Ciudad de México, 18 de septiembre de 2007
Servicio informativo núm. 195
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LAS VOCES LEGÍTIMAS
Las voces legítimas que esta semana ha reunido el servicio de noticias ISA son cinco: dos de ellas forman parte del gabinete del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador: Luis Linares Zapata, secretario de Desarrollo Económico y Ecología; y José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas. A estas voces incorporamos las de los siguientes analistas y actores del acontecer político, económico y social de nuestro país: Rosa Albina Garavito, Arturo Alcalde Justiniani y Luis Hernández Navarro.
En esta entrega, hemos decidido construir un prisma de voces diversas expresándose sobre un mismo tema: la reforma constitucional en materia electoral. Las voces legítimas escogidas coinciden en señalar que la aprobación de dicha reforma representa un gran avance para la construcción de la democracia en México; sin embargo, alertan sobre los asuntos que se quedaron en el tintero y enfatizan que éste sólo es el principio de la discusión. Destacan la cobertura televisiva de este acontecimiento, que se efectuó como si se tratara del fin de la telenovela de mayor audiencia televisiva.
He aquí sus voces, resumidas bajo la responsabilidad del servicio de noticias ISA.
Luis Linares Zapata. Las torpes embestidas mediáticas (La Jornada). Los medios electrónicos emprendieron una embestida contra el Congreso por demás torpe. Deseaban conservar tanto los instrumentos para sus negociaciones políticas como el enorme caudal de recursos que llega a sus arcas. La experiencia obliga a suponer que tales recursos los reciben por varios canales, documentados unos, semiocultos e indirectos otros. La contratación facturada de tiempos que hacen los partidos y sus candidatos, solapados o formales, que aspiran a conquistar puestos de elección, es la común y cuantiosa. Pero, otros adicionales arriban como denso río informal que, sin embargo, aporta miles de millones de pesos anualmente. Dineros que algunos medios reciben a trasmano de empresas paralelas de “mercadología política”.
Los medios no fueron solos en la campaña emprendida en defensa de sus intereses, súbitamente colocados ante la posibilidad de ser afectados en los trabajos legislativos. Coordinaron su estrategia con un amplio grupo de críticos, articulistas, académicos e intelectuales de amplio conocimiento público. Hubo también uno que otro compañero de viaje que lo hizo motu proprio, que al final, sirvieron a los mismos propósitos de los medios: mantener y acrecentar sus privilegios.
Durante la batalla mediática han salido a relucir cruciales conceptos y fenómenos de la vida colectiva de la nación: la democracia, la independencia del IFE, el papel de pulcros árbitros desempeñado por los consejeros durante la pasada campaña, el fraude de 2006, que se afirmó con voz en cuello, nadie ha probado. Se blandieron además temas como las afectaciones al cuerpo social o a la ciudadanía por las vengativas remociones planeadas. Esto fue secundario, lo imperioso para los medios fue su propia conservación como actuante y efectivo poder fáctico. La capacidad de los medios para modelar la conducta de las masas quedó situada en el centro. La partidocracia de un lado y, en el otro, la altanera mediocracia. El Congreso quedó a la mitad del territorio en disputa.
Esta vez salió contraproducente su embestida. Provocaron dos fenómenos simultáneos: Uno fue crucial, obligaron a los legisladores a cerrar filas, a defender lo poco que aún queda de soberanía popular, sustento legítimo del Congreso. Los coordinadores de las principales facciones tuvieron que empujar la pensada transformación electoral, a pesar de las presiones y las debilidades partidarias. El otro, que no secundario, porque enajenaron a una parte sustantiva de las muchas audiencias que componen el espectro de la opinión pública, quizá a la más consciente e informada de ellas. Tanto los directivos de los medios involucrados en este pleito, como sus incondicionales defensores, rebasaron, una vez más y con grados inadmisibles de soberbia, la línea de tolerancia de amplios sectores de la población.
