Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
TANIA DAMIAN JIMÉNEZ
Pobladores de las regiones de La Malinche e Izta–Popo quedaron insatisfechos con las respuestas que dio el coordinador de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) local, Edmundo García Azpiroz, sobre los proyectos carreteros de los arcos norte y surponiente, ya que ni siquiera los dio a conocer de forma completa y dijo que éstos se construirán, aunque exista oposición de los pueblos perjudicados.
Durante el foro denominado “En defensa del patrimonio, la tierra y el agua” –que se llevó a cabo el día de ayer en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla– los pobladores se enfrentaron verbalmente con el funcionario estatal, quien en su ponencia aseguró: “los proyectos carreteros significan el progreso y futuro para las comunidades, y las personas que se oponen a éstos no saben de progreso”.
En tanto, los dirigentes del Frente Regional de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Mateo López Aguilar, Miguel López Vega y Evaristo Romero Santamaría, ratificaron su postura de no vender sus tierras para la construcción de estas obras, e informaron que solicitarán nuevamente la información sobre los proyectos carreteros.
El primer participante del foro académico fue el funcionario estatal, quien presentó una ponencia titulada “Presentación del libramiento norte de la ciudad de Puebla”, y dijo que existe la apertura de diálogo por parte del gobierno estatal, pero que se construirán los arcos norte y surponiente, pues “son proyectos impostergables, al formar parte de la infraestructura carretera nacional que requiere el país”.
Agregó que los pobladores se oponen a los proyectos carreteros porque desconocen los mismos. “Nos hemos dado cuenta de que lo que hay es una profunda desinformación de los proyectos”.
García Azpiroz señaló que el gobierno estatal pagará un precio justo por las tierras que se necesiten para la construcción de las autopistas –que serán de cuota–, así como que no se está cometiendo ninguna injusticia ni violando los derechos humanos.
El funcionario dijo que la SCT estatal fue la única que “dio la cara” y participó en el foro; sin embargo, para unos 200 pobladores de 25 comunidades perjudicadas por los proyectos estatales, este encuentro fue infructuoso, ya que ni siquiera presentó de forma completa los proyectos, y dijo que no hay marcha atrás en los mismos.
“Vienen a dialogar o a imponer, porque ya estamos hartos de imposiciones”, señaló Miguel López, quien también representa a las comunidades que están en contra del arco surponiente.
El libramiento norte va de Xoxtla a Amozoc, y tiene una longitud de casi 32 kilómetros. La obra fue concesionada al consorcio español Obrascón–Huarte–Laín, con un costo de mil 954 millones de pesos, es decir, más de 130 millones de euros. En tanto, el arco surponiente es una vía de 16 kilómetros que unirá a la ciudad de Atlixco con el aeropuerto Hermanos Serdán en Huejotzingo, y será construida por la empresa Melgarejo y Asociados.
“La bomba de gas va a explotar”
“Lo que pasa en nuestros pueblos es como una bomba de gas que si continúan sin tomarlos en cuenta se seguirá llenando de gas y va a explotar”, dijo Mateo López, quien también representa a las comunidades que están en contra del arco norte.
Al finalizar la intervención del coordinador de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes local, los pobladores participantes –quienes abarrotaron dos salones de usos múltiples– lo encararon con preguntas y comentarios.
Un habitante de la localidad de Santa María Acuexcomac, del municipio de San Pedro Cholula, le dijo –al funcionario estatal– que después de varios meses de lucha, alguien de la SCT estatal les da “la cara” para exponer uno de los proyectos, pero lo lamentable es la actitud cerrada que tiene la dependencia.
Durante su participación, relató cuando Mario Marín Torres, como secretario de Gobernación de la administración de Manuel Bartlett, solicitó el permiso a la comunidad para construir 10 pozos, prometiendo una serie de beneficios que nunca llegaron. “Desde entonces sólo una vez ha regresado Marín Torres, pero para burlarse de nosotros, pues el manantial de Axocopan ya se secó”.
En tanto, un poblador de la comunidad de Santa Elena Axocopan, del municipio de Atlixco, señaló que el campo está abandonado por los gobiernos estatal y federal y sólo buscan a los campesinos cuando quieren sus tierras, pero la gente ya está harta del despojo de territorios.
“El gobierno está dando más garantías y beneficios a los millonarios que a los pobres, les da pozos de agua que el campo necesita, les da proyectos, y la gente que se muera de hambre, sólo para algunos hay apoyos, mientras que para la mayoría de la población se les da migajas”, dijo.
Asimismo, el investigador de la UAP Ricardo Pérez Áviles le dijo que el gobierno del estado que debe cambiar su perspectiva de desarrollo, pues éste está vinculado a los negocios particulares y no al beneficio colectivo. “Usted sabe que los arcos fueron concesionados sin ninguna licitación y tendrán ganancias millonarias de más de 3 mil millones de euros en 30 años, y eso es lo que indigna a los pobladores, por lo que se debe ser sensible a sus demandas”.
Mateo López, añadió que es totalmente falso lo que dijo el funcionario estatal durante su ponencia sobre este libramiento de que ya se tiene el 82.63 por ciento de los permisos para realizar todo tipo de estudios en los terrenos por los que pasarán los arcos norte y surponiente.
Una pobladora del municipio de Cholula dijo que las experiencias de los pueblos cuando construyen autopistas han sido malas, pues los cercan y ya no pueden pasar, por lo que no han representado un beneficio para los mismos.
Quieren construir otra carretera en Azumiatla
Por su parte, Evaristo Romero Santamaría, dirigente del Movimiento de Pueblos de Azumiatla y también representante del Frente Regional de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, dijo que el gobierno estatal les anunció el pasado domingo sobre la construcción de una nueva vialidad en San Andrés Azumiatla, la cual comunicará a los fraccionamientos que pretende construir el empresario Javier Pacheco Pensado, hijo del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia Guillermo Pacheco Pulido.
Sin embargo, los pobladores no la aceptarán porque no beneficiará a la comunidad, pese a que los funcionarios que acudieron para dar a conocer la noticia dijeron que ya se había aceptado, lo cual es falso.
La familia Pacheco Pensado tiene unas 200 hectáreas de tierras comunales, las cuales quiere recuperar la población.
La nueva vialidad que se pretende construir mide 70 metros de ancho y no tiene que ver con la que va a Santa Clara Ocoyucan, pues la misma sólo se pavimentará y los pobladores de Azumiatla no tienen inconveniente con ello.
En el foro “En defensa del patrimonio, la tierra y el agua” –que tuvo el objetivo de vincular a los académicos con las organizaciones sociales del Frente Regional de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra– también participaron los ponentes César Solís Gómez, Valentina Campos Cabral y Lorenzo Pérez Arenas, quienes aseguraron que los diferentes proyectos gubernamentales sólo favorecen a unas cuantas personas.
Finalmente, académicos de diferentes instituciones educativas se comprometieron a apoyar a los pobladores para crear proyectos alternativos de desarrollo en sus comunidades.
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