Con la misma piedra
Eduardo Ibarra Aguirre
Como aliado del grupo gobernante, José Luis Soberanes Fernández avaló que violentando el orden constitucional el Ejército fuera convertido en actor central de la seguridad pública, en detrimento de la soberanía nacional, y ahora se sorprende por la sistémica violación de los derechos humanos y emplaza al “Ejecutivo a establecer fecha para que los militares regresen a sus cuarteles y
Es una obligación elemental que el presidente de
El balance del 1 de diciembre de 2006 al 17 de mayo de 2008 es así: 634 quejas contra militares. De ellas 250 por ejercicio indebido de la función pública, 221 por cateos, 182 por tratos crueles, 147 por detenciones arbitrarias, 85 por robo, 41 por amenazas y 32 por intimidación. Siete civiles asesinados, entre ellos un menor, sin que los micrófonos, pantallas y páginas de la mediocracia se percataran.
Lo anterior refleja parte de una terrorífica como antigua realidad que desde octubre de 1993, con la propuesta académica del ombudsman militar dada a conocer por Forum, empieza a trascender. Una buena cantidad de ilícitos castrenses se convierten en rabia contenida entre las víctimas porque el Ejército es más temido que respetado.
Tras presentar las recomendaciones de la 29 a la 36 de 2008, el jurista alertó que “
Pero más que el desencuentro con el procurador general de
Primero guardó silencio cuando se decretó “la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, más como una vía de legitimación presidencial –el quinazo de Calderón-- que como cruzada del Estado y la sociedad que no se realiza a balazos, retenes y mucha propaganda, sino con labores de inteligencia y de cierre de los amplios circuitos financieros y bursátiles que permiten el lavado de dinero de cara al país, sin que nadie sea molestado.
Soberanes Fernández supone que es la falta de capacitación de los militares y que con cursos, diplomados y oficinas burocráticas que sirven para dar empleo a la gigantesca cabeza del pequeño cuerpo castrense que tiene sus propios tribunales en los que el alto mando es juez y parte, se podrá afrontar la sistémica violación de los derechos humanos.
No entiende el doctor, como tampoco el divisionario Félix Galván Gaván y el comandante supremo de las fuerzas armadas, que es la consecuencia natural por asignarles tareas policiacas a hombres y mujeres formados para combatir con las armas en la mano a los enemigos del país, para hacerse cargo de la seguridad nacional y no de la seguridad pública.
Amén de que son instituciones cerradas al escrutinio público, negadas a la rendición de cuentas al Congreso de
Acuse de recibo
Por
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