Hacia una nueva política social

Fuente: La Jornada de Zacatecas

Difusión Soberanía Popular

Redacción

Juan Manuel Padilla

La aplicación del modelo neoliberal en América Latina durante los últimos 25 años ha significado un pobre desempeño económico y un limitado progreso social, implicaciones que cuestionan las políticas económicas y sociales implementadas por las autoridades nacionales, que han estado inspiradas en los principios del Consenso de Washington.

Este artículo revisa brevemente los principios básicos de la política social aplicada desde el decenio de 1990 y el grado en que la nueva literatura sobre derechos y desarrollo puede contribuir al diseño de políticas sociales renovadas que superen las deficiencias de las aplicadas hasta ahora.

Una mirada a las políticas sociales que se implementaron desde 1990 distinguiría las siguientes características: su principal objetivo social era la reducción de la pobreza mediante la aceleración del crecimiento económico, que vendría de forma automática tras la adopción de reformas de mercado.

Además, se orientaban a prestar asistencia a los segmentos más vulnerables de la población (pobres, ancianos) de acuerdo con el principio de la focalización. A esas políticas selectivas se añadieron los fondos sociales de emergencia; la asignación de recursos, el ahorro y la inversión debían responder a los últimos, se prescindía de aplicar a los bienes básicos de consumo.

A su vez, el sector privado tenía un papel importante qué desempeñar en la prestación de servicios educativos, de salud y pensiones; en tanto que las políticas laborales apuntaban a ampliar la flexibilidad. Una rápida evaluación de los resultados de tales políticas sociales aplicadas indicaría logros económicos pobres y sociales regresivos.

En los últimos 20 años ha habido crisis económicas, que se traducen en la desaparición de plazas laborales y en incremento de la pobreza, y aún ocurre con mayor intensidad. Además, el acceso a los servicios de educación y de salud se ha complicado para la población de ingreso bajo y medio. Nuestro país es un claro ejemplo de lo anterior.

La situación social también debe analizarse en función de derechos económicos y sociales, de forma que una alta pobreza en la región indicaría un desempeño insatisfactorio en su materialización, al no percibir buena parte de la población el ingreso requerido para satisfacer sus necesidades básicas.

La literatura que sostiene ese enfoque basado en derechos los clasifica en civiles y políticos, y económicos y sociales; para autores como Rawls y Nosick son más importantes los primeros que los segundos. Para Amartya Sen y el pensamiento neomarxista, en cambio, eso debe matizarse.

Una nueva perspectiva de la política social es el desarrollo basado en derechos, que trata a los individuos como ciudadanos con derechos y obligaciones y no como consumidores que enfrentan decisiones puramente económicas. Los derechos tienen una dimensión económica, además de un alcance político e institucional. Ver, por ejemplo, a Julio Boltvinik (2003).

El correlato económico de los postulados de Rawls en política pública es el Estado del bienestar o un Estado desarrollista que grava la propiedad y los ingresos para financiar el gasto social.

En los nuevos estudios basados en derechos se insiste en la necesidad de habilitar a los beneficiarios de los servicios sociales para que exijan mejoras de su calidad y participen en su diseño, prestación y evaluación.

El principal propósito de las nuevas políticas sociales es abandonar las prácticas paternalistas y habilitar a los beneficiarios de los servicios para que exijan a las autoridades que haya rendición de cuentas.

Las nuevas políticas sociales para América Latina que superen las limitaciones de las existentes deberían tener objetivos más amplios y una mayor variedad de instrumentos. Se pueden identificar al menos cuatro vías por las que pueden ampliarse las políticas sociales.

La primera es definir el derecho a un nivel mínimo de bienestar. Se trata de asegurar un nivel de ingreso que permita satisfacer las necesidades básicas de toda la población. Además, está incorporar a la clase media como beneficiaria de una política social más amplia.

Asimismo, se puede hacer énfasis en el potencial de los pobres y de la clase media para poseer y acumular activos, esto es, vivienda, acceso a una educación de calidad, capital y tierras. Por último, está crear y fortalecer mecanismos de participación social y rendición de cuentas democrática de la política social.

Los nuevos principios de política social que apuntan a la universalización de las prestaciones pueden elevar los costos, pero también traer aparejados varios beneficios económicos y políticos que vale la pena considerar. Además, los sistemas focalizados carecen de economías de escala y de la estandarización de pagos que se dan en los sistemas universales.

También es tarea difícil localizar a los marginados, o puede incurrirse en incluir a gente que no lo sea. Las políticas sociales de alcance más universal, o por lo menos que lleguen a la clase media, podrían evitar varios problemas propios de la focalización.

Las políticas de focalización suponen una carga tributaria menor que una política social cuyos beneficios sean más universales, caso del sistema escandinavo, en el que los impuestos son altos, pero la calidad de los servicios sociales que brinda el Estado es buena.

Una carga tributaria más baja, al liberar ingresos que de otra forma se pagarían como impuestos, debería permitir que los individuos y los hogares eligieran libremente a sus proveedores de educación, salud y pensiones, y pagaran por sus servicios.

No obstante, habría que considerar problemas de información, además que, por el lado de los proveedores, el bajo número de oferentes y la limitada competencia elevan los precios.

Entre las consecuencias no económicas de las políticas sociales extensivas a la clase media destacan la ampliación del apoyo político de la población a dichas políticas; pueden fortalecer la cohesión social y estabilizar la vida política.

Para revertir la pobreza y la desigualdad social se precisa acelerar el crecimiento económico. Un contrato social que reconozca en mayor grado los derechos sociales y económicos de los pobres y la clase media como sujeto válido de los beneficios de la política social puede ser una opción más promisoria que la focalizada.

Es importante hacer de la clase media un sujeto legítimo de las políticas sociales y asegurar su acceso, así como el de los pobres, a los activos y a la acumulación de capital, y aprovechar su talento, su espíritu empresarial e innovación.

La aplicación de mejores políticas sociales y de cobertura más amplia también contribuirá a reforzar las todavía débiles democracias latinoamericanas al fortalecer la clase media. Pero parece que andamos en sentido contrario.

* Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas