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domingo, 10 de febrero de 2013
viernes, 8 de febrero de 2013
Protestan en Oaxaca por altas tarifas de luz
PEDRO MATÍAS
OAXACA, Oax. (apro).- Con bloqueos carreteros y la toma de oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cientos de personas protestaron este jueves contra las altas tarifas de energía eléctrica.
La Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), realizaron movilizaciones en el Istmo de Tehuantepec, la Mixteca y la región del Papaloapan bajo el lema: “O comemos o pagamos la luz”.
Los inconformes denunciaron que la CFE paga a empresas privadas que cobran entre 400 y 500 pesos por la instalación del servicio, cuando es obligación de la paraestatal hacerlo. Aunado a ello, apuntaron, las tarifas que les imponen son estratosféricas.
La resistencia civil contra las altas tarifas de luz tiene como finalidad que se reconozca el disfrute del servicio de energía eléctrica como un derecho humano.
En Huajuapan de León, la organización MAIZ tomó las oficinas de CFE, y otro grupo bloqueó la carretera que conecta a Oaxaca con Veracruz.
En la región del Istmo, trabajadores de la Sección 22 del SNTE realizaron la toma simbólica de las oficinas de la CFE, y los integrantes de la UCIZONI se manifestaron en la Estación Sarabia y en las instalaciones de la paraestatal de Matías Romero, donde también se bloquearon varias calles.
Organizaciones se manifiestan en Coatza contra altas tarifas de CFE
SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA / VIERNES, FEBRERO 08, 2013
Coatzacoalcos, Ver.- Entre conatos de bronca y peleas verbales, los integrantes del movimiento contra las altas tarifas eléctricas bloquearon la circulación al sureste; manifestaron que el 40 por ciento de la energía que se produce en el país la producen empresas extranjeras, por eso están encareciéndose las tarifas y señalaron que en la sierra y las poblaciones indígenas, los recibos llegan de entre dos y tres mil pesos el bimestre, pero ellos apenas tienen para comer. Los empresarios del sureste respaldan las movilizaciones, señalan que se deben buscar esquemas para disminuir los precios de la energía.
A las 10 horas, diversas organizaciones de resistencia civil de los municipios del sur cerraron la circulación en la carretera Costera del Golfo, en la intersección con los municipios de Otepan y Zaragoza. Los manifestantes, en su mayoría campesinos de la sierra expresaron que existe un gran descontento por el monto tan elevado que tienen que pagar por el servicio, cuando apenas logran sacar recursos para comer.
En la zona serrana de Santa Martha, donde existen muchas comunidades consideradas con alto nivel de marginación, se están recibiendo recibos de 2 mil a 3 mil pesos por bimestre, por lo que llevan varios años en resistencia de pago.
Refirieron que en México no existen tarifas justas, de acuerdo con el nivel de percepción de cada población, ya que en las grandes ciudades, el salario no es equivalente a los jornales que reciben los campesinos. “Somos campesinos, queremos que nos cumplan las promesas de campaña que nos bajen las altas tarifas, si obtenemos dinero es para comer, no para pagar las altas tarifas; los campesinos queremos pagar pero una tarifa justa porque no hay trabajo y a los pobres no nos hacen caso”, declaró una señora afectada habitante de Soteapan.
Raymundo Jiménez, representante del movimiento en Las Choapas, recordó que este movimiento tiene 15 años de trabajo y no se ha logrado acordar con las autoridades que se realice un ajuste a las tarifas.
Refirió que en esa zona los recibos de energía eléctrica llegan de más de 2 mil pesos, mas cuando se intenta negociar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se firman convenios y acuerdos que luego no se cumplen. “Del gobierno federal sólo hemos recibido acuerdos que no se cumplen, cárcel, garrote y represión”, anotó.
Actualmente, en la zona sur, el movimiento de resistencia civil enfrenta 50 demandas penales contra los líderes-
“Con esta manifestación le estamos recordando al presidente Enrique Peña que fue promesa de campaña bajar las tarifas, que tiene la obligación moral de cumplir porque la gran mayoría de la población no las podemos pagar”.
Los indígenas se resisten a los grandes proyectos de generación de energía que se realizan en el Istmo de Tehuantepec, especialmente en San Dionisio del Mar, Santo Domingo y Piedra Larga, en los municipios de Santo Domingo Ingenio y Unión Hidalgo , respectivamente, además del tramo de la carretera Arriaga (Chiapas)-La Ventosa (Oaxaca).
El movimiento de resistencia civil manifestó que en todos estos proyectos se les está dando prioridad a las empresas privadas, lo cual podrían encarecer el servicio, dejando aún más indefenso a los pobres.
Cabe señalar que durante la manifestación se presentaron varios conatos de bronca y enfrentamientos verbales por parte de personas que querían circular, los cuales se enfrentaron con los manifestantes.
En la zona se presentó un enfrentamiento con un motociclista quien prácticamente atropello a un indígena y fue bajado de la unidad a golpes. Los manifestantes dejaron pasar enfermos, mujeres embarazadas e incluso la carroza fúnebre de una persona que iba a ser sepultada.
+ Respaldan empresarios
Cuestionado sobre las manifestaciones, José Antonio Wilburn, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Coatzacoalcos manifestó que las altas tarifas eléctricas, se ha convertido un reclamo popular. Refirió que los diputados deben buscar los esquemas necesarios para que se disminuyan los costos del servicio, ubicándola en un precio social y económicamente accesible al bolsillo de todos los ciudadanos.
“Las tarifas ya no las podemos pagar, no sólo en las zonas donde hay más calor y se consume más, sino en todas las comunidades, es un problema social que se tiene que atender, porque la población también paga agua, comida, transporte y los gastos de las casas”.
La Canaco, fue una de las primeras cámaras que iniciaron los movimientos contra las altas tarifas, debido a esto, los empresarios siguen pugnando para que se busquen alternativas que permitan tener redes eficientes, pero sin que lesionen la economía de las familias y empresas.
Liberada, la carretera transístmica: Segob
La secretaría de Gobierno informó que a las 16 horas quedó totalmente liberada la carretera transístmica quebloquearon integrantes de la Red de Resistencia Civil en Protesta por las Altas Tarifas Eléctricas.
A pesar de la manifestación que se llevó cabo de manera simultánea en todo el país, se mantuvo la circulación, sin afectación significativa al tránsito vehicular, ya que hubo fluidez y comunicación hacia todos los municipios de la región.
Desde temprano, personal de la Dirección de Política Regional estuvo atendiendo a los manifestantes, quienes liberaron la vía luego de que finalizara la reunión que sostuvo en la Ciudad de México una comisión de representantes con autoridades federales, quienes analizarán la viabilidad de sus peticiones.
