miércoles, 5 de marzo de 2014

[comitecerezo] Agradecemos su solidaridad


Agradecemos a todas las organizaciones de DH, sociales y estudiantiles, así como a los colaboradores y amigos del Comité Cerezo México por su apoyo y solidaridad ante los últimos ataques.

Ante esta muestra de solidaridad, les decimos que seguiremos defendiendo los derechos humanos de todos aquellos a los cuales les son violados sus derechos, aunque esto nos acarree nuevos ataques, hostigamientos o amenazas.

Su solidaridad nos dice que no estamos equivocados y nos alienta a seguir trabajando para aquellos que por motivos políticos son detenidos, encarcelados, ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos de manera forzada.

Aprovechamos este espacio para denunciar que nuevamente fueron arrancados los carteles de nuestro proyecto económico en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el día de hoy llegamos a las 10:00 y notamos que fueron retirados de manera total nuestros plotters informativos, esta agresión no es nueva ni es a raíz de los hechos del 3 de marzo, pero es la misma que ya habíamos denunciado en octubre del año 2013. En esa ocasión consideramos que se trataba de un Hostigamiento contra nuestra organización.

También queremos denunciar el hecho de que al salir de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, aproximadamente a las 18:30 pm de hoy, un sujeto alto, moreno y fornido, con una macana policiaca que se asomaba de un portafolio café de piel que portaba en la mano derecha, tomó con su celular una fotografía a los miembros del Comité Cerezo México de una manera intimidatoria, si bien los hechos del 3 de marzo han desatado una campaña contra nuestra organización, no es algo que no tenga antecedentes, seguimos responsabilizando al Estado de la integridad física y psicológica de los miembros y colaboradores del Comité Cerezo México y de las personas solidarias con nuestra organización.

Comité Cerezo México

Chiapas: directora de primaria obliga a alumnos a comer en el suelo y los llama “indios”


MÉXICO, D.F., (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga presuntas violaciones a los derechos humanos de alumnos de la escuela primaria Ángel Albino Corzo –ubicada en el municipio indígena Cho’l, de Tila, Chiapas– cometidas por la directora Amada Gutiérrez Soriano, quien según denuncias de los padres, obliga a los menores a comer en el suelo y los llama “indios”.

El organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva inició el expediente de queja a raíz de información publicada por medios locales en la que se afirma que la directora del plantel discrimina y maltrata a los alumnos.

Una de esas notas publicada el pasado lunes 3 en el Péndulo de Chiapas señala que las madres de familia han solicitado en reiteradas ocasiones a la directora que modere su actitud prepotente y permita que los alumnos tomen sus alimentos de forma más adecuada e higiénica.

Sin embargo, las madres de familia afirman que la respuesta de la directora siempre es agresiva e insiste en referirse a los niños como “indios” solo porque la escuela se ubica en un municipio Cho’l.

También se quejan de que el supervisor de la zona 033 del subsistema estatal de educación, Miguel Pérez Martínez, se niega a intervenir con el argumento de que la directora de la escuela y los docentes que avalan su conducta prepotente gozan de la protección del sindicato y “nadie puede pasar sobre sus derechos”.

Al respecto, la CNDH informó en un comunicado que ya envió visitadores adjuntos a la localidad para entrevistarse con los menores afectados y sus padres. Además indicó que solicitaron a las autoridades involucradas el informe correspondiente y recaban pruebas que evidencien la presunta violación a los derechos humanos de los menores.

El organismo defensor de los derechos humanos indicó que si bien los servidores públicos de la Secretaría de Educación estatal son garantes del derecho a la educación, “con su actuación violentan el derecho al trato digno y a la igualdad de los alumnos”.

También, subrayó, transgreden su obligación de velar por el interés superior de la niñez, situación que se agrava por tratarse de menores pertenecientes a la comunidad indígena Cho´l, y que por sus circunstancias se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La CNDH llamó a las autoridades educativas del estado a tomar medidas que garanticen la integridad física y psicológica de los menores afectados, así como el trato digno y respetuoso de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en Chiapas.

Por su parte, los familiares de los afectados exigieron al gobernador Manuel Velasco Coello su intervención y la inmediata remoción de la directora de la primaria. Además informaron que llevarán su queja al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Yakiri Rubio tendrá que pagar 423 mil pesos de fianza para quedar en libertad


Por Josefina Quintero

México, DF. El Juez 23 de Delitos no graves del Tribunal Superior de Justicia del DF, Fausto Agustín Favela Ayala, fijó un pago de 423 mil 800 pesos a Yakirí Rubí Rubio Aupart para que pueda salir en libertad.

De acuerdo con el impartidor de justicia cien mil pesos es el pago por las obligaciones procesales que debe cumplir la joven, pues con ello se busca garantizar su presencia en las audiencias del proceso que se le inició por el delito de homicidio en exceso de legítima defensa.

En tanto que 323 mil pesos es por la reparación del daño a los familiares Miguel Ramírez Anaya, quien perdió la vida luego de la presunta agresión sexual que Yakiri denunció.

El monto que deberá pagar la joven para que pueda salir del Penal Femenil de Tepepan, donde se encuentra recluida desde casi tres meses, fue notificado en el Juzgado 23 Penal a su defensora legal, Ana Capiria Suárez, por lo que una vez que presenten los billetes de depósito o la fianza, la joven quedará libre.

En tanto, amigos y activistas de la joven ya se concentran en el centro de reclusión ubicado al sur de la ciudad en espera de su salida, la cual se tiene prevista para esta tarde.

Yakiri Rubí fue encarcelada el pasado 11 de diciembre acusada de homicidio calificado por la muerte de Miguel Ramírez Anaya, quien según su testimonio, la secuestró, violó y golpeó en un hotel de la colonia Doctores.

Pese a que la joven denunció los hechos, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sólo integró el expediente por la muerte del presunto agresor, sin considerar que también había sido víctima de una agresión sexual.

Marchan para exigir justicia en el caso del abogado asesinado


Acuden también a la PGJE, donde familiares de Aquiles Márquez, claman: “no más impunidad”

HÉCTOR BRISEÑO

Más de un centenar de personas marcharon desde el Asta Bandera, frente al parque Papagayo, hasta las instalaciones de la subdelegación de Procedimientos Penales B de la Procuraduría General de la República (PGR), en el fraccionamiento Hornos Insurgentes, para exigir que se castigue a los responsables del fallecimiento del abogado Aquiles Márquez Santoyo, muerto por impactos de bala el pasado 24 de febrero, en el contexto de un enfrentamiento a balazos entre policías ministeriales estatales y federales en la colonia Progreso.

Los participantes en la caminata, familiares, amigos y miembros de colegios de abogados, vistieron de blanco, portaron cartulinas con mensajes en exigencia de justicia, y lanzaron consignas como “¡justicia!, ¡justicia!, ¡no más impunidad!”.

Al llegar a las instalaciones de la PGR, los manifestantes colocaron cruces blancas en las puertas de la dependencia federal, donde con un megáfono exigieron ser atendidos por funcionarios, pero el acceso se mantuvo cerrado. Posteriormente se dirigieron a la fiscalía regional de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Los familiares de Márquez Santoyo señalaron que buscan tramitar un amparo para que la PGR agilice las investigaciones de lo ocurrido.

En algunas cartulinas se podía leer: “Queremos seguridad en Acapulco, ¡No más asesinatos señor gobernador!”; “Señor gobernador, ya no tenemos paz en Acapulco, tenemos temor de salir”; “¡ya basta de gente inocente asesinada en Acapulco!”.

Al frente del contingente, los manifestantes portaban una pancarta, con la leyenda “Justicia para Aquiles, exigimos castigo para los asesinos del Lic. Aquiles Márquez Santoyo perpetuado por los agentes federales, escoltas del magistrado Rutilo Guevara Clavel. Ya basta de tanta impunidad, ¿quién sigue ahora?, padres, hermana, esposa, hijos; exigimos justicia”.

