RICARDO RAVELO
MÉXICO, D.F., 26 de enero (apro).- En 1997, poco después de la destitución del panista Antonio Lozano Gracia como procurador general de la República y del escándalo que generó la aprehensión del general Jesús Gutiérrez Rebollo –a quien se le vinculó con el extinto capo Amado Carrillo Fuentes–, Mariano Herrán Salvatti arribó al Ministerio Público Federal con las mejores credenciales.
Avalado por la oficina antidrogas de Estados Unidos, la DEA, y con el respaldo del entonces presidente Ernesto Zedillo, Herrán dejó la Coordinación General de Averiguaciones Previas en la Procuraduría del Distrito Federal y, tras aprobar todos los exámenes, se hizo cargo del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD)
Herrán Salvatti sustituyó al general Gutiérrez Rebollo, a quien se le detuvo por sus nexos con el narcotráfico, pues se acreditó que estaba vinculado con el cártel de Juárez desde hacia varios años. Y no sólo eso, la PGR descubrió que este grupo criminal, financiaba, con dinero e información, el combate en contra del cártel de Tijuana.
La caída de Gutiérrez Rebollo, pero sobre todo sus nexos con uno de los cárteles más poderosos, acrecentó la desconfianza de Estados Unidos en México, lo que metió en serios aprietos al gobierno zedillista para seleccionar al “zar antidrogas” en uno de los momentos más sensibles que atravesó el país por la penetración del narcotráfico en el poder.
Después de ser sometido a exámenes de polígrafo, entorno social, entre otros, Herrán Salvatti fue nombrado “zar antidrogas”. Con su arribo a la PGR se creó la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos contra la Salud (FEADS) que, un lustro después, desapareció porque los tentáculos del narcotráfico la maniataron.
En un nuevo ensayo, la PGR creó la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), órgano que también resultó contaminado por la corrupción del narcotráfico, por lo que el área responsable del combate a la delincuencia organizada tuvo que ser elevada al rango subprocuraduría. Así nació la SIEDO que, a cuatro años de su creación, padece los mismos males del pasado: infiltración del narcotráfico.
Como fiscal antidrogas Mariano Herrán tuvo que llevar a cabo varias investigaciones, muchas de las cuales derivaron en fracaso. Tal es el caso del llamado “Maxiproceso” contra personajes emblemáticos del cártel de Juárez, como Albino Quintero Meraz, Alcides Ramón Magaña, El Metro; Manuel Bitar Tafich, operador financiero de Amado Carrillo.
Cinco años después de haber sido encarcelado, Bitar recobró su libertad, y desmintió que hubiera sido capturado en Chile, como aseguró Herrán Salvatti, a quien acusó de haberlo “engañado”.
En una entrevista posterior, Bitar expuso: “Yo me había amparado y no me podían detener. Yo estaba hospedado en un hotel de la Ciudad de México, acababa de llegar de Chile al enterarme de la muerte de mi compadre (Amado Carrillo).
“Cuando desayunaba, una mañana de julio de 1997, en el restaurante del hotel, me fue a visitar Herrán Salvatti y me dijo que estaba yo arrestado. Le mostré el amparo y me ofreció que si cooperaba con él me dejaría en libertad en unas horas. Le creí. Rompí el amparo y nos dirigimos a las instalaciones de la FEADS.
“Pasaron no unas horas, sino varios días y no me querían dejar ir. Luego me comunicaron que estaba yo detenido y me ofrecieron acogerme al programa de testigos protegidos. En pocas palabras, Mariano Herrán mintió y por eso me apresaron.”
Casi todo el “Maxiproceso” se derrumbó: Mediante amparos y otros recursos legales, la mayoría de los acusados por delincuencia organizada recuperaron su libertad.
Sin embargo, el exfiscal antidrogas asestó algunos golpes importantes: En julio de 1997, casi al mismo tiempo que la DEA, Herrán Salvatti identificó el cadáver de Amado Carrillo, después de que falleciera en la clínica Santa Mónica.
En otro momento, integró la investigación criminal en contra de Mario Villanueva Madrid, entonces gobernador de Quintana Roo, a quien se le vinculó con la célula del cártel de Juárez que operaba en Cancún bajo el mando de Alcides Ramón Magaña.
Otro caso que a Herrán le tocó resolver fue la acusación en contra de Liébano Sáenz, poderoso secretario particular de Ernesto Zedillo. Este personaje fue acusado por el testigo protegido Jaime Olvera Olvera (asesinado tiempo después) de estar ligado al narcotráfico. El escándalo estalló por una publicación del periódico The New York Times, que destacó en una nota de primera plana cómo el cártel de Juárez se había infiltrado en la Presidencia de la República.
Sáenz se puso a disposición del Ministerio Público Federal y fue investigado. Meses después, la PGR decidió no ejercer acción penal debido a que el testigo Olvera fue declarado “no digno de fe, trastornado y con tendencias al fantaseo”. En pocas palabras, casi lo declaran loco pero sólo para ese caso, pues en el resto del “Maxiproceso” siguió apareciendo como testigo de cargo.
Herrán Salvatti dejó la PGR al finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo. A pesar de sus golpes, todos los cárteles del narcotráfico –Juárez, Tijuana, Golfo y Sinaloa– estaban en jauja y en plena disputa por el control territorial.
Tras su salida de la PGR, se refugió en Chiapas, su tierra natal. Luego fue nombrado procurador de Justicia y más tarde secretario de Economía. No obstante la buena reputación que logró acreditar durante su paso por la PGR, la desgracia lo alcanzó y el domingo 26 fue arrestado por la Policía Ministerial chiapaneca.
Los cargos: Peculado, ejercicio ilegal del servicio público, abuso de confianza y asociación delictuosa en agravio del patrimonio del estado de Chiapas. También se inscriben en las investigaciones los datos escandalosos de su declaración patriomonial: 50 autos de lujo y varias cuadras de caballos pura sangre, que el exfuncionario federal deberá acreditar.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, integrada el año pasado a raíz de que la PGR emprendió la “Operación Limpieza”, el nombre de Herrán es mencionado en varias ocasiones, por lo cual, la SIEDO podría citar al exfiscal antidrogas.
El testigo protegido, con clave “David”, quien amplió su declaración ministerial el 20 de agosto de 2008, lo cita en su testimonio. Este es el señalamiento criminal:
“El licenciado Oscar (cuyo nombre real es Rey Zambada García, hermano de Ismael El Mayo Zambada, figura emblemática del cártel de Sinaloa) es propietario de una mueblería que se localiza en Santa Fe. José Antonio Cueto López (señalado como reclutador de funcionarios de la SIEDO para servir a los hermanos Beltrán Leyva) le comunicó al declarante que conoce al licenciado Oscar desde la FEADS, agregando que Cueto asegura que Oscar le mandaba dinero, sin decir cantidad, a Irma González, que era el coordinador administrativo de la FEADS, quien le daba su parte al entonces fiscal Mariano Herrán Salvatti.”
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