“No tiene sustento científico o jurídico, y reduce a la mujer a ser solo una reproductora”
Fuente: La Jornada de San Luis
Difusión: Soberanía Popular
VARINIA HERNÁNDEZ CRUZ
“Un gobierno no fundamentalista, tiene que ser un árbitro, tiene que arbitrar las cuestiones en qué piensa diferente la sociedad, para que puedan funcionar conjuntas, para evitar conflicto social,” lo anterior lo señaló María Teresa Ayllón Trujillo, profesora investigadora de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (CCSHUASLP), en relación con el contenido del Decreto 833, publicado el pasado 3 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se reformó el artículo 16 de la constitución local para elevar a rango constitucional el derecho a la vida desde del inicio de la concepción.
Aunque evasiva a hacer cualquier pronunciamiento político, la también especialista en trabajos de género y derechos de la mujer, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) consideró que ésta ley “si puedo decir que para las mujeres significa una burla, un desprecio enorme, significa dejarlas fuera de la ciudadanía, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, (OMS) la calidad de vida de las mujeres depende de que puedan planificar y decidir sobre su propia descendencia, y no tengan que soportar que otros decidan sobre su cuerpo, entonces, me parece que para los derechos de las mujeres este es un golpe muy duro, para los derechos de la ciudadanía también, porque se ha burlado la participación.”
Apuntó que le cuesta trabajo llamar “decreto” al documento “porque un decreto, es algo muy serio, sopesado, y generalmente consultado, sino a toda la población, consultado a suficientes instancias, para saber que uno no va a hacer una ley que creé un conflicto social, entonces, me da la sensación que este documento ya ha causado un conflicto social.”
Inmersa en la lectura del documento, la investigadora subrayó que en el contenido del decreto se pretende enseñarle a la ciudadanía lo que es una persona, “un decreto no se hace para eso, pero en todo caso no nos enseña lo que es una persona a la ciudadanía, lo que si nos enseña, es cómo no hacer participación.”
“Este es un documento muy ideologizado, hecho con premura, y lo más lamentable es que es un documento que nos lleva a la mente qué se ha hecho para que no se encuentren contradicciones en casos como el de la violación de la niña de 11 años que resultó embarazada por su familiar – se refiere al caso de una menor del altiplano potosino que hace casi dos años se dio a conocer a través de medios nacionales – porque no tiene edad para pasar un embarazo su cuerpo, va a sufrir mucho un embarazo y un parto y su equilibrio psíquico mucho más, y da la sensación de que ante esa controversia lo que han querido hacer, es antes de que alguien exija el derecho de esa niña a liberarse del efecto de la violación, han querido sacar una ley que lo prohíba, entonces a ella y a las demás las han dejado abandonadas.”
Abundó en el caso y explicó que con la norma jurídica proveniente de dicho decreto “si ahora ella quisiera no tener a ese hijo, estaría condenada a entre uno y tres años de cárcel y la persona que le haga el favor, es decir un médico o una médico que de pronto se ponga en la situación de que pudiera ser su hija, entonces esa persona resultaría castigada con más años de cárcel, yo creo que esto es lo que fundamenta la premura de este documento que llaman decreto.”
En relación con las argumentaciones científicas y jurídicas del Decreto 833, Ayllón Trujillo, consideró que no hay ningún argumento científico, “científicamente no se puede ni siquiera establecer en qué momento se le puede llamar vida humana, salvo que entendamos por humana cualquier cosa que tenga información genética humana, entonces no hay ningún acuerdo entre los científicos de las ciencias naturales, en qué momento comienza la vida que podamos decir que es humana.”
En cuanto al argumento jurídico esgrimido por los promotores del decreto citado, la investigadora sostuvo que es una explicación ideologizada, “para saltarse ese acuerdo que es un consenso internacional, excepto en los países muy antidemocráticos, muy dictatoriales o pro natalistas, en donde la mujer es un reproductor, no es una persona, y el nuestro dice que está construyendo una democracia, que todos sus esfuerzos en la constitución, en las reformas de la constitución son hacia la participación ciudadana, y el respeto a los derechos humanos, entonces jurídicamente esto no se puede sostener.”
Cuestionada respecto a las implicaciones sociales que esta ley podría tener de iniciar su vigencia en nuestro estado, la estudiosa explicó que a las mujeres nadie las va a hacer desistir, “cuando quieren tener un hijo y su cuerpo no está bien, cuando los médicos le dicen “usted no puede quedar embarazada,” hay muchas mujeres que se juegan la vida porque quieren tener un hijo en su propio cuerpo, y con la misma intensidad cuando una mujer decide que no va a tener ese embarazo, que no va a tener ese hijo, se juegan también la vida.”
Indicó que despenalizar el aborto no rebaja el número de abortos, porque el número de abortos va en relación a los embarazos no deseados, “entonces lo que consigue rebajar el número de posibles abortos es una buena educación sexual, la libertad para planificar la propia vida, los hijos que se desean tener en conjunto con la pareja que tengas, y además tener acceso a los anticonceptivos, en este país en el que todavía no se garantiza ni que te vea un médico a lo largo de toda tu vida, porque yo trabajo en comunidades rurales aquí en San Luis Potosí, que nunca vieron un médico.”
Abundó en la importancia de garantizar el acceso a un médico, ya que si no se ha podido garantizar el acceso a las medicinas de cualquier tipo, no se les podrá garantizar la planificación y los anticonceptivos, y es que “es tan disparatado este decreto que penalizaría el uso del Dispositivo Intra Uterino (DIU) que es uno de los métodos más eficaces cuando no se tienen medicamentos a la mano.”
Por último María Teresa Ayllón, insistió en la importancia de que el gobierno y la constitución si quieren ser democráticos, tienen que garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus hijos, la descendencia que quieren tener, “para mí, es fundamental en una democracia y en caso de no estar de acuerdo, el derecho de la mujer, porque es en su cuerpo donde se va a producir una nueva vida, entonces una ley que defienda los derechos humanos de todos, tiene que garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y su cuerpo.”
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