la expulsión de Julio Scherer de Excélsior. En respuesta, Scherer y un grupo de distinguidos periodistas e intelectuales, incluyendo a Rafael Rodríguez Castañeda, Vicente Leñero, Enrique Maza y Miguel Ángel Granados Chapa, fundaron Proceso, una revista que hasta la fecha nos acompaña a los ciudadanos como uno de los pocos bastiones de crítica informada que pone todos los días límites al poder corrupto de la oligarquía empresarial y sus empleados gubernamentales.

El editorial del primer número de Proceso, publicado el 6 de noviembre de 1976, deja un legado muy valioso. Ahí los editores denunciaron “la inquina política en términos que causaron asombro dentro y fuera de México”, al igual que “la impudicia de la agresión” hacia el periodismo libre, y expresaron su decisión de no permitir que “el silencio cubra por completo a esta nación”. Desde entonces la consigna “Así somos y aquí estamos” ha inspirado la actuación de quienes forman parte de esta digna empresa editorial.

Hoy la lucha es simultáneamente más difícil y más fácil que hace 37 años. Por un lado, el poder económico y político acumulado por las fuerzas de la reacción es mucho mayor que antes. La velocidad con la cual se aprobó la contrarreforma energética en diciembre pasado, y la íntima alianza entre Washington y Los Pinos, evidenciadas durante la captura de El Chapo Guzmán, lo confirman. Pero, por otro lado, el enorme potencial de las redes facilita la difusión de información “prohibida” y de opiniones incómodas. El reto principal será organizarnos de manera adecuada para aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrece el internet tanto al periodismo de investigación como a la disidencia y a la crítica social.

Procurador de Tamaulipas a familiares de desaparecidos: “pónganse a buscarlos”

JUAN ALBERTO CEDILLO

MONTERREY, N.L., (proceso.com.mx).- El procurador de Tamaulipas, Ismael Quintanilla Acosta, expresó a familiares de personas desaparecidas en ese estado: “Dios quiera que estén con vida, el chiste es que ustedes se pongan a buscarlos”.

Trece familias de Nuevo León con 28 consanguíneos desaparecidos en Tamaulipas se reunieron con el procurador de este último estado para conocer los avances en las investigaciones.

Miembros de la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) informaron en conferencia de prensa que el procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza, gestionó y proporcionó enlaces, transporte y seguridad para que las familias neolonesas se entrevistaran con su homólogo de Tamaulipas, Ismael Quintanilla Acosta.

Consuelo Morales, directora de Cadhac, informó que las personas desaparecidas viajaron a Tamaulipas y desaparecieron en Matamoros, Tampico, Laredo y Reynosa.

Durante su reunión con el procurador Quintanilla Acosta y con ministerios públicos estatales que llevan los casos, se revisaron los expedientes.

“Las investigaciones estaban detenidas hasta ese momento, y apenas se comenzaron a agilizarlas de cara a la reunión con las familias”, precisó Consuelo Morales.

El procurador Ismael Quintanilla se comprometió a reactivar las indagaciones y les recomendó a las familias que continúen con su búsqueda.

Los integrantes de las familias que viajaron a Ciudad Victoria señalaron que el funcionario les dijo: “Dios quiera que estén con vida, el chiste es que ustedes se pongan a buscarlos”.

Entre los casos presentados existen varios de desapariciones múltiples y entre ellas destaca el plagio de seis jovencitas que viajaron en una camioneta de Monterrey a Reynosa y que desaparecieron en la ciudad fronteriza desde junio de 2011.

Las desapariciones ocurrieron entre 2010 y el presente año.

Actualmente existen 319 casos de personas desaparecidas en Tamaulipas cuyas familias se mantienen activas en su búsqueda a través de redes sociales. Esos casos están documentados en la página “Esperanza por Tamaulipas”, donde se precisa la fecha y lugar donde desaparecieron.

Cabe destacar que en los últimos meses la desaparición de jóvenes se ha incrementado en Ciudad Victoria, la capital del estado, y en los municipios fronterizos de Valle Hermoso y Nuevo Laredo.

Tamaulipas compite con el Estado de México como la entidad con mayor número de secuestros y personas desaparecidas en el país. Sin embargo, en el estado fronterizo las autoridades manipulan las estadísticas debido a que los “levantones” no entran en sus cifras.

