lunes, 7 de septiembre de 2009

Justicia para todos, no sólo para políticos, exige el Tadeco

Leyes locales deben seguir a las mundiales

Fuente: La Jornada de Guerrero


SERGIO OCAMPO

Chilpancingo, 5 de septiembre. Con la exigencia de que se investiguen todos los crímenes cometidos el estado de Guerrero, concluyó el tercer foro por la Vida, la Libertad, la Justicia y los Derechos Ciudadanos, realizado el viernes pasado en Chilpancingo, informó Javier Monroy Hernández, coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).

Ante esta situación, los participantes en el tercer foro por La vida, la Libertad, la Justicia y los Derechos Ciudadanos, acordaron hacer un llamado a todos los pueblos, las comunidades, y a la ciudadanía organizada, de este país y del mundo, a que se solidaricen y reivindiquen como propia la lucha del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y se haga justicia a los casos de desaparición forzada registrado en la entidad.

También se demandó que “se realicen verdaderas investigaciones de los crímenes denunciados en el presente foro, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura; demandamos la ubicación del paradero y presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, así como juicio y castigo a los responsables intelectuales del terrorismo de estado”.

Además emplazaron al Estado mexicano para que armonice la legislación nacional con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que respete y aplique los instrumentos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Se destacó que la lucha de las organizaciones sociales, de los organismos civiles y de todo el pueblo de Guerrero, ante el “ clima de violencia y de terror, no es contra la llamada delincuencia organizada, pues para ello está el Estado, sino contra la política gubernamental, que en tal caso los ha creado, los protege y los utiliza para amedrentar a la población y alentar la militarización, creando un estado de excepción, suspendiendo de facto las garantías constitucionales y violando los derechos humanos de los habitantes.

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