Respaldan Ong la inconformidad de consumidores por altos cobros de luz
RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)
Tecpan, 7 de febrero. Las organizaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos respaldaron las manifestaciones de los pobladores de las comunidades donde han llegado altos cobros de energía eléctrica que hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y rechazaron la represión y criminalización de las protestas sociales de parte de los gobiernos estatales.
Exigieron a los gobiernos federal y estatales priorizar el diálogo por encima de la represión policiaca y la criminalización de defensores y defensoras que encabezan las manifestaciones en contra de los altos cobros.
Mediante un comunicado, los miembros de la red aseguraron que la CFE viola los derechos de las comunidades más pobres al establecer tarifas exorbitantes que contrastan con el ingreso y capacidades de asumir estos gastos por los pobladores.
En las últimas semanas, en algunas comunidades como Zacualpan, Papanoa, Puerto Vicente Guerrero, Parada del Puerto, El Trapiche, Los Laureles, La Cuesta, Estero Colorado, El Rincón y Manzanillal han surgido movimientos de resistencia al pago excesivo de luz.
En el texto los miembros instan a las autoridades estatales, que se han encargado de criminalizar tales protestas a través del aparato judicial, a que antes de fincar algún delito, se procure el diálogo en vez de castigar el rechazo público al no pago, equiparando por igual a mujeres y hombres como delincuentes, además de hacerlos responsables de que no haya servicio de luz y rechazaron que actualmente defensoras y defensores organizados en contra el pago de luz enfrenten procesos judiciales acusados de secuestro equiparado, la interrupción del corte de servicio de luz (delito que no existe) y otros que fabriquen a modo para mantenerlos fuera de las acciones de denuncia contra la empresa paraestatal
Manifiestan que el derecho de los usuarios es de acuerdo a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas que dice que la energía eléctrica es parte del derecho humano a la vivienda adecuada.
Las mujeres en México a la espera de seguridad y justicia.
El pasado lunes 4, medios locales e internacionales dieron informaron sobre seis turistas españolas fueron víctimas de violación durante sus vacaciones en Acapulco, en el estado de Guerrero.
Tras inicialmente haber minimizado los hechos, las autoridades del Estado de Guerrero se vieron forzadas a reafirmar que se conduciría una investigación completa para procesar a los responsables. Este cambio de discurso pareció obedecer una creciente ola de indignación pública así como a presiones internacionales.
pecialmente lamentable, es que este trágico suceso no es ajeno a la realidad a la que se enfrentan incontables mujeres, ya que de acuerdo a información recopilada por Amnistía Internacional (AI) cada año miles de niñas y mujeres son víctimas de violencia sexual en México.
De acuerdo con la información que el año pasado presentó Amnistía Internacional al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, más de 14.000 mujeres son víctimas de violación cada año. Además, de acuerdo a estudios, está cifra podría representar solo un 20% de los casos reales, pues el 80% de los casos no son denunciados.
De acuerdo a información de condenas ocurridas en 2009 – la última a la que la organización ha tenido acceso - en México solamente se produjeron 2.795 condenas por violación.
De esta forma, la organización puede concluir que la impunidad sigue siendo uno de las características de la violencia sexual contra las mujeres en México.
Amnistía Internacional reconoce que si bien han habido algunos avances positivos, como la aprobación de la ley “de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, la violencia de género sigue siendo generalizada. Tanto las autoridades federales como estatales han fracasado sistemáticamente a la hora de garantizar la aplicación efectiva de muchos aspectos de esta ley, lo que contribuido a que la impunidad subsista.
El pasado mes de enero, familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde cientos de mujeres han sido víctimas de asesinatos o desapariciones, se manifestaron en una caminata a la Ciudad de Chihuahua para exigir a las autoridades que investiguen adecuadamente los delitos y lleven a los responsables ante la justicia.
Las organizaciones de mujeres de otros estados, como Nuevo León, Oaxaca y México, han señalado pautas similares de violencia de género –que las autoridades no combaten con eficacia–.
La justicia es crucial cuando se trata de abordar la violencia contra las mujeres y acabar con ella. Si quien viola a una mujer no recibe ningún castigo, el mensaje que se está transmitiendo es que tales abusos son aceptables –es una firme invitación a que otros cometan ese mismo delito–.
Amnistía Internacional considera que las autoridades mexicanas no pueden seguir esperando para atender las demandas de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y exige que se tomen medidas concretas y efectivas que mejoren la investigación y logren que se incremente la cifra de procesamientos y condenas y de esta forma reducir la impunidad.
Además, el gobierno mexicano debe urgentemente implementar políticas destinadas a poner fin a la violencia y apoyar a las mujeres y niñas sobrevivientes de abusos sexuales.
Pue/Méx. Las declaraciones del SGG Lic. Fernando Manzanilla ponen en situación de vulnerabilidad a habitantes de comunidades Totonacas y ONG´s por el Caso de la Hidroeléctrica en Olintla
Puebla, México a 7 de febrero de 2013
El día de ayer el Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, emitió declaraciones oficiales sobre el conflicto que ha provocado la pretendida construcción de la hidroeléctrica concesionada a Grupo México en Olintla.
Al respecto, como ReddH vemos con preocupación dichas declaraciones, ya que elude problemas de fondo, poniendo en situación de riesgo a las comunidades de ésta región Totonaca que no han sido informadas de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Debemos destacar que el conflicto por la Hidroeléctrica se convierte en tema de interés social al verse afectados recursos naturales que de acuerdo al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son de la NACIÓN.
Como funcionario de alto nivel de gobierno es necesario que informe de manera oficial a la ciudadanía poblana aspectos relevantes de la Hidroeléctrica. Como lo son:
La hidroeléctrica concesionada a Grupo México ¿Qué situación guarda respecto a los otros proyectos hidroeléctricos y mineros? ¿Son proyectos independientes? ¿Ya cumplieron con todos y cada uno de los requisitos para llevar a cabo el proyecto? ¿La luz generada se la venderán a CFE? ¿Tienen relación alguna con los mantos acuíferos de Veracruz? ¿Cuál es la proyección financiera y quienes los beneficiados?
¿Cuántos empleos se generaran? ¿De manera específica que trabajo (en construcción, mantenimiento, de ingeniería, etc.) desarrollaran los habitantes de las comunidades totonacas? ¿Cuál será el salario? ¿Durante qué tiempo tendrán empleo? ¿Ya hay un contrato colectivo de trabajo? ¿Ya hay quién será el titular?
