miércoles, 24 de abril de 2013
martes, 23 de abril de 2013
Amplían denuncia por destrucción de manglar en Quintana Roo
SERGIO CABALLERO
CANCÚN, Q. Roo. (apro).- La agrupación ambientalista Cielo, Tierra y Mar (Citymar), la misma que bloqueó la construcción del proyecto eólico en Cozumel, amplió hoy la denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la destrucción de un manglar en un área natural protegida, a raíz de los trabajos de remodelación de un club de playa en Cozumel, propiedad de Roberto Borge Martín, padre del gobernador Roberto Borge Angulo.
Guadalupe Álvarez, presidenta de dicha organización, se quejó de que un guardia pretendió impedirle el paso a ese sitio para que tomara fotografías, con la finalidad de demostrar las afectaciones que han dejado las obras del proyecto turístico.
“Nos dimos a la tarea de ir a dicho lugar por la zona federal marítima terrestre, en los 20 metros que todos los mexicanos tenemos derecho a disfrutar sin ser perseguidos, pero ayer, cuando tomábamos fotos de ese predio, fuimos perseguidos por un vigilante”, explicó.
La dirigente de Citymar dijo que la organización cuenta con imágenes tomadas antes de que iniciaran las obras, con lo que demostrarán ante las autoridades que “el camino era normal y que a los lados tenía un manglar de la especie botoncillo, que ya fue talado totalmente, así como una pequeña laguna que ya fue rellenada por lo que la obra de destrucción sigue adelante”.
En la ampliación de denuncia, la ecologista cuestiona que la delegada de la Profepa, Ludivina Menchaca, no haya tomado medidas para detener las obras, que incluyen el relleno de arena.
“La Profepa no actúa conforme a la ley”, dijo, y al parecer la delegada –añadió– está esperando que Borge Martín obtenga los permisos necesarios para continuar con las obras en la denominada Punta Francesa, localizada en el kilómetro 16.5, sin importar que se violen las leyes ambientales.
De acuerdo con Álvarez, el director del Parque Marino Arrecifes de Cozumel, Ricardo Gómez Lozano, le informó que el pasado martes 16 también presentó un recurso ante la Profepa “con las fotos de la maquinaria”.
La versión del gobierno estatal
De acuerdo con el gobierno de Quintana Roo, la denuncia de Citymar no tiene sustento porque “no es zona de manglares, no se está llevando a cabo ninguna destrucción de manglar y no se está construyendo playa artificial alguna”.
En un comunicado hecho llegar a esta redacción, sostiene que el gobernador de Quintana Roo “es y ha sido siempre promotor del respeto a las leyes ambientales” y que “uno de los ejes de su gobierno el “Eje Verde” establece las políticas públicas relacionadas con la protección del medio ambiente”.
PRD y Peña, una paradoja perversa
DENISE DRESSER
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una paradoja demoniaca, como diría el periodista Ryszard Kapuscinski. El PRD convertido en promotor de Enrique Peña Nieto. Jesús Zambrano y Jesús Ortega transformados en propulsores de su peor adversario. Tomando decisiones –dentro del Pacto por México– que debilitan su posición y fortalecen las del contrario; haciendo declaraciones que le restan apoyos y se los transfieren a quien desea combatir pero termina por apuntalar. El PRD como conductor contraproducente; como actor autodestructivo; como partido paradójico que encabeza una izquierda empecinada en empoderar al PRI. Un PRD disfuncional que, en lugar de actuar como contrapeso eficaz al priismo, justifica su avance.
Realidad revelada en encuesta tras encuesta, en sondeo tras sondeo. El apoyo electoral al priismo crece mientras el apoyo electoral al perredismo disminuye. La popularidad del tricolor sube mientras la del sol azteca desciende. El respaldo a Enrique Peña Nieto se extiende mientras que el respaldo a lo que queda del PRD se va encogiendo. Lo que una izquierda nebulosa y desdibujada siembra, un priismo triunfalista y complaciente cosecha con creces. El comportamiento poselectoral del perredismo consensualista no le ha cerrado espacios al PRI. Al contrario; se los abre y cada vez más.
En días recientes, Jesús Zambrano ha dicho que el PRD está aquí para “decir sí”. Para pactar. Para consensuar. Para dejar de mandar al diablo las instituciones, porque sabe que esa posición crea más mexicanos dispuestos a defenderlas, ya que prefieren su reforma a su destrucción. El PRD está tratando de llenar sus filas de quienes quieren acuerdos para gobernar antes que vetos para obstaculizar. El maximalismo lopezobradorista de ayer ha sido reemplazado por el gradualismo perredista de hoy. La izquierda responsable le está poniendo la mesa al PRI que nunca lo fue cuando estuvo en la oposición. El Pacto por México que el PRD apoya está apuntalando a la presidencia que al mismo tiempo denuesta.
Y el PRD ha cambiado de postura por los temores que incitaba. Por el conservadurismo que despertaba. Por el rechazo por parte de los votantes moderados que producía. Porque al actuar como lo hizo antes de salir a fundar Morena, AMLO resucitó todos los estereotipos superados, todos los adjetivos archivados. El PRD como el partido de los rabiosos y los recalcitrantes; el PRD con el porcentaje más alto de negativos y el porcentaje más bajo de votantes; apoyado tan sólo por su voto duro, rechazado por los electores independientes, condenado a perder en 2012 y asegurando que fuera así. Una izquierda igniscible, que allanó el camino para un priismo que se siente cada vez más legitimado.
Y López Obrador negando que eso hubiera sido cierto; negando la responsabilidad de un desenlace que había contribuido a crear. Insistiendo en posturas maximalistas que lastimaron al PRD en lugar de ayudarlo; insistiendo en convocar a la calle y a las plazas cuando no podía ayudar a los pobres o producir las transformaciones profundas que México necesitaba tan sólo gritando desde allí. La negación de la realidad que impidió transformarla. La negación como mecanismo de defensa que inhibió la autocrítica. La negación de los adictos y los alcohólicos y las mujeres violadas y todos los que ignoran la verdad porque no pueden lidiar con ella. Esa verdad ineludible que acompaña a la izquierda donde quiera que va: el PRD víctima del consensualismo, y AMLO víctima de la división que Morena ha propiciado.
Realidades desoladoras para quienes saben que México necesita una buena izquierda. Una izquierda que atempere a Peña Nieto en vez de ayudarlo a gobernar solo. Una izquierda capaz de pactar pero también de criticar. Una izquierda que sea acicate del cambio progresista y no pretexto para el conformismo conservador. Una izquierda que sea protagonista de la política y no sólo comparsa del presidente. Una izquierda con ideas viables y no sólo posturas testimoniales. Una izquierda que sepa hablarle a las clases medias en lugar de alienarlas. Una izquierda capaz de rechazar tanto la claudicación que el PRI quiere y la inmolación que AMLO exige. Una izquierda que sepa ser oposición, porque el país la necesita.
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1903 de la revista Proceso, ya en circulación.
Recuerdan mineros a víctimas de la siderúrgica Lázaro Cárdenas
ROSALÍA VERGARA
MÉXICO, D.F., (apro).- El sindicato minero recordó a los dos trabajadores asesinados en la siderúrgica Sicartsa, luego de un enfrentamiento con policías que rompieron una huelga, durante la administración del panista Vicente Fox.
Los hechos, recordaron, se desarrollaron durante la madrugada del 20 de abril en el puerto industrial ubicado en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En medio de la violencia, fallecieron Mario Alberto Carrillo y Héctor Gómez Álvarez.
Su muerte, dijeron oradores en los actos conmemorativos de la gesta obrera, no fueron en vano ya que fortalecieron la conciencia de clase de los trabajadores.
