Autor: Yenise Tinoco
29 Marzo 2009
La inacción del Estado mexicano y la creación de burocracia ineficiente devienen en la falta de investigación y sanción en contra de los responsables por la violencia contra periodistas.En el primer trimestre de 2009 se registraron 65 agresiones, es decir, 73 por ciento del total de las documentadas en 2008. El 70 por ciento de los agresores son funcionarios públicos.
En los primeros tres meses de 2009 se documentaron 65 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, lo que representa 51 por ciento más de las registradas en el mismo periodo durante 2008, con 32 ataques a la libertad de expresión, de acuerdo con información del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Según el Informe de agresiones a periodistas, compendio estadístico 2007-2009, elaborado por Cencos, en ese lapso hubo un incremento en el número de periodistas afectados. La mayoría de éstos pertenecen al gremio de la prensa escrita (74 por ciento). Además existe un mayor porcentaje de funcionarios involucrados en ellas (55 por ciento), lo cual evidencia un retroceso en la democracia mexicana.
El informe agrega que los funcionarios se convirtieron en los principales agresores de periodistas y medios de comunicación, lo cual agrava la situación al convertirse éstos en sujetos y objetos del problema de libertad de expresión que se vive el país. En enero de 2009 se registraron 40 ataques, en los cuales el 80 por ciento de los presuntos culpables son burócratas.
Carlos Lauría, coordinador del programa para América de la Comisión para la Protección de los Periodistas (CPP), dice que desde hace cuatro años ellos documentaron un creciente número de agresiones contra informadores mexicanos. De 2000 a la fecha, la organización registró 25 asesinatos de periodistas; en ocho de éstos se pudo comprobar que el homicidio tuvo relación directa con la labor informativa que realizaban en su momento.
La impunidad que priva en el país, agrega Lauría, hace que “casi” todos los crímenes queden sin castigo. La falta de investigación y avance en la procuración de justicia, en relación con los delitos contra periodistas, hace que la impunidad sea la norma. La responsabilidad del Estado es resolver los casos; sin embargo, éste no está cumpliendo con su obligación de protección de la libertad de expresión.
El estudio Señalamientos sobre el incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de libertad de expresión, realizado por Cencos, señala que las autoridades federales omiten prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de las violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal y al trabajo, convirtiéndose en un aliciente para los agresores de periodistas.
Brisa Maya, directora ejecutiva de Cencos, expone que el gobierno federal se limita a decir que los agresores son miembros del crimen organizado; sin embargo, las cifras desmienten esa afirmación: de los 65 casos documentados en 2009, 70 por ciento fueron responsabilidad de funcionarios.
“Mientras siga la impunidad, las casos van a seguir en aumento. Si un funcionario amenaza o intimida a un periodista y no hay sanción, cualquiera puede hacer lo mismo”, dice Maya.
Escalada de violencia
Para Carlos Lauría hay una correlación directa entre el aumento en el número de ataques a periodistas y la escalada en la violencia entre los grupos hegemónicos del narcotráfico. Los reporteros que cubren la fuente policiaca se encuentran en la línea de fuego, así convierten a este país en el más peligroso para desarrollar la labor informativa en Latinoamérica, por encima de Colombia. Agrega que los periodistas en México no cuentan con garantías mínimas para ejercer su trabajo sin temor a represalias.
De 2005 a la fecha, ocho periodistas desaparecieron; la mayoría de ellos cubría la fuente del narcotráfico y del crimen organizado. Los reporteros investi gaban la complicidad entre autoridades y organizaciones criminales.
De acuerdo con el informe de Cencos, el año pasado ocho reporteros en Ciudad Juárez, que cubren nota policiaca, fueron amenazados por presuntos delincuentes y cárteles del narcotráfico. Sin embargo, en otras entidades, los principales agresores son funcionarios: 37 por ciento en el Distrito Federal; en Oaxaca, 41.6 por ciento, y en Veracruz, 75 por ciento.
Lauría considera que la reacción del Estado mexicano frente a la escalada de violencia, en particular contra los periodistas, es insuficiente. “La gravedad del asunto supera cualquier posibilidad de solución. En muchos estados la situación está fuera de control, por ello la necesidad de desplegar más de 25 mil elementos del Ejército para combatir al crimen organizado. Las más de 6 mil muertes registradas el año pasado, relacionadas con el narcotráfico, evidencian una situación muy grave”.
A decir del representante de la CPP, en amplias zonas del país la militarización trajo un número creciente de agresiones –por parte de la Policía Federal y del Ejército– a periodistas que cubren la fuente del narcotráfico.
De acuerdo con información del Centro de Periodismo y Ética Pública, las agresiones contra periodistas las realizan principalmente policías municipales en un 43 por ciento; militares, 23 por ciento; policías federales, 23 por ciento, y agentes estatales, 11 por ciento.
Gerardo Priego, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, considera que el asesinato de dos periodistas en Guerrero y otro más en Veracruz son señales claras de cómo pinta el año. Los agresores cada vez emplean formas más creativas para acallar a los informadores, indica.