Priscila Ramírez Durán, viuda de Márquez Santoyo, exigió la renuncia del procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, debido al nulo avance de las investigaciones.

Criticó a funcionarios de procuración de justicia de los gobiernos estatal y federal.

Manifestó que “no nos han dicho nada, nos quieren dar atole con el dedo, ¿qué están esperando?, ¿qué hagamos una marcha como todos los demás que cierran las calles para que nos hagan caso?”.

Exclamó: “Quiero que dé la cara el señor gobernador o que se vaya”.

Ramírez Durán señaló que ha sido acosada y perseguida por elementos federales de seguridad.

Expresó: “¿Por qué me están siguiendo?, si me van a matar que me maten pero primero que me muestren quien mató a mi marido!”.

¿Defensores?


Es inconcebible. Estamos a merced de los verdugos y no siempre contamos con las instituciones oficiales que deberían protegernos. Un caso emblemático es la poderosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Vivimos en el país de los disparates. Cada año aumenta el presupuesto oficial para los organismos públicos de derechos humanos y cada año crece el número de víctimas. Entre 2009 y 2013, doce organismos federales recibieron 28 mil 553 millones de pesos y durante ese mismo periodo casi se duplicaron las recomendaciones -pasaron de 91 a 176- de las Naciones Unidas al gobierno mexicano por faltas graves en la protección de derechos humanos. En ese tiempo la CNDH gastó 5 mil 600 millones de pesos y en 2014 tendrá 1,416 millones. ¿De qué ha servido?

Observo a la CNDH desde su creación hace 24 años. Primero la elogié, luego fue embargándome el escepticismo que se ha transformado en indignación ante su falta de compromiso, su burocratismo y su resistencia a rendir cuentas. En 2003, por ejemplo, se negó a participar y boicoteó el primer diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México que elaborara la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sigue cometiendo tropelías.

En agosto de 2010 el crimen organizado ejecutó a sangre fría a 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, porque no quisieron convertirse en sicarios. La CNDH emitió una "Recomendación" malhecha e incompleta en diciembre de 2013, ¡tres años y cuatro meses después de lo sucedido! El documento no califica esos actos como violaciones graves, tampoco considera a los familiares como víctimas ni decreta medidas de reparación para ellos y en ningún momento habla de las circunstancias y razones por las que en México se agrede a migrantes.

Un organismo civil, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático que preside una joven abogada, Ana Lorena Delgadillo, puso, en representación de familiares de migrantes asesinados, un amparo indirecto contra la CNDH el 15 de enero pasado. Lo admitió el juez décimo primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Agustín Tello Espíndola, quien atendiendo la reforma en materia de derechos humanos, ordenó a la CNDH rendir un informe justificado. La CNDH interpuso una queja contra de la admisión del amparo, pero ¡utilizó el marco anterior a la reforma constitucional sobre derechos humanos! El asunto -en manos del Noveno Tribunal Colegiado de Circuito- conduce a un aspecto básico.

La CNDH no le rinde cuentas a nadie. La Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene competencia sobre ella pero nunca ha ordenado una evaluación sobre la calidad de su trabajo pese a estar en manos del PRD durante los últimos años (actualmente la preside la senadora Angélica de la Peña). Ana Lorena Delgadillo, entre otros, solicitó al Senado que organizara una comparecencia para que el presidente de la CNDH informara públicamente sobre la recomendación acerca de los 72 migrantes. Según fuentes del Senado, la petición no obtuvo el consenso de otros senadores; en su lugar se realizará una descafeinada "reunión de trabajo". No es la primera vez que la CNDH disfruta de la complicidad de los senadores que deberían vigilarla; en parte se debe a la protección que ha recibido de priistas tan importantes como Manlio Fabio Beltrones.

El absurdo es monumental. América Latina es actualmente la región más violenta del mundo y algunas entidades de la República Mexicana tienen las tasas de homicidios más altas de Latinoamérica. Se amontonan las víctimas y llegan de todos lados reclamos y reproches al Estado mexicano que responde creando instituciones y leyes, mientras permite que la CNDH se convierta en un trasto caro e inútil que siempre exige, eso sí, tener un lugar en el presídium. Una muestra de su irrelevancia es su ausencia en los actos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que llevaron a la Ley General de Víctimas.

Este año el Senado de la República deberá renovar al titular de la CNDH y su actual presidente, Raúl Plascencia Villanueva, está buscando activamente la reelección. Es un momento adecuado para que el Senado realice una evaluación seria, independiente y rigurosa sobre las omisiones y la calidad del trabajo realizado por la CNDH. Por el momento, la recomendación emitida sobre la matanza de 72 migrantes en San Fernando es un escupitajo sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Defensores?

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

martes, 4 de marzo de 2014

Suman 85 quejas ante CEDH de Michoacán contra PF y Sedena en 2014


Por Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal

Morelia, Mich. En los dos primeros meses del año se han presentado 85 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 79 en contra de la Policía Federal (PF) y seis contra la Secretaría de la Defensa Nacional.

Cabe señalar que 44 denuncias fueron en Apatzingán y 25 en Uruapan, informó este organismo protector de los derechos fundamentales.

Por tratarse de delitos federales, las quejas fueron turnadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el caso de la PF el motivo de la inconformidad fue por detención ilegal, cateos ilegales, lesiones, incomunicación y tortura. Y las quejas contra la milicia fueron por empleo arbitrario de la fuerza pública.

Indagó PGJ la muerte de Goyo mediante levantones en Las Choapas


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Coatzacoalcos, Ver.- La investigación del asesinato del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz ha revelado una serie de irregularidades en la forma en la que se desempeña la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); levantones y desapariciones forzadas forman parte del procedimiento de averiguación de la Agencia Veracruzana de investigaciones (AVI).

En Las Choapas, lugar donde fue hallado el cuerpo del comunicador, al menos seis personas fueron “desaparecidas” en medio de los operativos y sus familiares exigen que si cometieron algún delito que se les juzgue pero que aparezcan vivos. La mayoría de las detenciones ocurrieron en el bulevar Antonio M. Quirasco entre las 11 y 12 horas, apenas unas horas después de haber encontrado los restos del reportero.

Población temerosa

El 11 de febrero de 2014, a las cinco horas, la tranquilidad del municipio de Las Choapas se vio alterada por la entrada de un convoy de hombres armados, quienes ejecutaron un dispositivo de seguridad secreto para dar con el paradero de Gregorio Jiménez de la Cruz, periodista secuestrado en Villa de Allende.

En la colonia J. Mario Rosado de Las Choapas, los elementos de la AVI realizaron un operativo rápido, en el que se detienen a los presuntos secuestradores del reportero y después hallan sus restos en una fosa, a unos metros de la casa de seguridad.

En él fueron detenidos José Luis Márquez Hernández, Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Herrera, Juan Manuel Rodríguez Hernández y Gerardo Contreras Hernández; horas antes, había sido asegurada Teresa de Jesús Hernández Cruz, presunta autora intelectual del secuestro.

En las siguientes horas al hallazgo del cuerpo, entre 11 y 12 de febrero, la AVI realiza varios cateos en domicilios y detiene a varias personas, la mayoría de ellos en lugares públicos pero no fueron presentadas, lo que representa irregularidades en los procedimientos que realiza la Procuraduría.

Los habitantes de Las Choapas observaron cómo circulaba por la cabecera municipal un convoy de camionetas blancas sin identificación de la Procuraduría de Justicia, con hombres vestidos de negro y la cara tapada con pasamontañas.

Las armas largas que portaban eran sólo un indicio de que eran policías, pues las lucían para amedrentar a los transeúntes. De acuerdo con los datos que emitieron los ciudadanos entrevistados, las indagaciones se realizaron en las colonias J. Mario Rosado primera y segunda sección, Olmeca, Hucapalito y Centro. Uno de los ciudadanos entrevistados señaló: “la gente tiene miedo de salir de sus casas, nada más vienen los policías, levantan a diestra y siniestra a gente que no es culpable”.