A los diversos actos acudieron miles de trabajadores de las Secciones 271, 274 y Fracción 1 de la Sección 271 del Sindicato Nacional de Mineros que dirige el compañero Napoleón Gómez Urrutia, y pobladores de ciudad Lázaro Cárdenas.
Además, participaron miembros del Sindicato Unido de los Trabajadores del Acero de Estados Unidos y Canadá, United Steelworkers, encabezados por Jim Robinson, así como de la organización Unite de Inglaterra y de la Federación de Trabajadores Mineros del Perú y los petroleros de este mismo país.
La manifestación de duelo se inició a las 9 horas en el auditorio de la Sección 271 con una asamblea general en la que los asistentes ratificaron la condena a la represión del gobierno de Fox y defendieron la autonomía sindical y los derechos de los trabajadores.
Desde Canadá, en videoconferencia, Napoleón Gómez Urrutia recriminó al gobierno priista seguirse conduciéndose como las administraciones panistas.
Gómez Urrutia se refirió el pronunciamiento del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, en el estado de Coahuila, que, en su opinión, fue muy desafortunado e irresponsable porque desconoce la autonomía y la libertad sindical, así como el derecho a la libre asociación de los trabajadores.
“Los sindicatos, agregó NGU, son de los trabajadores y son para defender los derechos laborales, y sus decisiones son de quienes los integran, no de las empresas ni de los gobierno. No deja de ser irónico que mientras los mineros mexicanos tienen un enorme reconocimiento mundial no pueden tener cordialidad con el gobierno del país, y que el secretario del Trabajo siga avalando la conducta reprochable y caprichosa de unos cuantos empresarios miserables que se han dedicado a explotar la mano de obra y los recursos naturales del país”, indicó Napoleón.
La huelga en Sicartsa iniciada el 2 de abril de 2006 tuvo el episodio de esa represión de las fuerzas armadas federales y estatales.
Para labores la CNTE en Michoacán; normalistas retienen seis camiones
MÉXICO, D.F., (apro).- Como una medida para “atraer la atención” de las autoridades de Michoacán, que ayer estrenó gobernador interino con la designación de Jesús Reyna, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron un paro indefinido a partir de esta semana en todas las escuelas de la entidad.
“El magisterio democrático tiene la necesidad de declarar el paro por tiempo indefinido. Es una medida que necesitamos implementar para exigir los espacios de diálogo y de construcción de propuestas para una verdadera reforma educativa”, declaró el líder de la CNTE en el estado, José Ortega Madrigal.
El dirigente magisterial señaló que en su protesta contra la reforma educativa prevén la toma de la Secretaría de Educación en la entidad y de las casetas de peaje, así como bloqueos en centros comerciales, con el apoyo de grupos sociales y estudiantes normalistas.
El objetivo de esas medidas, dijo, es presionar al gobierno del estado en el rechazo a la reforma educativa, así como para impulsar un programa educativo acorde a las necesidades locales.
Ortega explicó que desde ayer inició el paro en algunas escuelas, y se irá extendiendo hasta llegar a 75% de los aproximadamente 11 mil planteles de nivel básico que hay en Michoacán.
Con esas acciones, añadió, los maestros buscan presionar al gobierno de Fausto Vallejo, quien solicitó licencia al Congreso local para ausentarse por 90 días debido a problemas de salud, para que resuelva el pliego de demandas que le entregaron el pasado 18 de marzo.
Además del apoyo de la autoridad estatal para rechazar la reforma educativa, sostuvo, “esta lucha es también por buscar incrementar los apoyos para los niños en calzado, útiles, uniformes escolares y por recursos para las normales, para las escuelas”, además de la asignación de plazas automáticas para los egresados de las normales.
Mientras tanto, pese al operativo montado por la Policía Estatal Preventiva (PEP), estudiantes de la Escuela Normal de Tiripetío “Vasco de Quiroga” burlaron el cerco policiaco que se instaló en la carretera Pátzcuaro-Morelia, en la población de Urapilla, y avanzaron hacia la capital del estado para unirse a la manifestación de la CNTE contra la reforma educativa, que por la mañana iniciaron una marcha del centro de Morelia a la salida a Pátzcuaro.
Muy cerca de Urapilla, donde elementos de seguridad retuvieron dos autobuses de estudiantes, a fin de impedir su llegada a la capital michoacana, Ortega Madrigal demandó a la PEP liberar las unidades, luego de lo cual los normalistas avanzaron sobre el libramiento, con dirección a la salida de Pátzcuaro.
Por otra parte, el vocero de los normalistas, Dickter Rosas Millán, indicó que los estudiantes de la Escuela Normal de Tiripetío “Vasco de Quiroga” mantienen retenidas en sus instalaciones las unidades con números económicos 563, 549, 572, y una más de la que no se reveló el número, para exigir al gobierno estatal que escuche sus demandas.
Aseguró que los choferes de los autobuses se encuentran bien y reciben alimento sin problemas, a la espera de recibir instrucciones.
Según Rosas Millán, al gobierno estatal “no le importa lo que suceda, pues no ha dado respuesta a nuestras peticiones”.
Desde la semana pasada los estudiantes realizan bloqueos en la capital michoacana y en las casetas de peaje de la autopista Siglo XXI, pero hasta hora, afirman, ninguna autoridad los ha atendido.
Surge guardia comunitaria en municipio de Michoacán
MEXICO, D.F. (apro).- El surgimiento de guardias comunitarias en el estado de Michoacán va en ascenso: un nuevo grupo hizo acto de presencia ahora en el municipio de Aguililla, en la sierra occidental del estado.
Armados con palos, azadones, resorteras y piedras, hombres y mujeres de la comunidad de El Aguaje, que se autonombraron Guardias Comunitarias en defensa de sus Pueblos, se apostaron la tarde noche del pasado lunes 22 en los accesos principales de diversas localidades para evitar el ingreso de personas ajenas a sus comunidades.
La zona se encuentra infiltrada por grupos del crimen organizado. Incluso, la comunidad de El Aguaje es conocida como el Beverly Hills michoacano por sus fastuosas residencias, con albercas, vidrios polarizados y blindados, cámaras de seguridad, muebles finísimos y carros de súper lujo.
Hasta ese sitio, han ido a amenizar fiestas particulares grupos musicales, como Los Tucanes de Tijuana, Banda el Recodo, Los Freddys, y artistas de la talla de Vicente Fernández y José José, entre otros.
El dinero en ese sitio fluye de tal manera que el padre de una quinceañera llegó al extremo de colocar una alfombra desde el templo hasta el centro donde se colocaron mesas atiborradas de los mejores vinos. En los baños, de hombres y mujeres, pusieron a disposición de los invitados perfumes y lociones de las mejores marcas.
Según reportes de inteligencia militar, la zona, que limita con el estado de Jalisco, se encuentra bajo el dominio del Cártel del Milenio, de los hermanos Valencia Cornelio, quienes libran una feroz guerra con Los Caballeros Templarios.
Desde el lunes por la noche, decenas de personas siguen incorporándose a las guardias comunitarias.
“Nosotros como pueblo vamos a seguir organizándonos para evitar que intrusos entren a las rancherías”, indicaron vecinos de la tenencia de El Aguaje, donde cientos de familias salieron a las calles para sumarse al grupo.
En El Naranjo y San José de Chila, campesinos, estudiantes y hombres y mujeres instalaron barricadas, mientras que en Peña Colorada, la Nopalera Poniente y Las Bateas, los vecinos se organizaron y formaron su propia policía comunitaria, con garrotes y resorteras, como armas.