El 13 de febrero fue asesinado, en Iguala, Jean Paul Ibarra, fotógrafo del diario El Correo; 10 días después, Luis Daniel Méndez, locutor de Radiorama Tuxpan, y el 27 del mismo mes, Juan Carlos Hernández, director de El Sema nario Ultimátum, fue privado de la vida en Taxco, Guerrero.
“Cada vez que hay elecciones, las agresiones aumentan, porque los periodistas tienen como responsabilidad hacer escrutinio público; eso tensa el ambiente de libertad de prensa”, dice Priego.
Se incumplen acuerdos
Brisa Maya considera que el gobierno mexicano, ya sea por acción u omisión, incumple con los acuerdos internacionales en materia de libertad de expresión, como son el derecho a la vida, al trabajo y al acceso a la justicia.
Para Maya, en casi tres años la Comisión Especial de la Cámara de Diputados –creada ex profeso, para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas– no ha logrado que se dictamine la iniciativa para federalizar los delitos contra la libertad de expresión; la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha sacado un informe integral sobre el problema, y la fiscalía, dependiente de la Procuraduría General de la República, no ofrece ningún resultado en la materia.
Además, dice, desde hace dos años está pendiente que el gobierno federal haga una petición formal para que se realice la visita oficial de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El 18 de mayo de 2007, el relator especial para la Libertad de Expresión de la OEA emitió un comunicado que dice: “La desaparición y el asesinato de periodistas se han vuelto recurrentes en algunas áreas de México. Instamos a las autoridades a investigar el paradero de Gamaliel López y Ge rardo Paredes y adoptar todas las medidas necesarias para que los comunicadores sociales puedan ejercer libremente su profesión sin temer por sus vidas”.
A la fecha, dice Maya, el Estado ha hecho muy poco para salvaguardar la integridad de los periodistas nacionales e, incluso, internacionales. López y Paredes, reportero y camarógrafo, respectivamente, de TV Azteca, desaparecieron el 10 de mayo de 2007; hoy todavía se ignora su paradero.
El estudio Señalamientos sobre el incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de libertad de expresión señala que, “habiéndose constituido el ejercicio del periodismo como una profesión de alto riesgo y no habiendo el Estado adoptado las medidas necesarias para garantizar el libre y seguro ejercicio de la profesión de periodistas, México estaría violando el derecho al trabajo”, contemplado en el Protocolo de San Salvador, en los artículos 6 y 7.
Caso Jiménez Mota en la CIDH
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó ante la CIDH la investigación que realizó sobre la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota, ocurrida el 2 de abril de 2005 en Hermosillo, Sonora, lugar considerado de alto riesgo para el ejercicio del periodismo.
El pasado 13 de marzo, en el marco de la reunión de medio año de la SIP, en Asunción, Paraguay, el organismo latinoamericano entregó el informe a la comisión y toda la documentación que logró recabar sobre la desaparición del reportero sonorense.
El caso de Jiménez Mota será el cuarto presentado ante dicha instancia. La CIDH conoció sobre los asesinatos de Héctor Félix, el Gato, quien falleció el 20 de abril de 1988; el de Víctor Manuel Oropeza, el 3 de julio de 1991, y el de Benjamín Flores, el 15 de julio de 1997.
En sus alegatos ante la CIDH, la SIP consignó que en el caso de Jiménez Mota la violación a las garantías fundamentales va más allá del propio desaparecido. Se extiende a la familia de la víctima, en su derecho a la verdad; a los comunicadores de Sonora, quienes ven afectado su trabajo periodístico por la impunidad y el incumplimiento del Estado en proveer seguridad para desarrollar su oficio con independencia y seguridad.
Además, la población de Sonora que vio, dado el nivel de autocensura, vulnerado su derecho a recibir información que le permite ejercer su derecho democrático a tomar decisiones en lo individual y en lo comunitario.
Desde enero de 2005, Jiménez Mota publicó en El Imparcial una radiografía sobre las actividades de los hermanos Beltrán Leyva, originarios de Sinaloa, conocidos como “los tres caballeros”.
El relato
En su informe, la SIP relata a la comisión que el 2 de abril de 2005 Jiménez Mota se retiró del diario a las 20:45 horas y desde su casa llamó a su amiga Shaila Rosagel. Ambos quedaron en encontrarse ese sábado más tarde junto con otros amigos; antes debía entrevistarse con uno de sus contactos, el subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, Andrés Montoya García.
Agrega que, según el testimonio de Montoya García ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, conversaron sobre la liberación de un presunto narcotraficante apodado el Estudiante, sobre quien Jiménez Mota ya había empezado a publicar. El funcionario asegura que dejó al periodista en un supermercado y éste le habría comentado que tenía que ver a otro contacto.
La SIP precisa que el registro del celular del periodista mostró que la última llamada que recibió esa noche, a las 23:04 horas, fue del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván, una de las principales fuentes de información del reportero, quien negó inicialmente haber visto o tener una relación cercana con el periodista; pero luego se retractó y aceptó que Jiménez Mota lo llamó para pedirle unos datos.
El periodista no llegó a reunirse con sus amigos como había quedado. Para la SIP, este caso es emblemático porque sintetiza lo que desde hace varios años se está denunciando en México: cuando un periodista investiga sobre el narcotráfico, corre el riesgo de ser desaparecido o asesinado, entre otros actos de violencia en su contra.
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