Hombres armados y vestidos de civil se pasean en el pueblo
Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión Soberanía Popular
JUAN CARLOS G. PARTIDA
Casi cuatro meses después de que fue impuesto el cerco policial de autoridades de Colima en torno al poblado Las Pesadas, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, continúa y hasta se incrementa con la presencia ahora de hombres armados y vestidos de civil.
Para ampliar el caldo de cultivo que desde julio mantiene en tensión al pequeño poblado nahua y a la zona de conflicto de límites territoriales entre Jalisco y Colima, el pasado 16 de octubre el regidor de Cuautitlán, Javier Flores Elías, fue emboscado y a punto estuvo de morir lesionado con armas de fuego cuando transitaba por la carretera que va a Ayotitlán.
Convertido en territorio sin ley de acuerdo a los testimonios de los habitantes de Las Pesadas, la ausencia de un acuerdo entre ambas entidades federativas ha permitido que Colima mantenga en estado de sitio el lugar desde julio pasado, cuando comuneros de Ayotitlán llegaron a Las Pesadas para reclamar territorios en esa población como parte de la geografía del ejido de Ayotitlán, lo que provocó una inmediata reacción de policías colimenses que fueron enviados y desde entonces están apostados en el lugar sin que exista un solo reclamo de las autoridades estatales jaliscienses.
La falta de apoyo desde el gobierno de Jalisco obligó a que comuneros de Las Pesadas estuvieran esta semana en la ciudad de México para urgir al gobierno federal a intervenir porque denunciaron que en días recientes aparecieron grupos de personas armadas y con su llegada arreciaron las acciones hostiles contra los pobladores, a quienes desde 1920 se les ha pretendido despojar de sus propiedades, ricas en yacimientos de hierro.
En conferencia de prensa en la capital del país el miércoles, detallaron que el incremento de agresiones incluye el hecho de que el pasado día 16 el regidor de Cuatitlán, Javier Flores Elías, salió ileso “milagrosamente” de una emboscada con armas de fuego cuando viajaba en su vehículo en la carretera Cuautitlán-Ayotitlán.
Indicaron que ante la poca atención prestada por las autoridades locales y federales, incluidas las comisiones de derechos humanos, y el creciente estado de hostilidad contra líderes de comuneros, defensores de derechos humanos y pobladores en general, se pidieron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El plantón de nahuas de Ayotitlán se mantiene en Las Pesadas también desde julio pasado, pero hasta el momento tampoco ha logrado el objetivo de sensibilizar a las autoridades acerca de la pertenencia ancestral de la tierra reclamada, en la que se asienta la poderosa minera Peña Colorada, la principal productora de hierro del país, a la que acusaron de estar también detrás del incremento de la hostilidad, que incluye detenciones arbitrarias contra los pobladores del pueblo sitiado.
En la rueda de prensa recordaron que las violaciones a los derechos de los habitantes de la región han sido ampliamente documentadas y desde 1995 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que considera que “es de capital importancia que se determine a la brevedad y de manera definitiva los límites entre los dos estados”, lo cual no ha ocurrido.
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