Dicen que son mayoría los que quieren la construcción de la hidroeléctrica ¿Conocen de los procedimientos utilizados para el listado de los que han dado su anuencia? ¿Quiénes llevaron a cabo ese empadronamiento: empresas particulares, autoridades municipales? ¿Son de trayectoria con alta calidad moral quienes levantaron y entregaron los padrones?. Esto, ya que hay denuncias penales, precisamente porque no han dado su autorización los dueños de los predios afectados, y quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
¿Considera necesario impulsar una consulta popular en las comunidades totonacas afectadas? ¿Ha considerado en su agenda una reunión con las comunidades totonacas para conocer de manera directa la situación?
Son tan sólo algunas preguntas básicas que proporcionarían mayor información pública para evitar interpretar el conflicto de la hidroeléctrica como intercomunitario. Al mismo tiempo que sus declaraciones no pondrían en situación de riesgo y vulnerabilidad a las comunidades totonacas afectadas, así como a todos aquellos interesados, organizados o no, en el manejo transparente de la distribución equitativa de la riqueza mexicana producto del usufructo de nuestros recursos naturales.
Atentamente
Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH
Brennan y Kiriakou, aviones no tripulados y tortura
Publicado el 8 de febrero de 2013
Amy Goodman
John Brennan y John Kiriakou trabajaron juntos hace años, pero sus
carreras tomaron rumbos drásticamente diferentes desde entonces. Brennan
está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo director de la CIA,
mientras que Kiriakou está cada vez más cerca de la prisión. Los
destinos de ambos están vinculados a la llamada “guerra contra el
terrorismo”, que fue ampliamente condenada a nivel mundial durante el
gobierno de George W. Bush. El Presidente Barack Obama le dio un nuevo
nombre a la guerra contra el terrorismo y se refiere a ella —de manera
más inofensiva— como "operaciones de contingencia en el extranjero",
pero, en lugar de alejarse de las prácticas reprochables de su
predecesor, ha ido más allá. El ascenso de Brennan y el procesamiento
de Kiriakou demuestran que los excesos recientes del Poder Ejecutivo de
Estados Unidos no son anormalidades transitorias, sino el
establecimiento de una nueva y aterradora normalidad, donde los ataques
con aviones no tripulados, la vigilancia sin órdenes judiciales, los
asesinatos y los arrestos por tiempo indefinido se llevan a cabo con
arrogancia e impunidad, protegidos por el secreto y más allá del alcance
de la ley.
John Kiriakou trabajó durante 14 años en la CIA
como analista y oficial de caso. En 2002 lideró el equipo que encontró a
Abu Zubaydah, supuestamente un alto miembro de Al Qaeda. Poco tiempo
después, en 2007, Kiriakou fue el primer funcionario en confirmar
públicamente, en una entrevista con Brian Ross de ABC News, que la CIA
implementaba la técnica del submarino. Kiriakou dijo en esa entrevista:
“En ese momento me parecía que la práctica del submarino era algo que
debíamos hacer. Pero ahora que pasó el tiempo y el 11 de septiembre está
cada vez más lejos cambié de parecer y creo que el submarino es
probablemente algo que no deberíamos estar practicando". Kiriakou dijo
que las llamadas “técnicas avanzadas de interrogatorio” le parecían
inmorales y que rechazó ser capacitado para usarlas.
Desde aquella entrevista, se hizo público que Zubaydah fue
interrogado con la técnica del submarino al menos 83 veces y que esos
interrogatorios no proporcionaron ninguna información útil. Zubaydah
aún continúa encarcelado en la Bahía de Guantánamo, sin que se hayan
presentado cargos en su contra. Kiriakou pronto comenzará a cumplir su
propia sentencia de 30 meses de prisión, pero no por haber divulgado
información sobre la técnica del submarino. Se declaró culpable de
revelar el nombre de un ex interrogador de la CIA a un periodista, con información que el interrogador mismo había publicado en un sitio web de ingreso público.
Mientras tanto, se espera que John Brennan, actual asesor en asuntos de
antiterrorismo de Obama, reciba la confirmación del Senado para asumir
como nuevo director de la central de inteligencia.
Recientemente le pregunté a John Kiriakou qué pensaba de John Brennan:
“Conozco a John Brennan desde 1990. Trabajé directamente para él dos veces. Creo que es una muy mala elección para liderar la CIA. Es hora de que la CIA
se distancie de la oscuridad del régimen posterior al 11 de septiembre.
Necesitamos a alguien que respete la Constitución y que no quede
atrapado en el legado de tortura que tiene la CIA.
El hecho de que el Presidente Obama haya elegido a John Brennan envía
el mensaje equivocado a todos los ciudadanos estadounidenses".
El Presidente Obama ya había considerado a Brennan como posible director de la CIA
en 2008. Pero en ese entonces Brennan retiró su candidatura tras
recibir amplias críticas por el apoyo que dio a las políticas de tortura
de la era Bush en los distintos altos cargos de inteligencia que ocupó
durante su gobierno, por ejemplo, cuando fue director del Centro
Nacional Antiterrorista.
Qué diferencia hacen cuatro años. Con la muerte de Osama bin Laden en
su bolsillo, Obama parece inmune a críticas por sus acciones
antiterroristas. Se dice que John Brennan manejará la tristemente
célebre “lista de asesinatos selectivos” de personas que Obama cree que
tiene el derecho de asesinar en cualquier momento y lugar del planeta,
como parte de sus llamadas “operaciones de contingencia en el
extranjero”. Aquí se incluye el asesinato de ciudadanos estadounidenses,
aunque no se presente ningún cargo en su contra, ni se realicen juicios
o se cumpla con el debido proceso. Los ataques con aviones no
tripulados es una de las maneras en las que se llevan a cabo estos
asesinatos. El ciudadano estadounidense Anwar al-Awlaki fue asesinado en
Yemen en un ataque con un avión no tripulado. Dos semanas después, su
hijo de 16 años nacido en Denver, Abdulrahman, murió de la misma manera.
También le pregunté qué opinaba de Brennan al Coronel Lawrence
Wilkerson, jefe de asesores del Secretario de Estado Colin Powell desde
2002 a 2005. Me dijo: “Lo que sucede con los ataques con aviones no
tripulados en el mundo entero en este momento es, en mi opinión, tan
malo como muchas de las cosas que reprobamos ahora tan fácilmente, en
retrospectiva, del gobierno de George W. Bush. Estamos creando más
enemigos de los que matamos. Estamos haciendo cosas que violan el
derecho internacional. Estamos incluso asesinando ciudadanos
estadounidenses sin debido proceso y tenemos un fiscal general que dice
que el debido proceso no incluye necesariamente el proceso legal. Estas
palabras son realmente aterradoras”.
