Fuente: La Jornada de Zacatecas
Difusión Soberanía Popular
Redacción
Sara Lovera
La diferencia que produce desigualdad contra las mujeres fue reconocida por la Asamblea de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1989, exactamente 14 años después de la primera Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la condición de más de la mitad de la población mundial, celebrada en México durante el gobierno de Luis Echeverría.
La algarabía inunda al mundo en 2009, el próximo 18 de diciembre se cumplen 30 años de esa declaración, que es obligatoria en México y ley suprema de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución de la República; se trata de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).
A la letra dice: “que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o leyes de los estados”.
Por ejemplo, las mexicanas tienen el derecho y deber pleno de participar en política y en los órganos de toma de decisiones, en las elecciones y en todas las cuestiones económicas y culturales (artículos 7 y 14 de la Cedaw).
Incluso en 1999 la ONU también propuso un Protocolo Facultativo que hace posible que el Comité de la Cedaw reciba y analice casos individuales que signifiquen discriminación por ser mujer. Una chulada de fundamentación jurídica, sin duda, un mandato exigible y que debiera ser cumplido.
De ahí y no de las ocurrencias de un partido o un grupo, de una imitación extranjerizante, es de donde emana la demanda sistemática de muchas mujeres para ser tratadas sin discriminación y respetando en todo sus derechos humanos.
No obstante, en México autoridades de los tres niveles de gobierno –incluyendo al Congreso de la Unión– niegan tales derechos. Hay quienes aún tratan a las mujeres de un partido político u organización social como base social maleable y manipulable.
En general hay una oposición ideológica que se extiende a una parte amplia de la sociedad. Se regatean los derechos, se venden para captar votos, se obliga a las mujeres a actuar contra sí.
Eso me ha parecido que sucede nada más y nada menos que en la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), grupo parlamentario encabezado por la ex secretaria de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, durante la toma de la tribuna contra la imposición de nuevos impuestos en la discusión de la Ley de Ingresos de
2010 y la comparecencia frustrada de Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), los días 22 y 23 de octubre.
Un secretario porril
Las diputadas panistas –según las crónicas publicadas de ambas sesiones– fueron enviadas a “rescatar” primero la tribuna, al actuar no como legisladoras, sino como una especie de abnegadas madres protectoras de la mesa directiva.
Todavía peor, rodearon y protegieron al señor Lozano, al ejecutar un acto antidemocrático y contra la naturaleza de la máxima tribuna de la nación para evitar el acto republicano de rendir cuentas a los representantes del pueblo, o sea, a los diputados federales.
Nefastas, las dos acciones que usan a las mujeres diputadas para evitar a Lozano explicar cómo, por qué y desde cuándo en México se anuló la Ley Federal del Trabajo y las garantías Constitucionales del artículo 123, pasando por encima del derecho al trabajo.
Es evidente que Lozano es el ejecutor porril de la política clasista antiobrera, defensor de los intereses trasnacionales, como en el caso de Industrial Minera México (IMM) en los conflictos de Cananea y Pasta de Conchos y quien se atreve a denostar a las dirigencias –chuecas y derechas– que se han dado los trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Lozano fue protegido por las diputadas panistas que no legislan, sino que ahora son simbólicamente muros de contención en el Congreso. Eso sólo es posible en un ambiente político en el que no ha entrado la constitucionalidad de la no discriminación femenina.
La señora Vázquez Mota sabe muy bien, lo ha experimentado, que ninguna panista será obstruida por los diputados que protestan con razón frente al mal gobierno y usan la tribuna para intentar que no se ejecuten los acuerdos que se hacen contra el pueblo.
No tienen de otra. Al menos quedan sus voces para expresar la negativa de muchos sectores de la población contra la intentona de robar nuestro trabajo, hasta más allá de lo justo y lo humanamente posible.
En cambio, el panista Enrique Mercado, ése sí, sin ambages empujó y maltrató a la diputada Laura Itzel Castillo. Ese empresario zacatecano, como representante de los más nefastos intereses contra la libertad de expresión y favorable al duopolio televisivo y el control de las nuevas tecnologías de la comunicación, viola la Cedaw.
saralovera@yahoo.com.mx
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