Las fobias contra los trabajadores

Fuente: La Jornada de Morelos

Difusión Soberanía Popular

Escrito por VÍCTOR OROZCO

Domingo, 25 de Octubre de 2009 00:00

La campaña mediática montada por la presidencia de la República en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, para apuntalar el decreto que disuelve la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ha desencadenado a su vez una ola de prejuicios y animadversiones que algunos sectores de la población han alimentado contra la clase obrera.

Quizá es uno de los objetivos de los instigadores del linchamiento contra los sindicalistas. Es probable que Felipe Calderón y su partido busquen hacerse así de una mayor base social dura, menos dependiente de las contingencias del llamado “voto útil”. Estarían allí segmentos filofascistas, conservadores a ultranza, apostadores eternos contra todo lo que huela a izquierdismo. Golpes contra sindicatos obreros pueden, en esta perspectiva, ayudar a consolidar un núcleo compacto sobre todo entre las clases medias, nutrido por obsesiones, escrúpulos y fantasías hábilmente manipulados y siempre en provecho de los grandes capitales. En el corto plazo, la guillotina tratará de cortar la cabeza sólo el SME, pero está orientada contra todas las formas de organización obrera.

Para doblegar y desmoronar al sindicato de electricistas, se repiten hasta la saciedad cifras y especulaciones sin fin: la empresa tenía 44,000 empleados, que suponen una relación de 136.4 usuarios por cada trabajador, mientras que compañías francesas o norteamericanas atienden a 237 o la misma Comisión Federal de Electricidad que da servicio a 329 usuarios, circunstancia que según el gobierno la coloca en la cúspide de la eficiencia mundial. (Por ahora y mientras sirva de palanca para desbaratar a su consanguínea, porque de triunfar esta estrategia del gobierno panista, mañana estará también en la lista de las empresas estatales improductivas a liquidarse). Estos datos escuetos nada dicen sobre niveles de automatización en cada una de ellas, obsolescencia de equipos, etc., entre muchos otros factores, pero el propósito es justamente corearlos una y otra vez, sin que puedan refutarse o matizarse.

Se insiste: a la empresa disuelta se le transfieren 52,000 millones de pesos cada año desde el fisco federal. El presidente Calderón le da vuelo a los cálculos y afirma que la operación de LyF hizo que se perdieran cien mil empleos en el centro del país que emigraron hacia otros estados o “peor aún (sic)” al extranjero. El secretario del trabajo machaca: “Si de privatización hablamos, prácticamente podríamos decir que de alguna manera era el sindicato, no el pueblo de México, no los usuarios, sino el sindicato, quien tenía realmente a disposición este organismo”. La culpa es pues del sindicato y de sus agremiados, constituidos en una élite corrupta merecedora no sólo del despido en masa, sino del repudio popular.

El primer cuestionamiento que debemos hacer es el de las cifras manejadas por el gobierno, puesto que se hace uso de ellas como instrumentos de propaganda, en medio de una batalla para golpear a un enemigo. Antes, todos los datos eran positivos, tanto, que en junio de este año la Secretaría de la Función Pública dio por cumplidas en cerca del 100% las metas trazadas en el Comité Mixto de Productividad.

Las afirmaciones de Calderón aparecen como cuentas de algún especulador con frágiles sustentos: si las demandas de servicio eléctrico de varias empresas se hubiesen atendido a tiempo se hubieran generado cien mil empleos. Tales suposiciones del Presidente son francamente irresponsables, no propias de un estadista, sino de algún líder político inferior. Puesto ya en este camino ¿Por qué no nos dice con la misma precisión cuántos empleos se han dejado de generar por los lentos trámites en las miles de oficinas públicas?. ¿Quiere decir que el grave problema del desempleo que aqueja al país se resolvería en buena medida apenas se agilicen los procedimientos burocráticos?. ¿Sin atender a las estrategias de política económica?. ¿Sin capacitar a la fuerza de trabajo? ¿Sin elevar el poder adquisitivo de las mayorías?. El argumento se parece mucho al del tonto que pensaba hacerse millonario si tan sólo cada semana se abstenía de hacer un viaje a París.