Los ataques, aun los revestidos de defensas impersonales, institucionales, apegados a la libertad de expresión y otras linduras les han golpeado en las narices. Tendrán que recular. Por todos los rincones de México han brincado los reclamos y los deseos de ir hasta el final. De reparar el tejido de la relación entre pueblo y medios, entre derechos conculcados y el accionar político respetable que se busca. La embestida pretendía involucrar a AMLO. Hacerlo, una vez más, responsable de eso que se considera una venganza contra los consejeros. Querían motivar al gran público cautivo para que repudiara el flagrante atropello contra la libertad de información fraguado por el que fue contendiente a la Presidencia y que, para muchos, millones, es el real triunfador. Se unieron para evitar que saliera como un vengador efectivo, para exhibir las mentiras de agravios inexistentes que propala por todos los confines de la patria.
La ley Televisa aguarda a sólo un paso de ser retocada por el Congreso y afectar, ahora de manera un tanto más radical, sus intereses o, mejor dicho, la parte indebida de ellos. Lo saben ya y se aprestan a desactivar la furia acumulada por senadores, diputados, partidos completos, opositores intransigentes, audiencias encorajinadas por sus desplantes sin razón. La interrelación comercial, de promoción individual, oportunidades de lucimiento, dependencia económica que los aguerridos defensores tienen con los dueños y estrategas de los medios es evidente. Esta semana quedará escrita parte de una historia que puede ser trascendente para la vida organizada del país, para la sanidad de la política, para las imágenes personales de ciertos legisladores que han aguantado las andanadas y hasta tienen arrestos para responder a los retos que les arriman sus críticos interesados.
José Agustín Ortiz Pinchetti. Un desagravio insuficiente (La Jornada). La reforma constitucional en materia electoral aprobada y la reorganización del IFE son un desagravio tardío, insuficiente e incompleto para AMLO, pero significativo y portador de cambios. No podemos negar el avance y felicitar a nuestros negociadores, pero tampoco dejar de marcar las insuficiencias.
Establecer el derecho de réplica es reconocer implícitamente la infame indefensión de la verdadera oposición frente a la campaña constante de mentiras, calumnias y difamación. Al prohibir a los partidos políticos la contratación directa de propaganda en radio y televisión se reconoce indirectamente el papel que los medios electrónicos tuvieron en la campaña contra AMLO y los abusos, presiones y chantajes de los dueños de los medios.
Prohibir la propaganda institucional durante las campañas electorales y la promoción personalizada de servidores públicos en todo tiempo significa reconocer los abusos de Fox y sus colaboradores para dañar la candidatura de AMLO y favorecer al PAN en una orgía de autoelogios. Prohibir las “campañas negativas” es una condena a la guerra sucia de 90 días contra AMLO. Prohibir la propaganda electoral a las personas físicas y morales es reconocer la injerencia de los grandes empresarios y sus organizaciones reales o fantasmales en contra del PRD y de AMLO.
Establecer nuevos procedimientos que puedan garantizar la eficacia del IFE es reconocer la debilidad de la institución y la impericia de sus manejadores para impedir los abusos de Fox, del PAN, de los empresarios, de los medios y de Elba Esther Gordillo en la campaña electoral. Destituir a Ugalde y (espero) a los operadores de Elba Esther en el IFE es reconocer que éstos fueron agentes eficaces para la consumación del fraude electoral. No es de sorprender que estas reformas hayan provocado la iracundia de los dueños de los medios electrónicos y de aquellos intelectuales que en forma imprudente y/o maliciosa afirmaron que la elección de 2006 era impecable.
La reforma es tardía, porque no puede recomponer las cosas y deja en su puesto a un gobierno usurpador. Es significativa, porque no hay duda que el aumento en la inconformidad popular y la presencia de una nueva fuerza política que está creciendo en todo el país han llegado hasta los más altos círculos del poder. Es incompleta, porque tendrá que ser dotada por el nuevo Cofipe de dientes y uñas para sancionar de modo severo a quienes violen las prohibiciones. Es insuficiente porque hasta hoy en los hechos no hay una sola muestra por parte del gobierno usurpador y de sus aliados de crear las condiciones para una verdadera vida democrática. Y porque la mejor ley en México es letra muerta sin la voluntad de los que detentan el poder público para respetarla. No tenemos por qué suponer esa voluntad en un gobierno cuyo origen fue un fraude. La reforma es portadora de cambios en el escenario de la política; poco vivirá quien no los vea.