Beatriz, la primera desaparecida

Beatriz Morales Hernández de 14 años de edad, salió de Las Choapas el 9 de febrero de su casa hacia Agua Dulce, para visitar a su tía. Y en el trayecto de 31 kilómetros entre los dos municipios, desapareció.

Carmen Hernández Ruíz, madre de la menor relató que se tardaba una hora en llegar al otro municipio y siempre se reportaba cuando estaba con su familiar. Ese 9 de febrero salio de su casa a las 10 horas y una hora después su teléfono ya estaba apagado y sus familiares no daban con ella.

De acuerdo con la información que la familia recabó, ese domingo en Agua Dulce se realizaron varios cateos para buscar al periodista Gregorio Jimenez y piensan que pudo haber sido detenida. “La buscamos por todos lados, recorrimos clínicas y hospitales, fui a Xalapa con los otros familiares y nos dicen que la van a buscar en los tutelares, pero luego no nos atienden ni nos contestan”, refiere Carmen Hernández.

Mireya Toto Gutiérrez, directora general de la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, se comprometió a buscar entre los registros de las detenciones pero tampoco le han dado respuesta. “Nos dijeron que en Agua Dulce pasaron a hacer operativos ese día que ella viajó, yo sólo le pido a Dios que esté bien, ella es una niña y no hace nada; si alguien tiene que pagar que lo pague pero no se lleven a gente inocente”.

Luis Antonio, detenido en redada

A las 11 horas del martes 11 de febrero fue detenido “en una redada” Luis Antonio Méndez Jiménez, de 27 años de edad. El joven había sido voceador y capturista del periódico La Voz del Sureste y al cerrar el rotativo, se empleó como vendedor de pan.

De acuerdo con los testigos, el joven circulaba a bordo de su motocicleta muy cerca del Colegio de Bachilleres de ese municipio, ubicado en la avenida Antonio M. Quirasco S/N de la colonia Olmeca. Fue detenido, esposado y su motocicleta decomisada.

Camerino Méndez Ramírez, padre del joven, refiere que en sus investigaciones confirmó que ese día el operativo era comandando por Enoc Gilberto Maldonado Caraza, designado fiscal especial para la investigación del periodista. Desde de que fueron avisados de la detención del joven, acudieron a todas las agencias del Ministerio Público de Coatzacoalcos, las comandancias de la AVI y el Mando Único, pero nadie les confirmó sobre el paradero del joven.

Vecinos y amigos les entregaron fotografías donde las camionetas blancas, identificadas con personal de la AVI, llevaban la motocicleta de su hijo, pero nunca fue puesto a disposición de un juez: “ya les enseñamos las fotos a las autoridades donde se ven las camionetas blancas, una de ellas va custodiando el taxi número 64 y la otra lleva en la batea la moto de mi hijo, pero insisten que no lo tienen”.

Juan Carlos, interceptado en “el campito”

Casi a la misma hora de la detención de Luis Antonio Méndez Jiménez, en un mismo operativo ejecutado por el convoy de camionetas fue retenido Juan Carlos García Rodríguez de 26 años. La detención se realizó cerca del hospital de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado la avenida Antonio M. Quirasco, de la colonia Portada Norte.

Juan Carlos iba a reunirse con varios amigos y su novia, cerca de un parque que en Las Choapas se conoce como “el campito”; amigos de su padre, Juan García Ramos, observaron el operativo y la detención pero lo informaron un día después.

El joven desaparecido trabajaba en una cocteleria y hacia algunas “chambitas” en talleres mecánicos; desde los 19 años vivía solo. “Yo vi pasar a las camionetas por mi casa, iban hombres encapuchados, en camionetas sin placas y logotipos pero no me imagine que hubieran detenido a mi hijo porque ese chamaco no se metía en problemas, para nosotros es un niño”, relató el padre del joven. Desde el 11 de febrero Juan Carlos García Rodríguez no aparece, las autoridades del estado sólo han dicho que van a investigar.

Ana Luisa, capturada en el parque Diana Laura Riojas

Ana Luisa Morales Gómez, de 15 años de edad, salió de su hogar para reunirse con sus amigos en el parque “Diana Laura Riojas”, ubicado en el bulevar Antonio M. Quirasco, de la colonia Tancochapa.

A las 10 horas, su mamá María Concepción Gómez Hernández, se despidió de ella y le pidió que no se tardará mucho. Media hora después un familiar la ubica en el parque y a las 11:30 pierden comunicación con ella por vía celular.

Entre los propios vecinos la localizan y le cuentan que cinco camionetas blancas, identificadas con presunto personal de la PGJ la habían detenido junto con otros jóvenes, en ese parque. Por medio de llamadas telefónicas de jóvenes que no quieren decir su nombre por temor, ha logrado información de lo que pasó ese día.

“La agarran el día 11 de febrero y desde ese día no hay pista de ella, hasta ahorita hemos ido a todos lados a preguntar pero no nos dan razón, ella esta chiquita de edad pero parece una muchacha más grande; me hablan sus amigos y nos dicen que ellos vieron cuando la levantaron pero no podemos dar con ella”, señaló María Concepción Gómez. La joven había terminado la primaria y no pudo continuar sus estudios por falta de dinero; por las noches se dedicaba a vender hot-dogs en el parque central del municipio.

Voceador levantado en el mercado

Gilberto Hernández Ramos, de 45 años de edad fue detenido por el convoy de camionetas cuando realizaba la compra en el mercado Hidalgo, en la colonia centro, a unos pasos del palacio municipal.

Se dedicaba a ser voceador de periódico pero una hernia en la ingle lo estaba afectando; ese 11 de febrero se quedó en casa y le dijo a su esposa, María Natividad Ramos Ríos, que compraría la comida mientras ellas acudía a su cita médica en Coatzacoalcos.

Su esposa habló con él a las 9 horas para confirmarle que había llegado con bien a Coatzacoalcos, pero a las 11 horas, cuando intentó volver a tener comunicación con él, su teléfono estaba apagado. Al ser un voceador muy conocido, los vendedores del mercado lo identificaron como uno de los detenidos en el operativo que se realizó ahí, pero tampoco ha sido presentado ante un juez y en las dependencias estatales no aparece como detenido.

“Los detuvieron el día que encontraron al periodista, se lo llevaron personas encapuchas y que portaban armas, la gente vio cuando lo detuvieron pero cuando fuimos a Xalapa primero nos dijeron que iban a investigar, luego que estaba en el Cereso pero al final sólo comentaron que fue una equivocación”. Las autoridades del estado confirmaron que el vendedor de periódicos había sido ingresado al Centro de Rehabilitación Duport Ostión, pero el mismo día reculó.

Andrés, detenido en su hogar

El 12 de febrero de 2014, a las tres horas, los agentes de la AVI rompieron con un mazo la puerta de la vivienda de Andrés Leyva Ordoñez de 26 años de edad, ubicado en la calle Benito Juárez de la colonia J. Mario Rosado. Julia Ordoñez Gómez, madre del joven desaparecido narra que los policías, los cuales no se identifiquen y les exigen que entreguen las armas y los celulares y ellos contestaron que no tenían nada.

Después le exigen a Andrés Leyva que se acueste en el piso, lo esposan, lo sacan de su domicilio y lo suben a una camioneta negra y calles más abajo realizan otros cateos. Detienen a otra persona pero aun no logran ubicar el nombre. “Lo sacaron de su casa, lo único que quiero saber es si lo tienen en el penal, si tiene delito que lo purgue, pero verlo, saber que está vivo porque no está dentro de los detenidos del operativo; nadie nos ha dado razón de él”, comenta entre sollozos la madre del joven.

Los vecinos de la colonia le informa a la familia que durante todo el día y la madrugada, elementos de la AVI realizaron varios cateos en casas, ejecutando el mismo procedimiento de allanar por la fuerza las casas.