El surgimiento de policías comunitarios se ha extendido a otras poblaciones, como Múgica, Cuatro Caminos, El Chauz y Zicuirán, en el municipio de La Huacana.
Asimismo, en San Lucas, Huetamo, Tiquicheo, en la tierra caliente, que son zonas de campesinos no indígenas, como el caso de Cherán, Nurío, Urapicho, Cherán Atzicurín, Capacuaro , entre otras comunidades.
Diputados aprueban en lo general Ley Educativa en Guerrero
EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
ACAPULCO, Gro. (proceso.com.mx).- Por mayoría, fue aprobado en lo general el dictamen para reformar la Ley Estatal de Educación sometido al pleno por los diputados integrantes de las comisiones de Educación y Presupuesto, que desecha la iniciativa del magisterio disidente y que fue presentada la semana pasada por la fracción del PRD.
El dictamen legislativo retoma la propuesta impulsada por el gobernador Ángel Aguirre Rivero y un bloque de 21 diputados locales encabezados por el PRI, la cual elimina el planteamiento de crear un instituto de evaluación autónomo cuyos resultados no influyan en la permanencia de los trabajadores en el sector educativo; así como el respeto de los usos y costumbres, y el escalafón estatal vigente para la promoción de cargos directivos y de supervisión.
La sesión comenzó a las 12:20 horas en el salón Dolores Olmedo del Centro de Convenciones de Acapulco, lugar que fue declarado sede alterna del recinto legislativo, ante el temor de los diputados locales por posibles protestas de integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), como ocurrió el jueves 18, cuando los manifestantes realizaron una multitudinaria marcha en Chilpancingo, bloquearon la autopista Del Sol y cercaron la sede del Legislativo.
No obstante, los integrantes del MPG permanecen en el campamento de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que mantienen desde hace dos meses al sur de Chilpancingo, a la expectativa de lo que resuelva el pleno legislativo para fijar una postura.
Ello, debido a que desde la protesta del jueves 18, los dirigentes de la CETEG se comprometieron con los 20 diputados de la fracción perredista –que junto a sus homólogos postulados por Movimiento Ciudadano y PT hacen mayoría– a respetar el procedimiento legislativo.
Durante la sesión en la sede alterna, se dio lectura al dictamen elaborado por los diputados de las comisiones unidas donde se enfatizó que no se contrapone con la constitución. Enseguida, se convocó a otra sesión para dar la segunda lectura de la propuesta legislativa y entrar directamente a la discusión del tema.
Esta sesión comenzó a las 14:20 horas y una hora después, el dictamen legislativo fue aprobado en lo general por mayoría de votos; sólo cuatro perredistas votaron en contra.
En este momento, tres diputados del PRD que habían manifestado su rechazo al dictamen legislativo por considerar que no retoma la propuesta original hecha por el magisterio disidente, plantearon reservas en lo particular que estaban siendo rechazadas por mayoría.
Se inconforman indígenas con elevados cobros de CFE; preparan movilización
FERNANDO INÉS CARMONA
Zongolica, Ver.- Indígenas de esta zona serrana amenazan con realizar movilizaciones en contra de Comisión Federal de Electricidad (CFE), en protesta por los elevados cobros que se realizan en el consumo de la energía eléctrica. Mencionan que hay quejas de cobros hasta por 6 mil pesos bimestrales, además denuncian que la lectura del consumo en los medidores “se realiza a control remoto, porque nunca vemos a los trabajadores de esa empresa”.
En este sentido, el dirigente de la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica (OINSZ), Isidro Tehuintle Pacheco, dio a conocer que en respuesta a los altos cobros que aplica la CFE por el cobro en el servicio, “las comunidades indígenas y campesinas de la sierra ya se organizan para iniciar movilizaciones de protesta”.
Asimismo, dio a conocer que los cobros excesivos “en una zona en donde la mayoría de las viviendas apenas si tiene dos focos, una televisión y una radio” alcanzan “hasta los 3 mil pesos de consumo bimestral”. Estas condiciones, señala, “impactan en la deteriorada economía de los habitantes de la zona, hay muchas familias que deben empeñar sus pertenencias para poder cubrir los gastos que se enmarcan en este servicio”.
El origen del problema, explica, pudiera ser una presunta negligencia de parte de los trabajadores de CFE, “hay reportes de compañeros de nuestra organización en la que se nos confirma que la lectura de los medidores de energía eléctrica no son correctos, en comunidades alejadas casi nunca se ve la presencia de los trabajadores y eso nos hace presumir que son lecturas irregulares”.
Todo nos indica que son trabajos que se realizan “a control remoto”, señala. Ante estas condiciones ya se entrevistaron con funcionarios de la empresa, “pero de poco sirve porque no nos dan soluciones concretas y tratan de justificar a sus empleados, aunque no tengan la razón en este tipo de casos”, dijo.
De ahí se desprenden, dice, las irregularidades en el cobro, “y los más perjudicados son las familias más pobres de esta zona serrana, ya que se les obliga a pagar recibos de 3 a 6 mil pesos bimestrales, son abusos contra personas en una zona en la que predomina la pobreza, incluso extrema”.
En medio de este escenario “hay malestar entre las comunidades y familias indígenas, sobre todo por los abusos que comete esa empresa paraestatal e incluso ya organizan movilizaciones para realizarlas tanto en la sierra como en Orizaba”.
“Hay miles de familias en esta zona serrana que no tienen dinero con que mantenerse ni sobrevivir, incluso hay días que la pasan con el estómago vacío, apenas y hacen una comida diaria y todavía se les cobran altas tarifas, las que algunas veces son cobros excesivos de parte de la misma empresa”, señala.
La situación en la sierra de Zongolica “es grave”, pero se agrava porque “sólo cinco municipios de esta región los incluyeron en el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pese a que en muchos de ellos miles de familias que no tienen que comer y sobreviven de puro milagro”.
Diputado priísta engañó al ofrecer que EPN reduciría tarifas de luz
JAIR GARCÍA
A pesar de que en las pasadas campañas federales, el diputado local Víctor García Trujeque aseguró que el entonces candidato priísta Enrique Peña Nieto iba a bajar las tarifas eléctricas en el estado de Veracruz, ahora que ya es presidente, opinó que es muy difícil concretarlo.
El también dirigente regional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) reconoció que no es facultad expresa del titular del Poder Ejecutivo federal poder reducir las tarifas de luz, pues depende de estudios que realice la Secretaría de Hacienda, así como de la aprobación del Congreso de la Unión.
Durante el proceso electoral pasado, el legislador local pidió a los candidatos de todos los partidos que no prometieran que bajarían la luz, pues dijo que eso sólo lo podía hacer el presidente, y garantizó que Enrique Peña Nieto lo haría, pero casi un año después admitió que no es tan fácil como decirlo.
El diputado local indicó que desde hace dos años se realizan estudios por parte del gobierno federal para ver la viabilidad presupuestal, no obstante, hay confianza en que en esta administración de Enrique Peña Nieto se concrete.
“Se está haciendo toda una serie de estudios, un procedimiento a nivel de la Secretaría de Hacienda, no es fácil, sería irresponsable de mi parte decir que se van a bajar las tarifas, no es fácil”, manifestó el dirigente regional del Suterm.
Víctor García Trujeque enfatizó que corresponde al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda federal hacer el análisis correspondiente y verificar si tiene o no soporte presupuestal para cubrir el faltante que dejaría la reducción de las tarifas.
“No hay movimiento, pero saben que cuando el gobierno federal no tiene soporte para bajar las tarifas va a ser muy difícil que salga”, añadió.
