Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
JAVIER PUGA MARTÍNEZ
“Esto es el primer paso para acabar con el sindicalismo nacional”, afirmó Domingo Aguilar Vázquez, subsecretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la división hidroeléctrica de Nuevo Necaxa, Puebla, luego de la ocupación de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en este municipio, así como de la subestación de Huauchinango, la cual está convertida en un búnker de la Policía Federal.
El dirigente lamentó el trato de “delincuentes” que el gobierno de Felipe Calderón está dando a los trabajadores electricistas, cuando las fuerzas de seguridad deberían estar combatiendo al crimen organizado y no a la planta productiva del país. “No lo esperábamos, no creímos que el gobierno fuera a reaccionar así”.
Las instalaciones fueron tomadas en punto de las 8 de la mañana por medio centenar de agentes de la Policía Federal, apoyados por otras decenas de la Policía Auxiliar del estado de Puebla; estos últimos resguardan la planta generadora de energía en la presa de Necaxa, mientras que los primeros están asentados en el municipio de Huauchinango –10 kilómetros de distancia–, ambos lugares en la Sierra Norte poblana.
De acuerdo con algunos trabajadores, al finalizar el tercer turno entregaron las llaves a los comandantes policiales que encabezaban la operación y en ningún momento hubo violencia ni maltrato. No saben qué pasará con su sueldo, ni si serán recontratados o no, sólo no quieren perder su empleo ni dejar de llevar dinero a sus familias.
La planta hidroeléctrica abastece a los municipios poblanos de Nuevo Necaxa, Huauchinango y Beristáin, así como al de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, y en un mínimo porcentaje al Distrito Federal; es decir, de esta generadora dependen más de 313 mil personas de esa región.
Esta población podría empezar a experimentar fallas en el suministro de energía en las próximas horas, pues la Policía Federal sólo mantiene activa la distribución de energía, no la generación, y de acuerdo con los obreros “en la primera lluvia que caiga habrá fallas y no habrá nadie que esté ahí para ir a repararlas. Los policías sólo son eso, no técnicos especializados, como nosotros. Eso es lo que el presidente quiere: crear caos para poder acabar con nosotros y dar la bienvenida a las empresas españolas que quieren el servicio”.
Reunidos este domingo en las instalaciones que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas en la plaza principal de Necaxa, los 600 trabajadores de esta planta, a los que se sumaron 280 jubilados, manifestaron su principal preocupación: quedarse sin empleo de la noche a la mañana.
“¿No que Calderón iba a ser el presidente del empleo? Aquí somos 600, pero cado uno representa a una familia. En todo el sindicado somos 57 mil las familias que se van a quedar sin una fuente de ingresos. Ahora ya no somos pobres, sino repobres, y esto va a incidir en la delincuencia”, aseguró el trabajador Jesús Vázquez.
En tanto, el gobierno del estado de Puebla fijó una postura al afirmar que la toma de las instalaciones se trata de un asunto estrictamente federal en el cual no intervendrá.
El secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, informó que la administración sólo se encargará de observar que no existan manifestaciones violentas ni se altere la paz social ni la gobernabilidad de la entidad por parte de los sindicalizados.
El gobierno dejó de invertir en electricidad
En entrevista con La Jornada de Oriente, el subsecretario general del SME, Domingo Aguilar, afirmó que esta hidroeléctrica tiene 100 años de creada y sigue operando con la misma maquinaria de hace un siglo.
Agregó que la última inversión que hizo la Federación a la planta fue hace 30 años, pero los generadores y la infraestructura básica de este lugar es de principios del siglo XX. Aun con esto, la planta genera 120 megawatts de los 180 que tiene de capacidad.
En efecto, tras un recorrido que hizo este diario por las inmediaciones de la planta fue posible observar edificios e instalaciones viejos, tuberías oxidadas y ninguna actividad en el lugar.
“El gobierno dejó de invertir para ir poco a poco ahorcándonos. Somos una empresa limpia, no contaminamos: solamente usamos agua para producir energía, pero nuestra maquinaria es la misma con la que inauguraron esta planta hace 100 años”, indicó.