Andrés Leyva Ordoñez trabajaba en un taller de hojalatería en Agua Dulce; todos los días viajaba hacia ese municipio y regresaba a su hogar a las 18 horas. En su tiempo libre se dedicaba a animar fiestas como DJ con un precario equipo de sonido. Sus familiares han recorrido todas las cárceles de la zona sur y han llegado incluso hasta “una casa de seguridad de la AVI, en Jáltipan” y han “soltado dinero” pero en ningún lado les han informado de su familiar.

Se reúnen con autoridades del estado

Los familiares de cinco de los seis desaparecidos sostuvieron una reunión en el palacio de gobierno con Marlon Ramírez, subsecretario de Gobierno; Mireya Toto Gutiérrez, directora general de la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito; y Rosario Zamora González, directora de Investigación Ministerial de la PGJ.

Ahí les expusieron que la Procuraduría de Justicia no había detenido a sus familiares pero se comprometieron a iniciar una investigación en los penales, para confirmar que no estuvieran en alguna cárcel. Sólo en el caso de Gilberto Hernández Ramos, se les informó que estaba en el Cereso Duport Ostión, pero después corrigieron y señalaron que el dato había sido erróneo.

Las autoridades del estado han descartado que un operativo, como el que ellos describen, se haya realizado en Las Choapas, aunque los familiares de las personas desaparecidas refieren que al menos existen otros cinco casos más, parecidos al de ellos. En algunos de los casos, los familiares tienen temor de denunciar, ya que fueron amenazados de muerte.

GUERRERO: Abogados exigen justicia para Márquez Santoyo, muerto en un enfrentamiento entre policías


HÉCTOR BRISEÑO

Integrantes del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero exigieron justicia y se esclarezca la muerte del abogado Aquiles Márquez Santoyo, ocurrida el 24 de febrero por la noche al recibir cuatro impactos de bala producto de un enfrentamiento entre policías ministeriales estatales y federales, en la calle Bernal Díaz del Castillo, en la colonia Progreso, dejando cuatro hijos menores de edad en la orfandad y una viuda.

El presidente estatal de ese colegio de abogados, Julio César Hernández Serna, exigió que se aplique la Ley General de Víctimas, se paguen los gastos funerarios y se otorguen becas y se indemnice por el daño provocado a la esposa de Márquez Santoyo, quien era miembro del Colegio al momento de su muerte.

“A estas alturas debemos expresar nuestra absoluta inconformidad con la lentitud y falta de protocolos establecidos en la Ley, así como la falta de rigor técnico y científico con las que las investigaciones se han desarrollado”, sostuvo Hernández Serna.

Reprochó que el magistrado presidente del Poder Judicial de Guerrero con licencia, Jesús Martínez Garnelo, quien funge como secretario general del gobierno estatal, no se haya comunicado con familiares del abogado fallecido; así como tampoco los titulares de las procuradurías de justicia estatal, federal, y el Consejo de la Judicatura Federal.

Parientes de Márquez Santoyo culparon a policías ministeriales federales, a cargo de la seguridad de Rutilo Ernesto Guevara Clavel, magistrado del Poder Judicial de la Federación, de su fallecimiento.

Señalaron que había cesado la balacera cuando la víctima, que pesaba 100 kilogramos, corrió a resguardarse, y fue entonces que elementos federales vestidos de civil le dispararon a mansalva, a unos tres o cuatro metros de distancia.

La esposa de Márquez Santoyo, Priscila Ramírez Durán, exigió al gobernador Ángel Aguirre Rivero que dé una respuesta de lo sucedido. Lamentó que fueron los propios familiares quienes efectuaron una recreación de los hechos. También invocó por la justicia y el castigo de los responsables.

Aquiles Márquez Sánchez, padre del abogado asesinado, informó que se están integrando los elementos de una averiguación previa para presentar una demanda por responsabilidad civil obligada para exigir el pago de los daños.

Denunció que testigos y familiares mujeres están siendo acosados por federales. “El sábado me estuvo persiguiendo una suburban negran, quiero que me digan qué hacer, ¿mis hijos necesitan que los dejen de llevar a la escuela?; “¿necesito esconderme, irme a Estados Unidos? Esto no se puede quedar así, no mataron a un perro”, exclamó Priscila Ramírez.

Por separado, horas antes, familiares del litigante asesinado se manifestaron en el edificio Costera 125, en la avenida Costera Miguel Alemán, donde se encuentran las oficinas de la Policía Federal en el puerto.

GUERRERO: Opositores a La Parota se sumarían al plantón en el Macrotúnel


CLAUDIO VARGAS

Si en 24 horas no hay solución al conflicto de huelga que transportistas mantienen en la obra del Macrotúnel, más de mil ejidatarios opositores a La Parota podrían sumarse al movimiento, informaron fuentes allegadas al sindicato de trabajadores, quienes dijeron que no han tenido ninguna respuesta del grupo Carso y de Ingenieros Civiles Asociados (ICA). La solicitud de mil ejidatarios de los bienes comunales de Cacahuatepec, es adicional a los 300 que ya se habían sumado de manera solidaria y voluntaria, sostuvo la fuente al señalar que ya se acercó un grupo de campesinos al movimiento de huelga y mostraron su respaldo total si consideran que no hay respuesta de la empresa constructora. Nada se sabe tampoco en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje sobre el asunto de emplazamiento a huelga del sindicato de trabajadores de la CTM que mantiene cerrado los accesos a la obra del Macrotúnel. Tampoco ha informado nada el secretario del Trabajo, Alberto López Rosas, a los medios sobre ese conflicto. Además ningún representante legal de la empresa Carso ha dado la cara para informar sobre el conflicto que hay entre los trabajadores sindicalizados de la CTM y CROC, ni tampoco han enviado comunicado alguno que muestre su postura. Por su parte, decenas de operadores de camiones de carga se mantienen en la entrada de Joya de Brisamar y en la llamada Puerta de Fierro, donde está la otra entrada del Macrotúnel.

Detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza en contra de Monitores de la RedDH y del FNLS en Puebla


Favor de enviar sus comunicaciones vía twitter a: @RafaGobernador @SGGPuebla @PGJ_Puebla @vcarrancab @SSP_Puebla @CDHPuebla @CongresoPue

Y vía correo a: gobernador@puebla.gob.mx, segob@puebla.gob.mx, pgj@puebla.gob.mx, mario.riestra@congresopuebla.gob.mx, cdhpuebla@cdhpuebla.org.mx, presidencia@cdhpuebla.org.mx,contacto@reddh.org, reddh.mex@gmail.com

Expediente: 04/FNLS-Pue
Puebla, México, a 4 de marzo de 2014

La Red de Defensa de los Derechos Humanos con domicilio para recibir información y notificación en Avenida Reforma 121, despacho 1, Centro Histórico de Puebla, y correo electrónico: contacto@reddh.org, reddh.mex@gmail.com y número celular: 044 (45) 22 21 27 68 39, solicita su intervención urgente ante detenciones arbitrarias y temor fundado de que esten siendo golpeados los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y monitores de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, detenidos arbitrariamente afuera de la Agencia del Ministerio Público, ubicada en la 105 poniente colonia La Popular, Puebla, Puebla.

HECHOS

El día 4 de marzo del presente año, alrededor de las 12:45 am elementos de la policía municipal a bordo de la unidad 314, detuvieron con lujo de violencia, mediante agresiones físicas y verbales por parte de los policías así como de un trabajador de la Universidad, frente a la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a dos integrantes del FNLS: Juana Marcelino de Rita y Daniel García Tolentino acusándolos de daño a propiedad ajena.

A las 2:30 am aproximadamente, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público, ubicada en la 105 poniente Colonia La Popular, sin embargo la información otorgada hasta ese momento por parte de sus compañeros que los acompañaban era que Juana y Daniel se encuentraban esposados y no se estaban siguiendo los procedimientos ya que quien estaba aplicando el interrogatorio a base de intimidaciones y hostigamiento eran los policias ministeriales y no la Agente del Ministerio Público, resultando de esto un procedimiento vicioso y violando así sus derechos constitucionales y humanos.

