Tlachinollan: viciada, investigación de la PGJE en el homicidio de Bonfilio Rubio

El caso sería turnado a la procuraduría militar, reprocha

Fuente: La Jornada de Guerrero

JESUS RODRIGUEZ MONTES (corresponsal)

Tlapa, 18 de julio. Las investigaciones sobre el homicidio del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, que cometieron soldados del Ejército el 20 de junio en un retén en Huamuxtitlán, cuando dispararon al autobús de la línea Sur en que viajaba, se han desarrollado de manera “viciada” y “sin transparencia” por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

A casi un mes del asesinato, a los familiares de la víctima y abogados que los asisten en su defensa, se les ha negado toda la información relacionada con el caso, incluso no han tenido acceso a la averiguación previa que se integró por el homicidio en el Ministerio Público de Huamuxtitlán, después turnado a Chilpancingo a la PGJE.

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández –organización que asiste a los familiares de Rubio–, dio a conocer que en esas circunstancias, el proceso legal se ha llevado de manera “viciada”, pero más grave aún, subrayó, es que hay indicios de que el caso será turnado a la Procuraduría de Justicia Militar (órgano de justicia exclusivo para los miembros del Ejército) y con ello se corre el riesgo de que resulten impunes los soldados que dispararon contra el camión y que ocasionaron la muerte del indígena. “Tenemos información de que la Procuraduría Militar ha requerido que se le remita la denuncia, que ha atraído el caso. La familia de la víctima queda en total indefensión porque ni tiene siquiera información de cómo va el proceso, no tienen garantías de que se vaya a castigar a los responsables, pues por el hecho de que son elementos del Ejército los que dispararon, se les protege, se les otorga un fuero a la impunidad”, afirmó.

Días después del asesinato de Bonfilio Rubio, efectivos del Ejército vestidos de civiles, visitaron a los familiares y les manifestaron interés para negociar, reveló Barrera. “No lo han hecho de manera formal, les han querido mostrar interés para apoyarlos con los gastos funerarios, pero la familia no está en condiciones de hacer esos acuerdos, porque antes de la negociación, los familiares han manifestado que se tiene que hacer justicia, ha sido el clamor la aprehensión de los soldados responsables y que el proceso lo lleve una autoridad civil, no militar”.