Una fuente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos comentó a Proceso que en los últimos cuatro años suman alrededor de 5 mil las personas desaparecidas en Tamaulipas.

Denuncian amenazas contra corresponsal de Reporteros Sin Fronteras

VERÓNICA ESPINOSA

GUANAJUATO, Gto., (apro).- La organización internacional Reporteros Sin Fronteras reveló este jueves que su corresponsal en México, la periodista Balbina Flores Martínez, recibió amenazas directas vía telefónica.

En un comunicado, RFC condenó las intimidaciones y pidió que el Mecanismo de Protección otorgue a su corresponsal medidas urgentes y permanentes para salvaguardar su vida e integridad física.

Balbina Flores “es una persona muy comprometida en la protección de periodistas que investigan sobre asuntos muy delicados, y esas amenazas no deben tomarse a la ligera”, expresó el responsable del despacho Américas de RSF, Camille Soulier.

De acuerdo con el texto, difundido en el portal web de la organización, el miércoles 12 Balbina Flores se encontraba en su oficina –misma que comparte con la revista Zócalo y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa– cuando recibió tres llamadas directas a su número telefónico, de un hombre que se identificó como “el comandante Omar Treviño”.

El hombre le preguntó su nombre y, luego de que la corresponsal se identificó, aquel colgó. En una siguiente llamada le dijo: “estoy cerca, en el Estado de México, vengo de Michoacán y traigo una encomienda con usted. Una persona me pago para hacerle daño, se quién es usted, dónde y cómo trabaja, la investigo desde hace 15 días.”

La periodista interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, y en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Además, pidió la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

Denuncian a minera canadiense por violar derechos en San José del Progreso, Oaxaca

Fernando Camacho Servín

Desde la imposición de un proyecto minero de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines en la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, han ocurrido de forma sistemática diversas violaciones a las garantías básicas de los pobladores de la región, sobre todo el derecho a la vida, a la libre determinación y a tener un medio ambiente sano, afirmaron integrantes de diversas organizaciones sociales.

En conferencia de prensa, activistas de los grupos denunciantes –entre ellos el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y el Centro de Análisis e Investigación Fundar– presentaron los resultados del informe Justicia para San José del Progreso, elaborado a partir del trabajo de una misión civil de observación que visitó la zona desde finales de 2012 y actualizó su labor a la fecha actual.

El mencionado documento señala que desde su llegada al territorio de San José, en 2006, Fortuna Silver Mines ha violado diversos derechos de la comunidad, con el respaldo de las autoridades estatales y federales, entre ellos el de la vida; el consentimiento libre, previo e informado; la información pública, y la propiedad colectiva del territorio.

De igual forma, la compañía con sede en Vancouver, Canadá, pasó por alto el derecho de los pobladores a la libre determinación, a un medio ambiente sano, a la salud comunitaria, a la asociación y reunión, a la libertad, a la integridad personal y a la administración de justicia, así como las garantías de sectores vulnerables como mujeres, niños y defensores de derechos humanos.

Por todo ello, el informe dirige una serie de recomendaciones a los gobiernos federal, estatal y municipal, con el objetivo de que éstas ponderen los derechos de los ciudadanos por encima de los intereses de las empresas mineras.

A la Secretaría de Economía, por ejemplo, le exige cancelar las cuatro concesiones otorgadas a Fortuna Silver Mines –sin consentimiento libre e informado de la comunidad–, mientras que al gobierno de Oaxaca le pide que asuma un rol más activo en la defensa de las personas cuyos derechos han sido violados por la instalación de megaproyectos.

Luego de recordar que Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, activistas opositores a la mina, fueron asesinados en los primeros meses de 2012, las organizaciones anunciaron que entregarán el informe a la embajada de Canadá y a la sede diplomática de la Unión Europea, al tiempo que sostendrán reuniones con las secretarías de Gobernación, Economía y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

VERACRUZ: Rechaza PGJ nexo de elementos de la AVI con desapariciones de Agua Dulce

SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Coatzacoalcos,Ver.- La subprocuraduría de Justicia de Coatzacoalcos mantiene abierta la investigación de la desaparición de dos personas en el municipio de Agua dulce, aseguran que no hay elementos de la Agencia Veracruzana Veracruzana de Investigaciones (AVI) involucradas.