A las 3:55 am en las instalaciones del ministerio público ingresaron alrededor de 35 policías con armas de alto calibre a modo de redada para detener al resto de nuestros compañeros que se encontraban dando la solidaridad a los anteriormente detenidos, bajo el pretexto de alterar el orden público, cuando lo único que hicieron fue el señalar el acto violento y prepotente por parte del ministerial a la abogada defensora Mariel Bonilla Duimit a quien le cerró la puerta en la cara. Los agentes del MP solicitaron refuerzos que llegaron a los poco minutos en las patrullas 316,313, 394, 325, 331 y 314, y se llevaron detenidos a los monitores de derechos humanos: Zabdiel Pérez Florentino y Antonio Ballinas Sánchez, y a integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo Ollin Amaro Ayometzi, Nereida Hernández Hernández, Nestor Castillo y Miguel -se desconocen sus apellidos, todos detenidos mediante uso de violencia física y mental sin que ellos hayan puesto resistencia; en el caso de nuestro compañero Ollin Amaro Ayometzi quien se encontraba grabando todo fue señalado por 6 policías, golpeado brutalmente, jalado del cabello y pateado para después subido a la patrulla 331 en donde se encontraban los compañeros ya mencionados.

Estas acciones arbitrarias por parte de los agentes ministeriales y las fuerzas policiales tienen connotaciones netamente políticas por lo que hacemos responsables tanto al gobernador Rafael Moreno Valle como al rector de la Universidad Alfonso Esparza Ortiz de los hechos represivos en contra de nuestros compañeros y los hacemos responsables de cualquier acción cometida en contra de nuestros compañeros.

Por lo antes mencionado, solicitamos sustentados en al Artículo 8 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Garantizar la integridad física, psicológica y de debido proceso a integrantes del FNLS: Juana Marcelino de Rita y Daniel García Tolentino, Nereida Hernández Hernández, Ollin Amaro Ayometzi, Nestor Castillo y Miguel. Así como de los Monitores de Derechos Humanos integrantes de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RedDH) Zabdiel Pérez Florentino y Antonio Ballinas Sánchez.

II. Llevar a cabo una investigación imparacial a efecto de llamar a juicio y ser sancionados administrativa o penalmente los responsables de las detenciones arbitrarias.

A los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, solicitamos que en el ámbito de sus atribuciones hagan pública su preocupación por la detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza en contra de monitores de derechechos humanos de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RedDH) y de integrantes de organizaciones populares Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)

Atentamente

Israel Sampedro Morales

Coordinador General de la Red de Defensa de los Derechos Humanos

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

PRONUNCIAMIENTO A 6 AÑOS DE LA MASACRE DE SUCUMBÍOS

#‎JusticiaSucumbíos



La Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos es ya parte de las luchas del pueblo de México, desde hace 6 años representamos la voz de nuestros hijos: Verónica, Juan, Fernando y Soren quienes siguen presentes en la memoria y en el espíritu de miles de personas, de jóvenes que alzan la voz de justicia y enarbolan la solidaridad con los pueblos del mundo, tal y como nuestros hijos lo hicieron en aquél marzo de 2008, cuando llegaron a Sucumbíos, a la selva amazónica del Ecuador cerca del río Putumayo, ahí, entre árboles, arbustos y arroyos llegaron ellos enarbolando la bandera mexicana con el ideal de la unidad latinoamericana, jamás imaginaron que ese bello lugar sería su último destino.

A seis años de su asesinato nuestra lucha también abarca la defensa de la única sobreviviente mexicana, Lucía, quien injustamente sigue siendo perseguida y criminalizada.

Nosotros los padres y familiares de estos jóvenes mexicanos, estudiantes ellos de la UNAM y del IPN estamos inmersos en la lucha social de nuestro país, en esa resistencia que parece inexistente y acotada, pero que está viva en un vídeo, un libro, un poema, una obra de teatro, una canción, un volante, una manta, un mitin, una conferencia, una pancarta, una postal, una cruz, un cartel, en múltiples fotografías, en un periódico mural, unas flores justo en el lugar de la masacre en la selva del amazonas ecuatoriano, en una protesta frente a la embajada de Colombia, en denuncias judiciales tanto en Ecuador y México, en nuestra lágrimas y nuestros gritos clamando justicia.

Somos parte de la resistencia porque nuestras manos señalan y acusan a los criminales del gobierno colombiano que gozan de impunidad, denunciamos además al gobierno mexicano por su indolencia y complicidad con sus pares colombianos, pero también, resistimos ante el cinismo del gobierno estadounidense autor intelectual y verdugo de la masacre de Sucumbíos del 1 de marzo del 2008.

A 6 años del asesinato de nuestros hijos tenemos la fuerza moral, anímica y física para seguir luchando gracias al apoyo y solidaridad de mucha gente, la ternura de los pueblos como la definió el Che Guevara. Seguimos con esperanza y la fuerza del recuerdo de nuestros hijos caminando hacia la justicia, hoy más que nunca se avizora una luz a lo lejos, esa luz que hemos buscado y que estamos a punto de encontrarnos con ella, la luz de la justicia, de la reivindicación de nuestros hijos como jóvenes ejemplares para los latinoamericanos, estamos cerca de un nuevo horizonte.

A todos los que han estado, gracias, muchas gracias, por esa ternura, a cada uno que nos escucha y que desde hace 6 años está con nosotros construyendo la esperanza, gracias.

México D.F. a 26 de febrero 2014.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS.

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A 6 AÑOS DE LA MASACRE DE SUCUMBÍOS
“Con esperanza construimos la justicia”
#JusticiaSucumbíos


ACTIVIDADES PROGRAMADAS

MARTES 4 DE MARZO
13:00 hrs.- Presentación del libro “Sucumbíos Historia de una Infamia” en el auditorio de la UACM plantel Centro Histórico, (Fray Servando Teresa de Mier No. 92 y 99 Col. Obrera.)
ENTRADA LIBRE

LUNES 10 DE MARZO
19:00 hrs.- Presentación del libro “Sucumbíos Historia de una Infamia” en Casa Lamm, (Álvaro Obregón #99 Col. Roma Norte.)
COMENTAN: Blanche Petrich, Carlos Fazio, Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos
MODERA: Ángel Guerra
ENTRADA LIBRE

SÁBADO 22 DE MARZO
12:00 hrs.- Presentación del libro “Sucumbíos Historia de una Infamia”
LUGAR POR CONFIRMAR
COMENTAN: Jorge Mansilla, Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos
ENTRADA LIBRE

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En un refugio guardado en su corazón
Llevan la bandera de Bolívar.
Su rostro la transmite en la sonrisa
Que dejaron en las imágenes del recuerdo.

Hoy desde lo alto suenan las campanas
Ustedes las tocan para mostrarnos el camino.

Juan, Verónica, Soren, Fernando desde lo alto nos miran
Y nos recuerdan que para ser grandes
Hay que saber soñar.


ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS, ECUADOR

[comitecerezo] Respuesta ante la campaña de desprestigio contra nuestra organización de Derechos Humanos


Llamamos a las organizaciones fraternas y solidarias, a nuestros compañeros, colaboradores y amigos siempre solidarios a defender el espacio que mantenemos en la universidad, la cita es en la cafetería del Comité, ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM el día miércoles 5 de marzo a las 10:00 am.

¡Todos a defender y cubrir con un manto solidario al Comité Cerezo México ante este nuevo ataque!

Ante los hechos acaecidos en el Auditorio Ché Guevara de la UNAM el día de ayer, queremos manifestar, como siempre lo hemos hecho, que lamentamos que haya personas golpeadas, y heridas, ya que siempre hemos pensado que el diálogo es la herramienta fundamental para aclarar las discrepancias. Asimismo manifestamos claramente que rechazamos y estamos en contra de cualquier acto de parte de las autoridades universitarias para “recuperar” el Auditorio Ché Guevara así como cualquier violación a los derechos humanos de las personas que se encuentran dentro y cerca de las instalaciones de dicho Auditorio.