El legislador local comentó que independientemente de los estudios que se realizan desde hace dos años, las autoridades deben hacer lo propio; en ese sentido, destacó el esfuerzo y trabajo de gestión que ha realizado el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Acusan vecinos de Ixtaczoquitlán a Kimberly Clark de dañar ambiente
FERNANDO INÉS CARMONA
Ixtaczoquitlán, Ver.-La empresa Kimberly Clark, planta Escamela, es señalada como responsable de una presumible fuga de aguas residuales que pondría en riesgo la salud de los habitantes de esta zona. Hay antecedentes que indican una situación similar con afectaciones al medio ambiente y a la misma población.
De acuerdo a Juana Morales, representante de vecinos afectados, se calcula que por lo menos diez familias de la colonia Unión y Progreso, temen se repita, “el desbordamiento del agua que almacena en el área de bagazo sucedido en 1999 que incluso afectó viviendas de 15 familias y la muerte de un menor de edad al fracturarse la barda perimetral de esa factoría”, según señaló.
Las autoridades de Protección Civil de este lugar, “ya tienen conocimiento de los hechos, sin embargo argumentan que está fuera de jurisdicción porque se trata de una empresa de capital privado y por eso no actúan pese a que hay riesgo de afectaciones”, apunta.
Indicó que los trabajadores -al parecer- humedecen el bagazo conocido como merquerón, “que es la materia prima que utilizan para elaborar la celulosa del papel y provoca que el líquido quede acumulado justamente en la barda que divide a esa empresa con la zona urbana”, refirió.
Dijo que “las inundaciones ya provocaron afectaciones en las viviendas pues además de mantener humedad en las paredes hay daños en muebles y enseres domésticos porque se acumuló varios centímetros en el interior de las casas habitación.
En este sentido, agregó: “las familias Romero Gil, Sánchez Tejeda, Sánchez Rivera, entre otras alertaron a las autoridades de Protección Civil en el estado para que prevengan una desgracia como sucedió en 1999, cuando el agua acumulada en el área de bagazo de la empresa Kimberly Clark fracturó la barda perimetral y provocó la muerte de un menor así como daños estructurales a las viviendas de 15 familias de la colonia Unión y Progreso”.
Eso no es todo, apunta, la acumulación de merquerón, “provoca la anidación de alacranes y tarántulas que se refugian en las casas vecinas por lo que también temen por la salud de sus menores hijos, son situaciones bastante graves que en determinado momento pueden afectar la estabilidad familiar”.
Lo grave de todo esto, precisa, es que hay desinterés de parte de las autoridades en materia de protección civil, “el argumento de que se trata de una empresa privada no es sustentable, entonces ¿qué pasaría si dentro de la fábrica hay situaciones que ponen en riesgo la estabilidad del municipio, y que por el hecho ser empresa privada no se le obliga a corregirlas?” cuestiona.
En tanto se van a continuar con acciones para exigirles a los empresarios de la empresa y a protección civil para que actúen en consecuencia y con ello se eviten problemas mayores, expone que la problemática debe ser atendidas pronto.
Autoridades no deben esperar a que se emita la Alerta de Género para actuar: Cocofem
Elizabeth Cuevas Villalobos
CUERNAVACA. Integrantes del Comité Contra el Feminicidio (Cocofem) lamentaron que a pesar del incremento en la cantidad de asesinatos de mujeres en Morelos, no haya interés del gobierno federal por decretar una Alerta de Género que evite el registro de más casos.
Las activistas establecieron que tanto el gobierno local como el federal no han mostrado intenciones de decretar una alerta a pesar del registro de 14 casos.
Y es que el homicidio violento de una mujer, registrado este fin de semana en el municipio de Emiliano Zapata, levantó nuevamente la alerta y preocupación entre las organizaciones feministas.
Afirmaron que las agresiones contra mujeres es un problema que no se ha reducido a pesar del compromiso signado por las autoridades, y los proyectos impulsados para evitar el registro de nuevos decesos.
Para el Cocofem la falta de atención por parte de las autoridades ha provocado que los homicidios violentos se sigan registrando de manera constante en la entidad.
Las inconformidades también alcanzaron al Congreso local, en donde no se está haciendo cumplir la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, la cual surgió después de que la administración estatal anterior recibiera una recomendación de Amnistía Internacional.
Incluso, las activistas comentaron que el gobierno del estado no debe esperar a que sea emitida una Alerta de Género para actuar de manera pronta y evitar que más mujeres sigan siendo asesinadas de manera violenta.
El feminicidio número 14 fue perpetrado contra una mujer que presuntamente intentó evitar que un comando armado levantara a su pareja sentimental, cuando viajaban a bordo de su auto por la carretera local Zapata-Tlaltizapán, a la altura del poblado de Tetecalita.
Impulsa organismo ley contra la minería depredadora en México
Generan severos problemas de contaminación y dejan a las comunidades sin agua, señalan
Dulce Maya
ALPUYECA. El Movimiento de Grupos Antimineros en el país impulsará ante el Congreso de la Unión una reforma que detenga el abuso de las trasnacionales que explotan la riqueza del país, generan severos problemas de contaminación, dejan a las comunidades sin agua y sin posibilidad de generar sus propios alimentos y evitan el pago de impuestos.
Según el abogado Francisco López Bárcenas, integrante del movimiento (entrevistado en el marco del Foro Nacional de Afectados Ambientales de la Minería a Cielo Abierto, realizado este fin de semana en la comunidad de Alpuyeca), las empresas mineras del país pagan una cantidad “ridícula” por la explotación de los yacimientos.
Según el especialista en la materia, las mineras “pagan por sus concesiones, a razón de entre cinco y hasta 111 pesos por hectárea semestral. Montos que son muy difíciles de recuperar y que, al final de los tiempos fiscales, son condonados por la parte gubernamental”, detalló.
Indicó que la recuperación de estas cuotas es prácticamente imposible, dado que bajo argucias legales, las mineras se han valido de presiones políticas y hasta de la manipulación social para evadirlas.
De ahí que esta iniciativa busca modificar la definición de la actividad minera de pública a privada, dado que la condicionante de pública obliga a los campesinos a entregar sus tierras, aunque no quieran, bajo el argumento de la expropiación; además busca que el periodo de las concesiones mineras se limite a 20 años y no hasta 100, como actualmente se registra.
La normatividad actual, destacó el abogado, contradice a la Constitución y nulifica los derechos de los ciudadanos afectados.
Hoy día, la minería extranjera controla hasta el 32 por ciento de las vetas existentes en el país.
Visita de AMLO a Michoacán… conciencia y organización
Alfredo Ramírez Bedolla
Encontró un Michoacán en incertidumbre total. El ex candidato presidencial y principal líder de oposición en el país llegó en un clima de inestabilidad, mucha grilla, casi anarquía, sin gobernador; este había anunciado un día antes que solicitaría licencia, misma que se concretó el mismo día que Andrés Manuel López Obrador inició su gira en la ciudad de Lázaro Cárdenas. La realidad fría muestra niveles de desempleo alarmantes –en el último año aumentó la falta de empleo en casi 50 por ciento, al pasar la tasa de desempleo del 2.7 por ciento al 4.17 por ciento–, para el viernes una paralización de la actividad en la capital y 22 presidencias municipales cerradas, todo ello impulsado por grupos sospechosamente desconocidos, grupos de autodefensa en casi la mitad del territorio estatal. En lo político vivimos durante la visita de López Obrador una muestra por parte de los políticos de casi todos los partidos con registro, ejercer esquemas de presión, manipulación y chantaje, el PRI mostrando actitudes propias de una generación premoderna que sigue pensando que las instituciones públicas son parte de su patrimonio y que el poder político no es para servir, sino para servirse.