Mientras John Kiriakou está próximo a ir a prisión por revelar un
nombre, la Oficina de Periodismo de Investigación del Reino Unido (BIJ,
por sus siglas en inglés) presentó un proyecto llamado "Naming the
Dead" (”El nombre de los muertos”) con la esperanza de “identificar la
mayor cantidad posible de personas asesinadas en ataques encubiertos con
aviones no tripulados de Estados Unidos en Pakistán, ya sean civiles o
militares”. La BIJ informa que, aparentemente, “al menos 2629 personas murieron hasta ahora en ataques con aviones no tripulados de la CIA en Pakistán”. Se le debería preguntar a John Brennan acerca del destino de cada una de ellas.
Boletín de Democracy Now! en Español
8/2/2013
Los titulares de hoy
Disponible alrededor de las 17:00, hora de Nueva York. Si el link del audio no funciona, visita nuestra web
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El Resto de la Hora de Democracy Now! |
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En la audiencia realizada el jueves en el Congreso para confirmar su designación al frente de la CIA,
John Brennan, la persona elegida por el presidente Obama para ocupar
dicho cargo, defendió enérgicamente las políticas de contraterrorismo
implementadas por el presidente, entre ellas el mayor uso de aviones no
tripulados y los asesinatos selectivos de ciudadanos estadounidenses. Más...
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La audiencia realizada el jueves en el Congreso para confirmar a John Brennan como director de la CIA fue postergada brevemente para retirar de la sala a las activistas de la organización CODEPINK,
por interrumpir el testimonio de Brennan en reiteradas ocasiones. Una
mujer mostraba una lista de los niños paquistaníes asesinados durante
los ataques con aviones no tripulados. La ex diplomática estadounidense y
coronel retirada Ann Wright —que llevaba colgado al cuello un cartel
con el nombre de Tariq Aziz, un joven paquistaní de 16 años que fue
asesinado en un ataque con aviones no tripulados en el año 2011—
interrumpió a Brennan. Wright y otras siete personas más fueron
detenidas. Más...
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En la audiencia realizada en el Congreso para confirmar su designación al frente de la CIA,
el candidato John Brennan fue cuestionado en reiteradas ocasiones por
el uso de técnicas de tortura, como "el submarino" y "las técnicas de
interrogatorio mejoradas". Brennan se rehusó a decir que "el submarino"
fuera una forma de tortura, pero sostuvo que con el tiempo llegó a estar
en contra de esa técnica. Durante el gobierno de George W. Bush,
Brennan se desempeñó como vice director ejecutivo de la CIA y director del Centro de Integración de la Amenaza Terrorista. Más...
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jueves, 7 de febrero de 2013
Televisa-The Guardian y la publicidad encubierta
El reportaje de The Guardian sobre Televisa y EPN.
Foto: Guardian.co.uk
MÉXICO, D.F. (apro).- Dos grandes grupos mediáticos, el mexicano Grupo Televisa y el británico The Guardian News and Media Limited, decidieron hoy hacer las paces.
En un comunicado conjunto, The Guardian expresa una disculpa por la publicación de una serie de reportajes, a partir del 7 de junio de 2012, centrados en acusaciones contra Televisa y derivados de documentos proporcionados por una fuente confidencial en México.
La serie de reportajes publicados por The Guardian iban en la misma línea de investigación que Proceso publicó desde octubre de 2005 sobre la existencia de un presunto “Plan de Acción” y un convenio publicitario entre el entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y Grupo Televisa, para encumbrarlo hacia la presidencia a través de un trato preferencial en los informativos y programas de espectáculos de la mayor compañía televisiva en habla hispana.
Televisa siempre ha negado la existencia de un convenio de tal naturaleza y ha acusado de “mentirosos” a quienes hemos publicado y documentado esta relación. Tampoco ha dado acceso a los convenios y pautas originales que se manejan entre los políticos y la empresa televisiva.
Con The Guardian, Grupo Televisa avanzó un paso más: presentó una demanda legal contra el periódico británico, exigiendo una disculpa pública o llevar el litigio a tribunales. En México, desde el 16 de agosto de 2012, el Instituto Federal Electoral (IFE) declaró “infundada” la queja presentada por el PRD, misma que se basó en los reportajes publicados desde 2005 en Proceso, en la serie de textos de The Guardian y en las copias de los documentos que mencionaban la existencia de empresas “paralelas” o brokers.
En la parte medular del comunicado conjunto, The Guardian “reconoce la preocupación de que sus artículos hayan sido interpretados (especialmente en México) como si Televisa fuera culpable de una conducta indebida. The Guardian no tuvo la intención de sugerir que estos documentos constituían una prueba concluyente de parcialidad o sesgo informativo por parte de Televisa. The Guardian reconoce que Televisa y sus periodistas buscan mantener los más altos estándares editoriales y comprende que lo publicado haya causado profunda molestia”
Esa es la disculpa pública, con una demanda legal de por medio.
Sin embargo, el problema no es el pleito entre dos grandes medios, sino la existencia o no de una práctica común entre los políticos mexicanos y los medios electrónicos concesionados para promover a través de las estrategias conocidas como “publicidad encubierta” o “publicidad integrada” o “desplazamiento del producto”, a quienes aspiran a tener el voto y la popularidad del electorado.
En otras palabras, el debate que es necesario dar en México es si las audiencias y los ciudadanos deben estar enterados o no cuándo un contenido relacionado con algún político se trata de un producto informativo genuino o de una transacción comercial disfrazada de nota, de cápsula o infomercial.
Aún más. El debate real es cuánto le cuesta al erario de las entidades, de los municipios y de las secretarías de Estado la práctica generalizada de “publicidad encubierta” para promover los logros de los servidores públicos. Es un tema de rendición de cuentas, de transparencia y de derecho a la información que los políticos mexicanos y los grandes consorcios mediáticos niegan con infinita frecuencia porque implicaría conocer acuerdos poco claros, intercambios de favores y recursos cuantiosos y discrecionales.
¿Es sana una democracia cuando la venta de espacios informativos y de entretenimiento se convierte en un mercado donde aparece más quien paga más y es mejor tratado el político o el partido que está dispuesto a entrar a estos arreglos discrecionales?
En varias ocasiones, el tema de la “publicidad encubierta” se ha discutido en el seno del Consejo General del IFE. El 19 de agosto de 2009, el organismo electoral acreditó que el actor Raúl Araiza apareció promoviendo al Partido Verde en la serie Un Gancho al Corazón.
Sin embargo, no hubo sanción para el partido ni para la televisora. Sólo una amonestación pública. El consejero Marco Antonio Baños argumentó que en la ley electoral –el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales– no está regulado el concepto de “publicidad integrada” y menos el de “publicidad encubierta”.
