lunes, 23 de febrero de 2009

Juez declara improcedente denuncia contra Interad por el Guamilule

No firmaron los 11 hermanos copropietarios del predio, argumento de Saldaña Parra


Sospecha Garibo Vargas corrupción en el proceso; teme que ella y su familia sean apresados

FRANCISCA MEZA CARRANZA

Zihuatanejo, 20 de Febrero. Por falta de firmas, el juez segundo del ramo penal, Esteban Saldaña Parra, negó la orden de aprehensión por daños en propiedad ajena denunciados por María Isabel Garibo Vargas, representante de su familia en la disputa de un predio en el cerro del Guamilule en Petatlán, en contra de la empresa Desarrolladora Interad SA de CV a mediados del año pasado.

Por ello, los afectados sospechan de actos de corrupción en el proceso, además de que temen que sean aprehendidos.

La representante de la familia Garibo Vargas denunció que a pesar de que la querella fue presentada el año pasado, hasta este lunes el juez les dijo que la demanda no procedía porque no fue firmada por los 11 hermanos.

La denuncia fue interpuesta contra el representante de la empresa, Roberto Mario Guala, y los empleados Aurelio Uribe Sánchez y Glodove Ríos Rumbo por haber destruido dos casas construidas en el predio en mayo y julio del año pasado.

De acuerdo con las declaraciones de los inculpados en la causa penal número 13-2/2009 niegan haber cometido los agravios, pues aseguran que en esas fechas aún no trabajaban en el lugar ni para la empresa.

El argumento del juez para negar las órdenes solicitadas es que sólo María Isabel Garibo fue quien interpuso la demanda, cuando el total de los agraviados son los 11 hermanos por los derechos cedidos por su mamá Clemencia Vargas Mancilla.

No obstante, la negación, el juez reconoce en el expediente que Isabel Garibo y sus hermanos son los copropietarios del lugar.

“El inmueble tiene varios copropietarios, entre ellos la querellante María Isabel Garibo Vargas quien fue la única que se denunció por los daños. Sin embargo, los otros copropietarios no se han presentado” y nombra a todos sus hermanos.

La resolución del juez fue considerada por la agraviada como un acto de corrupción porque el proceso siguió su curso además de que desde el inicio ella ha sido la representante de su familia en el conflicto.

Dijo que acudirá a quejarse ante el Consejo de la Judicatura Federal y ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) en el estado ante temor de que los empresarios han comprado a los jueces y para que se investigue el proceso.

“El colmo va a ser que a pesar de todo, nosotros seamos los encerrados”, señaló.

Por ello, llamó a las autoridades correspondientes a que hagan algo al respecto, pues la disputa puede tener consecuencias debido a que ha sido amenazada por los trabajadores de la empresa con desaparecerla si no se hace a un lado, por lo que los responsabilizó en caso de que algo le pase a ella o a sus parientes.

Fuente: La Jornada de Guerrero

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