Vestidos como civiles, recabaron datos y tomaron fotografías
Fuente: La Jornada de Guerrero
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 3 DE AGOSTO. Dos militares que portaban credenciales del batallón 50, con sede en la capital, cortaron los cables de un aparato de sonido a los activistas de Amnistía Internacional (AI), Tlachinollan y del Centro Morelos, con la intención de boicotear la protesta a las puertas del palacio de gobierno en demanda de la liberación de Raúl Hernández Abundio, preso en el penal de Ayutla desde abril del año pasado, acusado de asesinar a un espía de los soldados.
Desde que llegaron los activistas de derechos humanos a las oficinas gubernamentales, dos hombres vestidos de civil, con corte de pelo tipo militar, comenzaron a tomarles fotografías y anotar en un cuaderno los nombres de los dirigentes más visibles.
“Les preguntamos quiénes eran –contó Antonio Tessada, coordinador de Movimientos e Impacto de AI México— y nos respondieron ‘nomás, aquí’”.
Tessada y más gente de AI avisaron a quienes en esos momentos ya estaban reunidos con el secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, lo que pasaba afuera con los desconocidos.
El coordinador de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, planteó al funcionario el reporte enviado por los activistas desde afuera; Ramírez Ramos respondió que era necesario hacer ese trabajo para estar en comunicación con ellos posteriormente.
El director ejecutivo de AI en México, Alberto Herrera Aragón, ironizó que era tan simple como pedirles personalmente su tarjeta de presentación, sacó una y se la extendió al funcionario.
Afuera, cuando iban a comenzar las consignas pidiendo la liberación de Hernández, Tessada se dio cuenta de que los cables del sonido habían sido cortados y en ese sitio era donde habían estado los dos hombres que antes les habían tomado fotografías, justo cuando ya se retiraban.
Un grupo de activistas de AI los siguieron. Como el sitio estaba rodeado por policías, pidieron a uno de los uniformados que los detuviera.
Ya detenidos, cuando les pidieron identificarse, los desconocidos no tuvieron de otra más que enseñar sus credenciales, que eran del Ejército, específicamente del batallón 50, por lo que también aceptaron que eran informantes.
Lo que había pasado se informó a quienes estaban reunidos con Ramírez Ramos y al finalizar el encuentro, Herrera Aragón, en presencia de los medios, expuso al funcionario que los hombres que le habían mencionado con anterioridad resultaron ser informantes del Ejército y que les habían arrancado los cables del sonido.
Ramírez sólo respondió: “Lo vamos a verificar”.
En las puertas del palacio, los defensores de derechos humanos analizaban si hacían una denuncia penal contra los que cortaron los cables, creyendo que continuaban detenidos por los policías, pero cuando fueron a ver, los informantes ya no estaban.
El comandante de la policía preventiva municipal, Benito Galarza, a cargo de la patrulla R-0109, los dejó ir. “Así es, me dijeron que habían detenido a dos informantes del Ejército y yo les di la orden de que los dejaran hacer su trabajo”, contó el oficial, muy enojado por el interrogatorio.
Tessada expuso que lo ocurrido era la prueba más palpable de lo que ocurría con respecto a la seguridad e integridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Por su parte, Herrera Aragón consideró que lo ocurrido evidenciaba “el clima con el que los defensores y defensoras tienen que vivir todos los días”.
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