El consejero Alfredo Figueroa ha insistido varias veces en la urgencia de que el IFE tome una posición clara frente a este fenómeno generalizado, a partir del modelo exitoso de Peña Nieto.
No sólo las televisoras, estaciones de radio y los políticos admiten la existencia de este recurso mercadológico. La empresa Zenith Media, en un estudio realizado en 2009, afirmó que el impacto de una “marca” que aparece subliminal o abiertamente en el contenido de un programa es 50 y 100% más eficaz que los tradicionales anuncios o spots. Perfecto. La pregunta es si los políticos sólo son una “marca” y los ciudadanos “clientes”.
Zenith Media afirmó en su estudio que la publicidad integrada generalmente se pacta a través de “paquetes comerciales” que se negocian “discrecionalmente” entre las grandes empresas y las compañías mediáticas.
“No existen contratos ni facturas que avalen el cobro de desplazar el producto en la trama de una serie televisiva, una telenovela, un partido de futbol y un programa de espectáculos”, advierte la misma agencia.
El problema es que en la mayoría de los casos donde el producto desplazado es un político, un candidato o un servidor público, está involucrado el dinero público. Y la regla de máxima transparencia en una democracia reclama que ese dinero público sea fiscalizado de manera clara.
También el IBOPE, la máxima agencia de medición de ratings en México, ha elaborado un catálogo para tipificar las distintas formas de “publicidad encubierta”. El instituto menciona las siguientes:
a) Integración ambiental ( a través de logotipos, fotografías o manejo cromático)
b) Integración activa.- Hay una interacción directa con el producto.
c) Mención auditiva.- Sobre todo, en el caso de la radio.
d) Cápsula comercial y cortinilla comercial.- Generalmente es un spot dentro de dos bloques de programas.
e) Cortinilla del conductor.- El propio conductor se vuelve en promotor de las características de la marca, producto o personaje.
f) Bloque de patrocinadores.- En estos casos, hay una mención explícita de quienes pagan por ese espacio.
Si ya existe una tipología comercialmente aceptada para este tipo de estrategias de mercadotecnia, ¿por qué los partidos y los gobiernos han querido evitar un debate que regule o prohíba este tipo de publicidad? Este es el fondo de un problema que ha ido minando la credibilidad tanto de los medios masivos como de los propios políticos transformados en “marcas”.
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Mexicana: Iván Barona, fuera de la puja por el rescate
MÉXICO, D.F. (apro).- De nueva cuenta, la juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, dejó fuera de la puja por el rescate de la aerolínea a Iván Barona, representante de BF International Mining Traders, debido a que no demostró la liquidez de la letra de cambio internacional que presentó por 150 millones de dólares.
El pasado martes 5, después de que había vencido el plazo de 10 días fijado por la juez, el empresario minero presentó el documento en la oficialía de partes, el único que le faltaba para concursar por la adquisición y reestructura de la aerolínea y sus filiales.
“Debe destacarse que el concursante no aporta elemento novedoso alguno de prueba que justifique a plenitud que, ante las instituciones financieras de la República Mexicana, dicho documento es financieramente líquido, o bien que éste ha sido monetizado” y tenga la disponibilidad inmediata de los recursos, puntualizó Alarcón este jueves.
Según el acuerdo publicado a través del Consejo de la Judicatura, Barona pretendió apegarse a la convocatoria y realizó distintas manifestaciones, pero debido a los requisitos impuestos, “su solicitud era legalmente improcedente”.
La juez insistió en que Barona incumplió con el requisito de las reglas establecidas al omitir demostrar que tiene la disponibilidad inmediata de los 100 millones de dólares “visibles y verificables”.
Recordó que en la convocatoria, lanzada el pasado 9 de enero, se estableció como requisito indispensable y bajo protesta de decir verdad que los interesados debían manifestar y demostrar tener la disponibilidad inmediata de 100 millones de dólares.
Dichos recursos debían estar etiquetados y disponibles para adquirir y capitalizar a Mexicana de Aviación, además de que el interesado debía contar con 250 millones de dólares, visibles y verificables, cuando el juzgado federal lo solicitara.
“La regla establece como elemento indispensable que éste debe demostrar contar con liquidez inmediata, es decir, dicho requisito es un elemento sine qua non a la declaratoria formal de aquel inversionista como interesado en la adquisición y capitalización de la concursada y sus filiales”, señaló Alarcón.
Al no reunir el perfil delineado con lo que se estipuló en la convocatoria, la juez indicó que no se reconoció a Iván Barona y BF International Mining Traders como potencial comprador de Mexicana.
“Se determinó la improcedencia legal de tal solicitud. En ese orden de ideas y a mayoría de razón, se destaca que el promovente y su representada no acreditan de forma alguna que en lo relativo a su capacidad financiera para capitalizar a la concursada y sus filiales, ésta es distinta a aquella que sostuvieron tener, hasta el día 9 de enero de 2013, en que esta autoridad los dejó de tener como únicos y potenciales inversionistas”, puntualizó.
Marchará SME a Washington y pondrá queja en la CIDH contra la Corte
ROSALÍA VERGARA
MÉXICO, D.F. (apro).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordó realizar una marcha-caravana a Washington, la capital del Estados Unidos, para presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de rechazar que la Comisión Federal de Electricidad fungiera como patrón sustituto.
La marcha forma parte de una serie de actos de resistencia civil pacífica que acordaron los electricistas durante su asamblea general extraordinaria realizada el pasado 4 de febrero, contra la decisión de la SCJN que les negó el amparo para que la CFE contratara a los 16 mil 599 electricistas que no aceptaron su liquidación tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro hace casi tres años.
Entre los acuerdos, destacan rechazar el monto de la liquidación ofrecida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Sobre la marcha-caravana, informó que entregarán personalmente la queja en la CIDH, con apoyo de organizaciones sindicales estadunidenses y canadienses, como la Alianza Trinacional de Solidaridad México.
“Esta caravana, que se denominará ‘Por el Derecho y la Justicia del Trabajador’, contará con la solidaridad global de distintas centrales y federaciones internacionales como la Federación Sindical Mundial y la Central Sindical Internacional (CSI) que a través de sus organizaciones afiliadas”, señaló el SME.
En este contexto, agregó, “acordamos participar en la Jornada Internacional de los ‘Días de Acción’, en solidaridad con el sindicalismo mexicano convocada por la Industrial Global Unión (IGU), del 19 al 24 de febrero, que se realizará prácticamente en todo el mundo”. La IGU cuenta con más de 50 millones de afiliados y organizaciones en más de 140 países del mundo.