El mensaje de AMLO fue de una serenidad de hombre de Estado, deseó pronta recuperación al gobernador constitucional, pero de forma sencilla marcó sus opiniones diferentes al priísmo “en México, y Michoacán todo sigue igual”; más aún anticipó la disputa del poder por el poder y el regreso del dedazo presidencial. Peña Nieto elegirá al nuevo gobernador y nada tendrán que hacer los poderes constitucionales como el Congreso local.
Tenemos un Michoacán a un año y meses de gobierno priísta en un laberinto desahuciado, sin rumbo, sin gobierno, con miedo, en plena violencia, pero lo comentó el propio AMLO, así se encuentra todo el país. Señaló que en cada uno de los recorridos que realiza por el país la situación en cada una de las regiones está peor que en la visita anterior, caso concreto en Michoacán donde, dijo, la situación está más descompuesta que en su visita anterior.
AMLO avivó al movimiento en tránsito de ser partido: el Morena, la única esperanza para Michoacán en 2015. Recorrido todo el estado, de Lázaro Cárdenas a Apatzingán, Uruapan, Pátzcuaro, Jiquilpan, Puruándiro, Zamora, Zacapu, Morelia y Ciudad Hidalgo, el jueves regresará para culminar su gira en Zitácuaro. Recorrió en cuatro días más municipios que el gobernador en turno en un año y meses de gobierno.
Hagamos una nueva historia para Michoacán, dejemos atrás la política tradicional, retrógrada. Construir un proyecto de regeneración y rescate de la vida pública es una misión que Morena en Michoacán debe asumir, convocar a la conformación de un gran consejo ciudadano para juntos revitalizar a Michoacán. Construiremos una gran alianza ciudadana, un movimiento cívico plenamente ciudadano, rompamos la inercia que se presenta como una maldición preescrita y para romper con la maldición a la que algunos quieren condenar a Michoacán, de tener que votar por los peores o los menos malos.
Sin embargo, también hay que reconocer que los partidos son organizaciones minoritarias en relación con el resto de los ciudadanos. Es decir, son pocos los ciudadanos que militamos en los partidos políticos y son todavía menos los que encuentran en los partidos un espacio de participación y de representación de sus demandas. Por todo ello, el proyecto político que estamos construyendo es un movimiento permanente, un espacio abierto a las mayorías y minorías también, a los que queremos y creemos que otro Michoacán podemos todos lograr. La dinámica de Morena dará futuro para que este partido en Michoacán sea una posible luz de esperanza para darle viabilidad a un nuevo proyecto. Sabemos que hay muchos grupos partidistas de izquierda, sociales, autónomos, que hacen un trabajo esforzado por pensar otro presente, para ello deben encontrar en Morena un respaldo y una puerta abierta. Esfuerzos conjuntos seguro darán una Morena como la opción principal con la cual participaremos, en su momento, en el campo electoral.
MICHOACÁN:Normalistas bloquean el Centro Histórico
Luego de que normalistas lograran burlar el operativo que mantienen elementos de la Policía Estatal Preventiva en Uruapilla, el cual pretendía retenerlo para no llegar a la capital michoacana, por lo que ya se sumaron a la movilización que se había gestado frente a Casa de Gobierno y han arribado al Centro Histórico de Morelia.
Ya han liberado la circulación en la salida a Pátzcuaro, se presume que tienen al menos tres autobuses retenidos de la línea Purépecha.
Estas acciones se enmarcar en las protestas contra la Reforma Educativa, asimismo exigen se les otorguen plazas automáticas.
Ejidos de Azueta se organizan contra altas tarifa de luz, declara comisario
HERCILIA CASTRO
Zihuatanejo, 22 de abril. El comisario ejidal de Agua de Correa, Bernardo Solís Radilla, manifestó que se están organizando los ejidos del municipio de Azueta para contrarrestar las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad.
Expresó que por lo menos en esta región debe haber unos 15 ejidos que están en lucha para tratar que la CFE les indemnice por afectaciones que han tenido, pero al hacerlo de manera aislada, difícilmente se gana un litigio.
“Muchas de las veces el campesino no cuenta con el recurso suficiente para iniciar y continuar una denuncia, mientras que las grandes empresas como la CFE, tienen un grupo de abogados bien pagados y el dinero suficiente, lo que es una desventaja que afecta al ejidatario”, dijo.
Señaló que los daños a algunos ejidos de la región son que la paraestatal coloca torres y pasan las líneas cerca de la zona poblada, mientras que en la comunidad no hay servicio de electricidad.
Lamentó que en los casos de denuncias interpuestas por el campesinado en la Procuraduría Agraria “no hacen gran cosa por defender a los campesinos, ellas -las autoridades agrarias- no sé cuál sea su plan con respecto a la CFE”.
Resaltó que “yo observo a través de los medios de comunicación mucha inconformidad en los ejidos y yo invito a que se unifiquen y juntos se pueda marchar en unidad, porque sí está violentando la paraestatal el derecho de los ejidos”.
Solís Radilla exhortó a que los campesinos de la región –Barrio Viejo, Zihuatanejo y Agua de Correa- se unifiquen en un frente común ante la necesidad de detener las altas tarifas de la CFE.
Bloquean ejidatarios subestación de la CFE; piden indemnización
Campesinos de El Cayaco Coacoyular obstruyen las instalaciones en el poblado Piedra Azul
HÉCTOR BRISEÑO
Un grupo de aproximadamente 50 personas pertenecientes al ejido de El Cayaco Coacoyular, bloquearon el acceso a la subestación Los Amates de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la periferia del puerto, a la altura del poblado Piedra Azul, para exigir el pago de alrededor de 12 mil metros cuadrados de terreno, ocupado por la CFE desde hace tres décadas sin recibir a cambio indemnización alguna.
El representante legal de los afectados, Jesús Rojas Pino, explicó que “la CFE ha ocupado 30 años nuestras tierras, el ejido fue despojado de su propiedad, y es la fecha que no ha sido indemnizado por la expropiación, afectando a unos 200 ejidatarios aproximadamente”.
Señaló que para calcular el monto del adeudo de la CFE con los ejidatarios se requiere en primer lugar un avalúo de la propiedad.
Los manifestantes exigieron la presencia del superintendente de la CFE en Acapulco, Alberto González Bornios, o el gerente divisional de distribución de la zona centro-sur de la CFE, Javier Valencia Barajas, para intentar una solución a su demanda.
Reprochó el representante legal que “los ejidatarios hemos sido engañados; la CFE nos ha hecho firmar minutas y minutas”, y recordó que el pasado 10 de abril los inconformes sostuvieron una mesa de trabajo en las oficinas de la paraestatal en la colonia Costa Azul, además de una protesta que realizaron el pasado jueves en Cuernavaca, Morelos, sin que la autoridad haya cumplido su promesa o realizado una propuesta de pago.
Rojas Pino señaló que “nos pidieron nuestras peticiones pero fuimos engañados, la verdad no hemos tenido una propuesta para el pago”.
Recalcó que “exigimos el pago indemnizatorio por la expropiación y capitalización”.
Los manifestantes advirtieron que se manifestarán durante día y noche hasta que la CFE les dé una solución.
La protesta fue encabezada por el comisario ejidal de El Cayaco Coacoyular, Crispín Castillo Ortiz, así como por los abogados Edgar León Vázquez, Rafael Carpio y Jesús Rojas Pino.
El bloqueo al acceso a la subestación comenzó a las 7 de la mañana y permaneció hasta entrada la tarde.
