HÉCTOR BRISEÑO
Integrantes del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero exigieron justicia y se esclarezca la muerte del abogado Aquiles Márquez Santoyo, ocurrida el 24 de febrero por la noche al recibir cuatro impactos de bala producto de un enfrentamiento entre policías ministeriales estatales y federales, en la calle Bernal Díaz del Castillo, en la colonia Progreso, dejando cuatro hijos menores de edad en la orfandad y una viuda.
El presidente estatal de ese colegio de abogados, Julio César Hernández Serna, exigió que se aplique la Ley General de Víctimas, se paguen los gastos funerarios y se otorguen becas y se indemnice por el daño provocado a la esposa de Márquez Santoyo, quien era miembro del Colegio al momento de su muerte.
“A estas alturas debemos expresar nuestra absoluta inconformidad con la lentitud y falta de protocolos establecidos en la Ley, así como la falta de rigor técnico y científico con las que las investigaciones se han desarrollado”, sostuvo Hernández Serna.
Reprochó que el magistrado presidente del Poder Judicial de Guerrero con licencia, Jesús Martínez Garnelo, quien funge como secretario general del gobierno estatal, no se haya comunicado con familiares del abogado fallecido; así como tampoco los titulares de las procuradurías de justicia estatal, federal, y el Consejo de la Judicatura Federal.
Parientes de Márquez Santoyo culparon a policías ministeriales federales, a cargo de la seguridad de Rutilo Ernesto Guevara Clavel, magistrado del Poder Judicial de la Federación, de su fallecimiento.
Señalaron que había cesado la balacera cuando la víctima, que pesaba 100 kilogramos, corrió a resguardarse, y fue entonces que elementos federales vestidos de civil le dispararon a mansalva, a unos tres o cuatro metros de distancia.
La esposa de Márquez Santoyo, Priscila Ramírez Durán, exigió al gobernador Ángel Aguirre Rivero que dé una respuesta de lo sucedido. Lamentó que fueron los propios familiares quienes efectuaron una recreación de los hechos. También invocó por la justicia y el castigo de los responsables.
Aquiles Márquez Sánchez, padre del abogado asesinado, informó que se están integrando los elementos de una averiguación previa para presentar una demanda por responsabilidad civil obligada para exigir el pago de los daños.
Denunció que testigos y familiares mujeres están siendo acosados por federales. “El sábado me estuvo persiguiendo una suburban negran, quiero que me digan qué hacer, ¿mis hijos necesitan que los dejen de llevar a la escuela?; “¿necesito esconderme, irme a Estados Unidos? Esto no se puede quedar así, no mataron a un perro”, exclamó Priscila Ramírez.
Por separado, horas antes, familiares del litigante asesinado se manifestaron en el edificio Costera 125, en la avenida Costera Miguel Alemán, donde se encuentran las oficinas de la Policía Federal en el puerto.
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