En tanto, en esa oficina esperan la visita de la contraloría del estado para poder quemar 'archivo muerto' y eliminar mobiliario.

En entrevista, Ricardo Carrillo Almeida, subprocurador de Justicia en la zona sur confirmó que se están siguiendo los protocolos de personas desaparecidas en algunos casos que mantienen abiertos.

Expuso que actualmente están investigando las desapariciones de Beatríz Morales Hernández de 14 años y Pedro Ángel Alejandro Garfias de 38 años, los cuales fueron sacados de sus hogares, de acuerdo a las versiones de las familiares de las víctimas.

Señaló que aunque se ha mencionado en medios de comunicación que los familiares refieren que fueron elementos de la AVI y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los que ejecutaron las detenciones, no han declarado eso en sus denuncias.

Indicó que por estos casos no se ha citado a comparecer a ningún elemento de esas dos corporaciones y las investigaciones se están orientando a otras líneas.

El subprocurador de Justicia en la zona sur evadió hablar sobre las denuncias e investigaciones sobre los otros plagios, generados en el municipio de Las Choapas.

Encuentran a secuestrado

Por otro lado, Ricardo Carrillo, subprocurador de la zona sur confirmó que fue encontrado con vida, Azael Santiago Martínez, un taxista de 24 años de edad que fue privado de su libertad en el municipio de Chinameca.

El joven fue hallado en la cajuela de su unidad en la carretera Federal, a un costado de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, cerca de la avenida Reyes Azteca.

De acuerdo con los datos proporcionados por elementos de la Policía Naval (PN) una llamada anónima los alertó sobre un auto que fue abandonado en la zona junto con el taxista, quien tiene severas lesiones y tuvo que ser hospitalizado, ya que su estado de salud es grave.

Indicó que por el momento no se ha podido tomar la declaración del taxista, pero siguen el procedimiento especializado en la desaparición de personas, desde que se presentó la denuncia por el padre de la víctima, aunque no especificó mayores datos.

Aseveró que el taxista no se dedica a ninguna actividad ilícita.

Iniciarán limpia

El subprocurador de Justicia de la zona sur confirmó que se mantiene la evaluación de los agentes del Ministerio Público (MP) y los secretarios para determinar el nivel de atención y eficiencia que presentan.

Indicó que se está analizando el porcentaje de rezago que tiene cada funcionario de la subprocuraduría y el tiempo de atención con cada expediente, pare presentarle un informe a Luis Ángel Bravo, nuevo procurador de Justicia estatal.

Además, en las oficinas están haciendo una limpia material en todas las áreas y los expedientes se encuentran concentrados en un área en espera que la contraloría del estado autorice su destrucción.

Ricardo Carrillo indicó que este proceso es “normal” ya que se tratan de expedientes y mobiliario muy antiguo.

Crea Estado grupos paramilitares para atacar a luchadores sociales

FERNANDO INÉS CARMONA

Orizaba, Ver.- El gobierno federal agudiza la militarización del país para detener la protesta social por las condiciones económicas de la población, además alienta la creación de grupos paramilitares para atacar verbal y frontalmente a las organizaciones sociales y contener las protestas por el crecimiento de la pobreza y el fracaso de las políticas “neoliberales” que se aplican en el país.

En este sentido, Adolfo Tlaxcala, representante en la zona centro del estado del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, plantea que el gobierno federal está muy lejos de resolver los problemas sociales de la clase mayoritaria del país.

Por ejemplo, el escenario nacional actual “es de condiciones de pobreza y miseria que con el actual modelo económico tienden a agudizarse. Las leyes neoliberales sólo provocan el detrimento de las masas populares”, señala.

Por ello, agrega, “la sociedad tiene una tarea ineludible: la unidad de todos los sectores en lucha, pero sobre todo la decisión de transformar las condiciones actuales de hambruna, miseria y explotación; necesidad que requiere el concurso de hombres y mujeres, como sujetos sociales llamados a sacudirse los yugos de la explotación”.

La realidad del país describe que en la lucha de clases en nuestro país “cada vez más se ciñen las cadenas de la represión y se hace uso de todas las formas de criminalizar la pobreza y protesta popular”.