Toman integrantes del Funpeg 2 radiodifusoras de Chilpancingo
El plazo para recuperar clases se redujo del 29 al 7 de julio, reprochan a Romero Suárez
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 22 de abril. Integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) tomaron por algunos minutos las radios comerciales ABC Radio y Radio Capital, para reclamar a través de esos micrófonos que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) les incumplió con la minuta de acuerdos firmada el 24 de marzo, por la que regresaron a clases tras sus protestas contra la reforma educativa.
La toma de las radios, que se convirtió en un acuerdo entre los conductores de noticias y los normalistas, duró unos diez minutos, de 14:50 a 15 horas que terminan los noticieros vespertinos. En total llegaron unos 80 estudiantes de las nueve normales públicas, pero sólo subieron al edificio ubicado en andador Zapata, donde están las dos radiodifusoras, unos 30. Los normalistas, entre hombres y mujeres, llegaron con las caras tapadas con pañuelos y playeras.
A cada cabina sólo pasaron tres normalistas comisionados para dar el mensaje. En ABC Radio, uno de los normalistas dijo que el motivo de la actividad de hoy fue porque la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, no les dejó otra alternativa, al incumplirles con la minuta del 24 de marzo.
Los compromisos pactados ese día, que los hizo regresar a clases el 8 de abril después de dos meses de paro en oposición a la reforma educativa, fueron la publicación de la convocatoria de admisión de las nueve normales públicas, becas y la programación para recuperar clases perdidas.
En el caso particular de Ayotzinapa, desde hace dos meses no les han liberado presupuesto para el comedor del internado.
El incumplimiento en el primer punto, según comentó el normalista en la radio, fue que la SEG no difundió mediáticamente la convocatoria de admisión en las normales, lo que propició que la solicitud de fichas fuera mucho menor a la de otros años. La convocatoria fue difundida sólo en el portal oficial del gobierno estatal: http://guerrero.gob.mx/.
Aseguró que las becas siguen sin dárselas y el plazo para recuperar clases se los redujeron. Por ejemplo, el pacto en el acta del 24 de marzo fue que del 8 de abril al 29 de julio ajustarían los tiempos para recuperarlas, pero lo redujeron al 7 de julio.
De ese punto, el domingo en conferencia de prensa, los integrantes del FUNPEG denunciaron que es hostigamiento de la SEG para que no participen en las protestas del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
Durante la toma, otro normalista, al parecer de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, agregó que la SEG desde hace dos meses no les libera presupuesto para el comedor.
Ayotzinapa funciona como un internado para unos 500 alumnos de los cuatro grados, y el tema del comedor siempre ha sido motivo de protestas, ya sea por la falta de calidad en los alimentos o por la insuficiencia del presupuesto para alimentos. El presupuesto actual es de 50 pesos por día para cada alumno.
Los normalistas responsabilizaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero y la secretaria de Educación de no generar condiciones de diálogo y de iniciar a esas actividades de protesta.
Declaración Pública: Poder legislativo debe cumplir su obligación de reformar el fuero militar
El día de ayer, 22 de abril, diversas organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, hicieron entrega a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República de una carta instando a que el Poder Legislativo cumpla con sus obligaciones y proceda a impulsar la reforma del fuero militar conforme con las normas internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones, ha documentado numerosos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares durante los últimos años en México. La gran mayoría de estas violaciones permanecen en la impunidad debido a la aplicación del artículo 57 del Código de Justicia Militar que establece la jurisdicción militar sobre los delitos cometidos por militares "en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo", con independencia de la identidad de las víctimas o la naturaleza de los delitos.
A pesar de las decisiones judiciales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen la obligación de modificar el Código de Justicia Militar para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas por tribunales civiles ordinarios, el
Poder Legislativo Federal se ha mostrado incapaz de avanzar en esta reforma, tanto en la pasada legislatura, como en lo que llevamos de la actual.
Para Amnistía Internacional, las y los legisladores mexicanos están ante una oportunidad histórica para demostrar su compromiso, y el del Estado Mexicano, con los derechos humanos, reformando el Código de Justicia Militar, de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos.
Por ello, Amnistía Internacional y el resto de organizaciones firmantes de la carta llaman a quienes integran la Junta de Coordinación Política a cumplir con sus obligaciones y garantizar que el Senado incluye la reforma del Código de Justicia Militar en su agenda de trabajo a la para aprobar a la brevedad una reforma conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La carta se encuentra disponible en:
http://amnistia.org.mx/publico/fueromilitar
Información adicional
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado en reiteradas sentencias condenatorias para México la necesidad de eliminar el fuero militar de los casos de violaciones de derechos humanos, estableciendo que “la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria.” Y ha ordenado a México a modificar el Código de Justicia Militar.
Esta jurisprudencia ha sido confirmado a nivel nacional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el 21 de agosto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar.
lunes, 22 de abril de 2013
Reportero víctima de García Luna y Televisa, obtiene residencia legal en EU
PATRICIA MAYORGA
CHIHUAHUA, Chih., (proceso.com.mx).- Después de casi tres años de su secuestro en Gómez Palacio, Durango, el gobierno de Estados Unidos otorgó la residencia legal al fotoperiodista Alejandro Hernández Pacheco el pasado 19 de abril.
“Los primeros meses, el primer año fue difícil. No podía trabajar, estaba en un lugar extraño. No teníamos cómo mantenernos, nos apoyó la familia, amigos, también gente buena de acá. Les ayudaba a limpiar el jardín, a sacar la basura, a pintar sus casas, me daban uno o dos dólares, pues para los antojos de los niños. Ellos no tienen la culpa de lo que sucede”, recuerda Alejandro.
Desde que le dieron el asilo político, que llegó con el permiso de trabajo, Alejandro Hernández fue contratado como camarógrafo de Univisión, en el Estado de Texas.
“Me ha ido bien, esto es lo que sé hacer bien, los mexicanos sabemos trabajar, con eso no ha hay problema”.
Alejandro dice que ahora vive seguro, todo está tranquilo: “No es como allá que tienes que cuidarte de las balas, de los levantones, de todo. Este país (Estados Unidos) ha sido generoso con nosotros, con mi familia”.
Allá, “del otro lado”, ha podido superar las consecuencias psicológicas de permanecer secuestrado durante cinco días, sometido a un terrorismo psicológico y emocional.
“Los primeros días mi esposa dice que dormido trataba de desatarme. Cruzaba un mueble en la puerta para que no entrara nadie. Desconfías de todo mundo, de policías, hasta de tu sombra. Llegando aquí fue pasando, porque pasas otras cosas, ves otra gente, puedes caminar sin miedo, en la noche”, recuerda.
Le duele hablar de aquella experiencia, le resulta difícil describir lo que siente, explica, sólo recuerda que pensaban que los iban a matar, desde que los subieron al automóvil donde lo plagiaron junto con el periodista de Televisa México, Héctor Gordoa y Javier Canales, camarógrafo de Multimedios de La Laguna.
“Nos apuntaron con una pistola y en ese momento sólo piensas en tus hijos. Durante el cautiverio piensas todo el tiempo qué te van a hacer, no te deja ni siquiera pegar las pestañas porque no sabes qué va a hacer tu familia, cómo le va, qué van a comer si te pasa algo, no sabes en qué momento te van a dar. Y luego nos decían que iban a llevar a nuestras familias”.
Recuerda que en uno de los cuartos, escuchaban niños, se les erizaba la piel: “Pensábamos que eran nuestros polluelos. Yo pensé que nos iban a cortar la cabeza, como ellos nos decían. Lo recuerdo como algo macabro, no éramos los únicos secuestrados, había tres Afis y dos taxistas, era una casa casi espectral, había mancha de sangre. Sólo pedía que me dejaran a la vista, en la calle, donde mi familia me viera, le pedía a Dios que no me dejaran oculto, enterrado”.