Paralelamente, participarán en la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”; y en dos más que se realizarán en el país, una hacia el occidente, y la otra, al sureste, con el mismo propósito de denunciar a la SCJN y lograr la unidad del movimiento popular promoviendo, entre otros ejes de articulación del movimiento: la solidaridad con el SME, la baja de las tarifas eléctricas y la lucha en contra de la privatización de Pemex.
El SME acordó también continuar el litigio de la demanda 1267 en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA):
“La asamblea general acordó tomar todas las medidas políticas, jurídicas y económicas que eviten la disolución forzosa de nuestra organización; asimismo, promover fuentes de ingreso económico para toda la base social de la resistencia que permitan sostener la heroica lucha de resistencia de los 16 mil 599 trabajadores y trabajadoras que no aceptamos ni aceptaremos la liquidación.”
También pidieron la reactivación de la mesa de negociaciones con el gobierno federal para encontrar una salida política al conflicto.
“Para nosotros está claro que los ministros de la Segunda Sala de la SCJN actuaron por consigna del Ejecutivo federal, pasando por encima de los derechos fundamentales de miles de trabajadores y sus familias”, destacó.
…Y aprueba reabrir caso Monex para indagar triangulación
JESUSA CERVANTES
MÉXICO, D.F. (apro).- De manera inesperada, la discusión del dictamen sobre los topes de campaña presidencial llevó a los consejeros a aprobar por mayoría una nueva revisión sobre las empresas que participaron en la triangulación del caso Monex.
En esta sorpresiva votación, ganada por mayoría, ya no estuvo presente el consejero Sergio García Ramírez, quien hace 15 días logró con su sufragio la exoneración del PRI en el caso de la triangulación financiera, a pesar de que la Unidad de Fiscalización detectó la participación de 14 empresas, cinco bancos y la presencia de cuatro personas físicas en el entramado.
Este miércoles 6 de febrero, después de por lo menos cinco horas de discusión del dictamen de gastos de campaña, que finalmente fue rechazado y regresado a la Unidad de Fiscalización, el representante del PAN ante el Consejo General del IFE, Javier Corral, llamó la atención sobre parte del reporte de gastos del PRI.
Al argumentar en contra del dictamen, el senador panista dijo que la revisión no cumple con las mínimas reglas de auditoría y puso ejemplo: “Cómo es posible que el PRI reporte como proveedor a las empresas Koleos y Tiguan, y la Unidad de Fiscalización no diga nada al respecto, no los sancione.
Recordó que hace dos semanas, cuando se discutió el caso Monex, se reveló que la unidad detectó que dichas empresas, Koleos y Tiguan, había participado en la triangulación de recursos hacia el PRI.
Sin embargo, el PRI argumentó que no sabía que se habían usado; que él contrató un financiamiento con la empresa Alkino. “Se sostuvo que estas empresas no tuvieron relación comercial con el PRI y ahora resulta –en el análisis de un caso distinto–, que sí fueron sus proveedores”.
El PRI reportó en el dictamen que se discutió en la sesión de hoy, que le compró a Koleos poco más de 6 millones de pesos en espectaculares y a Tiguan le pagó 90 mil pesos por otros servicios.
Ante esta evidencia, añadió Javier Corral, “podemos decir que no hubo ninguna investigación de fondo, por oficio de la unidad de investigación, pues el PRI ya antes había negado cualquier relación con estas empresas y ahora aparecen como sus proveedoras”.
Por ello, dijo, “no sólo hay que analizar el prorrateo que utilizó el PRI para el cómputo de gastos de campaña a la Presidencia, sino también se debe investigar cómo actuaron estas empresas para que salga la pista de esa triangulación de dinero en la campaña de Peña Nieto y que se conoció como Monexgate”.
Los partidos PRD y MC se sumaron a la demanda del PAN. Y de manera inesperada, se sometió a votación que la Unidad de Fiscalización abra una investigación “por oficio” sobre estas empresas, por lo que de manera indirecta se reabrió el caso Monex.
Al final de la sesión, se le preguntó al consejero Alfredo Figueroa si tal votación implicaba abrir el caso Monex que fue votado 15 días atrás; y respondió que sí, “y a esta investigación por oficio se suma lo que en aquella ocasión se votó, y que es que la Unidad de Fiscalización revise el destino final del dinero, así se le ordenó a la unidad”.
En el apuro de las votaciones, se logró por mayoría de los consejeros y ya sin la presencia del consejero Sergio García Ramírez, la “investigación por oficio” u “oficiosa” como se dijo, del caso Monexgate.
Devuelve IFE dictamen sobre gastos de campaña
JESUSA CERVANTES
MÉXICO, D.F. (apro).- Con cinco votos a favor y tres en contra, el Consejo General del IFE regresó el dictamen sobre gastos de campaña presidencial de todos los partidos a la Unidad de Fiscalización para que precise cómo fue que determinó los gastos atribuidos a Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador, y le ordenó realizar un trabajo exhaustivo al respecto.
Los consejeros demandaron que Alfredo Cristalinas, titular de la Unidad, defina los “criterios” bajo los cuales determinó qué campaña (presidencial, de senadores o diputados) fue “beneficiada” con espectaculares, videos, gorras, eventos y demás. En el caso del PRI, la mayoría de los gastos fueron considerados por la Unidad de Fiscalización como dinero utilizado por los candidatos al Congreso de la Unión y no por Enrique Peña Nieto.
En contraparte, para la candidatura de Andrés Manuel López Obrador computó la mayor parte del recursos al candidato presidencial, y no aceptó la respuesta de PRD, PT y MC de que tal dinero era mayoritariamente para candidatos a diputados y senadores.
La falta de claridad hizo que el consejero Lorenzo Córdova planteara desde el inicio el regreso del dictamen hasta en tanto la Unidad no definiera qué es lo que entiende por “campaña beneficiada” y con base a cuáles criterios tomó sus determinaciones.
Los consejeros que votaron en contra fueron el presidente Leonardo Valdés Zurita, Marco Baños y Francisco Guerrero. Quienes estuvieron argumentando para que se hiciera una revisión fueron Lorenzo Córdova, Benito Nacif, Alfredo Figueroa, María Marván y Macarita Elizondo.
El consejero Sergio García Ramírez se excusó de votar; casualmente tomó esta determinación una vez que Macarita Elizondo adelantó –y con ello sumó cinco votos futuros–, que estaría a favor de regresar el dictamen. Así, la consejera anuló la calidad definitoria del voto de García Ramírez, como sucedió con el caso Monex.
Al arranque de la sesión, el primero en hablar fue justamente Sergio García Ramírez, quien pugnó por que la decisión que adoptara el Consejo General se hiciera tomando en cuenta que “entra en juego no sólo la justicia electoral, sino también la conciliación entre la ciudadanía”.