Hoy, “el paramilitarismo se ha institucionalizado, la militarización sigue su curso, cobrando a su paso miles de víctimas y, por si fuera poco, se condena a toda aquel esfuerzo independiente por construir la organización popular”.

Pero al mismo tiempo, “se intenta restar fuerza a las organizaciones como la nuestra, creando grupos paramilitares que hagan el trabajo sucio del Estado, orquestando una campaña de difamaciones con el único objetivo de generar el clima perfecto para la represión”.

Esta estrategia contrainsurgente “se aplica como política de Estado para calumniar a las organizaciones, etiquetándoles diferentes adjetivos que criminalizan, tratando de generar confusión para que cuando se desate la represión y ésta sea dirigida específicamente a las organizaciones independientes y luchadores sociales, se acepte como un mal necesario en esta ola de violencia”, expone.

En el país, hay dos claros ejemplos: “en Chiapas, en donde se libra una campaña de criminalización donde se nos intenta tachar de paramilitares, y el caso de Michoacán, en donde se asegura que nuestra organización es financiada por los cárteles del narcotráfico por nuestra exigencia al cese a la militarización de aquel estado”.

“Nada más falso y pernicioso que tratar de vincularnos con grupos del narcotráfico, por el hecho de manifestarnos contra la militarización. Campaña que logramos revertir gracias al amplio arraigo a las masas populares y sus organizaciones”, precisa.

Es un hecho que el Estado mexicano “ya descaró su estrategia contra el proyecto que como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo representamos y contra aquellos con los que nos hemos coordinado, dentro de este escenario está la mano tendenciosa del Estado en lucha franca contra los que representamos una alternativa con amplio arraigo en las comunidades indígenas-campesinas y sectores populares”, declaró.

Hay 200 mil niños jornaleros sin paga justa en Veracruz: AUGE

NORMA TRUJILLO BÁEZ

En el estado de Veracruz hay cerca de 200 mil menores trabajando en condiciones precarias y sin pagos justos; tres de cada 10 trabajan en el campo como cortadores de café o caña, exponiendo su vida a los 5 años de edad, consideró el coordinador del Programa de Acción contra el Trabajo Infantil de La asociación civil Desarrollo Autogestionario (AUGE), Eduardo Cervantes Magaña.

Cervantes Magaña dijo que la concepción de la niñez y su participación temprana en el trabajo resulta un tema controversial para muchas familias y puso de ejemplo que los cafetaleros de “cepa tradicionalista” predomina una cultura de esfuerzo y del trabajo, que a menudo determina procesos de autoafirmación individual y construcción social del género y subestiman el riesgo laboral y las consecuencias de la participación de la niñez en el trabajo.

Los niños que trabajan en los campos agrícolas están expuestos a sufrir afectaciones físicas, ya que en algunos casos cargan objetos muy pesados, utilizan herramientas de trabajo que no son para su edad o trabajan en ambientes extremos que puede resultar afectada su salud.

En los campos, precisó Cervantes Magaña, se encuentran trabajando menores desde los 5 años y adolescentes, pero las familias llegan también con sus bebés que dejan en una hamaca improvisada para poder ganarse el sustento, y recordó que Veracruz tiene dos de las agroindustrias más importantes con el café y la caña de azúcar.

Pero a la vulnerabilidad en la que se encuentran los menores que trabajan en el campo se suma a que son alojados en lugares sin acceso a servicios básicos como salubridad, alimentación, atención médica, sobre todo a la educación, porque como son jornadas que inician en la mañana y concluyen en las tardes, y por lo tanto los menores no asisten a la escuela.

Así, algunos menores van perdiendo los ciclos escolares, aunque la mayoría de los niños que trabajan se privan de ir a la escuela ya que desde pequeños tienen otras responsabilidades, por lo que lamentó que Veracruz esté situado entre los primeros cuatro lugares a nivel nacional en número de menores trabajadores.

Y aunque señaló que el año pasado el gobierno de Javier Duarte integró un comité para luchar contra el trabajo infantil, que fue un avance, el problema continúa, pero desde la sociedad civil seguirán trabajando para que disminuya el número de menores trabajadores y las empresas tengan concientizar respecto al trato que dan a las familias jornaleras.