Lo único que tiene claro es que salió de trabajar de su casa a las 5 de la mañana el 26 de julio de 2010, para no regresar. “Un secuestro es difícil de superar”.
El infierno
El lunes 26 de julio arribó Héctor Gordoa a Torreón Coahuila para emprender un reportaje para Televisa México. El camarógrafo no llegó con el periodista porque lo dejó el avión. La empresa local buscó a un camarógrafo con experiencia y fue Alejandro Hernández quien acompañaría al reportero en esa encomienda.
El trabajo consistía en entrevistar a los tres alcaldes de la Comarca Lagunera: Gómez Palacio, Durango; Lerdo, Durango y Torreón, Coahuila.
Comenzaron con el de Gómez Palacio, la entrevista fue larga. Luego entrevistaron a dos policías preventivos, a quienes les cubrieron el rostro. Cuando estaban con los policías, les llamaron para avisarles de una manifestación afuera del Centro de Reinserción Social (Cereso) número dos, de Gómez Palacio, donde había policías preventivos estatales y federales. El penal fue clausurado este año.
La manifestación era de familiares de internos, quienes exigían la reinstalación de la directora, Margarita Rojas Rodríguez, quien se encontraba detenida porque de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, permitía a los reos salir en las noches para vengarse del grupo delictivo contrario.
“Había pocos medios y de lejos, eran de periódicos y radio, pero no se alcanzaban a ver bien. Los manifestantes apoyaban a la directora que habían cesado. Salimos de ahí como a las tres de la tarde y cuando regresábamos nos agarraron. Nosotros sólo andábamos trabajando”, insiste.
Los dos periodistas de Televisa fueron capturados con otro camarógrafo de Multimedios, Javier Canales, presuntamente por sicarios del cártel de Sinaloa, de acuerdo con el exdirector de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
Alejandro cuenta que los plagiarios les cuestionaban para cuál grupo trabajaban, pero ellos insistían en que sólo eran trabajadores de medios de comunicación.
Los periodistas fueron quienes convencieron a los sicarios que sólo eran periodistas y hacían su trabajo.
Entonces, les indicaron que debían pedir a las empresas que a cambio de su liberación publicaran unos videos contra “Los Zetas” y autoridades que presuntamente los protegían. Al siguiente día fueron transmitidos por Multimedios, pero ellos no fueron liberados.
Héctor Gordoa fue liberado el jueves 29 de julio, con el fin de llevar el mensaje a su empresa. Alejandro no supo más de él hasta que estuvo en Estados Unidos. “Supe que cuando llegó a México, habló con mi esposa y no supe más”.
Alejandro Hernández y Javier Canales intentaron huir después de la liberación de su compañero, la situación empeoró. Los dos fueron fuertemente golpeados en cabeza, tobillos y rodillas.
Los delincuentes los liberaron el sábado 31 de julio. “Nos liberaron estas personas y nos dicen que corriéramos pero no podíamos porque nos habían pegado en los tobillos, en las rodillas. Nosotros encontramos a la policía, les pedimos ayuda, ellos no nos rescataron, como dijeron”.
Cuando las autoridades se percataron de la libertad de los camarógrafos, los llevaron a México para dar una conferencia de prensa.
“Nos tuvimos que alinear a lo que dijeran ellos. No quise desenmascar ahí a García Luna porque fácil me hubieran asesinado y hubieran puesto de pretexto que yo estaba muy presionado por lo que viví, o algo hubieran inventado”, dice Alejandro.
Asegura que la Policía Federal estuvo alrededor de la casa donde estuvieron cautivos, pero no hizo nada.
“Nos liberaron de un secuestro para meternos a otro”, así describe los 20 días que permanecieron en la Ciudad de México mientras declararon y ayudaron con la investigación.
Durante ese tiempo, nadie les ofreció terapia psicológica, Alejandro sólo tuvo la promesa de Televisa para reacomodarlo en otro estado para no exponerlo, pero nunca se acercaron a él ni le cumplieron su palabra.
“Lo que yo quería era irme lejos de los policías. Hablé con mi familia y con vecinos, uno de ellos me dijo que había afuera personas armadas que no eran policías. Torreón estaba y está muy feo. Tuve contacto con mi esposa los 20 días que estuvieron dizque investigando”.
A la semana de permanecer en la Ciudad de México, lo llevaron a identificar a una persona que había detenido y sí la identificó. “Nos llevaron al Centro Nacional de Arraigos, y a través de una cámara lo reconocí. Estuvimos en la ciudad hasta que nos dijeron: ‘ya se acabó la investigación, cada quien a su casa’, pero yo no quería regresar”.
Indica que no había garantías para vivir en su tierra, ni Televisa lo apoyó, ni las autoridades le dieron confianza.
Luego de arreglar todo con su familia, viajaron a Juárez para solicitar asilo político en El Paso, Texas. En diciembre desenmascaró a García Luna, por el montaje del supuesto montaje que hicieron ante los medios.
El proceso
Su abogado, Carlos Spector, lo apoyó en el proceso. En agosto del 2011, casi un año después de haber llegado a El Paso, le otorgaron el asilo político.
“Con Carlos Spector nos pusimos de acuerdo. Ya no regresé a Torreón. Pasé de Juárez el 22 agosto (del 2010). Mi familia estaba en Juárez, ahí hicieron el informe para que pudieran cruzar, el 26 agosto”.
Aplicaron en dos meses: “En noviembre aplicamos, nos entrevistaron personas de Houston, y fueron ocho meses más o menos a partir de la aplicación, para que nos dieran el permiso. En febrero nos hicieron la entrevista y se llevaron la información. Llegó el permiso de trabajo y luego el asilo en agosto del 2011, casi a un año de que llegamos”.
Así logró entrar a Univisión y el pasado 19 de abril recibió la residencia legal. No piensa regresar a México, no ve condiciones de seguridad para su familia.
Alejandro está convencido que su proceso representa una esperanza para colegas que viven y trabajan con miedo en el país mexicano. “Mi caso representa que se pueden proteger, he sido bendecido porque no me mataron, ni estoy desaparecido, estoy tranquilo. Aplicaría en muchos compañeros el asilo político, es cuestión de que se informen”.
Dijo que hay varios periodistas que se han contactado con él para que los oriente: “Mi reconocimiento a todos los periodistas en mi país, porque estar allá es ser valiente. Yo dejé el país porque no quiero arriesgarme más, tengo mis hijos y tengo miedo de que se queden solos. Me preocupan sobre todo mis compañeros de mi ciudad, se les extraña, mi solidaridad para todos, para los veracruzanos, para todos”.
Ejecutado por militares, el caso del mecánico Joaquín llega a experto de la ONU
ROSALÍA VERGARA
MÉXICO, D.F. (apro).- Al iniciar su visita por el país, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, Christof Heyns, conoció el primero de muchos casos con los que se topará en su recorrido por los estados de Chihuahua, Guerrero y Nuevo León.
Se trata del caso de Joaquín Figueroa Vázquez, un mecánico que trabajaba desde hace 20 años en la empresa Construcción Santa Clara SA de CV y Triturados Río Seco SA de CV que fue acribillado, junto con 10 personas más, por elementos del Ejército el 17 de junio de 2011 en la carretera federal Xalapa-Veracruz. Inicialmente, las víctimas, todos civiles, fueron confundidos con sicarios.
En una carta abierta, Janet Figueroa, hija de Joaquín, dice:
“Como era costumbre, él viajaba desde la ciudad de Xalapa al municipio que le fuera asignado para reparar la maquinaria pesada de las empresas, desde dos semanas antes le había sido asignada la localidad de Chichicaxtle, ubicada a 45 minutos de la capital del estado”, dice la carta.