El líder sindical admitió que Luz y Fuerza del Centro tiene un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, pero éste se debe a que la empresa le vende a Luz y Fuerza cada kilowatt en un peso con 30 centavos, y el cobro que hace al público es de 90 centavos por cada kilowatt, generando un déficit.
Dicho adeudo, sumado a la falta de inversión y modernización de la hidroeléctrica, es lo que ha aprovechado el gobierno para calificar a los electricistas como “ineficientes”.
“Se nos tacha de irresponsables y de improductivos, pero nos piden reparar las líneas y las cuadrillas llegan, pero en la planta hace falta personal que desconecte la energía. Resulta difícil, pero hacemos nuestro trabajo”, aseveró Aguilar Vázquez.
Por otra parte, se está buscando perjudicar a los sindicalizados con la derogación de la cláusula 64 del Contrato Colectivo de Trabajo, en la cual están garantizadas las prestaciones para todos los jubilados del SME.
Esto puso en alerta a decenas de pensionados que ayer también se congregaron en Nuevo Necaxa para informarse y apoyar a sus compañeros en la lucha por mantener sus garantías laborales.
En esta división son 280 trabajadores jubilados con sueldos que van de los 7 mil a los 14 mil pesos mensuales, dependiendo de la categoría que tenían dentro de la planta, producto de más de 30 años de trabajo ininterrumpido.
“En la mañana escuchamos a Fernando Gómez Mont y al secretario del Trabajo comentar que nuestras pensiones no van a ser tocadas, que estamos seguros, pero ya no les creemos. Si el gobierno fue capaz de meterse en nuestra vida sindical también se puede meter sin problemas con el dinero que ya nos ganamos trabajando por mucho tiempo, y eso no lo vamos a permitir”.
Aguilar Vázquez reconoció que el ánimo entre los trabajadores y pensionados es de preocupación; sin embargo, sostuvo que tanto las jubilaciones y los derechos laborales obtenidos son justos.
“Nacimos en la Revolución Mexicana, somos un sindicato de 95 años de vida, y con todo lo que hemos producido de energía vale la pena que tengamos beneficios. No cualquiera se sube a una torre a hacer reparaciones, no cualquiera las hace colgado, en el aire. Es un riesgo exponerse a trabajar en cables de 400 o 250 megawatts y el gobierno no ve eso: nunca se pone a pensar en la calidad de trabajo que realizamos”, expresó.
El dirigente sindical partió la tarde de este domingo a la ciudad de México después de encabezar una asamblea con los 880 trabajadores y jubilados en donde les informó cuál es la situación del SME en Nuevo Necaxa.
Ahí les mencionó que la instrucción de la dirigencia nacional del SME es resguardar las instalaciones sindicales de la acción del gobierno federal, así como aguardar a que se decidan cuáles serán los próximos pasos del movimiento de resistencia.
Electricidad, televisión e internet
De lo que están convencidos los trabajadores es de que el gobierno de Calderón sólo pretende debilitar al SME para extinguirlo; una vez logrado esto seguirá con otros sindicatos que luchan por los derechos de los trabajadores.
La información con la que cuentan es que Luz y Fuerza del Centro será vendida a una empresa española, y si bien no saben de la presencia de representantes de esta trasnacional en la Sierra Norte de Puebla, sí tienen conocimiento de que busca aplicar un proyecto para vender servicios de televisión e internet, además de energía eléctrica.
Esto comenzará una vez que Luz y Fuerza sea desmantelada y puesta en venta al capital extranjero, agregaron.
“No puede ser que seamos un sindicato de clase mundial, reconocido ampliamente en otros países y que aquí, en el nuestro, nos den trato de criminales.”, sostuvieron algunos obreros electricistas.
Además, criticaron que el gobierno federal se haya metido en la vida interna del sindicato cuando esto sólo se trataba de un proceso interno. La revisión contractual está programada para el mes de marzo próximo, y la decisión de extinguir a Luz y Fuerza es arbitraria, pues debió haber pasado por las cámaras de Diputados y Senadores, además de que aún está a revisión en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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