Negamos nuevamente, como lo hemos hecho en nuestros últimos comunicados, que hayamos participado en los hechos del Auditorio Ché Guevara. Sin embargo hay una campaña de informaciones tergiversadas, criminalizantes, abiertamente agresivas en contra de nuestra organización y de algunos de sus miembros. Tales acusaciones nos señalan como porros, paramilitares o como una organización ligada con el Ejército Popular Revolucionario, dichas acusaciones no son nuevas, ya que el Estado mexicano las ha usado en fechas anteriores con el objetivo de desprestigiar nuestro trabajo.

Durante el transcurso del día de ayer y el de hoy han estado circulando muchísimas acusaciones en nuestra contra, no obstante, esta vez dichas acusaciones no provienen directamente de funcionarios públicos ni de medios de comunicación, sin embargo creemos que pueden ser clasificadas en dos grupos:

Por un lado se encuentran el comentario de una cuenta FB (sebastiancruzparedes) pegada en la cuenta de Francisco Cerezo en donde se acusó a los integrantes de la organización no sólo de golpeadores, sino que replicó textualmente un pedazo grande de una amenaza que recibimos en el 8 de noviembre de 2011 a varias cuentas del Comité Cerezo, tal amenaza no fue pública, al mismo tiempo que intervienen una cuenta de correo del Área de Educación, a la cual le fueron borrados todos los contactos y cientos de correos. Consideramos que estos dos actos implican un grado de elaboración y de acceso a cierta información que no tiene cualquier persona, por lo que los entendemos como claras amenazas, ataques y hostigamientos del Estado.

Existen otro grupo de ataques en nuestra contra que han sido realizados por medio de cuentas personales de FB. En ellas se afirma, una y otra vez, que nosotros somos los golpeadores que atacaron a quienes estaban en el Ché la madrugada del 3 de marzo, que somos un grupo porril y paramilitar, que estamos coludidos con las autoridades, que estamos exigiendo que la autoridad retome el Che; las más violentas han comenzado a subir fotos de Héctor, Antonio, Alejandro y Francisco Cerezo para identificarlos y pedirle a sus contactos que los confronten. También están aquellas que, por medio de comentarios, han retado a pelear a algunos de nuestros integrantes.

Este segundo tipo de ataques es más complejo, creemos que genuinamente hay personas que, confiando en la falsa información que corre por las redes sociales está cuestionando un actuar que le parece ilegítimo, quizá incluso este sea el caso de la mayoría, sin embargo nos preocupa que haya unos cuantos (los menos) que estén claramente interesados en desprestigiarnos y atacarnos no por servir a la verdad sino a otros intereses que desconocemos.

Este esquema de agresión a fin de cuentas también es responsabilidad del Estado, consiste en la exposición a un cúmulo de información falsa con el objetivo de generar caos, desconfianza y miedo para que a través de estas sensaciones y como resultado del estrés personas y organizaciones puedan ser puestas en contra de otras organizaciones y personas. Un ejemplo claro de una estrategia de Estado lo vimos en Oaxaca durante la movilización de la APPO y creemos que se está repitiendo a menor escala en la Universidad.

Por lo tanto denunciamos que lo que está ocurriendo en las redes sociales es una estrategia de Estado más refinada, que está exacerbando diferencias entre organizaciones sociales con el objetivo, en nuestro caso, de impedir el trabajo de defensa, promoción y difusión de los derechos humanos en México.

Comprendemos que ante la confusión y el claro hecho de que hay personas agredidas todos estemos desconfiados, enojados y confundidos. Como Comité Cerezo tenemos principios de trabajo que nos parecen necesarios, sin embargo nunca hemos dejado de trabajar cuando se nos lo ha solicitado sin importar el grupo o las formas de lucha que los grupos que nos llaman utilizan. Eso evidencia que jamás utilizaríamos la violencia en contra de otro grupo del movimiento social pese a que no compartiéramos la misma postura, jamás, tampoco, llamaríamos a que las autoridades los ataquen.

La mayoría de las acusaciones se basan en lo que dice una persona o en lo que afirma alguien que conoce a alguien más que es amigo, del primo del que estaba. Pedimos que por favor revisen los materiales que están circulando, en ninguno de ellos hay ninguna prueba que muestre nuestra participación en los hechos. Pedimos también a las organizaciones cercanas a los grupos que de una u otra manera han repetido estas versiones, que les hagan notar que nosotros no los estamos atacando ni estamos pidiendo a nadie que los ataque, que lo que estamos haciendo es develar que estamos todos baja una lógica de Estado que intenta sacar ganancia de esta confusión, ojalá todos podamos contribuir a limpiar el ambiente, en el entendido de que a quien le interesa seguir manteniendo la confusión y la confrontación entre organizaciones de izquierda es únicamente el Estado mexicano y las autoridades universitarias.

Fotografías de pantalla de incitación a la violencia en contra de los miembros de nuestra organización.


Fotografía obtenida de la web donde aparece Francisco Cerezo Contreras

En este mensaje suman varias mentiras y la información con que el Estado nos ha criminalizado anteriormente diciendo que tenemos vínculos con el EPR, cabe aclarar que ninguno de los hermanos Cerezo estuvo en un Bachilleres, y que ningún miembro de nuestra organización estuvo en los hechos de la toma del Auditorio.



Esta es una fotografía de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio que fue tomada del internet y que los dos últimos hermanos habían salido en libertad después de 7 años y medio de prisión por motivos políticos.

El objetivo de esta campaña de difamación y criminalización tiene el objetivo, en el caso del Comité Cerezo México de:

Deslegitimar nuestro trabajo de defensa de los derechos humanos
Aislar a nuestra organización del apoyo del movimiento de derechos humanos y el movimiento social
Destruir nuestro carácter de defensores de los derechos humanos
Desaparecer el trabajo y las actividades que realizamos

¿Qué actividades le resultan molestas al Estado para tratar de desprestigiarnos?


La documentación, en materia de derechos humanos, del caso Atenco. El acompañamiento y la libertad del caso de Emanuel Hernández. La participación activa en el Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México.

La realización de tres giras en Europa para denunciar la situación que se vive en México y los constantes ataques a los integrantes del Comité por el trabajo que realizan.

La obtención de medidas cautelares por parte de la CIDH para tres integrantes de la organización, así como el acompañamiento de las Brigadas Internacionales de Paz para elevar la seguridad de todos los integrantes.

La creación de más de 5 talleres que se ofrecen a organizaciones sociales para aumentar las capacidades en materia de derechos humanos, así como la realización de una escuela general de derechos humanos y una escuela de educadores populares en derechos humanos anualmente.

La obtención del Premio de la Paz de Aquisgrán, Alemania en el año 2012.

¿Cuál es la historia del Comité Cerezo México?

El día 14 de agosto, Francisco Cerezo Contreras, un estudiante de Pedagogía del Sistema Abierto de la UNAM, caminaba por la calle cuando vio, en un puesto de periódicos, el anuncio de que habían detenido a peligrosos terroristas. Al dar la vuelta para conocer las fotos de esas peligrosas personas se encontró con la foto de sus tres hermanos y dos personas a las que no conocía. El día 13 de agosto de 2001 un operativo federal había entrado por la fuerza a la casa de sus hermanos Antonio (24 años, estudiante de Filosofía), Héctor (22 años, estudiante de Filosofía) y Alejandro (19 años, estudiante de Economía y Sociología), quienes fueron injustamente culpados de haber colocado petardos afuera de una sucursal bancaria. Durante casi 12 hrs. los mantuvieron en esa misma casa, los torturaron y, finalmente los trasladaron para ser procesados. Ese mismo día operativos similares ocurrieron en la casa del indígena Pablo Alvarado Flores (quien se dedicaba a vender calcetines) y de Sergio Galicia Max (un carpintero), quienes corrieron la misma suerte que los hermanos Cerezo Contreras. Todos ellos fueron remitidos a Penales de Máxima Seguridad y estuvieron expuestos a constantes tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violaciones a los derechos humanos.

