Fuente: La Jornada de Zacatecas
Difusión: Soberanía Popular
Redacción
Gladis Torres Ruiz
Mañana y el viernes el Estado mexicano estará en el banquillo de los acusados, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará audiencia a organizaciones de la sociedad civil (OSC) defensoras de los derechos humanos de las mujeres, que expondrán al organismo internacional las diversas problemáticas a las que debe enfrentarse más de la mitad de la población mexicana.
Entre tales problemáticas destacan las reformas constitucionales para criminalizar el aborto aprobadas desde finales del año pasado por los congresos de 15 entidades de la nación, los altos índices de feminicidio, la militarización en todo el país y la condición de las mujeres que enfrentan procesos de reclusión.
Así lo informó el secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Redtdt), Edgar Cortés Morales, quien señaló que esos problemas afectan de manera permanente a las mexicanas a pesar de que varios organismos, entre ellos la CIDH, han hecho recomendaciones al Estado para que los erradique.
Indicó que en las dos audiencias programadas por la CIDH participarán la Red Nacional a la que pertenece, Católicas por el Derecho a Decidir (CDC), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez (CDHVD), Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas (Colem), Asistencia legal por los Derechos Humanos (Asilegal) y el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, que solicitaron el encuentro. También acudirán representantes del Estado mexicano.
Ciudad Juárez
En las audiencias se abordará el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y se denunciará que a pesar de que la CIDH y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han emitido recomendaciones, éstas no se llevan a la práctica, por lo que la violencia contra las mujeres no se detiene.
En el último recuento de la CNDH se informa que hasta abril de este año había ya 504 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. También se profundizará en el feminicidio en otros estados del país y en las deficiencias que existen para registrar los casos. Así, se evidenciará “cómo la mayoría de las muertes violentas contra mujeres está en la impunidad”, enfatizó Cortés Morales.
De igual manera, se tocará la militarización en el país, que tiene efectos negativos en lo relativo a los derechos humanos de las mujeres debido a la falta de programas que prevengan la violación de los derechos humanos de ellas y de la población en general por el Ejército, precisó Cortés.
Añadió que el primer tema que se abordará será el proceso regresivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en 15 estados del país. La Constitución establece en su artículo 4, escrito en los años 70, que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de sus hijas e hijos”.
Sin embargo, desde octubre de 2008 los congresos locales de 15 estados han realizado reformas constitucionales para criminalizar el aborto y el uso de métodos anticonceptivos, como la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) y el dispositivo intrauterino (DIU).
Los grandes actores en ese retroceso han sido el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en alianza coyuntural con integrantes de otros partidos, como el Partido Verde Ecologista (PVEM).
Los legisladores, además de criminalizar el aborto, pasaron por encima de los derechos y decisiones de las mexicanas; a esos 15 estados se suma Chihuahua, que aprobó una reforma semejante en 1994.
Las OSC expondrán ate la CIDH cómo quedó cada una de las reformas en esos estados y sus implicaciones para los derechos de las mexicanas, ya que las modificaciones constitucionales mencionadas hacen inaplicable la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) en materia de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Cabe recordar que dicha norma surgió a raíz del caso de Paulina, niña violada a quien el gobierno panista de Baja California le negó el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).
“Eso es muy grave, porque dicha norma fue resultado de una recomendación de la CIDH; una medida que se construyó en el país como resultado de su intervención, y ahora, con las reformas estatales, es inutilizable”, subrayó el activista.
En ese contexto, el 9 de junio de este año la CIDH aceptó la solicitud de 150 mujeres de Morelos para que analice la reforma constitucional de la entidad que protege la vida desde el momento de la fecundación.
Morelos fue el primer estado de la República que modificó su Constitución mediante una iniciativa del PAN en noviembre de 2008, publicada al mes siguiente, para prohibir y criminalizar el aborto bajo cualquier causal.
Cortés Morales se mostró esperanzado en que con las audiencias se “pondrá al día a la CIDH” respecto a esos temas, lo que permitirá que los representantes del Estado mexicano que estarán en las reuniones establezcan compromisos.
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