Y, las transferencias de fondos públicos a LyF ¿Van a concluir porque se le cambie de nombre a la entidad receptora?. Si ello fuera así, entonces concluiríamos que este déficit iba a parar a los bolsillos de los sindicalizados hoy despedidos. Pero no, tales transferencias se destinan a comprar energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, a los precios fijados por la Secretaría de Hacienda. Es decir, los que son números rojos en la primera de las empresas públicas, se convierten en números negros en la segunda, con la particularidad de que ambos registros son escritos por la misma mano. Así, basta barajar los números para declarar inoperante a una y eficiente a la otra.

Todo esto nos habla de una vorágine demagógica en la cual se encuentran de llenos metidos los altos funcionarios públicos y que desborda todos los límites. El colmo quizá lo alcanzó el secretario de Hacienda cuando ofreció bajar los impuestos, al eliminarse los subsidios a LyF. Podríamos suponer que gentes informadas e ilustradas no caerían en el garlito. Pues no, el escritor Rafael Pérez Gay candorosamente nos endilga que: “¿Qué defiende esta marcha? Entre otras cosas el contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas, es decir, sus privilegios equivalentes al Programa Oportunidades, el doble del presupuesto que recibe cada año la UNAM, el derroche abusivo del sindicalismo mexicano”.

Veamos: Más de la mitad de los electricistas gana menos de seis mil pesos al mes. El promedio general no pasa de diez mil. ¿Tal es la casta privilegiada?. Un obrero industrial con trabajo seguro, servicio médico, jubilación y salario más que modesto, ciertamente es afortunado en un país de miserables. Así que, en la perspectiva de estos campeones luchadores contra los privilegios, hay que arrojarlo al cenagal de la pobreza. Y luego, piadosamente proveerlo de una compensación a manera de tablita, que le servirá un tiempo, si no le acontece alguna calamidad frecuente como las enfermedades o los accidentes, porque entonces la “jugosa” indemnización quedará en alguna de las cuentas bancarias de los grandes propietarios de hospitales privados. Tan generosa prestación desde luego, tiene un precio: el abandono de su sindicato y de su condición de obrero organizado. Aislado, sólo, con su pequeña bolsa que se le disipará como arena en el puño, ya no es ningún peligro. Con suerte, hasta se pase a las filas de aquellos que identifican a los protestones e inconformes con el origen de sus tragedias.

¿Debemos creer que las causas reales de la decisión tomada por el gobierno son las que se exponen en el decreto?. O, tal vez, la pregunta debía formularse mejor: ¿Por qué habríamos de creerlas?. El gobierno lidia o negocia o acuerda todos los días y cada año durante las revisiones salariales o de las condiciones de trabajo con otros grandes sindicatos: el SUTERM, el de PEMEX, el SNTE, etcétera. En esta lógica ¿Qué le impedía poner orden en la empresa deficitaria e ineficaz, si en sus manos está el nombrar a todos los funcionarios y empleados de confianza?. ¿Si podía mejorar el sistema de cobros por los servicios prestados, haciéndolos efectivos por ejemplo a empresas y dependencias oficiales exentas o morosas? Pero no, para los males, en el horizonte ideológico del gobierno, hay que buscar culpables, no remedios o soluciones. Y los culpables fueron los obreros, con su casi centenaria organización ¿Por qué?.

La respuesta está en el comportamiento del SME, que ni con mucho es un dechado de virtudes y sus dirigencias quizá no podrían eludir cargos de corruptelas, pero desde luego éstas no le interesan al gobierno de Felipe Calderón. Lo que sí le importa es que se trata de un sindicato insumiso, con elecciones periódicas, reacio a sumarse al coro de aplausos y validaciones de la política antipopular del régimen o peor aún, a las complicidades al estilo de Gordillo o Romero Deschamps. Para colmo, se ha involucrado en el movimiento de oposición que encabeza López Obrador. Allí está la verdadera razón del intento de desintegración de la organización obrera. Dicho en otros términos, el golpe de Felipe Calderón es político, tiene motivaciones políticas y propósitos políticos. Buscar en otra parte, es hacerle al Tío Lolo, pensando con benevolencia.