Ante esta injusta situación Emiliana y Francisco Cerezo conformaron un comité por la libertad de estas personas, organización a la que se sumaron amigos y conocidos de los agraviados. Del 2001 al 2005 los integrantes de esta organización se dedicaron a denunciar las injustas situaciones que vivían sus familiares y conocidos, a denunciar la arbitrariedad e injusticia con la que habían sido acusados falsamente y las anomalías que se presentaban en el proceso jurídico. Como resultado de esto comenzaron a recibir amenazas de muerte para detener la denuncia de la injusta manera en la que el Estado Mexicano pretendía aparentar que tenía policías efectivas para combatir la inseguridad. A lo largo de este tiempo, debido a las experiencias que tuvieron que enfrentar y al aislamiento que debían romper, fueron adquiriendo conocimientos y experiencia en la defensa de los derechos humanos, en los casos de prisión por motivos políticos que existían en México y en los patrones represivos que utiliza en Estado mexicano. Por ello comenzaron a trabajar, a la par del caso específico que los había unido, por denunciar la injusticia que vivían muchas otras personas que habían sido injustamente detenidas y asociadas a motivos políticos o que estaban presas por la manera en la que pensaban y defendían los derechos humanos o exigían al Estado que cumpliera con su trabajo.

Para el año 2006 muchas más personas conocían no sólo el caso, sino el trabajo por la libertad y de denuncia de actos represivos que había adquirido el Comité Cerezo México, comenzaron a acercarse para pedir que los asesoraran para la defensa de casos parecidos, para hacer análisis de las amenazas e incidentes que enfrentaban, por lo que el Comité ya no sólo hacían un trabajo de documentación y acompañamiento de su propio caso, sino que comenzó a funcionar para atender muchos otros casos y para compartir el conocimiento con otras personas.
En el año 2005 Alejandro Cerezo fue exonerado de toda culpa, mientras que, por ilógico que parezca, Pablo Alvarado cumplió una sentencia de cinco años, por lo que salió libre en el 2006, mientras que Héctor y Antonio Cerezo Contreras cumplieron una condena de siete años y medio, por lo que su libertad les fue devuelta hasta el año 2009. Todos ellos decidieron, luego de la terrible experiencia que habían vivido, incorporarse al Comité Cerezo México y trabajar para denunciar y evitar que cosas como las que les habían ocurrido siguieran pasando en México.

Actualmente, el Comité Cerezo está integrado por personas sensibles y solidarias; víctimas de hostigamiento y amenazas por parte del Estado y, sobrevivientes de tortura y encarcelamiento ilegal e injusto. Somos una organización de trabajo, solidario y voluntario, dedicado a la defensa y promoción de los Derechos Humanos de víctimas de la represión por motivos políticos en México, con un carácter civil, autónomo, laico e independiente

El Comité es una organización que contribuye, en el ámbito nacional, al conocimiento y uso de la herramienta de los Derechos Humanos; a la defensa de los DH y que acompaña a los diferentes actores de la sociedad en su perseverancia legítima por obtener el pleno derecho a la autodeterminación y la justicia. El trabajo del Comité Cerezo está basado en el principio de la solidaridad humana como pilar fundamental para la construcción de una sociedad que garantice el completo disfrute de los Derechos Humanos, vistos como interdependientes e integrales.

Actualmente contamos con las siguientes áreas y proyectos

Áreas de trabajo

Acompañamiento
Sistematización
Internacional
Educación
Difusión
Cultura Proyectos
Revista Revuelta
Cafetería
Serigrafía
Offset

Para establecer un contacto o recibir más información puedes consultar las páginas:
O escribir al correo comitécerezo@nodo50.org

lunes, 3 de marzo de 2014

Comité Cerezo: Pronunciamiento por los hechos en la UNAM




A los medios de comunicación y la opinión pública
A las organizaciones sociales y colectivos de izquierda
A las personas solidarias
A la comunidad universitaria

Ante los lamentables hechos que se han suscitado desde la madrugada de este día en torno al Auditorio Ché Guevara y a las terribles acusaciones, rumores y versiones falsas que en estos momentos están circulando en redes sociales el Comité Cerezo México se ve en la necesidad de manifestar enérgicamente lo siguiente:

1. Desde la mañana, hora en la que supimos que había un comunicado firmado por Grupos, colectivos e individuos por espacios autónomos y autogestivos en el que se afirmaba que nuestra organización de derechos humanos, el Comité Cerezo México estaba involucrado en los hechos violentos ocurridos en la madrugada de este día en el Auditorio Ché Guevara, lanzamos un breve comunicado en el que afirmamos claramente que ningún integrante ni colaborador de nuestra organización participó en tales acciones.

Dejamos claro que “Como siempre afirmamos que el rumor y la mentira son los instrumentos del Estado que tratan de deslegitimar el trabajo de defensa de los DH, ante esta nueva acusación, afirmamos que ningún integrante o colaborador del Comité Cerezo México ha participado en hechos como los que acusan. Queremos afirmar que el Comité Cerezo México es una organización de defensores de los derechos humanos, es decir, no recurrimos a la violencia, todo nuestro trabajo es público y ha sido reconocido en México y a nivel internacional”.

En ese sentido, desde esta mañana todos los integrantes de nuestra organización han sido víctimas de un nuevo ataque que busca deslegitimarnos y preparar el escenario para disfrazar un ataque en nuestra contra como un problema de riña entre particulares, por lo que responsabilizamos al Estado de cualquier ataque, hostigamiento, estigmatización o acto de criminalización que podamos sufrir.

2. Hasta donde sabemos, luego de la toma que ocurrió a las cuatro de la mañana, aproximadamente a las doce del mediodía otro grupo regresó para tomar el control del Auditorio.

Están circulando muchísimos rumores, lo que es cierto es que en la tarde ocurrió un enfrentamiento de tales dimensiones que la Dirección de la Facultad de Filosofía y Letras ha cerrado las instalaciones.

Es evidente que el ambiente está fuertemente enrarecido, también es evidente que las acciones que han ocurrido ahora sólo benefician al Estado y a las autoridades universitarias y que el hecho de que haya retenidos, heridos, golpeados y lastimados puede ser un hecho montado y provocado bajo el objetivo de justificar la detención de integrantes del movimiento estudiantil y de organizaciones sociales así como la toma del Auditorio Ché Guevara.

Ante este hecho solicitamos a las personas que sean prudentes, que eviten repetir rumores y versiones que no están sustentadas en hechos y en pruebas con el objetivo de no complicar más la situación y no ser cómplices de una campaña de desprestigio, confrontación y caos que pudiera ser orquestada por el mismo Estado.

3. Por la tarde recibimos la información de que dos personas de organizaciones sociales que se encontraban cerca del Auditorio para informarse acerca de lo que estaba pasando habían sido retenidas y golpeadas dentro del Auditorio Ché Guevara.

Ante ese hecho, de acuerdo con el mandato de nuestra organización, denunciamos esos hechos, con el objetivo de develar que la confusión y el caos habían sido aprovechados para atentar en contra de algunas personas. En este mismo sentido sabemos que una de las personas ya ha sido soltada y la otra entregada a la autoridad universitaria, quienes llevaron a esta persona, presumiblemente, a un MP.

4. Por último, muchas personas cercanas nos han buscado para decirnos que lamentan mucho lo que está sucediendo, pero también para recomendarnos que tengamos cuidado debido a que dicen que corren rumores en las redes sociales de nosotros somos los que orquestamos y dirigimos estos hechos, los que golpeamos directamente a la gente o que miembros de nuestra organización fueron reconocidos dentro del Auditorio etc., etc. En este aspecto deseamos ser fuertemente claros:

Tampoco vamos a tolerar, de ninguna manera, que se nos siga acusando de violentos, de golpeadores, de haber intentado recuperar el Ché para vender drogas como los rumores dispersados por el Estado gritan convenientemente en estos momentos de confusión.

