Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión Soberanía Popular
JUAN CARLOS G. PARTIDA
La transgénero Alondra, a quien hace cinco años el Consejo Estatal de la Familia (CEF) separó de su hija adoptiva por considerar que no ofrecía un ejemplo adecuado de vida “normal” a la menor, acusó al dirigente estatal del extinto Partido Social Democrata (PSD) de lucrar mediáticamente con su caso, pues durante la campaña electoral Rodrigo Rincón se ofreció a apoyarla hasta la recuperación de su hija, pero una vez pasadas las elecciones del 5 de julio y tras decretarse la extinción del instituto partidista, se desentendió por completo de la causa.
Alberto Ávila Vélez, nombre legal de Alondra, dijo que al pasar las elecciones ella sí fue liquidada conforme a derecho por Rincón, pero la gestoría legal que estaba incluida dentro del compromiso de apoyo que el partido hizo con ella también se extinguió, por lo que afirmó que fue utilizada sólo como bandera de campaña dentro de la estrategia seguida por el PSD en Jalisco.
La acusación de Alondra se dio en el marco de una rueda de prensa ofrecida por ex trabajadores del PSD para protestar de forma pública porque afirman que tras la desaparición del partido no les han pagado sus liquidaciones laborales.
“Durante su administración al frente del PSD, Rodrigo Rincón Jiménez fue un acérrimo crítico de las instituciones públicas por su opacidad en el uso de los recursos. Hoy está enfrentando esos mismos demonios. Lo que tanto criticó fue el pan de cada día al interior del PSD: nepotismo, gastos excesivos, excentricidades, nula capacidad para llegar a acuerdos, abuso de autoridad, etcétera”, denunciaron ex integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, del Consejo Político y ex trabajadores del PSD, partido que perdió su registro nacional y local al no reunir el 3.5 por ciento del voto necesario para permanecer en el escenario político.
La nómina del PSD Jalisco era integrada por 152 personas, según la página de Internet expuesta en el portal del partido. Cada quincena se gastaba en nómina 276 mil 255 pesos, de los cuales los denunciantes señalan que el 11.2 por ciento se iba directamente a los bolsillos de la familia Rincón Jiménez entre hermanos, cuñados, tíos y primos.
Afirmaron que contrario a la liquidación que se efectúa por el PSD a nivel nacional, donde el IFE nombró a un interventor que se hace cargo del pago de las deudas del partido, en Jalisco “nos encontramos que esa figura no existe.
Por ello solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y a su unidad fiscalizadora intervenga para que se instruya a Rincón Jiménez a otorgar las facilidades necesarias para que sea una comisión integrada por gente del Comité y del Consejo Político del PSD quienes realicen una auditoría interna antes de seguir con el proceso.
“Hacemos responsable a la autoridad correspondiente del proceso de liquidación del PSD y advertimos que continuaremos denunciando las anomalías derivadas del mismo para deslindar las responsabilidades correspondientes”, concluyeron los denunciantes.
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