En muchas ocasiones lo he escrito de diversas maneras: basta observar con atención la labor de nuestros trabajadores, rurales o urbanos, artesanos y campesinos, para percatarse de su inventiva, su fuerza, su formidable capacidad para utilizar productivamente un enorme arsenal de habilidades y conocimientos acumulados por generaciones. Hasta puede persuadirse uno de que están entre los mejores del mundo. En ellos reside la pujanza de la sociedad y no en los grandes dueños o cebados miembros de la burocracia política, figuras de ornato en los medios de comunicación, cortadores de cupones y en general parasitarios. Por todo ello hay que marchar con los obreros, sobre todo en estos tiempos, en que se les pretende convertir en perros del mal.

Cuatro preguntas al gobierno federal y un punto de vista: 1.- ¿Qué entiende el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, por dialogar (“Primero liquídense y luego vemos”)? ¿Por qué un gobierno no puede negociar sino sólo conversar? ¿Todas las decisiones están tomadas de antemano y el papel de los partidos de oposición, los sectores de la sociedad civil o los sindicatos es confirmar esas decisiones?

2.- ¿Cómo se justifican afirmaciones como la del presidente Calderón de culpar al SME de la pérdida de 100 mil empleos? ¿De dónde obtuvo la cifra? ¿o ese dato le permite presumir una “conciencia tranquila” después de dejar sin empleo a 50 mil electricistas?

3.- La actual campaña contra el sindicalismo, sin duda una zona donde abundan la corrupción institucionalizada (SNTE, petroleros, ferrocarrileros, CTM), se está transformando en una campaña contra la idea misma de la existencia de sindicatos y de derechos laborales. El secretario del Trabajo, Javier Lozano habló de analizar “el costo-beneficio de cada sindicato”, ¿para el gobierno, para la empresa o para los trabajadores? En cambio, defendió al sindicalismo bueno y criticó al sindicalismo malo y no se tomó la molestia de definirlos. ¿Qué merece el sindicalismo bueno (SNTE, petroleros, ferrocarrileros, CTM) y por qué se elogia tanto a sí mismo al reprimir al sindicalismo malo?

4.- ¿Qué significan las leyes para el gobierno federal? La decisión de Felipe Calderón, al extinguir LyFC, contravino la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, además de pasar por alto, sin explicaciones, los contratos firmados por el propio gobierno. ¿Por qué no se declaró, si tal era el caso, la situación de emergencia que le hubiese permitido al régimen hacer a un lado la legislación expresa?

5.- Estamos claros: Luz y Fuerza del Centro ha tenido graves problemas de operación y de finanzas, las tarifas eléctricas se han disparado sin control (cortesía de la Secretaría de Hacienda), el servicio deja mucho que desear, se han generalizado los abusos en los cobros (curioso modo de buscar apoyo a la liquidación) y la atención a los usuarios ha sido pésima, cuando no deliberadamente insultante. Atribuirle al sindicato decisiones que han sido del gobierno federal es un pobre escamoteo de la realidad. Sin pretender eludir la parte significativa que le corresponde a los sindicalizados, la crisis de la empresa tiene que ver sobre todo con la política de desmantelamiento sostenida durante quince años por las administraciones sucesivas. En este tiempo y sin justificación alguna no se ha invertido nada en la modernización del equipo y su mantenimiento; se ha empeorado el servicio y encarecido para todos los usuarios (no favorecidos). Y se ha concesionado, sin explicaciones, la fibra óptica de LyFC a una empresa encabezada por dos ex secretarios de Energía panistas, se trata de un extraordinario negocio que en el país puede alcanzar ganancias por seis mil millones de dólares anuales.

Atentamente: Comité de Intelectuales, Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Héctor Díaz Polanco, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Antonio Gershenson, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Luis Linares Zapata, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Roberto Morales, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer López, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Adolfo Sánchez Rebolledo, Carlos Tello, Víctor Manuel Toledo, Héctor Vasconcelos.

El convenio que el gobierno no quiere recordar: En un artículo publicado en el diario defeño La crónica, intitulado Calderón y el SME: firmas y palabras, el analista Ciro Murayama hizo un agudo comentario sobre la extinción de la compañía Luz y Fuerta del Centro, decretada el 10 de octubre por el Presidente de la República, en el que se recuerda la existencia de un convenio entre la empresa y el sindicato que ofrece un cuadro muy diferente al pintado en el Decreto. Por considerarlo de interés para nuestros lectores, reproducimos a renglón seguido los pasajes más esclarecedores del texto de Murayama quien cita entre comillas el convenio de marras. El razonamiento presidencial comienza con una afirmación categórica: dados “los privilegios y onerosas prestaciones de carácter laboral”, no quedaba sino cerrar la compañía por el tipo de sindicato con que contaba. “No obstante, apenas el año pasado, el 16 de marzo de 2008, el gobierno federal suscribió un convenio con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para, en forma conjunta, modernizar a la empresa. Es decir, había un plan de corrección de las fallas y de las actividades costosas, de las ineficiencias, por lo que es falso que no hubiese posibilidad de diálogo.