Rosa Albina Garavito. Reformas contrastantes (El Universal). El acuerdo sobre la reforma constitucional en materia electoral logrado por las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso sin duda constituye un gran avance. La eliminación de spots en radio y televisión comprados por los partidos efectivamente quita el excesivo peso del dinero en las campañas electorales. La renovación del Consejo General del IFE también es saludable. Mejores contiendas electorales requieren también de un árbitro confiable. El actual ya no lo es. La reforma no es perfecta pero no por ello es menos plausible.
En lugar del despliegue en contra de la reforma por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, ésta debería aconsejar a sus agremiados nuevas estrategias de rentabilidad. Hacer de la política electoral una mercancía chatarra, como hasta ahora, es apostar a que la audiencia prefiera el maniqueísmo y la manipulación antes que la información ponderada y el respeto a la diversidad de opiniones; lo cual no está comprobado.
Pero con todo y lo plausible de la reforma electoral en el Senado, no perdamos de vista que de manera simultánea en la Cámara de Diputados se votó una pobre y limitada reforma fiscal. Y como las fuerzas políticas son las mismas en ambas cámaras y como el país en el que actúan es también el mismo, no deja de llamar la atención que la generosidad del acuerdo electoral guarde íntima relación con el hecho de que atiende al espacio propio de los partidos: las elecciones; mientras que la mezquindad de lo logrado en materia fiscal corresponde a una esfera que va más allá de los partidos e involucra al país en su conjunto.
En el primer caso, seguramente se está haciendo patente el interés político de los partidos por refuncionalizar las reglas electorales colapsadas en 2006. Y ciertamente ese interés es también de la sociedad, ¿pues a quién conviene la fractura de las reglas electorales? Pero otro interés social y nacional, el de construir finanzas fuertes, transparentes y sanas, no despertó el mismo entusiasmo en el Congreso de la Unión. No sólo por el rechazo del PRD a discutir el tema, sino por la ausencia del mismo en la agenda de la reforma del Estado. No es casual que la iniciativa de reforma electoral se construyera con el consenso partidario, mientras que la fiscal fue presentada por el Ejecutivo, y además de menoscabar su limitada versión original terminó agregando la recurrente afectación a bienes de consumo final.
No nos sorprendamos de que la reforma electoral acordada fuera muy buena para el país de 2003 y de 2006, pero ya insuficiente para el México de 2009 o de 2012, porque nos guste o no, un mejor país está hecho no solamente de mejores contiendas electorales, sino también de la cohesión social que genera una economía nacional sana y próspera. Pero en la medida en que la economía degrada cada vez más a la sociedad, los focos rojos para la estabilidad social se extienden a lo largo y a lo ancho del país. Así que por lo pronto celebremos la poca patria que nos queda.
Arturo Alcalde Justiniani. Una reforma inesperada (La Jornada). La impresión generalizada era que los intereses económicos de los grandes medios de comunicación, especialmente del duopolio televisivo, prevalecerían en todo momento sobre la voluntad de los legisladores. La decisión del Senado tiene un gran valor político y social, favorece un ambiente de distensión y reduce la gran distancia que existe entre la sociedad y los partidos; una reforma constitucional que debe ser difundida a escala nacional, a fin de que culmine la misma en las legislaturas de los estados.
La respuesta de los concesionarios en su célebre despliegue ante el Senado el pasado martes 11 de septiembre los exhibió ante la opinión pública. Estaban acostumbrados a mandar, condicionar, incluso a humillar a cualquier político; repentinamente, se encontraron con unos legisladores a quienes no podían darles instrucciones, una auténtica telenovela no planeada, por eso no tuvieron recato en confesar que sus verdaderas preocupaciones eran el rating y sus intereses financieros, más allá de que mezclaran su discurso con una supuesta defensa de la libertad de expresión, de la autonomía del IFE o de la suerte de las familias de los trabajadores de los medios.