La información recabada por Jennifer es que ese viernes por la tarde viajó con su jefe, Raúl Tecate, y el laboratorista Tito Landa Argüelles a Xalapa, para recoger el dinero de la nómina de pago. Se transportaron en una camioneta marca Mitsubishi modelo 2009 tipo pick up L200 dísel, doble cabina, color blanco, placas XN-11-780 de Veracruz, propiedad de las empresas citadas.
“Esto es de lo único que tenemos certeza, porque después de casi dos años de pedir justicia, el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables, no hemos tenido respuestas a los cientos de preguntas que nos roban el sueño ¿Por qué nos entregaron un cuerpo desnudo, golpeado, moreteado, con la barbilla y la nariz rotas? ¿Por qué un proyectil de arma de fuego en la nuca le arrebató la vida? ¿Por qué tenía tantos impactos de arma de fuego en el cuerpo? ¿Por qué nos mostraron las fotografías de once sicarios y él se encontraba entre ellos, junto con Don Tito y el ingeniero? ¿Por qué estaba en una camioneta negra cargando una R15, con Don Tito al lado portando una AK47? ¿Por qué los dueños del poder inmediatamente declararon que eran delincuentes, criminalizando la vida de hombres ejemplares?”, se pregunta.
Ante tantas preguntas, Jennifer y familiares de las víctimas decidieron indagar la realidad de los hechos.
Interpusieron una demanda por homicidio en la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un informe a organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin resultados.
Por eso, escribió esta carta pública, para responder a quienes criminalizaron a estos trabajadores.
“Nosotros les respondemos: después de ser atacados con toda la fuerza que les permite ser dueños de la infraestructura y la información, y que posibilitó hacer públicas sus declaraciones en donde los nuestros fueron declarados culpables sin un proceso legal; después de utilizar al apoderado legal de las empresas como intermediario para hacernos llamadas telefónicas advirtiéndonos de las represalias para nosotros y nuestras familias.
“Después de convencer a nuestro primer abogado, un exfuncionario público del estado, de entregar en charola de plata nuestro caso; después de intentar por todos los medios posibles hacernos llegar medio millón de pesos, que fue en lo que valuaron la vida de mi padre y de Don Tito; después de poner todas las trabas posibles ante la Junta de Conciliación y Arbitraje estatal y federal, y con ello pretender pisotear uno más de los derechos de nuestros padres como trabajadores; después de tener automóviles parados frente de nuestros hogares, sin placas, durante dos o tres horas.
“Después de pretender dejar claro quién manda, con la muerte de una inconforme como la periodista Regina Martínez que nos apoyó diciendo la verdad; después de la persecución, la represión, el amedrentamiento, los puntapiés que nos hicieron abandonar nuestra tierra y sobrevivir a su embate para seguir luchando, en otra ciudad lejos de nuestro hogar y rumiando la soledad y el dolor, seguimos esperando respuestas al ¿por qué?, ¿en dónde?, ¿quién?”.
Pese a todo esto, los inconformes, a través de la carta de Jennifer, dejaron en claro: “No nos vendemos, no nos rendimos, no claudicamos”.
Presenta la Upoeg a 300 elementos de seguridad y justicia de Tierra Colorada
Marchan 3 mil simpatizantes del sistema vigilados por el Ejército; repudian a la alcaldesa
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 21 de abril. El Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana presentó unos 300 policías ciudadanos de Tierra Colorada, para garantizarse seguridad porque están cansados de los efectos de la delincuencia organizada, dijo Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), al presentarlos en la cabecera municipal.
Los nuevos miembros del sistema que inició como un movimiento de autodefensa impulsado por la Upoeg son de 17 comunidades y seis colonias del municipio. El acto de presentación fue en la cancha municipal de Tierra Colorada,
Antes, los simpatizantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, incluidos policías ciudadanos, que juntos sumaban unos 3 mil, marcharon por la cabecera municipal, vigilados por el Ejército. Los marchistas gritaron consignas contra la alcaldesa del lugar, Elizabeth Gutiérrez Paz, alusivas a sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada y cuya destitución exigían.
A la cancha municipal, sede de la Asamblea para la presentación de los nuevos miembros, asistieron comisarios municipales, comandantes y coordinadores de los nueve municipios del proyecto de la Upoeg: Ayutla, Tecoanapa, San Marcos, Copala, Cuautepec, Marquelia, Azoyú, Florencio Villareal, y ahora Juan R. Escudero (Tierra Colorada).
Plácido Valerio, en su intervención, aclaró antes de la presentación que el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana no es un movimiento guerrillero, "ni estamos en contra del gobierno”.
El comandante regional de este sistema de justicia, Ernesto Gallardo Grande, también dio un informe que denominó segunda etapa del movimiento, también antes de la presentación, y destacó que el mismo surgió el 6 de enero como una nueva fuerza en contra de la delincuencia organizada. Entre las acciones inmediatas, mencionó el rescate de uno de sus comandantes y la detección de fosas clandestinas.
Precisó que fue el 10 de marzo cuando se constituyeron ya como sistema de justicia. "Contamos con 116 comunidades participantes, somos ya mil 910 policías de este sistema de justicia, que ya detuvieron a 53 presuntos miembros de la delincuencia, 31 de éstos con nexos con el crimen organizado, y el resto se sometió a un sistema de reeducación. Se detuvo a seis presuntos secuestradores. Sostuvimos dos enfrentamientos, uno en un poblado de Ayutla, con un delincuente muerto y 3 detenidos; el otro en Xaltianguis, en Acapulco, se capturó a dos delincuentes", informó.
“No se trata de la guerrilla, ni estamos en contra del gobierno, es el ejercicio del Artículo 39 Constitucional, en donde los pueblos recuperan sus derechos, a pesar de que los senadores dicen que estamos fuera de la ley, pero son ellos los que llegan al poder delinquiendo”, dijo Plácido Valerio en entrevista al terminar el acto.
Los amagos abonan a la confrontación: Ceteg
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 21 de abril. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) reiteró que no amedrentarán ni desviarán a los diputados locales de su objetivo de reformar la Ley Estatal de Educación, a pesar de las advertencias de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) de analizar la situación laboral de los maestros movilizados.
El coordinador en la zona Centro, Minervino Morán Hernández, consideró que el anuncio de la dependencia estatal abona a la confrontación, sobre todo ahora que el movimiento está en la parte final, porque los diputados analizarán el martes la iniciativa de reforma propuesta por los maestros cetegistas.
Insistió en que la pretensión de la SEG y el gobierno es desviar el objetivo del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), al que pertenece la Ceteg, porque realmente no cree que lleven a cabo la rescisión de contratos de maestros. “Pero si pasa, se tornaría un panorama distinto”, advirtió.
La secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, informó ayer (domingo) que a partir de mañana comenzarán a revisar las escuelas de nivel básico para conocer con certeza las necesidades a raíz del movimiento magisterial cetegista, y posteriormente determinar qué hacer sobre la condición de maestros en paro y la recuperación de clases.
La secretaria anunció un día antes que haría ajustes de maestros faltistas, en alusión a los cetegistas, incluso habló de contrataciones eventuales de otros docentes para la recuperación de clases en La Montaña y la Costa Chica, donde precisó hay más escuelas en paro. “Con estas campañas de difamación y guerra sucia que está implementando en contra del movimiento, incita a mayor confrontación, pero no lo vamos permitir”, aseguró Morán Hernández.
Agregó que la advertencia de la secretaria de Educación es otra medida más de intimidación a los cetegistas, y si siguen en esa dinámica, habrá consecuencias.
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