A todas las personas que dudan, que se sienten confundidas, les pedimos que conserven la calma y se pregunten ¿quién es el mayor beneficiado de los hechos ocurridos el día de hoy?

Consideramos que los hechos ocurridos el día de hoy, enmarcados en el aniversario de uno de los más grandes grupos porriles, consisten en su totalidad en un ataque bien planificado y dirigido que lo que busca es crear el escenario en medio del cual invisibilizar fuertes ataques a los integrantes e instalaciones del movimientos social y, en especial, del movimiento estudiantil y otros grupos de izquierda que trabajan dentro de la UNAM.

Es bastante sospechoso el silencio y la ausencia total de las autoridades, es bastante sospechoso que quienes salgan lastimados y debilitados de todo esto sean los luchadores sociales, es bastante sospechoso que todo lo ocurrido el día de hoy vaya acompañado por rumores que intentar atacar el trabajo y la imagen de una organización de defensa y promoción de los derechos humanos.

Por último queremos señalar el hecho de que en una cuenta del FB de un miembro del Comité Cerezo México empezaron a postear una amenaza que habíamos recibido hace más de 5 años y que nos señala también como una fachada de un grupo insurgente, han manipulado nuestro logotipo para acusarnos como fascistas, la primera es mentira que sólo el Estado ha usado de manera reiterada en nuestra contra, la segunda es un intento burdo de generar confusión; así mismo y lo que es más grave es que por lo menos a una cuenta del ärea de Educación del Comité Cerezo México le fue modificada su contraseña aproximadamente a la una de la tarde, se intentó recuperar la contraseña, sin embargo al parecer ya no es posible, preguntamos si acaso personas comunes pueden hacer este tipo de actos.

Hacemos responsable a las autoridades federales y de la Universidad Nacional Autónoma de México del mal uso que se pueda dar a esta cuenta de correo intervenida y sobre la cual ya no tenemos ningún control, también los hacemos responsables de cualquier ataque a los miembros de nuestra organización de derechos humanos y a la infraestructura de nuestra organización.

Alertamos y pedimos a todas las organizaciones y personas solidarias que nos han cobijado siempre con su solidaridad a que estén pendientes de cualquier convocatoria que realicemos para defender nuestros espacios de trabajo y el trabajo de defensa de los derechos humanos que realizamos.

"Por que ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista"
Comité Cerezo México

Más información sobre nuestro trabajo:

Declaración Urgente del Comité Cerezo





A los medios de comunicación
A las organizaciones sociales y estudiantiles
A las organizaciones de derechos humanos

Según información proporcionada a la organización de derechos humanos Comité Cerezo México por la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Rio Tenería, el lunes 3 de marzo, desde el mediodía, el normalista de dicha Escuela David Moreno fue retenido en contra de su voluntad y está siendo golpeado por decenas de desconocidos dentro del Auditorio Che Guevara, ubicado a un costado de la facultad de filosofía y Letras de la UNAM en la Ciudad de México Así también información proporcionada por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo hace del conocimiento que Carlos Damián Martínez Ramírez, integrante de dicha organización fue detenido al acercarse al auditorio Che Guevara para informarse de lo que ahí acontecía, siendo también retenido en contra de su voluntad y golpeado por varias personas desconocidas. Cabe rescatar que Carlo Damián es parte de la comisión del FNLS que realizó la conferencia de prensa el 3 de marzo a las 11:00 horas en el Monumento a la Madre en la ciudad de México para dar a conocer las diferentes actividades que se realizarán en el marco del 8 de marzo.

También reportan estas organizaciones que varios jóvenes estudiantes fueron encapsulados frente a la facultad de filosofía y letras por personas desconocidas y están siendo retenidos en contra de su voluntad y están siendo golpeados por lo que hacemos responsables de la retención, tratos crueles inhumanos y degradantes y tortura al Estado México y a las autoridades universitarias.

Por lo anterior, solicitamos al gobierno mexicano:

1. Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de David Moreno, estudiante normalista, de Carlos Damián Martínez Ramírez, integrante del FNLS, así como la todos los jóvenes que están retenidos y están siendo golpeados por parte de desconocidos.

2. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México.

A los organismos nacionales internacionales de protección de los derechos humanos que:

En la medida de sus atribuciones externen al Gobierno Mexicano su preocupación ante la gravedad de estos hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas.

Por las organizaciones:

Comité Cerezo MéxicoComité Cerezo México

Premio de la Paz de Aquisgrán 2012 (Aachener Friedenspreis)
"Por que ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista"

viernes, 28 de febrero de 2014

Otra vez Oaxaca: Dejan tijeras en matriz de indígena, entra en coma y fallece


MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por otro caso de negligencia médica en un hospital de Oaxaca, el cuarto del año.

Ahora se trata del caso de una indígena permaneció en coma un año a causa de que los médicos que la atendieron olvidaron unas tijeras en la matriz tras practicarle una cesárea en el hospital rural de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

Este caso es anterior a los cuatro en que igual número de mujeres han parido en jardines y banquetas afuera de hospitales al negarles atención médica y que también son investigados por la CNDH.

De acuerdo con el organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva, el 10 de febrero de 2013, una mujer dio a luz a unas gemelas en Hospital rural de Miahuatlán. La primera nació por parto natural y para la segunda bebé debieron practicarle una cesárea.

Al día siguiente, la madre se sintió mal, tuvo fiebre y dolores en el vientre; los médicos la mantuvieron en observación y cuatro días después la dieron de alta.

Dos días después, el 17 de febrero, fue internada nuevamente en el mismo hospital donde la operaron de emergencia porque tenía una grave infección en la matriz provocada presuntamente porque personal médico “olvidó” unas tijeras en la matriz, después de dar a luz a sus gemelas.

Un día después de la operación informaron a la familia que la mujer había entrado en coma inducido y así permaneció todo un año hasta que el pasado martes 25 falleció.

Ante la presunta negligencia médica, la CNDH envió visitadores adjuntos al lugar de los hechos para entrevistar a familiares de la víctima, al personal médico y de enfermería del nosocomio. Además para solicitar información a las autoridades sanitarias y de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca.

A través de un comunicado, el organismo nacional defensor de los derechos humanos, insistió en la importancia de brindar atención médica hacia los pacientes, con oportunidad, “al ser la vida un derecho humano fundamental”.

Y es que en Oaxaca han sido recurrentes los casos de negligencia médica por desatención a mujeres embarazadas.

El pasado 27 de enero, una mujer dio a luz a su hija en la banqueta debido a que en el Hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” de Huajuapan de León, no la quisieron atender.

Por este caso, la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca inició el expediente DDHPO/RM/04/(07)/OAX/2014 y emitió una medida cautelar al secretario de salud, Germán Tenorio Vasconcelos, para que rindiera un informe del caso.

Además, la CNDH abrió una queja de oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra esta mujer.

A principios de octubre de 2013, Irma López, una mujer de origen mazateca parió en el patio trasero de la clínica rural del municipio indígena de Jalapa de Díaz. Una enfermera y el médico responsable del turno fueron acusados de abuso de autoridad y omisión.

Otro caso fue el Alma Ruth Mendoza Martínez, cuyo bebé nació en la calle, en las inmediaciones de la clínica del municipio de San Antonio de la Cal. El médico responsable y el director de la clínica fueron separados de sus cargos.

A finales de ese mismo mes, una mujer de nombre Cinthia, tuvo a su bebé en el baño de la posada del Centro de Salud de la comunidad San Jacinto Amilpas. Aunque las autoridades pretendieron ocultar el caso, ella lo denunció el 11 de noviembre.

En los tres casos, se denunció la negativa de las autoridades médicas para dar el servicio, con el argumento de que aún les faltaba tiempo para que naciera su bebé.