Perdido el hilo de las manos, los concesionarios se vieron sin coordinación y sólo se les ocurrió pedir tiempo para afinar la puntería y recuperar la red tradicional de influencia. Se sintieron momentáneamente tan desprotegidos como los obreros y campesinos que acuden cotidianamente al Senado a presentar quejas. En un segundo momento, optaron por escudarse en el manto ciudadano y criticar la reforma desde otros ángulos. El pronunciamiento público en la prensa nacional por parte del Consejo Coordinador Empresarial, el pasado 12 de septiembre, exhibe la nueva estrategia, al ostentarse como voceros de la sociedad civil y formular reclamos de su agenda. Los propietarios de los medios emitieron instrucciones para que los comunicadores criticaran la reforma, llegando al extremo de calificarla de fascista o chavista, clamando por la intervención presidencial o, incluso, demandando un referendo que irónicamente coordinaría el propio IFE.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia al declarar inconstitucional la ley Televisa creó, sin duda, un precedente favorable para los acuerdos que hoy nos sorprenden; difícil sería desligar ambos hechos. El triángulo deberá culminar con una reforma integral a las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, retomando como debió ocurrir desde un principio el largo y fructífero proceso de consulta que generó una amplia red de organizaciones, instituciones y especialistas para lograr que los medios de comunicación favorecieran a los intereses del país.
Sin restar mérito alguno a la decisión del Senado, en cuanto a: prohibición de compra de publicidad, acceso de los partidos al tiempo del Estado en los medios, reducción del financiamiento y tiempo de campaña y suspensión de propaganda gubernamental; es necesario transitar por una vía de mayor participación ciudadana en los procesos electorales a la que todavía se resisten los partidos. Quedan pendientes temas fundamentales como: mayor transparencia, candidaturas independientes y efectiva rendición de cuentas de los partidos políticos, revisión de los mecanismos de designación de los consejeros del IFE y una sustancial reducción de recursos económicos para estas entidades tanto en tiempos electorales como regulares. Un referente importante son las propuestas del Comité Ciudadano para la Reforma Electoral, organismo de la sociedad civil integrado por especialistas independientes que han colaborado en este esfuerzo durante largo tiempo.
No resulta fácil que los partidos políticos, los cuales monopolizan la representación ciudadana en el Poder Legislativo, puedan tener acceso a nuevas etapas de reforma que les reduzcan su propio poder; sin embargo, se trata de una exigencia de la que depende la vigencia de la política como una vía para articular la gobernabilidad y la participación ciudadana. La voz de los partidos pequeños no se ha hecho sentir, salvo para apoyar penosamente la posición de las corporaciones de medios, al votar contra la reforma.
La lista de inconformidades, agravios y reclamos sociales es tan amplia y profunda que cualquier avance puede parecernos insuficiente para responder a las exigencias de un cambio de rumbo; sin embargo, por ahora pareciera que la tarea estriba en insistir en que la reforma electoral culmine con nuevas etapas en el menor tiempo posible y la agenda de la reforma del Estado se convierta en una demanda que sea conocida, discutida y compartida no sólo en las cúpulas, sino también en la base social, aprovechando el vuelo.
Luis Hernández Navarro. La mediocracia también llora (La Jornada). La industria del entretenimiento montó este martes uno de sus más ambiciosos espectáculos en años. Los usufructuarios de concesiones radioeléctricas y algunos de los más destacados personajes de su segmento informativo protagonizaron, el pasado 11 de septiembre, un verdadero reality show en cadena nacional. En él, asumieron el papel de voceros públicos del interés nacional y de adalides de la libertad de expresión, amenazados, según ellos, por la reforma electoral promovida por el Poder Legislativo. El enfrentamiento entre la CIRT y el Senado anuncia un nuevo capítulo de la teleguerra sucia. Las lágrimas de cocodrilo que la mediocracia ha derramado lamentando las modificaciones a la Constitución que impiden a los partidos políticos contratar tiempos pagados en medios, y prohíbe a las personas públicas y privadas contratar mensajes en radio y televisión, es el prolegómeno de un ajuste de cuentas mucho más grande con la clase política.