Agregó: “En cualquier litigio se mira hacia el pasado, pero en este caso el árbitro debe mirar al futuro y analizar cuáles serán las consecuencias de sus decisiones”.
Antes reconoció la labor del titular de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, “sobre todo cuando soplan vientos encontrados: (y usted muestra) entereza”. Luego dijo que en las siguientes rondas fijaría su voto. Curiosamente, al momento en que Macarita Elizondo decidió respaldar el regreso de dictamen, Sergio García Ramírez pidió la palabra y anunció que no votaría, y únicamente estaría “como invitado del presidente Valdés Zurita”.
El hecho de que se haya regresado el dictamen no necesariamente implica que ya no se multará con 129 millones de pesos al PRD-PT y MC, con 2.2 millones al PAN y 54.6 millones al PRI, mucho menos que se establezca que Peña Nieto no rebasó el tope de campaña, como lo fija el dictamen rechazado.
“Avalar dictamen es simular gasto”
En la discusión, el consejero Lorenzo Córdova Vianello sostuvo que el dictamen de Alfredo Cristalinas adolece de tres aspectos: no aclara qué entiende por “campañas beneficiadas”, hay que ver a cuál campaña se debe computar; no explica el motivo del beneficio y debe acreditar por qué es a tal campaña y no se ve el bosque en su conjunto, sino un árbol, es decir, se debe ver el conjunto de las campañas: presidente, senadores y diputados.
“Se debe aclarar qué motivó los criterios para ver el beneficiado”, destacó Córdova, porque en el dictamen no se explica por qué el beneficio ni cuál fue su motivación. “El dictamen no está motivado”, agrega.
En tanto, el consejero Figueroa argumentó que avalar el dictamen en sus términos es convertir la fiscalización en una estrategia financiera para los partidos y ya no sería un instrumento de gasto. “Votar en sus términos el dictamen es ir en contra de los principios fundamentales de la equidad… Es simular un gasto y violentar los topes de campaña”.
Hacerlo, dio, es convertir la fiscalización de un instrumento de gasto a una estrategia financiera para acomodar el gasto al antojo de los partidos. Por ejemplo, el PRI reportó que en el evento del estadio Azteca, gastó 4 millones 684 mil 517 pesos, “pero sólo el 1% se usó en Peña Nieto”; es decir, 46 mil 845 pesos. Este reporte lo dio por válido la Unidad de Fiscalización.
El consejero Figueroa propuso que al regresar el dictamen, en su nuevo análisis, la unidad estableciera el llamado “prorrateo” o distribución de los recursos por igual. Es decir, que si en un evento estuvo el candidato a la presidencial, el de la diputación federal y el de la senaduría, se dividiera entre tres “y no al antojo del partido político” que se está auditando. Pero su propuesta fue rechazada por mayoría de votos.
En defensa del PRI y de que se votara en esta sesión el dictamen, el consejero Francisco Guerrero dijo que regresar el documento “desploma y derriba las reglas preestablecidas para la fiscalización, y eso sí –advirtió– genera falta de certeza en la revisión”.
En el mismo sentido, el consejero Marco Baños sostuvo que regresarlo “sería atentar contra el reglamento”.
El consejero Benito Nacif aclaró que no se debe olvidar el papel del IFE en este momento: “Tenemos atribuciones y responsabilidades, y nos corresponde revisar ese dictamen. Los consejeros no estamos obligados a aprobar el dictamen de la Unidad de Fiscalización, hacerlo sería abdicar de nuestra responsabilidad”.
Enumeró luego las razones por las cuales se debía regresar el dictamen: no estoy de acuerdo con el criterio de interpretación del artículo 177 del Reglamento de Fiscalización, que es el que establece el prorrateo.
“Se mide con distinta vara a los partidos políticos y el tope de campaña no se respeta, pues cada partido tiene su propio tope de campaña; el dictamen no cumple el principio de exhaustividad y tampoco explica qué método usó la Unidad para aceptar la dispersión del gasto.
“Hay que transparentar el prorrateo y debe haber un solo tope de campaña para todos los partidos políticos”, sostuvo Nacif.
Añadió que con el criterio que escogió la Unidad de Fiscalización se deja que los partidos políticos determinen cómo distribuir su gasto. Ese criterio debe modificarse porque sus resultados afectan el principio de equidad. “Terminamos midiendo a los partidos con vara distinta”, admitió.
Marco Baños defendió la distribución de los gastos que hizo el PRI, y sostuvo en todo momento que el prorrateo es decisión de los partidos, no de los consejeros.
Sin embargo, como el artículo 177 en su inciso A dice que para la campaña presidencial se debe contabilizar “por lo menos el 50%” y el PRI no lo hizo, el consejero Nacif dijo que “este Consejo tiene la autoridad para ver si se usó el 50% que viene en el artículo”. En el inciso B del mismo artículo se establece que el 50% restante es el que se debe prorratear.
Lo que hizo el PRI es prorratear todo el 100% y reportar que de todos los gastos en la campaña presidencial sólo se usó el 1%.
La consejera María Marván, quien se pronunció por rechazar el dictamen de gastos de campaña y regresarlo a la Unidad, dijo que éste carecía de “elementos para establecer los criterios utilizados, ni por qué se determinó que el beneficiado de una campaña fue un candidato y no otro. “No hay un hilo conductor para asignar el beneficio a un candidato”, se quejó.
Baños argumentó que debe haber equidad en la contienda, si no la hay se afecta la certeza, objetividad y legalidad, y si no están estos elementos no hay transparencia ni verdadera rendición de cuentas.
“En la información que se presenta no está cuánto se gastó para diputado o senador, sólo se dice que gastó más que para presidente, por lo tanto emitir un voto sin la información completa sería sesgado”, añadió Marván.
La consejera Macarita Elizondo inclinó finalmente la balanza hacia el regreso del dictamen. En su argumentación sostuvo que aprobarlo sería establecer una visión parcial que permitiría “que a través de una ingeniería contable se rebase el tope de campaña”.
Aclaró que lo que fue bueno ayer, hoy no lo es. Y esto porque el prorrateo fue avalado por el consejero del IFE en 2007. “Para esta revisión –añadió– necesitamos una visión global y así evaluar todo el gasto de campaña y ver si se rebasaron o no los topes de campaña. El dictamen es incompleto porque no tiene todas las campaña”.
El consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, habló al inicio de la sesión. Aclaró que todos los partidos tuvieron dos oportunidades de subsanar requerimientos de la Unidad de Fiscalización y que se aprobó que el “prorrateo fuera libre” a elección de los partidos.