El convenio – prosigue Murayama- fue firmado por el secretario general del SME, Martín Esparza Flores y por el director de LyFC, Jorge Gutiérrez Vera, y tuvo como “testigos de honor” –así dice el texto, disponible en www.sener.gob.mx- a la secretaria de Energía, Georgina Kessel, al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, así como al de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. El gobierno en pleno estaba al tanto de la existencia de un convenio que asumía junto con el SME los problemas de la empresa (“a partir del diagnóstico de la situación técnica, financiera, operativa y administrativa del organismo público descentralizado ‘Luz y Fuerza del Centro’)” y que los quería atender “con el profundo convencimiento de las partes de que la misma amerita el concurso de las voluntades del organismo, sindicato, trabajadores y el Gobierno Federal, para mejorar la eficiencia y la eficacia en la prestación del servicio público que tiene encomendado desarrollar en la zona central del país...”.

El presidente dijo, textual, en su mensaje del domingo, que: “debido al contrato colectivo de trabajo, casi todas las decisiones tenían que tomarse pidiendo permiso a la representación sindical, lo cual hacía que esas decisiones [...] obedecieran en muchas ocasiones a las preocupaciones e intereses del sindicato”. Pero en el convenio que su gobierno firmó apenas el año anterior nada se desprendía en ese sentido, sino que se establecía que “en el espíritu de cooperación que ha prevalecido entre LyF y el Sindicato, han determinado la necesidad de reforzar las acciones que han emprendido para corregir los problemas estructurales de ese organismo y encontrar soluciones que permitan prestar un mejor servicio público de energía eléctrica”. O sea que no se “pedía permiso”, sino que de manera conjunta se “cooperaba” para “reforzar” acciones que ya estaban en curso. El Sindicato era visto como un aliado, un interlocutor para la mejoría, no un obstáculo. Si uno se atiene a lo que firmó el gobierno con el SME, había posibilidad de diálogo y entendimiento.

Afirmó Calderón en cadena nacional: “El número de trabajadores seguía creciendo desproporcionadamente, no porque lo necesitara el servicio eléctrico, sino porque así lo exigía el contrato colectivo de trabajo”. Perdón, pero lo que Luz y Fuerza y el Sindicato establecieron en el convenio, con el gobierno de testigo, fue que cuando se determinara que existieran procesos en la empresa que pudieran “ser desarrollados con un menor número de trabajadores en las respectivas áreas, el personal que quede sin actividad será reubicado en aquellas áreas que requieran más personal en términos del propio proceso de reingeniería” y que “las partes acuerdan que el personal que no pueda ser reubicado (...) pasará a ocupar las vacantes que se generen con motivo de la jubilación de trabajadores, previa la capacitación correspondiente y los movimientos de personal a que haya lugar, en la inteligencia de que la plaza que deje el trabajador que sea reubicado no genera una vacante.” Más claro agua: el SME se comprometió a no ampliar el total de trabajadores.

El presidente dijo que “Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, perdía por robos, por fallas técnicas por corrupción o por ineficiencias la tercera parte de la electricidad que distribuía”. Para empezar, los robos de luz no son atribuibles al SME, ni toda falla o ineficiencia, tampoco las corruptelas, pero en el convenio referido, había medidas para enfrentar esos problemas: “El Sindicato se compromete a coadyuvar con LyF en el objetivo de disminuir las pérdidas de energía no técnicas, hasta alcanzar al 30 de noviembre de 2012, un nivel de pérdidas similar al resto del Sector Eléctrico Nacional.”

Como bien señala Murayama, dicho acuerdo “que tenía como punto de llegada el año 2012” estaba firmado por ambas partes, sin que hasta ahora el gobierno se moleste en dar una explicación. ¿podrá hacerlo?