El pleito entre conductores, concesionarios y legisladores en cadena nacional es, por principio de cuentas, una disputa por una parte de la renta. En los pasados comicios, los partidos destinaron casi 70% de los millonarios recursos que recibieron como prerrogativas por parte del Estado para financiar sus campañas, a la contratación de espacios en radio y televisión.
Pero, el pulso entre un poder fáctico y el Congreso de la Unión va más allá de una mera cuestión monetaria. La cruzada de los señores de los medios contra la partidocracia es, también y simultáneamente, una representación de la crisis y una muestra más de la crisis de representación que vivimos. El 11 de septiembre, frente a cámaras de televisión y micrófonos, uno de los conductores televisivos advirtió a los senadores que los políticos profesionales están más desacreditados que sus empresas. La aseveración es cierta. La clase política no disfruta de buena reputación. Junto con la policía, se encuentra en uno de los niveles más bajos de estima ciudadana.
Esta crisis de representación ha propiciado que los medios de comunicación electrónicos asuman un liderazgo efectivo. Con frecuencia han sustituido a los partidos. Una muestra de ella se vivió con la convocatoria a la movilización ciudadana contra la inseguridad pública el 27 de junio de 2004. Más allá de situaciones excepcionales, este papel se corrobora, cuando los conductores de radio y televisión excomulgan, pontifican o exaltan de acuerdo a la conveniencia del momento. No sólo informan sino que, indistintamente, editorializan, enjuician y condenan. Se comportan, en los hechos, como un nuevo Ministerio Público, como un vehículo de justicia popular instantánea capaz de canalizar la indignación de la audiencia ante los funcionarios públicos.
Hasta ahora, el enorme poderío mediático y cultural de las televisoras y radiodifusoras en México parecía no tener contrapeso. El chantaje de la ley Televisa en la marco de la contienda electoral de 2006 fue el rubí en la corona de esta fuerza. Una fuerza que se presenta en sociedad como la reserva moral de la nación, como un poder al que partidos y políticos deben rendir pleitesía. Más allá de sus evidentes limitaciones y del fortalecimiento a la partidocracia, la reforma electoral aprobada por el Senado pone un coto real a un poder fáctico sin contrapesos.
La respuesta de la mediocracia ante la reforma electoral parece sacada de una telenovela. Sueña con hacer de la realidad una calca del mundo virtual. Para defender sus intereses específicos, sus ganancias y poder, se disfraza de representación genuina de la ciudadanía, usurpa la voz pública, alerta contra la estatización y habla en nombre de la libertad de expresión.
Como añadido, en esta ocasión, los radiodifusores comerciales han ido aún más lejos. Envolviéndose en la bandera de la democracia participativa han propuesto que se efectúe un referéndum, al que pomposamente llaman de la “Libertad”. Ellos, que aplaudieron la secrecía y la rapidez con la que se aprobó la ley Televisa en 2006, que no presentaron objeción alguna al albazo legislativo del que nació la Ley del ISSSTE este año, y que ni por asomo quieren consultar a la población sobre el aumento a la gasolina, pretenden ahora que se le pregunte a la ciudadanía qué piensa de esta reforma electoral.
La reforma electoral aprobada tiene grandes limitaciones. Sin embargo, éstas no impiden reconocer que, con ella, se revierte, en principio, la subordinación de los partidos políticos a la lógica y los intereses de las grandes compañías mediáticas. De allí la rabiosa respuesta de los radiodifusores. Una reacción que nos recuerda que, parafraseando la célebre telenovela, la mediocracia también llora.
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