“Por lo que ninguno puede llamarse sorprendido”, dijo, luego destacó “el gran esfuerzo e imparcialidad de la Unidad de Fiscalización”, con lo cual adelantó así su voto a favor del dictamen.
Al final, sólo Baños, Guerrero y Valdés respaldaron a Alfredo Cristalinas. Sin embargo, por los cinco votos en contra, el dictamen se regresó a la Unidad, que deberá explicar cada una de sus sumas y restar en la revisión de los topes de campaña de cada partido político.
El siguiente dictamen podría presentarse la primera semana del mes de julio.
Sienta precedente la Suprema Corte con amparo a Proceso
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, D.F. (apro).- Con un amparo resuelto a favor de la revista Proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó precedente al romper con el secreto absoluto de las averiguaciones previas.
La Primera Sala del máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de varias disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que avalan la negativa de la Procuraduría General de la República de dar a conocer las averiguaciones previas por razones de “interés público”.
Por cuatro votos a uno, los ministros establecieron que con esas disposiciones no existe “una ponderación adecuada” entre el derecho a la información pública y lo que se busca con la restricción a la investigación y persecución de los delitos a cargo de la PGR.
“El hecho de que se establezca que toda la información contenida en la averiguación previa, absolutamente toda, con independencia de sus elementos, sea considerada reservada… impide el ejercicio de derecho de acceso a la información, incumpliendo el principio de máximo publicidad que lo rige”, dice la resolución.
El proyecto fue elaborado por el ministro José Ramón Cossío y tuvo el respaldo de sus homólogos Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y el de recién ingreso Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El único opositor fue el presidente de la Sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Con esa resolución, la Sala logró lo que en julio del año pasado no pudo el pleno de ministros, cuando no alcanzó la mayoría de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad del artículo 16 del CFPP.
Con el amparo solicitado por el director del semanario Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, la Corte declaró que los párrafos segundo, tercero y sexto de ese artículo son contrarios a la Constitución.
También invalidó los artículos 13, fracción V, y 14, fracciones I y III de la LFTAIPG y el artículo 9 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la CNDH.
El amparo llegó la Suprema Corte luego de que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa pidiera al máximo tribunal del país revisar los alegatos constitucionales de Rodríguez Castañeda ante la negativa de la CNDH de darle acceso a un expediente motivo de una queja contra la secretaría de la ahora desaparecida Seguridad Pública federal.
En agosto de 2009, Rodríguez Castañeda interpuso una queja contra la CNDH luego de que el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presentara ante la prensa a una célula de La Familia Michoacana no sólo con armas y otros elementos de su presunta actividad ilegal, sino con ejemplares de la revista Proceso en los que se daba cuenta de las dificultades de la Policía Federal para enfrentar a esa organización delictiva.
También difundió un video en el que uno de los detenidos aseguró que el jefe de la organización, Servando Gómez Martínez, La Tuta, le pedía ejemplares de la revista.
La CNDH salió en defensa de García Luna al asegurar que sólo se trató de la labor informativa de la SSP, por lo que no se violaban los derechos ni se ponía en riesgo a la revista.
Proceso le pidió a la CNDH que le dejara ver el expediente de su investigación, pero el organismo se negó a entregarlo. Un juez de distrito avaló la negativa, pero ahora la Suprema Corte estableció que el Tribunal Colegiado debe revisar la negativa con los nuevos criterios de inconstitucionalidad.
Nuevas pistas en indagatoria de estallido en edificio de Pemex
Fueron hallados restos de una llave y un tubo de que no aparecen registrados en los planos del inmueble, según el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Alfredo Castillo.
Sobre la explosión en el edificio B2, la PGR investiga una llave y un tubo de gas que no aparecen registrados en los planos del inmueble, de acuerdo con el diario Reforma.
En un recorrido por las instalaciones donde se produjo el estallido, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Alfredo Castillo, informó que los restos del regulador y el tubo encontrados en el área de pilotes fueron sometidos a análisis y dieron positivo a la presencia de gas metano, según el periódico El Universal.
En tanto, la PGR también indaga sobre la presencia de restos de agua en el ducto de gas natural que pasa entre los edificios B1 y B2. Las autoridades buscan determinar si el tubo tenía una porosidad desde la que se filtró el componente que causó la explosión.
“En el lugar se observan residuos de agua y basura, es lo que se está valorando para ver de qué manera pudo haber existido algún tipo de porosidad que estuvo pasando con el paso del tiempo”, apuntó Castillo, citado por Reforma.
¿Qué dijo y qué no dijo la traducción al español del comunicado Televisa-’The Guardian’ ?
| Televisa | The Guardian |
| Párrafo 2“The Guardian es uno de losprincipales periódicos de Gran Bretaña.” | “The Guardian es uno de los principales periódicos serios de Gran Bretaña.” |
| Párrafo 3“… un mes previo a la competidaelección presidencial en México …” | “… un mes previo a la fuertemente competida elección presidencial en México …” |
| Párrafo 5“…the Guardian pensó que sus artículos planteaban una cuestión de interés público …”“…The Guardian publicó los artículos…” | “…The Guardian consideró que sus artículos basados en estos documentosplanteaban un serio asunto de legítimointerés público …”“…The Guardianpublicó las acusaciones…” |
| Párrafo 6“… Televisa había vendidocobertura informativa a algunos partidos políticos y candidatos” | “… Televisa había sido acusado de parcialidad informativa por vender cobertura informativa favorable a algunos partidos políticos y candidatos” |
| Párrafo 7“… generan controversia …” | “… generan considerable controversia …” |
| Párrafo 9“…the Guardian acepta que tanto el IFE como el TEPJF resolvieron …” | “…The Guardian reconoce que tanto el IFE como el TEPJF resolvieron …” |
| Párrafo 10“The Guardian reconoce la preocupación …”“… una prueba concluyente de parcialidad o sesgo informativo por parte de Televisa.” | “The Guardian acepta la preocupación …”“… una prueba concluyente de sesgo en la información políticapor parte de Televisa.” |
| Párrafo 11“The Guardian acepta que lasautoridades electorales resolvieron que la cobertura televisiva de Grupo Televisa cumplió con las estrictas normas electorales mexicanas y neutralidad política. En consecuencia, The Guardian aclara gustosamente cualquier involuntario malentendido.” | “The Guardian reconoce que la cobertura de noticias políticas de Televisa ha sido resuelta por el Tribunal Electoral Federal de México y cumplen con las estrictas regulaciones de radiodifusión del país sobre la imparcialidad política. The Guardian clarifica consecuentemente con gusto cualquier malentendido involuntario.” |
Este es el documento original en inglés:
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